Excmo. Sr. ministro,
102 personas de nacionalidad española han sido expulsadas del Sahara Occidental ocupado o de Marruecos en los últimos 9 años. En este tiempo nunca se ha producido una intervención de los consulados españoles en Marruecos para defender a nuestros ciudadanos. Nunca el Gobierno ha mediado o ha pedido explicaciones a Marruecos por semejantes atropellos.
Porque el caso es que Marruecos no tiene ninguna legitimidad para expulsar a nadie del Sahara Occidental. Marruecos ocupa el territorio. La ilegalidad y la violencia no son credenciales válidas para actuar, y España no interviene ante Marruecos para hacer valer su condición de potencia administradora del Sahara Occidental y exigir que Marruecos no se arrogue competencias que no le corresponden.
Hace sólo 10 días le recordaba yo todo esto en el marco de la Campaña por el libre acceso al Sahara Occidental ocupado y le pedía protección para todas aquellas personas que quieran acceder a estos territorios ocupados. No ha valido de nada.
Inés Miranda y Lola Travieso son dos abogadas que han viajado en numerosas ocasiones al Sahara Occidental ocupado y a Marruecos como defensoras de los derechos humanos en misión de observación. No es la primera vez que son expulsadas por Marruecos. El sábado, ocurrió de nuevo.
Viajaron a El Aaiún, pero no les dejaron ni bajar del avión. Pretendían indagar sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por Marruecos que denuncian activistas y familiares de presos políticos saharauis. El Consejo General de la Abogacía Española ha denunciado la expulsión y pide una queja de su ministerio ante Marruecos.
Marruecos no quiere testigos. Con ello ratifica lo que sabemos que está pasando: terror en la población y suplicio en las cárceles. No reaccionar para defender a los observadores españoles y para proteger a la población y a los presos saharauis supone una connivencia con el ocupante.
Es más, cuando los observadores avisan al Gobierno español de que van a los territorios ocupados, la policía marroquí les está esperando en el avión. Cuando no avisan, la devolución se hace a partir del control de pasaportes.
Podríaser el propio Gobierno de España quien fuera a observar las condiciones en que está sumida la población, las perversiones que padecen los presos. Le obliga el artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas como potencia administradora del Sahara Occidental.
No lo va a hacer. Sin embargo, fíjese que esta expulsión ha tenido más repercusión mediática que ninguna otra. Tendrá Vd. que enfrentarse cada vez más a la opinión pública.
Cristina Martínez Benítez de Lugo participa en el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis. Apartado de Correos 7229 – 28080 Madrid
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