La terrible pandemia del covid-19 que estamos viviendo, nos debería dejar en la memoria colectiva una serie de lecciones inolvidables sobre qué es lo esencial y lo secundario. Ahora tocaría reflexionar sobre la pregunta, ¿qué es lo realmente importante para la Humanidad? Para, a partir de las respuestas, cambiar el orden de prioridades. Algo que no es nada fácil cuando el bien común choca con el lucro privado. Veamos qué está pasando con un bien esencial como el agua.
El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución en la que se reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Posteriormente se confirmó este derecho, concretando que forma parte del derecho internacional y confirmando que es legalmente vinculante para los Estados firmantes. Se configura así un nuevo paradigma de los servicios de abastecimiento e introduce la necesidad del control ciudadano y democrático de su gestión. Los ayuntamientos y a la ciudadanía se sitúan en un mismo plano de relación: los municipios son los titulares de los servicios y la ciudadanía es la titular del derecho.
La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha llevado al Gobierno de coalición a aprobar una serie de decretos-ley ,dentro de lo que se conoce como el «escudo social», para proteger a la población mientras dure, blindando servicios esenciales. De esta forma, en el DL 8/2020 dice que «los suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no podrán suspender el suministro a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social». Posteriormente el DL 11/2020 ha ampliado la obligación al conjunto de los hogares, mientras dure el estado de alarma, dado que la condición de vulnerabilidad es previsible que se amplíe sustancialmente.
Es evidente que en esta crisis hay más actitudes de personas y entidades dignas de admiración que de desprecio. Una de las actitudes más insolidarias y mezquinas es la del sector privado del agua que ha solicitado al gobierno reanudar los cortes de agua en una carta [1] dirigida a la Vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera a la que ha tenido acceso el periódico Público. La Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), se opone al blindaje del abastecimiento de agua. Su argumento es que supondrá una «invitación indiscriminada al impago del servicio, al margen de la condición económica real del usuario», lo que «causará un grave déficit financiero estructural, si no se corrige el desequilibrio, con el consiguiente riesgo de insolvencia para los operadores del ciclo urbano del agua». Hay que recordar que es un sector que tiene un amplio margen de beneficios, ya que factura más de 3.500 millones de euros al año, al tiempo que supone un elevado coste para la ciudadanía en los servicios privatizados. Recuerda la misma lógica por la que se oponen a una renta mínima la derecha, la patronal y los obispos: que no se acostumbren.
En plena pandemia no parece muy ético que también pretendan ampliar hasta un 15% la duración de sus concesiones, es decir, del negocio. Como dice la Red Agua Pública [2], «no ha dudado en aplicar la doctrina del shock, aprovechando la situación actual de crisis sanitaria, para intentar sacar provecho para sus intereses empresariales».
La posición del lobby defensor de los intereses de las empresas privadas del agua, contrasta con la que están adoptando algunas empresas públicas de suministro de agua en distintas ciudades españolas. Han estado garantizando el suministro en las condiciones establecidas en los citados decretos ley incluso antes de su promulgación, asumiendo las obligaciones del derecho humano al agua para protegerlo y cumplirlo. Son los casos de Valladolid, donde se ha puesto en marcha un fondo social con bonificaciones en las facturas de las familias en situación de vulnerabilidad, para PYMES y autónomos. En Sevilla, donde ya se aplicaba el suministro mínimo vital que promueve la ONU, y se fijan exenciones de hasta el 100% del recibo para usuarios vulnerables severos o en riesgo de exclusión social. O en Terrassa (Barcelona), que aplican, durante el segundo trimestre del año, una política de coste cero para los consumos domésticos de hasta 166 litros diarios y otras medidas.
La disponibilidad del agua es fundamental para la vida, la higiene personal y doméstica y, en consecuencia, para la salud humana. Por ello, asusta pensar si algún día nos tenemos que enfrentar a una crisis derivada de la escasez de agua en estos tiempos de cambio climático, estando su gestión en manos de empresas privadas que se guían por los intereses económicos.
Si algo parece incompatible es conciliar un derecho humano con el lucro y el negocio. Por ello desde la Red Agua Pública se reclama la titularidad y la gestión pública del agua de grifo en España. Defendemos la necesidad de promover y acometer la remunicipalización de los servicios privatizados para priorizar la función social y ambiental del agua.
Que se dote de financiación suficiente a todos los servicios públicos, en particular la sanidad y los servicios de agua, intrínsecamente relacionados al tener ambos la consideración de derechos humanos y por ser garantes del mantenimiento de la salud y la vida. Hay que facilitar procesos de remunicipalización que asuman la gestión no lucrativa, pública y transparente acorde con el paradigma definido por el marco conceptual del derecho humano al agua.
No podemos volver a la crisis económica y social gestionada por los fanáticos de Milton Friedman, a la emergencia climática, a la profunda inseguridad en la que vivimos. Cuando se trata de supervivencia y de derechos humanos, solo lo público, gestionado con rendición de cuentas y participación social, es capaz de salvarnos. Y si no aprendemos esto, no habremos aprendido nada de esta crisis.
Notas:
- https://www.publico.es/politica/coronavirus-patronal-agua-grifo-pide-gobierno-le-permita-cortar-suministro-familias.html
- https://www.redaguapublicamadrid.org/la-rap-denuncia-presiones-del-lobby-del-agua-durante-la-crisis-sanitaria/
Agustín Moreno y Erika González Briz. Activistas de Ecologista en Acción y miembros de la Red Agua Pública (RAP).