El contrato asiático

Supone el mayor acuerdo de libre comercio del mundo, superando a la Unión Europea, y cuyos firmantes disponen del 30 % de la producción mundial y de casi la tercera parte de la población. El pacto contempla aspectos relacionados con el comercio electrónico, propiedad intelectual, sistemas de telecomunicaciones y servicios financieros, entre otros.

A la espera de la posible incorporación de India, los diez países de la ASEAN (Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Birmania, Singapur, Tailandia y Vietnam) y otros tres asiáticos, China, Japón y Corea del Sur, más los dos de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, han configurado el mayor bloque comercial del planeta: es una plataforma asiática, pero su extensión a Oceanía la hace todavía más relevante. En el acuerdo, los países del sudeste asiático ven una oportunidad para superar la crisis causada por la Covid-19 y para continuar con su desarrollo económico que alcanza ya en algunos casos una envergadura considerable, como en Indonesia, Thailandia y Vietnam, y confían en que contribuirá a la estabilidad de la región, afectada por el terrorismo islamista, la crisis de los rohinyás entre Birmania y Bangla Desh, las protestas en Thailandia contra la monarquía y la dictadura militar, y la represión y los enfrentamientos del ejército con la guerrilla comunista en Filipinas.

La iniciativa para el acuerdo asiático surgió en la ASEAN hace una década, y se ha prolongado el desenlace esperando la decisión de la India. En el marco de la guerra comercial iniciada por Estados Unidos contra China, el acuerdo supone un triunfo para Pekín, que es ya el principal importador de la mayoría de países que suscriben el contrato, y también el mayor receptor de las exportaciones de la región. No por casualidad, al día siguiente de la firma de la RCEP, la U. S. Chamber of Commerce norteamericana publicó un comunicado donde mostraba su preocupación señalando que “Estados Unidos se esté quedando atrás a medida que se acelera la integración económica en la vital región de Asia y el Pacífico”, porque su cuota de mercado se haya reducido, y por el hecho de que China consolidará su papel central, advirtiendo la Cámara del riesgo de que uno de los principales motores de crecimiento del mundo, Asia-Pacífico, avance sin Estados Unidos. Dos días después del nacimiento del RCEP, la revista Time publicaba un análisis del acuerdo y de sus consecuencias con un revelador título: “Por qué Estados Unidos podría ser el gran perdedor del acuerdo comercial RCEP”. También, un estudio del Peterson Institute for International Economics (PIIE, con sede en Washington) consideraba que el RCEP aumentará las exportaciones globales en 500.000 millones de dólares en 2030, de las que la mitad serán de China, el país que más se beneficiará de ese incremento. Pekín incluso aumentará sus exportaciones a la India y Taiwán, pese a que no han suscrito el RCEP. La reducción de aranceles facilitará las exportaciones chinas a la región del sudeste asiático, y China, además, conseguirá que su moneda, el yuan, desempeñe una función creciente en los intercambios comerciales, limitando el peso del dólar norteamericano.

El RCEP reduce aranceles, simplifica trámites administrativos, facilita el tránsito aduanero, pretende estimular el comercio entre los socios y favorecer el crecimiento económico y la integración entre sus economías. Es muy relevante que China y Japón, los principales socios, pasen a relacionarse sin trabas, puesto que nunca había existido un acuerdo de libre comercio entre ambos, aunque, al mismo tiempo, Tokio ha pasado a ofrecer subsidios para que sus empresas presentes en China trasladen sus fábricas a Japón. Tampoco escapa a ambos países que el RCEP puede establecer nuevos mecanismos comerciales de colaboración con América Latina, bien con el CPTPP o con Mercosur, y que una vía para limitar los daños que causará a la economía norteamericana sería su vuelta al CPTPP. Con el RCEP, Estados Unidos puede ver reducidas sus exportaciones de gas natural licuado a China, Japón y Corea del Sur y a la región del sudeste asiático, y ello pese a que Pekín ha firmado en 2020 un primer acuerdo con Washington para comprar gas, aunque su actitud futura dependerá de la gestión del nuevo gobierno Biden.

Ese nuevo contrato asiático convive con el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, CPTPP o TPP-11, que agrupa a Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Chile, México, Perú, Japón, Malasia, Vietnam, Brunéi y Singapur. Estados Unidos formó parte del CPTPP por decisión de George W. Bush, pero Trump decidió su salida al inicio de su mandato. Japón, tercera economía mundial, intentó salvar ese acuerdo y evitar la salida de Estados Unidos, y pese a su condición de aliado estratégico de Washington (cuenta con bases norteamericanas que albergan probablemente armamento nuclear, y ha aceptado que se instale el escudo antimisiles en su territorio) no quería quedar fuera del RCEP, consciente de su enorme potencial, porque quiere aumentar sus intercambios con China y porque tiene grandes intereses económicos con los países de la ASEAN. No por ello Tokio descuida sus utilidades: en septiembre de 2020, los ministros de Comercio de Japón, India y Australia examinaron la posibilidad de articular más sus economías, creando circuitos para sus suministros y para limitar la influencia económica china, aunque el potencial chino y su capacidad para actuar en todos los sectores económicos impone su realidad: India no tiene entidad para sustituir a China, el intercambio comercial de Pekín con Australia dobla al que tiene Japón, y también China supera a los otros países en el volumen de su comercio con Tokio y Delhi.

También Corea del Sur, una de las grandes economías de la región, se beneficia: el presidente Moon Jae-in resaltaba que las empresas surcoreanas que venden piezas de automóviles a Indonesia deben pagar hoy aranceles que suponen un 40 por ciento añadido, que con el RCEP quedarán anulados. Seúl también está estudiando el momento adecuado para incorporarse al TPP-11, con objeto de diversificar sus exportaciones. Por su parte, China, que en su proyecto estratégico no excluye participar en cualquier organismo de comercio y cooperación, decidió en su Conferencia Central de Trabajo Económico, celebrada en Pekín en noviembre de 2020, “examinar activamente la posibilidad de incorporarse al CPTPP” o TPP-11.

El RCEP estimulará la economía de Indonesia (el país más poblado de la ASEAN, y cuya demografía casi alcanza ya a la de Estados Unidos), que tiene un gran potencial de desarrollo y se ha convertido en el cuarto país por número de usuarios de internet (tras China, que supera los mil millones; India, con quinientos millones, y Estados Unidos). Las compañías tecnológicas norteamericanas y chinas compiten en el país invirtiendo en transportes, servicios de mensajería, entrega de alimentos a domicilio, sistemas digitales de datos y de pagos, asociándose a empresas locales, aunque en todo el sudeste asiático las iniciativas chinas van por delante de las que realizan las compañías tecnológicas estadounidenses. Así, por ejemplo, la empresa china de logística Cainiao dispone de un servicio de entrega de paquetes, que inició en Hangzhou, que realizan pequeños vehículos automatizados, opera ya en decenas de países con aviones y camiones propios, y tiene previsto extender esa experiencia creando además una compleja estructura que englobe a todas las compañías de logística del mundo ofreciendo la posibilidad de que miles de empresas trabajen con su sistema y su tecnología, que puede alcanzar cualquier lugar del planeta.

La ausencia de India en el RCEP indica los cambios que se están produciendo en su percepción sobre el futuro asiático, en una combinación de sus temores ante Pekín y de la presión de Estados Unidos para que Delhi se incorpore a su plan estratégico de contención de China. La India, además, teme la entrada masiva de productos chinos al país, y mantiene el contencioso sobre las fronteras y territorios del Himalaya (Aksai Chin, controlado por Pekín; y Arunachal Pradesh, controlado por Delhi) donde en junio de 2020 se produjeron graves enfrentamientos sin armas entre soldados chinos e indios. Delhi mantiene también diferencias fronterizas con Nepal y Pakistán, y el gobierno de Narendra Modi presta una atención creciente a los planteamientos de Estados Unidos, rompiendo parcialmente con la tradición histórica del país, siempre cercano a Moscú: a finales de 2020, Rusia y la India suspendieron, por primera vez en veinte años, la cumbre anual que se celebra entre los dos países, y Moscú ha criticado públicamente la inclusión de la India en el esquema QUAD impulsado por Estados Unidos contra China. Pese a ello, China es el principal socio comercial de la India, y suministra los equipos para las redes móviles 4G y 5G que Delhi necesita y no produce.

Pekín advirtió públicamente sobre el peligro de que Delhi fuera “víctima de las instigaciones de un tercer país”, en clara alusión a Estados Unidos, a propósito de las diferencias en el valle de Galwan, en el Himalaya. Tras esos enfrentamientos, India ha prohibido más de doscientas aplicaciones chinas para Internet, entre ellas la de la tienda virtual de AliExpress, el equivalente chino de Amazon. Con Modi, Delhi ha perdido interés en organismos multilaterales, se muestra proclive a Estados Unidos, y pretende dirigir a los países no alineados, además de asegurar una presencia india determinante en el océano Índico. A su vez, Estados Unidos trata de utilizar a India para contener a China, al tiempo que Delhi quiere asistencia norteamericana para limitar la influencia de Pekín en el sudeste asiático y apoyo en su histórico litigio con Pakistán. En octubre de 2020, Estados Unidos y la India firmaron en Delhi el Acuerdo Básico de Intercambio y Cooperación, BECA, que se añade a otros tres importantes acuerdos suscritos anteriormente por Washington con el gobierno de Modi, entre ellos, el Logistics Exchange Memorandum of Agreement, LEMOA, que permite al Pentágono acceder a bases militares indias. No por casualidad, tras asistir a la firma de ese acuerdo BECA en Delhi, el secretario de Estado Pompeo, visitó Sri Lanka, Maldivas e Indonesia para conseguir nuevos aliados en su plan de contención de China.

A su vez, la Unión Europea, que pierde entidad económica con la salida de Gran Bretaña, suscribió un acuerdo en junio de 2019 con Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay), pero el proceso de ratificación, necesario para su entrada en vigor, está paralizado, y la identificación de Bolsonaro con las disparatadas tesis ambientales del gobierno norteamericano de Trump, dificulta aún más su entrada en vigor. La Unión Europea tiene también problemas con Rusia, y su apoyo al golpe de Estado del Maidán en Ucrania y la posterior integración de Crimea le llevó a imponer sanciones y restricciones a Moscú, mientras el gasoducto Nord Stream 2 padece el sabotaje norteamericano aunque se ha completado el tramo alemán por el Báltico y falta terminar el tramo en la zona económica exclusiva de Dinamarca. Bruselas ha decidido aplicar nuevas sanciones a Rusia por el sospechoso “asunto Navalni”, y para acabar de complicar la situación, el Alto Representante, Borrell, acusó a finales de año a Moscú de difundir información falsa sobre la Covid-19 para vender su vacuna Sputnik V.

La fantasía urdida por la prensa occidental sobre las buenas relaciones de Trump con Putin no resiste la comprobación empírica: durante la presidencia del magnate neoyorquino, las relaciones entre ambos países han empeorado de forma constante, llevando al ministro Lavrov a afirmar que están en su “momento más bajo”; Trump ha abandonado casi todos los acuerdos de desarme firmados con Moscú, se ha negado a prorrogar el START III, ha seguido saboteando la construcción del Nord Stream 2 ruso, ha amagado con llevar armas nucleares a Polonia y ha reforzado el despliegue militar norteamericano en el Este de Europa y en el Mar Negro, con Ucrania sirviendo de comodín, y en sus últimas semanas en el poder Trump y Pompeo han cerrado los consulados norteamericanos en Vladivostok y Ekaterimburg, decisiones agravadas por la acusación norteamericana, sin pruebas y por boca de Pompeo, de que Moscú está tras el espionaje cibernético a organismos gubernamentales y al propio Pentágono. Tras la elección de Biden, Putin ha anunciado que no espera una mejora de las relaciones con Estados Unidos.

La Unión Europea negociaba con China desde 2014 el Acuerdo Integral de Inversiones, CAI, que pretende facilitar el acceso de las empresas europeas al mercado interno chino. Finalmente, el 30 de diciembre de 2020, Xi Jinping, Macron, Merkel, Michel y Ursula von der Leyen suscribieron virtualmente el CAI. Para facilitar el acuerdo, Pekín ha hecho concesiones en manufacturas, servicios financieros y bienes raíces. Francia y Alemania eran partidarias de suscribir el CAI, pero Estados Unidos presionaba en contra a través de sus países-cliente en la Unión: Polonia y los estados bálticos, utilizando su recelo a la posible apertura a la inversión china en energías renovables en Europa. Dos semanas antes, a mediados de diciembre de 2020, y pese a las presiones norteamericanas que exigían a Berlín que bloquease a Huawei, el gobierno Merkel optó finalmente por permitir a la empresa china construir las redes 5G en Alemania, con acceso de sus agencias de seguridad a todo el proceso. China se ha convertido ya en el principal socio comercial de la Unión Europea, superando a Estados Unidos: la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) constataba que en los primeros nueve meses de 2020 el comercio entre la Unión y China ascendió a 425.500 millones de euros, frente a los 412.500 millones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Además, la pandemia de la Covid-19 ha hecho aumentar en todo el mundo la demanda de productos que solo China está en condiciones de producir con rapidez, por lo que sus exportaciones totales superan el nivel que tenían antes del inicio de la guerra comercial lanzada por Trump.

Sin embargo, la falta de una visión estratégica de la Unión Europea hacia China ha limitado gravemente el desarrollo de iniciativas conjuntas: baste decir que el Consejo Europeo, presionado por Estados Unidos tras la crisis de Tiananmén, abordó su relación con Pekín en 1989 y no volvió a hacerlo hasta 2019, cuando el mundo había cambiado por completo. Aunque Bruselas ha insistido en que, al margen de la posición de Estados Unidos, la Unión Europea mantendrá su propia autonomía en su relación con China, en la práctica ha seguido vinculando las negociaciones a las exigencias definidas por Washington con relación a Hong Kong, Xinjiang y el Tíbet. La firma del Acuerdo de Inversiones, CAI, supone otro triunfo diplomático para Pekín y la reafirmación de la Unión Europea, en un momento en que, de nuevo, Washington aumenta su presión y añade nuevas sanciones a sesenta empresas chinas, al tiempo que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, declaraba que «el comportamiento corrupto y abusivo de China dentro y fuera de sus fronteras, daña la seguridad de Estados Unidos y la soberanía de nuestros aliados”, acusando también a Pekín de violar los derechos humanos y de imponer trabajos forzados en Xinjiang, aunque sin ofrecer pruebas de sus afirmaciones. En evidente coordinación, la OTAN acusaba a Pekín de impulsar “campañas de desinformación” y organizar ataques cibernéticos.

A mediados de diciembre de 2020, como si fuera una represalia por el éxito chino en el nacimiento del RCEP, Estados Unidos incluyó a universidades y decenas de empresas chinas en una lista negra que les impide adquirir equipamientos y tecnología norteamericanos, con objeto de sabotear su actividad. Entre ellas, castiga a la empresa pública de microprocesadores Semiconductor Manufacturing International Corporation, SMIC, que es uno de los principales fabricantes impulsados por Pekín para no depender de compras a compañías estadounidenses en el vital sector de la informática; y sanciona también al fabricante de drones DJI, el más importante del mundo, con una cuota de mercado de casi el 80 %. Por si no era suficiente, a finales de año el Departamento de Estado norteamericano lanzaba una campaña mundial sobre la supuesta represión china en Xinjiang denunciando los inexistentes “campos de concentración” para uigures, asegurando que el “Partido Comunista de China amenaza la paz y la seguridad mundial”, y que en los tres últimos años “más de un millón de personas han desaparecido en los campos de internamiento de Xinjiang” sin que sus familiares sepan “si siguen vivos”.

Con Trump, Estados Unidos ha percibido el debilitamiento de su poder económico en el mundo: esa constatación no solo le ha llevado a poner en tela de juicio a la Organización Mundial del Comercio, sino a impulsar medidas proteccionistas en su territorio, junto a la imposición de aranceles a países de la Unión Europea, y a desatar disputas comerciales. La más relevante sigue siendo la guerra comercial que libra contra China, que previsiblemente continuará con Biden. El contraste con la política estadounidense de treinta años atrás es evidente: en la última década del siglo XX, desaparecida la URSS y los países socialistas europeos, Estados Unidos impulsaba la globalización y la apertura comercial y financiera en todos los continentes, seguros de su predominio, dispuestos a conseguir nuevas áreas comerciales en el Este de Europa y de apoderarse del mayor mercado del planeta, en China. Aquel sueño se esfumó, y acuerdos como el RCEP remachan el clavo.

El programa económico del nuevo gobierno Biden pretende combatir el desastre de la pandemia de la Covid-19, crear puestos de trabajo estimulando las compras de productos propios y desarrollar la industria (el nuevo presidente aseguró que el gobierno federal apostará por el Buy American), y promoverá inversiones tecnológicas y energías renovables, biotecnología e inteligencia artificial. Para ello, necesita aumentar los impuestos y debe contar necesariamente con el Senado. Biden afirmó durante la campaña electoral que apostaría por el multilateralismo y reforzaría los acuerdos con sus aliados; sin embargo, aunque abandone la arrogancia de los años de Trump, Estados Unidos concibe el multilateralismo como la aceptación de sus decisiones por parte de sus socios, junto a la imposición de sus reglas a los países que designa como enemigos. Biden quiere dejar atrás las decisiones unilaterales con una diplomacia más amable y conseguir el apoyo de sus aliados para la contención de China; pretende, además, cambiar procedimientos y regulaciones de la Organización Mundial del Comercio que considera benefician a China.

Biden está obligado a reconsiderar la política norteamericana hacia Asia: puede integrarse de nuevo en el CPTPP, aunque ello perjudicará a su propia industria, y la guerra comercial con China va a seguir acaparando su atención: antes de su elección se mostró proclive a reconsiderar los aranceles impuestos por Trump, pero el Washington Post revelaba que su gobierno, simplemente, va a volver a examinarlos. En esa dirección, la OTAN celebró el 2 de diciembre de 2020 una reunión virtual de ministros de Asuntos Exteriores (con participación de Japón y Australia) para examinar la creciente fortaleza de China, declarada por la alianza militar como “full-spectrum systemic rival”, tras la publicación de su informe señalando a Rusia y China como enemigos, encendiendo las alarmas sobre la capacidad nuclear china, su rápido progreso tecnológico y su creciente actividad espacial. Aunque China insiste en su programa de desarrollo pacífico y desmiente las acusaciones de buscar la hegemonía mundial y ser un peligro militar, y de que es una evidencia que su ejército no desarrolla ninguna actividad en los océanos Atlántico y Ártico ni en el mar Caribe y el Mediterráneo, y centra su actividad en sus mares costeros y se abstiene de mostrar gestos agresivos, insistiendo en la urgencia de la cooperación mundial, la OTAN continúa insistiendo en calificarla como enemigo. La OTAN y el Pentágono perseveran en la “amenaza china” y utilizan las disputas chino-indias sobre Aksai Chin y Arunachal Pradesh, las diferencias sobre el archipiélago Seaoyu (Senkaku para Japón), y el contencioso de las islas del Mar de China meridional, para intervenir en la región y fortalecer el dispositivo militar norteamericano.

Así, mientras Estados Unidos se repliega acudiendo al proteccionismo y a la guerra comercial, intentando retener su hegemonía en el continente americano pese a la creciente presencia china, la Unión Europea afronta las consecuencias del Brexit y ve reducida su entidad económica, y el Mercosur no consigue avanzar en la integración económica del subcontinente, Asia prepara el futuro: el repliegue estadounidense y la parálisis europea contrastan con el TPP-11 (que integra a cuatro países americanos, dos de Oceanía y cinco asiáticos, entre ellos Japón) y, sobre todo, con el RCEP, muestra de la creciente integración y del nuevo protagonismo asiático.

China quiere romper el muro de contención que ha construido Estados Unidos en la región del Asia-Pacífico, detener la lógica de un enfrentamiento entre grandes potencias que no ha buscado pero que puede conducir a la guerra, y pretende desarrollar la gran iniciativa de la nueva ruta de la seda: tanto el contrato asiático del RCEP como el Acuerdo de Inversiones con la Unión Europea rompen la lógica de enfrentamientos que impulsa Estados Unidos. Al mismo tiempo, en su XIV Plan Quinquenal pone énfasis prioritario en desarrollar la inteligencia artificial, la producción de semiconductores (que eviten riesgos como el padecido por SMIC), la extensión del 5G, el sector y la tecnología espacial, y la informática cuántica. China, que lleva más de treinta años intentando evitar conflictos, centrada en su fortalecimiento económico y social, mantiene su oferta para abrir negociaciones con el nuevo gobierno de Washington y pacificar las relaciones, pero no espera cambios significativos en los días que vendrán con Biden.