La masacre de Um Dreiga se incluye en un auto de la Audiencia Nacional de 2015 para procesar por genocidio a 11 mandos militares y civiles marroquíes que no han sido detenidos, y está documentada en un informe con testimonios de supervivientes dirigido por un experto en Comisiones de la Verdad en diferentes partes del mundo.
Uno de los episodios más terribles de la historia reciente del pueblo saharaui, pero apenas conocido, forma parte del auto de procesamiento que dictó la Audiencia Nacional en 2015 por genocidio y crímenes de guerra contra 11 mandos militares y civiles de Marruecos: el bombardeo con napalm y fósforo blanco que mató al menos a 39 saharauis e hirió a más de 75, la mayoría mujeres, ancianos y niños que huían de la ocupación del ejército marroquí en febrero de 1976 al abandonar España la que había sido su colonia. La masacre, 45 años después, aún no ha sido aclarada.
El auto del entonces magistrado del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, dictado el 9 de abril de 2015, resultante de una querella presentada por la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (Afapredesa), refiere como parte de los hechos investigados en el sumario 1/2015, pero «sin autor conocido», el bombardeo con «napalm y fósforo blanco» realizado desde dos aviones de la aviación marroquí sobre el campamento de jaimas de Um Dreiga, levantado por la población saharaui que huía a través del desierto de «la violencia desplegada por el ejército marroquí» tras ocupar el Sahara Occidental.
«Muchos de los saharauis murieron o sufrieron heridas al encontrarse en el interior de las jaimas que se incendiaron como consecuencia de las bombas. Una de dichas bombas cayó en la tienda-hospital que estaba señalizada con una media luna roja, matando a la mayoría de la gente que se encontraba en su interior e hiriendo a otras muchas, entre ellas una enfermera española», detalla el magistrado en el auto. Para ello, el juez se basa, fundamentalmente, en la declaración de una mujer superviviente, con DNI español, y en la investigación del informe El oasis de la memoria que obra en las actuaciones, publicado por el Instituto Hegoa de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional bajo la dirección de Carlos Martín Beristain, participante en varias Comisiones de la Verdad de América Latina y consultor de la Corte Penal Internacional en distintos países de África.
En esa matanza, para la que el juez no determina un autor conocido y que, por tanto, no se la imputa a los 11 cargos militares y civiles procesados, concurre como elemento objetivo de la comisión de un delito de genocidio, pues –argumenta el magistrado- forma parte de «una serie de acciones contra la vida, dignidad y libertad de las personas exclusivamente por razón de su etnia o raza: los saharauis». El genocidio es, además, un delito permanente, no prescribe, y esa es una de las razones por las que se mantiene vigente el auto de procesamiento, aunque Marruecos aún no ha respondido a las comisiones rogatorias emitidas por la Audiencia Nacional para la resolución de esta causa, entre otras la detención y extradición de siete de los procesados, que siguen en libertad.
A falta de avances en la justicia española y en la marroquí, en la intervención de organismos internacionales para investigar lo sucedido aquel febrero de 1976, quedan los testimonios de los supervivientes de la masacre. Antonio Martínez viajó a los campamentos de refugiados en 2014, cuando era jefe clínico del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, para examinar a las víctimas y documentar un informe específico sobre los bombardeos que completase la investigación de El oasis de la memoria, que abarcaba todo el ámbito de la represión al pueblo saharaui. El resultado fue la publicación de Los otros vuelos de la muerte. Bombardeos de población civil en el Sahara Occidental, editado también por el Instituto Hegoa, la Universidad del País Vasco y la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla.
Los supervivientes reconstruyen los hechos
Antonio Martínez, según ha relatado a Público, estuvo dos semanas visitando a 22 supervivientes de la masacre, de entre 39 y 79 años, el 64% mujeres y la mayoría residentes en Dajla, la wilaya (distrito) más retirada de los campamentos de refugiados, que se construyó tan apartada precisamente para alejar del ruido de los aviones del aeródromo argelino de Tinduf a quienes habían sufrido el trauma de los bombardeos. Más de cuatro décadas después, un tercio de las víctimas presentaba lesiones permanentes, un 68% un grado 1 de discapacidad y un 23% un grado 2.
Además de los resultados de la exploración médica de sus heridas, físicas y psicológicas, el testimonio de esas personas ayudó a reconstruir unos hechos que situaron entre el 19 y el 21 de febrero de 1976, cuando España aún no había abandonado definitivamente el Sahara, cuando muchas de las víctimas portaban aún en sus bolsillos el DNI español como habitantes de la que fue denominada provincia 53, una semana antes de que el Polisario proclamase la República Árabe Saharaui Democrática. En Um Dreiga, en mitad del desierto, lugar frecuentado por beduinos para dar de beber a su ganado en unos pozos de agua, se habían juntado entre 3.000 y 4.000 personas que en coches o andando huían del sur de la colonia española tomada por el ejército marroquí tras la Marcha Verde. Era el mayor campamento de desplazados, contaba con un hospital de campaña y un dispensario, y estaba situado, según los supervivientes, a unos 70 kilómetros de las posiciones militares del Polisario, o sea, del frente de guerra.
El bombardeo se produjo en dos pasadas, uno de ida y otra de vuelta sobre la misma zona. Además, el ataque incluyó un ametrallamiento desde los aviones que los supervivientes describen como «picudos», lo que a los autores del informe les hace pensar que se trataba de aparatos Mirage, de fabricación francesa. El dispensario y los pozos de agua fueron sus primeros objetivos.
Ahmedbaba Kori tenía 40 años cuando se produjo el bombardeo. Había huido de Dajla, donde trabajaba como empleado de la empresa española Construcciones Colomina SA tras haber servido en el ejército de nuestro país durante 16 años. «Estábamos reunidos cerca de la jaima de la ayuda y de mañana comenzaron las explosiones cerca de unos árboles, junto al dispensario, y tres familias fueron exterminadas y una enfermera decapitada», le contó al cirujano sevillano Antonio Martínez, tal como se refleja en el informe ‘Los otros vuelos de la muerte’.
Chrifa Dahan no se olvidará nunca de ese día, porque fue cuando dio a luz a la primera de sus diez hijos: «Por la mañana –relata-, llegaron los aviones echando bombas y aquello se convirtió en un caos. Mi marido resultó herido en un tobillo y yo, igual que todos, salimos en desbandada buscando refugio en los árboles, en las montañas, donde fuera. Las bombas explotaban y todo se volvía fuego y se incendiaba todo. Había también humo y mucho polvo que no dejaba respirar y que impedía ver. Yo encontré un árbol y allí me quedé escondida, y comencé a parir. Sola, asustada, sin la ayuda de nadie, di a luz a mi hija mayor Galat».
La madre calcinada que arrojó a su bebé
Los testimonios de las víctimas de aquel bombardeo son innumerables, todos pavorosos, algunos terribles, como el de Minetu Sali Selma, quien tenía sólo 40 días de edad cuando cayeron las bombas que carbonizaron a su madre. Lo que cuenta lo sabe por lo que le dijo su tía: «Cayó la bomba incendiándolo todo. Mi madre se prendió en llamas y tuvo aún fuerzas e instinto para salvarme la vida arrojándome lejos de ella. El suelo, según me cuentan, también estaba ardiendo, lo que me provocó algunas quemaduras en manos y piernas, que debieron de ser de poca trascendencia porque no tengo cicatrices ni recuerdo nada».
Y la mujer que vio morir calcinada a su hermana fue Iauguiha Ali Mohamed, de familia nómada. Este es parte de su testimonio: «Fue algo horroroso. Fue un infierno. La aviación marroquí envió bombas con napalm que lo quemaron todo y, de inmediato, mucha gente murió y también hubo muchos heridos (…) Cuando sonó la explosión, mi hermana arrojó a su hija al aire, salvándole la vida a la pequeña, que era una bebé de pecho».
El napalm se había hecho desgraciadamente famoso con la guerra de Vietnam, utilizado por el ejército de EEUU en sus bombardeos para, supuestamente, arrasar los escondites del Vietcong en la selva. Se trata de un combustible que produce una combustión más duradera que la de la gasolina normal. La foto de la niña vietnamita huyendo desnuda tras quitarse la ropa incendiada por una bomba de napalm provocó en 1972 un enorme impacto en la opinión pública estadounidense y acentuó el rechazo a esa guerra. Sin embargo, ese tipo de munición ha seguido utilizándose en otros conflictos del mundo, como en el del Sahara y contra población civil, como atestigua el informe ‘Los otros vuelos de la muerte’, aunque en este caso no hubo fotos de prensa ni películas en el cine que denunciasen su uso.
Según este estudio, las pruebas que determinan el uso del napalm y fósforo blanco en el bombardeo de Um Dreiga se basan, fundamentalmente, en que había cadáveres calcinados y muchos heridos por quemaduras, que los supervivientes y el personal médico que los atendieron reportaron numerosos problemas respiratorios, se generalizó un incendio en todo el campamento de desplazados más allá de lo habitual en los casos de bombas convencionales, y que el fuego era difícilmente controlable, ya que se reavivaba rápidamente. «La imagen que me impresionó mucho fue la de una mujer que se llamaba, creo recordar, Fula Mohamed Abdalahi, que estaba recostada de lado dándole el pecho a una criatura, y tanto ella como la criatura quedaron carbonizadas. Cuando intentabas tocar parte de su cuerpo, se deshacía en tus manos», relató Sid Ahemed Baba.
Sin embargo, no hay un registro exacto de muertos ni heridos, debido a la situación de emergencia en la que quedó el campamento. Según el estudio, pudieron ser 100 ó 200 los fallecidos, familias enteras masacradas por el bombardeo, pero no hay concreción sobre los datos de una tragedia que el auto de la Audiencia Nacional sólo llega a constatar en 39 personas muertas y 75 heridas. El enterramiento de los cadáveres tuvo que hacerse, además, de forma urgente, sin identificar los cuerpos ni cumplir tampoco los ritos de la cultura saharaui y la religión musulmana, por miedo a que se produjeran nuevos ataques. El bombardeo causó un enorme pánico en la población superviviente, parte de la cual se escondió durante días en montañas y cuevas de los alrededores, rechazando incluso cualquier tipo de ayuda.
El hecho fundacional del exilio en Argelia
Lo que sí aceleró el bombardeo fue el desplazamiento de la población saharaui hacia la hamada de Tinduf en Argelia, uno de los desiertos más inhóspitos del mundo donde desde entonces se asientan los campamentos de refugiados en los que hoy viven más de 173.000 personas. Aterrorizados por lo que habían vivido, por lo que pudiera volver a pasar, desnutridos, muchos enfermos, fueron transportados en camiones en largos viajes de varios días hasta llegar a su nueva casa, en un territorio donde entonces tan sólo había unas cuantas jaimas en medio de un infinito secarral de piedras, tierra y arena.
Carlos Martín Beristain, director de la investigación de ‘El oasis de la memoria’ y Los otros vuelos de la muerte, médico y doctor en psicología social que declaró ante el juez Pablo Ruz por este caso, considera que el desplazamiento de la población que sufrió los bombardeos hacia Tinduf constituye «el hecho fundacional del exilio en Argelia» del pueblo saharaui, que hasta entonces pensaba que su huida era temporal y pronto volverían a sus casas en los territorios ocupados por el ejército marroquí.
Según ha manifestado Beristain a Público, el bombardeo de Um Dreiga supone el inicio de la guerra contra la población civil saharaui que ocupaba una zona que no era de combate de las fuerzas del Polisario contra el ejército marroquí. «Hay muy poca conciencia –afirma- de lo atroz que esto significa. Nunca ha habido una comisión internacional que investigue esto», el único caso que se conoce en el mundo –asegura- en el que se haya bombardeado a una población desplazada durante un conflicto.
El problema, a juicio de este asesor en Comisiones de la Verdad y consultor de la Corte Penal Internacional, es que a pesar de haber testigos de lo ocurrido, entre ellos dos enfermeras españolas que atendieron a los heridos, a pesar de todo el trabajo de documentación que se hizo desde El oasis de la memoria, ningún organismo oficial ha investigado todavía lo ocurrido. «El Sahara es el conflicto más olvidado del mundo», subraya Beristain, que alude al gran poder de Marruecos, a sus alianzas con Francia y EEUU y a su coacción sobre España para explicar esa inacción absoluta, tratándose de unos delitos muy graves contra la humanidad y de unos ciudadanos que, en el momento de producirse la masacre, eran españoles y hasta llevaban el DNI en la cartera.
Una de las supervivientes a las que examinó el médico sevillano Antonio Martínez, la mujer que vio morir calcinada a su hermana tras arrojar lejos al bebé para salvarle la vida, le dijo en la entrevista: «Lo que pedimos a las Naciones Unidas y a todas las organizaciones internacionales es que actúen, que los ocupantes abandonen nuestras tierras. Pedimos al mundo entero que se juzgue a los culpables y se restablezca la justicia. Reclamamos la responsabilidad de España, ya que está bloqueando la acción de las propias Naciones Unidas. Y –dirigiéndose directamente al entrevistador- te pedimos que no abandones el seguimiento de esta causa hasta que se obtenga la independencia y se restablezca la justicia, la verdad y la reparación».
El informe sobre los bombardeos concluye que el desplazamiento forzado de una población civil constituye un crimen de guerra, según lo dispuesto en el Derecho Internacional Humanitario, lo mismo que el ataque al que fueron sometidos cientos de personas alejadas de la zona de combate y el uso de «armas incendiarias» que no pueden ser utilizadas contra población civil, ya que causan «males superfluos y sufrimientos innecesarios». Y tras esas acciones se produce, además, a juicio de los autores del estudio, un sentimiento de desamparo e indefensión por la falta de una investigación, reconocimiento y reparación de los hechos. «El impacto del bombardeo –recalcan- se ha mantenido especialmente en la conciencia, en la mente y en el corazón de los sobrevivientes».
«¿Cómo el hombre puede llegar a hacer estas cosas?»
«Como médico, las experiencias que me contaron los supervivientes me horrorizaron –recuerda Antonio Martínez-. No tiene ninguna justificación. Incluso la guerra tiene normas. Nunca puedes atacar a la población civil de forma indiscriminada, utilizando bombas incendiarias, además. Te queda la sensación de no entender cómo el hombre puede llegar a hacer estas cosas y cómo la sociedad tampoco hace nada para que se sepa y se aclare esto. Y que esto se hiciese con compatriotas nuestros a los que dejamos tirados, eso me produce mucha vergüenza».
El delegado del Polisario en Andalucía, Mohamed Zrug, tampoco entiende el papel que ha desempeñado España en este asunto. Según el representante del gobierno saharaui, algunos de los cargos militares y civiles marroquíes procesados por la Audiencia Nacional por crímenes de guerra y genocidio han sido condecorados posteriormente por instituciones de la Administración española como reconocimiento a su labor contra el tráfico de droga, las mafias de la inmigración irregular o la lucha contra el terrorismo. Y no sólo eso. También, asegura, algunos de ellos han entrado y salido con regularidad de nuestro país para disfrutar de unas vacaciones en la Costa del Sol malagueña, sin que nadie los haya detenido. «Esto nos parece vergonzoso», recalca Zrug.
«Esto no sólo interpela a la memoria y el pasado de España y las responsabilidades que tiene con el Sahara, sino también a la responsabilidad que tiene a partir de haber cedido la gestión de sus responsabilidades a una monarquía feudal, como si hubiera subcontratado la gestión de la que era su colonia. Y también interpela al Estado Social, Democrático y de derecho en la medida de que si el Estado español no resuelve conforme a derecho las demandas legítimas del pueblo saharaui, eso seguirá siendo un lastre para la democracia en España», señala el responsable del Polisario.
A juicio de Carlos Martín Beristain, continúa siendo una asignatura pendiente de la democracia española hacer cumplir lo que se ha ordenado en un auto de procesamiento como el que dictó el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por la comisión de unos delitos muy graves y que no prescriben.
A que no se haya hecho ninguna investigación oficial sobre lo ocurrido en febrero de 1976 ha contribuido, además, el hecho de que Um Dreiga forme ahora parte del territorio del Sahara Occidental ocupado por el ejército marroquí. Eso ha impedido que organizaciones como las que han impulsado los informes recogidos en El oasis de la memoria y Los otros vuelos de la muerte hayan podido desplazarse al lugar de la masacre para obtener pruebas de lo que sucedió allí e incluso, tal vez, recuperar restos de los fallecidos a causa del bombardeo.
Um Dreiga está situado muy cerca del muro que levantó Marruecos durante la guerra con el Frente Polisario con una extensión de 2.700 kilómetros para separar los territorios ocupados de los que habían sido liberados por el ejército saharaui. Es la mayor barrera defensiva del mundo operativa, que está protegida, además, por un campo de entre siete y diez millones de minas antipersona y anticarro, según diferentes estimaciones, una munición de efecto retardado que sigue estallando indiscriminadamente décadas después del fin del conflicto armado y que ha causado ya más de 2.000 víctimas entre la población saharaui, según la SMACO, la oficina nacional del Polisario para la acción integral contra estos explosivos. Del lado marroquí, de la otra parte del muro donde también habitan saharauis, nunca se han dado cifras, pero se estima que podrían ser otras tantas. En total, más de 1.300 muertos y 3.600 heridos.
Los autores del informe ‘Los otros vuelos de la muerte’ también proponen una serie de medidas reparadoras por los daños causados por el bombardeo, aunque señalan que el primer paso para llegar a la reparación es «el reconocimiento de los hechos», algo que, agregan, no ha hecho todavía el estado de Marruecos. «No ha reconocido ni la realización de los bombardeos contra la población civil ni a sus víctimas», ni ninguna de sus instancias ha investigado los hechos -se añade en el estudio-, pese a que entraban dentro del mandato de la IER, el organismo creado por el país vecino para el esclarecimiento de la verdad sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el reinado de Hassan II, padre del actual monarca alauita.
Fuente: https://www.spsrasd.info/news/es/articles/2021/07/25/34517.html