Cuando se cumplen doce años del desmantelamiento del campamento saharaui de Gdeim Izik, seis presos encarcelados desde entonces han denunciado ante el Comité de la ONU haber sido torturados tanto en el momento de su detención como en su estancia en prisión desde entonces.
Doce años después del desmantelamiento del campamento saharaui de Gdeim Izik por las fuerzas ocupantes marroquíes, la denuncia de los malos tratos sufridos llega al Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU, con sede en Ginebra. Son seis los saharauis que han presentado la demanda contra Marruecos y exigen, además, la liberación de todos los presos condenados en base a confesiones obtenidas bajo tortura.
Los demandantes son Mohamed El Bachir Boutanguiza, Abdellahi Lakhfaouni, Sidi Ahmed Lemjiyed, Ahmed Sbai, Abdullahi Toubali y El Houssein Zaoui. Todos ellos pide que se investiguen los malos tratos sufridos en su detención, pero también los padecidos durante su encarcelamiento.
«Detenidos en condiciones inhumanas y degradantes desde hace doce años, fueron condenados definitivamente por el Tribunal de Apelación de Rabat en 2017, sobre base de confesiones obtenidas bajo tortura, a penas que oscilaban entre veinte años de prisión y cadena perpetua», destacan la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Internacional de Abogados Democráticos (AIJD), que han presentado la denuncia junto a las abogadas Ingrid Metton, Francesca Doria y Brigitte Jeannot.
Ante el Comité de la ONU se ha denunciado que los presos sufren diariamente actos de tortura y tratos inhumanos y degradantes, como violencia física y psicológica, reclusión en régimen de aislamiento, imposibilidad de reunirse con sus familias, negación de recibir atención médico o rechazo al traslado cerca de sus familias en Sahara Occidental.
Condenas previas
«Marruecos, condenado en varias ocasiones por el Comité contra la Tortura, se niega sistemáticamente a acatar las decisiones del Comité. A pesar de las amenazas y las represalias contra ellos y sus familias, a pesar de las intimidaciones a sus partidarios –asociaciones y abogados vigilados con ayuda del software Pegasus–, los demandantes, confiando en las instituciones internacionales, siguen informando a las Naciones Unidas de su situación inhumana. Marruecos debe respetar las decisiones del Comité contra la Tortura. La adhesión a las convenciones internacionales de protección de los derechos humanos no puede ser una simple operación de comunicación de Marruecos para blanquear su imagen a nivel internacional y debe ser seguida de efectos», añaden.
«Todos los presos condenados sobre la base de confesiones obtenidas bajo tortura y detenidos arbitrariamente deben ser puestos en libertad y Marruecos debe garantizar su derecho a reparación», reclaman.
En octubre de 2010, más de 20.000 civiles saharauis acamparon pacíficamente en Gdeim Izik, cerca de El Aaiún, la capital de Sahara Occidental, ocupada por Marruecos. Su objetivo era denunciar la opresión social económica y política que padece el pueblo saharaui por parte de Marruecos.
El 8 de noviembre de 2010, las fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaron el campamento violentamente y detuvieron a cientos de saharauis. En marzo de 2013, 25 activistas fueros juzgados y condenador por el Tribunal Militar de las Fuerzas Reales a penas de entre veinte años y cadena perpetua mediante confesiones obtenidas bajo tortura. Actualmente, 19 de ellos siguen encarcelados.
En noviembre de 2016, el CAT condenó a Marruecos por haber torturado a Naama Asfari, portavoz del campamento. En 2022, el CAT volvió a condenar a Marruecos por torturar a otros dos participantes en el campamento de Gdeim Izik. En junio de 2022, se presentaron ante el CAT otras cuatro denuncias por torturas.