Traducido por Rocío Anguiano
Este proceso deja claro que se trata de un asunto de mucho dinero. Lo menos que se puede decir es que el respeto de las convenciones internacionales pasa a segundo plano cuando entran en juego grandes interesentes económicos. Una vez más, se pisotea la dignidad humana abiertamente en un país en el que los cuerpos y las almas están muy castigados por varios años de «ni guerra ni paz» y en donde el desarrollo humano es escaso (véase PNUD, Informe sobre el desarrollo humano, 2007/2008, p. 232). Se busca a los responsables y todos se exculpan ¡como si los residuos tóxicos hubieran caído del cielo sobre la ciudad de Abidján, matando a varias decenas de personas e intoxicando a miles! Y eso sin hablar de las consecuencias a medio y largo plazo sobre el suelo, las capas freáticas, el mar, la laguna y la selva. Una verdadera catástrofe, provocada de principio a fin, para la protección, preservación del medio ambiente y la biodiversidad.
Los hechos se remontan a la noche del 19 al 20 de agosto de 2006. Esa noche, un «carguero griego con tripulación rusa y bandera panameña» como señala Greenpeace, fletado por Trafigura Beheer, compañía especializada en el transporte de hidrocarburos, fundada en 1993 (un año después de la entrada en vigor del Convenio de Basilea) llega a Abidján. La sociedad, registrada en los Países Bajos y con presencia también en Suiza, tiene filiales y trabaja con intermediarios. Una de sus filiales locales en Abidján es Puma Energy y WAIBS uno de sus agentes. En 2006, algunas semanas antes de la llegada del Probo Koala, se crea una sociedad llamada Tommy, dirigida por un nigeriano que se encuentra hoy entre los acusados. Trafigura encarga a Tommy que recupere y trate los residuos de la limpieza de las cubas. Pero esta sociedad, inexperta, confía a conductores de camiones cisternas la tarea de verter los residuos (530m3) al aire libre en el basurero público de Akuedo. El pestilente olor (a huevos podridos) y las quejas de los que viven en la zona alertan a los conductores que se asustan y vierten, aquí y allá, en varios sitios, el contenido de las cubas. Pero verter desechos peligrosos al aire libre va contra las convenciones internacionales. Se autoriza al Probo Koala a zarpar. Se abren investigaciones. Se encarcela a algunas personas. En las calles de Abidján se producen actos violentos y manifestaciones. Pero la causa de las víctimas todavía no se ha ganado.
En febrero de 2007, Trafigura firma un acuerdo amistoso con el Estado de Costa de Marfil. Dos de sus dirigentes, así como el director de Puma Energy, que fueron encarcelados en Abidján en septiembre de 2006, son puestos en libertad. La multinacional aporta cien mil millones de francos CFA (152 millones de euros) que deben servir para indemnizar al Estado y a las víctimas y para limpiar las zonas contaminadas.
Si la palabra escándalo significa algo (como la piedra contra la que uno tropezaba en la plaza publica1) se podría aludir, para aclarar los posibles significados de esta palabra, a los hechos que acabo de referir y que, lejos de ser «anecdóticos» muestran hasta qué punto, hoy, se puede vender cualquier cosa. Por lo tanto, no habría ni buena ni mala mercancía. Todo se puede vender, todo se puede comprar, incluidos los residuos tóxicos, con tal de que la transacción sea sustanciosa, económicamente, para unos y otros. ¿Qué queda de la ética de la transacción? En pocas palabras, el escándalo llega a la plaza pública por lo mal que huele el caso. Eso significa, dicho de otro modo, que se ha ignorado por completo la ética del intercambio y del mercado. ¿Ha habido algún respeto de las normas en este caso? ¿De esas normas que están más allá de la moral o del cinismo que gobierna la actuación de unos y otros? ¿Simplemente se han parado a pensar que en la balanza no solo hay miles de vidas humanas en juego sino también la preservación de un medio ambiente natural?
En el aire quedan otras preguntas. ¿En qué mundo vivimos? Y ¿de quién se están burlando? De todos modos, hay algo que no encaja. ¡Está muy claro! ¿Hay, en este planeta, un solo país occidental que aceptaría por un segundo que se vertieran residuos tóxicos, que apestan, a la vista de todos, al aire libre, en distintos lugares de una ciudad con varios millones de habitantes? Pero además, ¿qué dirigente aceptaría desechos peligrosos en el suelo de su país sin desconfiar, sin tomar las mínimas precauciones? Sin embargo, la gente muere. Miles de personas han sido intoxicadas, otras esperan una muerte lenta. Y mientras, aparece una suma de 152 millones de euros entre el Estado y los causantes de la contaminación. ¡Cómo si una vida humana valiera tan poco y pudiera venderse al primer corrupto capaz, con solo mover un dedo, de comprar todo el planeta! Y todo hay que decirlo: no es la primera vez que se venden a África residuos tóxicos procedentes de Europa.
Como si, en pleno siglo XXI, cualquiera que contaminara pudiera actuar con tanta desenvoltura y desprecio convencido de que puede reparar sus crímenes y dormir con la conciencia tranquila. A veces, me pregunto si los estudios de expertos sobre las amenazas reales que se ciernen sobre el futuro del planeta son algo más que papel mojado. Los mismos que deben asumir los grandes retos de nuestra época y enarbolar la bandera de la protección y preservación de nuestro medio ambiente, actúan como si la tierra fuera coto privado. Como si se pudiera decidir contaminar un sitio para preservar otro.
La toxicidad de los desechos vertidos en diecisiete zonas de Abidján en agosto de 2006 no tiene que demostrarse. Greenpeace ya informó sobre la composición de los residuos y de las consecuencias de su peligrosidad sobre la salud humana y el medio ambiente: «Creemos que se trata de un lodo rico en hidrocarburos, contaminado al menos por tres elementos: sulfuro de hidrógeno (muy tóxico por inhalación), mercaptano (compuestos sulfúricos) y sosa cáustica. Desde el punto de vista sanitario, el sulfuro de hidrógeno puede provocar irritaciones de las mucosas y las vías respiratorias hasta la muerte por envenenamiento de la sangre, pasando por nauseas y vértigos. Estos productos presentan también una toxicidad muy alta para el medio ambiente, que puede resultar catastrófica si alcanzan las capas freáticas o el medio marino. Algunos expertos señalan igualmente la presencia de organiclorados, lo que haría esta contaminación todavía más grave (estos contaminantes permanecen en el medio y penetran en la cadena alimenticia)»
El hecho de haber sido «vertidos» al aire libre es la prueba de que se trata de un «tráfico ilícito», según los términos empleados por los tratados internacionales, concretamente el Convenio de Basilea y la Convención de Bamako. El Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación aprobado el 22 de marzo de 1989 y que entró en vigor el 5 de mayo de 1992 pretende reducir la circulación de residuos tóxicos pero también evitar su envío desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo. Este convenio en su Preámbulo, insiste en la amenaza que suponen los movimientos transfronterizos de residuos tóxicos:
«Las Partes en el presente Convenio
Conscientes de que los desechos peligrosos y otros desechos y sus movimientos transfronterizos pueden causar daños a la salud humana y al medio ambiente,
Teniendo presente el peligro creciente que para la salud humana y el medio ambiente representan la generación y la complejidad cada vez mayores de los desechos peligrosos y otros desechos así como sus movimientos transfronterizos.»
La Convención de Bamako relativa a la prohibición de la importación de desechos peligrosos a África y a la fiscalización de sus movimientos transfronterizos dentro de África, aprobada bajo los auspicios de la OUA y que entró en vigor el 22 de marzo de 1996 merece también ser citada aquí. El Preámbulo es claro en lo que se refiere a los deberes (párrafo 4) de los Estados y su derecho soberano (párrafo 6):
4.- Reafirmando el hecho de que los Estados deberían velar porque el productor asuma sus responsabilidades ocupándose del transporte, eliminación y tratamiento de los desechos peligrosos de una forma que sea compatible con la protección de la salud humana y del medio ambiente, sea cual sea el lugar en donde se eliminen;
6. Reconociendo asimismo el derecho soberano de los Estados a prohibir la importación y el transito de desechos y sustancias peligrosas en su territorio por razones relacionadas con la protección de la salud humana y el medio ambiente.
Como se puede ver, estos dos instrumentos jurídicos vinculantes parecen haber sido ignorados por los diferentes protagonistas de este caso de «tráfico ilícito» de residuos tóxicos. Así que no es de extrañar que las víctimas y su abogado se sorprendan al no ver en los tribunales a ninguno de los principales responsables. En respuesta a una pregunta de metrofrance.com (del 28 de septiembre de 2008), Joseph Breham, jurista de la Asociacion Sherpa, que ofrece asistencia jurídica a las familias de las víctimas, dijo: « Este proceso es un camelo. Los verdaderos responsables, que son los altos funcionarios de Costa de Marfil y los dirigentes de Trafigura, no están acusados. La justicia del país considera que tras el acuerdo firmado entre el Estado y Trafigura los ejecutivos de la sociedad no pueden ser juzgados. Sin embargo, este acuerdo es ilegal porque no tiene en cuenta a las víctimas.»
¿Es posible la impunidad no solo para los que contaminan sino también para los dirigentes que ignoran cualquier ética e infringen las leyes internacionales, desafiando al sentido común y a los dictados de su propia conciencia con el fin de seguir una única vía, la de sus intereses?
Tanella Boni
4 de octubre de 2008
http://www.africultures.com/
- N. de la T.: Referencia a la etimología de la palabra ‘escándalo’ que procede del indoeuropeo skandalo y significaba ‘obstáculo’, ‘dificultad’. El vocablo pasó al griego como skandalo con el significado de ‘piedra en la que se tropieza’ y ‘trampa en el suelo para atrapar o hacer caer’.
Rocío Anguiano es miembro de Rebelión, Tlaxcala y Cubadebate. Esta traducción se puede reproducir libremente con fines no lucrativos, a condición de respetar su integridad y de mencionar al autor, a la traductora y la fuente.