Informe de la misión del CADTM Internacional en la República Sudafricana, del 31 de marzo al 12 de abril de 2019
Mediante su lucha, el pueblo sudafricano consiguió acabar con el régimen legal del Apartheid hace más de 25 años. [1] A pesar de eso, y aunque esté en contra de la ley, la continuación de facto de la segregación racial es evidente. Además, los ataques de los capitalistas contra la mayoría de la población son particularmente notables. La lucha de clases es una realidad bien perceptible sobre todo porque la evolución social principal es la ascensión de una pequeña minoría negra al estatus de capitalistas. Y frente a esos capitalistas blancos y negros, una mayoría de la población no blanca prosigue viviendo en condiciones de grave o extrema pobreza. La República de Sudáfrica llega a los 58 millones de habitantes, con un 80 % de negros, un 9 % de blancos, un 9 % de mulatos (coloured) y un 2,6 % de asiáticos (descendientes de indios, ceilandeses, indonesios, malayos…). [2] Y es uno de los países del planeta con mayores desigualdades. Además, la tasa de desempleo es de cerca del 27 %. El Congreso Nacional Africano (ANC), después de tener un papel fundamental en la lucha contra el apartheid, dirige el país junto con el partido comunista desde hace 25 años. El gobierno ANC-PC aplica una política neoliberal con una pizca de política social. La dura realidad de esa política tuvo su demostración trágica en 2012, cuando las autoridades reprimieron una huelga de mineros en Marikana provocando la muerte de 34 obreros. Varios dirigentes actuales de la ANC, entre los cuales el capitalista Cyril Ramaphosa, [3] quien preside el país desde 2018, estuvieron mezclados en esa represión y tenían intereses personales en la empresa privada propietaria de la mina de Marikana. El pasado glorioso del ANC quedó bien lejos. En un contexto muy difícil, tuvieron lugar numerosas luchas de resistencia en el entorno de los barrios pobres tanto en las ciudades como en el mundo rural. Una gran cantidad de familias de las clases populares están muy endeudadas ya que los salarios, u otros ingresos, son insuficientes para llevar una vida digna. De los 34 mineros asesinados en Marikana, a 22 le descontaban una parte importante de sus salarios con el fin de reembolsar sus deudas, y eso porque sus salarios no les alcanzaban para vivir. Por supuesto, también está la deuda pública que va aumentando y cuyo pago conlleva una limitación de los gastos sociales.