Las protestas continuaron este domingo en las calles de Birmania pese el acuerdo alcanzado ayer entre la junta militar y los líderes del Sudeste Asiático para terminar la violencia contra civiles, un compromiso considerado insuficiente por activistas y grupos pro derechos humanos.
Las protestas continuaron este domingo en las calles de Birmania pese el acuerdo alcanzado el sábado entre la junta militar y los líderes del Sudeste Asiático para terminar la violencia contra civiles, un compromiso considerado insuficiente por activistas y grupos pro derechos humanos.
Aunque no se produjeron manifestaciones multitudinarias en las grandes ciudades, tuvieron lugar algunas marchas pacíficas de menor rango, como una de monjes budistas en Mandalay, la segunda ciudad del país y uno de los principales focos de las protestas desde que se produjo el golpe.
En Mandalay también salieron decenas de jóvenes en apoyo del autodenominado Gobierno de Unidad Nacional, compuesto por antiguos cargos civiles depuestos y creado como contrapeso a los militares, y se produjeron movilizaciones en Rangún -la ciudad más importante- y otras poblaciones menores, según el portal Khit Thit Media.
Las protestas se producen un día después del acuerdo alcanzado entre los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la junta militar para poner fin a la violencia contra la población civil durante una cumbre celebrada el sábado en Yakarta.
Tras una reunión de emergencia sobre la crisis birmana y a pesar de las diferencias de posturas iniciales entre los miembros, la ASEAN aprobó este sábado de manera consensuada un comunicado en el que se señala explícitamente que «habrá un cese inmediato de la violencia en Birmania y todas las partes ejercerán la máxima moderación».
La cumbre, la primera cita internacional centrada en resolver la grave situación en Birmania tras el golpe de Estado del 1 de febrero, contó con la polémica presencia del líder del la junta militar birmana, el general golpista Min Aung Hlaing, que dio el visto bueno a un comunicado que recoge además el compromiso para «un dialogo constructivo entre todas las partes para buscar una solución pacífica» y la intervención mediadora de la ASEAN.
ACUERDO INSUFICIENTE
El acuerdo, sin embargo, ha recibido críticas de activistas birmanos y de grupos pro derechos humanos por la falta de concreción en la forma en que se aplicarán las medidas y por no incluir ningún compromiso sobre la liberación de los más de 3.000 presos políticos del país.
U Aung Myo Min, activista y director de la organización Equality Myanmar agradeció los esfuerzos de los líderes de la ASEAN por terminar con la violencia, pero se lamentó de que no lograra forzar al general Min Aung Hlaing, líder de la junta, a explicar cómo cumpliría sus promesas.
«Estamos decepcionados porque esas exigencias y declaraciones pueden hacerse incluso sin reunirse en persona. Además, no vemos que haya un calendario o un plan de acción efectivo para no retrasar su implementación», declaró este domingo al diario digital The Irrawaddy.
El acuerdo fue saludado en un principio por el portavoz del Gobierno de Unidad Nacional de Birmania, Dr Sasa, que este sábado calificó de «alentadoras» las noticias del acuerdo para el fin de la violencia en un comunicado en el que también se felicitaba por el compromiso, finalmente no alcanzado, de que fueran liberados los miles de presos políticos.
Esta carencia, junto a la falta de un plan concreto, llevó a U Moe Zaw Oo, viceministro de Asuntos Exteriores de este Ejecutivo paralelo, a criticar el acuerdo.
«La ASEAN debería ser consciente de que la junta militar está muy acostumbrada a mentir a su propia población y a la comunidad internacional. Damos la bienvenida al compromiso (…) pero también debería tener un impacto real sobre la situación en la calle. De lo contrario, sería una pérdida de tiempo», recalcó.
PRESOS POLÍTICOS
En este sentido, Phil Robertson, subdirector de Human Rights Watch en Asia, destacó que la ASEAN «no puede pasar por alto el que no haya un acuerdo con la junta para liberar a los más de 3.300 presos políticos detenidos en el país», incluidas figuras políticas de primer orden como la depuesta líder Aung San Suu Kyi.
Robertson criticó que los representantes del Gobierno de Unidad Nacional no fueran invitados a la cumbre y la falta de calendario para que cristalicen los compromisos, al tiempo que recordó «la debilidad de la ASEAN para implementar las decisiones y planes que emite» y pidió que continúen las sanciones económicas.
Por su parte, la Asociación de Parlamentarios de ASEAN por los Derechos Humanos (APHR en inglés), aplaudió los compromisos alcanzados, pero subrayó que «la liberación de los presos políticos es un requisito para el cese de la violencia» y reclamó la puesta en marcha de una hoja de ruta clara para que el general Min Aung Hlaing cumpla su promesa de terminar con la violencia.
Según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP), al menos 748 personas han muerto por la represión de la junta militar desde el pasado 1 de febrero y 3.389 permanecen detenidas por motivos políticos, entre ellos la depuesta líder Aung San Suu Kyi.
Los militares justifican el golpe de Estado del pasado 1 de febrero por un supuesto fraude en las elecciones de noviembre de 2020, en las que ganó con una enorme ventaja la Liga Nacional paa la Democracia, el partido encabezado por Suu Kyi, bajo arresto domiciliario desde la asonada.