Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Desde que en junio de 2015 ascendió por una escalera mecánica de la Torre Trump camino de la carrera presidencial y juró construir su «gran muralla» e impedir que los «violadores» mexicanos entraran en el país, los inmigrantes indocumentados han sido el centro de las iras de Donald Trump. Ahora que está ya en la Oficina Oval, las noticias no son menos sombrías. Toda una batería de titulares escalofriantes y mensajes de pánico en las redes sociales han puesto de relieve su incendiario lenguaje , sus planes y órdenes ejecutivas en lo que a los inmigrantes se refiere y los primeros actos de la Patrulla Fronteriza y de los agentes del Departamento de Aduanas e Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) en materia de deportaciones. La temperatura ha subido en los debates sobre la deportación, por eso si están pensando en que estamos en un momento totalmente sin precedentes respecto a la inmigración y a los inmigrantes, no son los únicos.
Trump ha afirmado repetidamente que los inmigrantes, en especial los indocumentados, están inundando los EEUU, causando oleadas de delitos y agotando los presupuestos de los servicios sociales. No importa que la cifra de esos inmigrantes haya ido descendiendo velozmente desde 2008, que las tasas de delincuencia entre los inmigrantes sean más bajas que entre los ciudadanos estadounidenses, que los indocumentados no tengan acceso a la mayor parte de los programas de bienestar social y que las cifras de delitos en general hayan disminuido en los últimos años.
Los medios han jugado un papel especial a la hora de atizar las llamas. Desde que Donald Trump entró en la Oficina Oval, no han dejado de proliferar las informaciones sobre asaltos, arrestos, detenciones y deportaciones al alza. Esto sugiere que algo nuevo, aterrador y claramente trumpiano -algo nunca visto antes- está en marcha, incluyendo redadas masivas para deportar a personas que, con la anterior administración, habrían estado protegidas.
Pero las cifras nos cuentan una historia diferente. En un tremendo titular, para no perder la costumbre, del Washington Post se leía : » ICE Immigration Arrests of Noncriminals Double Under Trump » [Los arrestos de no delincuentes por parte del ICE se duplican con Trump]. Aunque era exacto, resultaba, no obstante, engañoso. Los arrestos de inmigrantes no delincuentes saltaron en efecto de 2.500 en los tres primeros meses de 2016 a 5.500 durante el mismo período de 2017, a la vez que también crecían los arrestos de delincuentes, hasta un total de 21.000. Durante esos mismos meses de 2016, se había arrestado a 16.000. Sin embargo, el artículo ignora el hecho de que 2016 transcurrió bajo la administración del presidente Obama. Por ejemplo, en los primeros tres meses de 2014, hubo 29.000 arrestos, cifra muy superior al «record» de los tres meses de Trump.
Y aunque se haya incrementado la cifra de arrestos durante los primeros tres meses de Trump, en realidad las deportaciones descendieron , debido sobre todo al hecho de que la cifra de inmigrantes que cruzaron la frontera ha disminuido.
Para quienes han estado siguiendo las políticas de deportaciones en este país, las políticas de Trump, según se están ahora desarrollando, tienen una inquietante repercusión porque dichas deportaciones parecen estar directamente al alza a partir de las políticas instituidas en su día durante las presidencias de Bill Clinton y Barack Obama. Al presidente Obama le gustaba hablar sobre «nuestra tradición de acoger a los inmigrantes», mientras que nuestro nuevo presidente ha lanzado esa retórica humanitaria liberal al cubo de la basura, echando mano en cambio de un nativismo duro.
No obstante, fue el presidente Clinton quien supervisó la draconiana » Acta de Reforma de la Inmigración Ilegal y de la Responsabilidad Inmigratoria » de 1996. Esta ley aumentó drásticamente todos los niveles de «control» de la inmigración, ampliando la Patrulla Fronteriza, criminalizando numerosos tipos de violaciones de inmigración de bajo nivel y facilitando y ampliando los procedimientos de deportación. (Se puso un énfasis similar en culpar a los inmigrantes de los problemas sistémicos y estructurales que existentes en el corazón de la reforma de la asistencia social de Clinton de ese mismo año.)
En muchos sentidos, Donald Trump sólo está reiterando, aunque con más grandilocuencia, las ideas y políticas iniciadas con Clinton, que después se convirtieron en una parte básica del enfoque de Barack Obama sobre la inmigración. Esas políticas se inspiraban directamente en tácticas policiales racistas de mano dura contra el delito y en una serie de medidas antiterroristas que ayudaron también a fomentar los temores raciales de los blancos.
Casuísticamente hablando, ha habido ya numerosos casos de detención y deportación que parecen ir mucho más lejos de lo sucedido en los años de Obama. Pero un análisis más detallado de esos casos y de las cifras sugiere, sorprendentemente, que ha habido más continuidad que cambio. Tanto los medios dominantes como las redes sociales han subrayado lo que parecen ser casos extremos de arrestos de jóvenes DACA (siglas en inglés de «acción diferida en llegadas de niños», también conocidos como «soñadores»), así como de individuos que aparecen en los controles rutinarios de los agentes del ICE estadounidense, y otras detenciones y deportaciones arbitrarias. Sin embargo, en la mayor parte de estos casos se ha estado mucho más en línea con las políticas de la era Obama de lo que los lectores de esas noticias pudieran imaginar. Además, paradógicamente con mayor frecuencia, también se atrapaba a «inmigrantes de perfil bajo» en lo que el New York Times denominaba en 2014 «la red de la deportación».
El legado de Obama: un sistema en tres partes
A primera vista, el legado del presidente Obama en el control de la inmigración parece contradictorio. Afirmaba ser una persona humanitaria que trataba de deportar sólo a » malhechores, no a familias «, a la vez que evitaba la deportación de cientos de miles de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, al mismo tiempo y por algún motivo, se le tildaba de » deportador-en-jefe «. Porque registró aumentos históricos en las tasas de deportación.
Para comprender la naturaleza contradictoria de sus políticas, es necesario explorar tres ámbitos políticos geográficamente diferentes en lo que se refiere a los indocumentados: la aplicación de leyes internas, la aplicación de leyes fronterizas y el Programa de la Frontera Sur Mexicana. En el área de la aplicación de leyes internas, Obama creó varios programas de protección y prioridad para los inmigrantes indocumentados que se encontraban ya en el país que sirvieron de hecho para proteger de la deportación a grupos enteros de personas. Los defensores de los derechos de los inmigrantes que subrayan la naturaleza humanitaria de lo que Obama hizo se centran en esas protecciones, aunque minimizan los dos aspectos fronterizos de sus políticas. Sin embargo, aunque no se prestó mucha atención, incluso los programas humanitarios incorporaban un lado más oscuro, criminalizando y apuntando a quienes no iban dedicados.
En lo que se refiere a los controles internos, el presidente Obama pidió al ICE que ejerciera una » discreción procesal » suspendiendo la deportación de los inmigrantes que fueran padres, estudiantes, personas que estuvieran realizando trabajos duros, que tuvieran vínculos comunitarios y familiares estrechos, o sirvieran en el ejército.
Sin embargo, en el proceso echó mano de un lenguaje de inocencia versus delincuencia y el engaño de que, en lo que se refería a los inmigrantes, la noción de criminalidad era obvia y universalmente reconocida. Al dividirles en malhechores versus familias, contribuía realmente a la criminalización de grandes grupos de inmigrantes, alimentando directamente de esa forma la retórica futura de Trump. También se basó en las políticas » duras contra el crimen » de Bill Clinton de un modo que vinculaba la criminalización de la gente de color con la deportación de los inmigrantes «delincuentes» (que eran también, de forma abrumadora, gente de color).
Como los expertos en inmigración Alan Aja y Alejandra Marchevsky explican :
«La criminalización de los inmigrantes se debió en parte a la represión más agresiva hacia las comunidades de color. En las décadas de 1980 y 1990, las agencias para el cumplimiento de la ley de toda la nación pusieron en marcha estrategias de tolerancia cero, detención y registro, afirmando que los arrestos masivos en casos de delitos de poca gravedad evitarían otros más graves. Como los inmigrantes que vivían en esas comunidades fueron víctimas de políticas racializadas y encarcelaciones masivas, los listados del gobierno federal sobre inmigrantes delincuentes reventaron».
Una vez criminalizados, cayeron después en un sistema separado y desigual de aplicación de las leyes de inmigración del que se eliminó el proceso debido, y la deportación, la pena última draconiana, podía implementarse con independencia de la gravedad del «delito». Peor aún, la represión policial de las comunidades de color y la expansión de las encarcelaciones masivas produjeron, señalan Aja y Marchevsky, «una reserva de inmigrantes con antecedentes delictivos, auspiciando una cadena sin fin de detenciones y deportaciones».
Como Michelle Alexander, autora de The New Jim Crow , ha dejado palmariamente claro, todo esto -la redefinición de delitos menores como delitos graves, la creciente presión sobre los acusados para que aceptaran una sentencia de conformidad y las medidas que después les excluían de la vivienda pública, empleo, pagos de bienestar social, cabinas de votación y otros aspectos de la sociedad- relegaron a un número importante de hombres negros a una subclase permanente. Los inmigrantes indocumentados se vieron también atrapados en esta red, con algunas variantes especiales.
A partir de la ley de inmigración de Clinton de 1996, por ejemplo, condenas de cualquier tipo, incluyendo los delitos más insignificantes, se convirtieron en motivo de deportación, incluso con carácter retroactivo. Por tanto, una infracción que con anterioridad acababa en libertad condicional y servicio comunitario, o una pequeña multa, ahora de convertía en prueba del estatus «criminal» de un inmigrante e iba seguida , por sistema, de la deportación.
Y había también otra nueva categoría de círculo vicioso: los llamados delitos de la inmigración. Aquellos que tenían antecedentes de reentradas ilegales y quienes habían participado en lo que se denominó «fraudes de la inmigración» fueron automáticamente categorizados como «delincuentes» bajo la política de cumplimiento de prioridades del presidente Obama. La «reentrada ilegal» es, de hecho, el más curioso de los delitos, ya que distingue entre quienes consiguen entrar en el país sin ser detectados en su primer intento y quienes son atrapados y sólo lo consiguen en un posterior intento. Los «fraudes de la inmigración», una amplia categoría, incluyen prácticas comunes como utilizar un número falso de la seguridad social para poder trabajar.
El esquema de deportación interior de Obama se basaba en gran medida en esta amplia noción de la criminalidad de los indocumentados, que de otra forma se habrían calificado como personas que trataban de apañárselas como mejor podían. En la actualidad, el presidente Trump está ampliando aún más esa criminalización al dictaminar que cualquiera que sea condenado, acusado o incluso sospechoso de algún delito, constituye una prioridad de la deportación. Y al mismo tiempo, ha ampliado el concepto de lo «criminal» que ha construido directamente a partir del legado Clinton-Obama.
En la frontera y más allá
Sin embargo, lo que hizo que el presidente Obama se ganara el apodo de «deportador-en-jefe» fue su política para reforzar el control fronterizo, ya que fue allí donde el número de deportados aumentó con mayor rapidez. Esto se debió en parte a que priorizó para la deportación a «quienes habían cruzado los últimos la frontera»; es decir, todo el que hubiera cruzado sin autorización, lo que esencialmente significa que cualquiera que fuera aprehendido en la región fronteriza era ahora criminalizado. Bajo las anteriores administraciones, a la mayoría de los que eran atrapados se les garantizaba lo que se denominaba «salida voluntaria». En otras palabras, que eran devueltos al lado mexicano de la frontera sin sanción legal. Durante las administraciones de Bush y Clinton, más de un millón de personas al año fueron devueltas a México de esa forma sin ser transformados en criminales y, por lo tanto, no estaban incluidos en las cifras habituales de la deportación.
En los años de Obama, aquellos a los que se detenía en la frontera empezaron a ser acusados formalmente, tomándoseles las huellas dactilares antes de emitir una orden de deportación. De esta forma, se les redefinía como «delincuentes» y, si eran pillados intentando un segundo cruce de fronteras, como «delincuentes reincidentes de la inmigración». También implicó que las deportaciones formales empezaran a dispararse , aunque las cifras de quienes cruzaban la frontera, de los detenidos en la frontera y de los devueltos a México comenzaron todas a caer.
Los delitos de inmigración se convirtieron enseguida en delitos rivales de la droga en el sistema de los tribunales federales. Obama se convirtió en el deportador-en-jefe no porque deportara a más personas que las anteriores administraciones, sino porque criminalizaba a más de los que deportaba. Así fue como protegía a muchos de la deportación al mismo tiempo que acumulaba estadísticas de deportación mucho más elevadas que las de sus predecesores. De hecho, las situaciones de muchos de los atrapados en la frontera eran notablemente parecidas a quienes se les concedía discreción de procesamiento en el interior. Tenían familia, incluidos niños, en EEUU, o trabajos y fuertes vínculos comunitarios, o llevaban años viviendo en el país. Sin embargo, debido a que se habían marchado e intentado volver, aparecían redefinidos como delincuentes.
Finalmente, un aspecto del control de la inmigración bajo la administración Obama que por lo general no se menciona: el papel del presidente presionando a México para que colaborara arrestando y deportando a los centroamericanos que se dirigían al norte (incluyendo familias y niños no acompañados) antes de que alcanzaran la frontera con EEUU. En 2014, bajo las crecientes presiones de Washington, el gobierno mexicano puso en marcha el Programa de la Frontera Sur. Aunque la ley estadounidense se actualizaba repetidamente para proporcionar un trato humanitario a las familias y a los niños atrapados en la frontera, si los mexicanos les cogían primero, sencillamente les deportaban.
En 2014, sólo el 3% de los menores detenidos en EEUU fueron deportados; en México, la cifra fue del 77%, o 18.269 . Como se resumía la situación en un informe: «EEUU está subcontratando el control fronterizo en México». Al igual que en EEUU, la creciente militarización y represión de México en su frontera sur no sirvió para frenar realmente el flujo de emigrantes. Simplemente hizo que el viaje fuera más peligroso, a la vez que daba aún más poder a los contrabandistas y bandas que se están aprovechando ahora de los migrantes centroamericanos que intentan desesperadamente evadir los controles fronterizos de México.
Inmigrantes, criminalización y mercado de trabajo
Mucho antes de que Donald Trump entrara en la Oficina Oval, este enfoque «duro con el delito» de la inmigración se integró en un modelo más amplio de criminalización de la gente de color alimentando el complejo industrial-carcelario, lo que ha hecho de EEUU el principal carcelero del planeta y fomentado la proliferación de prisiones privadas. Ha ayudado a justificar la creciente militarización de la policía en esos años y la sobrevigilancia de las comunidades de color. También alimentó un sentido nacional de inseguridad que contribuyó a la pasividad política, a la pérdida de poder popular y al tipo de nativismo que le servido a Trump para prosperar.
La criminalización juega también un papel en la creciente desigualdad económica del país. Justifica tanto las altas tasas de desempleo como los bajos salarios entre la gente de color, mientras almacena a aquellos cuyo trabajo resulta ahora superfluo. Y juega un papel especial en lo que se refiere a los inmigrantes y el mercado laboral.
Los inmigrantes experimentan en realidad una participación en la fuerza de trabajo significativamente mayor y tasas de desempleo más bajas que los nativos, convirtiéndoles en una excepción entre la gente de color. Sin embargo, ganan menos (681$ a la semana), que los trabajadores nativos (837$ a la semana), según las cifras del Buró de Estadísticas Laborales de 2015. Para los empleadores, en estos últimos años, la criminalización del estatus ya inestable de los inmigrantes (y su incapacidad para acceder, por lo general, a los servicios sociales), les convierte en un fuerza laboral muy deseable y especialmente explotable. Se les suele contratar para trabajos tan deplorables, arduos o peligrosos que los trabajadores nativos no suelen aceptar. El antropólogo Nicholas de Genova ha sugerido que la gran «posibilidad para ser sujeto de deportación» de los inmigrantes indocumentados les convierte en objetivo deseable de esos patronos explotadores.
Mientras tanto, la criminalización de la gente de color y de los inmigrantes en particular ha echado una mano a Donald Trump en su campaña para presidente, incluso ha ayudado al complejo industrial de prisiones y a la policía para justificar sus siempre crecientes presupuestos y necesidades de empleo.
El enfoque multifacético de la administración Trump sobre la inmigración se basa y promueve la criminalización de los inmigrantes. Ya sea impidiendo la entrada de refugiados o personas con visado procedentes de determinados países, o contratando miles de nuevos agentes de las Patrullas de Fronteras y del ICE, o prometiendo construir un » muro grande, grande «, o negando el dinero federal a las ciudades-santuario o publicando listas de delitos cometidos por inmigrantes, las políticas inmigratorias de Trump siguen las huellas, intensificándolas, de sus predecesores y continúan creando miedo, justificando la explotación y racionalizando el autoritarismo.
Aviva Chomsky es profesora de historia y coordinadora de estudios latinoamericanos en la Salem State University de Massachusetts. Colabora habitualmente con TomDispatch. Su libro más reciente es Undocumented: How Immigration Became Illegal.
Esta traducción puede reproducirse libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y a Rebelión.org como fuente de la traducción.