El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció el pasado jueves sanciones contra ocho empresas de Irán, China y Singapur por su participación en la compraventa de productos petroquímicos de la iraní Trilliance, con cuyos fondos acusó a Teherán de financiar actividades de apoyo a regímenes corruptos en Oriente Medio y Venezuela.
«El régimen de Irán se beneficia de una red global de entidades que facilitan el comercio del sector petroquímico iraní. EE.UU. sigue comprometido en atacar cualquier fuente de ingresos empleada por el régimen iraní para financiar grupos terroristas y oprimir al pueblo iraní», dijo Steven T. Mnuchin, secretario del Tesoro en un comunicado.
Entre las empresas sancionadas figuran Jiaxiang Energy, con sede en Singapur; así como Binrin Limited, Elfo Energy, Glory Advanced, Jane Shang, y Sibshur Limited (Sibshur), con sede en China.
Todas ellas han sido empleadas por Trilliance, ya castigada por el Tesoro a comienzos de año, para procesar y transferir millones de dólares procedentes de la venta de productos petroquímicos.
Como consecuencia de estas sanciones, quedan congelados los activos que estas entidades puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe las transacciones financieras con ciudadanos o empresas estadounidenses.
A comienzos de semana, EE.UU. impuso sanciones al Ministerio de Petróleo de Irán y una decena de subsidiarias, a quienes acusa de respaldar a «entidades terroristas», en su última vuelta de tuerca para presionar a Teherán.
El anuncio de estas sanciones se produce apenas unas semana después de que el director de la Inteligencia Nacional de EE.UU., John Ratcliffe, alertara de que Irán, así como Rusia, han obtenido información de votantes estadounidenses y tratado de interferir en los comicios generales del próximo 3 de noviembre.
EE.UU. comenzó en agosto un procedimiento ante la ONU para restablecer todas las sanciones internacionales contra Irán que se levantaron con el acuerdo nuclear de 2015 (del que Washington se retiró en 2018), argumentando que Teherán ha incumplido sus obligaciones.
Sin embargo, la mayoría del Consejo de Seguridad -incluidas el resto de potencias con derecho a veto- consideran que EE.UU. no tiene potestad para utilizar este mecanismo, pues abandonó el pacto en 2018, con lo que ese órgano de la ONU no ha tomado ninguna medida.
El pasado 8 de octubre, el Gobierno de Trump cerró de facto el acceso de Irán al sector financiero mundial con la imposición de sanciones a 18 grandes bancos del país asiático, los pocos que quedaban sin ser objeto de este tipo de medidas.