La fecha del viernes 28 de octubre podría marcar el inicio del fin de la era George W. Bush. Lewis Libby, jefe del equipo del vicepresidente Dick Cheney, fue acusado formalmente de obstrucción de la justicia, perjurio y declaraciones falsas en la investigación criminal sobre la filtración a los medios del nombre de una agente […]
La fecha del viernes 28 de octubre podría marcar el inicio del fin de la era George W. Bush. Lewis Libby, jefe del equipo del vicepresidente Dick Cheney, fue acusado formalmente de obstrucción de la justicia, perjurio y declaraciones falsas en la investigación criminal sobre la filtración a los medios del nombre de una agente secreta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés). El escándalo forma parte de la serie de engaños premeditados cometidos por la Casa Blanca para justificar la guerra en Irak, y revela que el gobierno del presidente Bush es capaz de cualquier cosa, hasta sacrificar a su propia gente en aras de su estrategia geopolítica.
En febrero de 2002, el embajador Joseph Wilson fue enviado a Nigeria por la CIA para confirmar una información en el sentido de que el régimen de Saddam Hussein había intentado conseguir uranio en esa nación africana para un supuesto programa de armas nucleares. Wilson aseguró que esa pista era falsa. Sin embargo, desde enero de 2003 el gobierno de Bush hizo caso omiso del informe del embajador y sostuvo, en reiteradas ocasiones, inclusive ante la Organización de las Naciones Unidas, que contaba con pruebas sólidas de que Irak poseía armas de destrucción masiva.
A principios de julio de ese año, Wilson denunció públicamente que la información de inteligencia presentada por Washington estaba «torcida». Fue entonces que comenzó la venganza contra el embajador, cuyo testimonio era un riesgo para la simulación orquestada por la Casa Blanca.
Una semana después de esta declaración, la prensa estadunidense reveló que la esposa de Wilson, Valerie Plame, era una agente de la CIA, lo que en Estados Unidos constituye un grave delito. La investigación emprendida por el fiscal especial Patrick Fitzgerald puso al descubierto que el origen de la filtración de ese dato provino de las más encumbradas esferas de la Casa Blanca: en concreto, de Libby, considerado uno de los arquitectos de la guerra en Irak. Además, otros altos funcionarios podrían estar involucrados en esta venganza, como Karl Rove, subjefe del gabinete de Bush, y hasta el propio Cheney, quienes tenían conocimiento de la verdadera identidad de Plame antes de su divulgación en los diarios.
Por lo pronto, la investigación del fiscal especial ha puesto en evidencia la red de mentiras fraguadas desde la sede del gobierno para «apoyar su argumento por la guerra y desacreditar a cualquiera que se atreviera a retar al presidente (…) La Casa Blanca puso la política enfrente de nuestra seguridad nacional y el régimen de derecho», acusó el senador demócrata Harry Reid.
La intervención bélica en Irak reposa sobre un montaje de mentiras y manipulaciones de la opinión pública que podría derivar en un enjuiciamiento de la gestión de Bush similar al escándalo del Watergate, que terminó con la presidencia de Richard Nixon. Pero más allá de las consecuencias de la investigación del fiscal especial, estas mentiras han generado un conflicto que tiene enormes costos. Para los estadunidenses estar inmersos en una guerra de desgaste como la que se vive en Irak significa pérdidas humanas y gran derrama económica, situación que recuerda la intervención en Vietnam en los años 60 y 70.
Además, en términos de seguridad nacional, Estados Unidos no está más seguro ahora que antes de la intervención; por el contrario, actualmente hay más grupos y organizaciones terroristas que han puesto en la mira territorio e intereses estadunidenses. Para el mundo, el conflicto ha incrementado la amenaza terrorista en Europa y Asia, y ha desestabilizado la región de Medio Oriente, un peligroso polvorín.
Es sin duda preocupante que la primera potencia del planeta sea dirigida por un gobierno que recurre a actos inmorales que violan sus propias leyes para conseguir sus objetivos geopolíticos, sin importar las vidas de sus ciudadanos, la seguridad de sus aliados y la paz mundial.