La administración Obama inició una epidemia de arrestos, en el verano de 2014, con una operación dirigida específicamente a menores centroamericanos no acompañados y a mujeres con niños pequeños que buscaban asilo político en Estados Unidos.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) está arrestando a inmigrantes en varios estados. Insisten en que se trata de criminales peligrosos, pero muchos carecen de antecedentes penales. English
Manifestación delante de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Nueva York. 16 de febrero de 2017. Erik McGregor SIPA USA/PA Images. Todos los derechos reservados.
«Vamos a ocuparnos de DACA (Acción Diferida para los Llegados en Edad infantil) con el corazón.» – Presidente Donald Trump en rueda de prensa, el 16 de febrero de 2017.
El Día de San Valentín, el futuro de un estudiante de enfermería de Carolina del Norte estaba en manos de funcionarios de inmigración. Se hace difícil pensar que alguien pueda rechazar a este muchacho de 25 años, amable y sincero, que agradece el apoyo que le brinda cada uno de sus seguidores con un largo abrazo y una gran sonrisa. Pero allí estaba, esperando a ser deportado.
Felipe Molina Mendoza había viajado esa misma mañana de Durham a Charlotte, Carolina del Norte, preparado para lo que él pensó que serían sus últimos momentos como hombre libre en los Estados Unidos. Llegado al país a los 8 años, Felipe asistió a la escuela media y secundaria en Durham. Tras graduarse, se vio obligado a regresar a un México que conocía apenas porque, a pesar de ser un estudiante con resultados sobresalientes, no podía continuar sus estudios al no ser residente legal en los Estados Unidos.
Desconocedor de las maniobras sutiles que debe realizar un joven gay en México, el adolescente criado –aunque no nacido– en Estados Unidos fue objeto de insultos y agresiones y cayó en una depresión. Tras haber sido amenazado de violación en grupo, la policía mexicana le cacheó y escarneció por presentar una queja. «Habiéndome criado aquí, siempre pensé que la policía haría algo», explicaba la semana pasada en Durham. Tras su primer semestre en México, murió su abuela y necesitaba volver a casa.
Rechazado en la frontera en 2013, Felipe volvió a intentarlo, solicitando asilo, en 2014. Quedó todavía más traumatizado por una estancia en la infame «hielera» y una experiencia horrible en un centro privado de detención de inmigrantes. «Me pusieron grilletes en las manos y los pies para llevarme al juzgado», explicaba, y se le quebraba la voz al relatar la experiencia. Pero logró superar sus entrevistas de «temor creíble» y se le permitió regresar a Durham con su familia después de que ésta consiguiera reunir el dinero para pagar una fianza de $ 7,500 y de que un ciudadano estadounidense – su novio – firmara como avalador. Felipe empezó entonces sus estudios de enfermería y, para costearlos, trabajaba en un restaurante de Chapel Hill, con su permiso de trabajo tan arduamente conseguido en mano.
«Lo único que he hecho es tratar de ser un buen ciudadano y un buen estudiante e intentar labrarme un porvenir satisfactorio… No es cierto lo que dicen en la televisión, que sólo quieren deportar a las personas con antecedentes penales. Mi permiso de trabajo tienen vigencia hasta noviembre del año que viene.»
Agentes de Inmigración y Aduanas (ICE), la policía de inmigración del gobierno de los Estados Unidos, entraron en acción en varios estados el jueves 10 de febrero de 2017. Según confirmó la propia ICE, 160 inmigrantes fueron arrestados en el sur de California y 200 en Georgia y las Carolinas, de un total de 680 en todo el país. La agencia insiste en que su único objetivo son los criminales peligrosos y que evitan intervenir en lugares frecuentados por niños, pero numerosos informes comunitarios indican que sus agentes están llevando a cabo prácticas de segregación racial, deteniendo arbitrariamente furgonetas e inspeccionando obras y, al menos en dos casos, también escuelas. Las incursiones, no muy distintas de las que asolaron las comunidades inmigrantes bajo el gobierno de Obama el año pasado, tuvieron lugar en o cerca de las ciudades santuario de Charlotte, Austin, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Seattle y Atlanta.
Muchas de las personas que están siendo arrestadas por la ICE no tienen antecedentes penales. Un hecho a destacar es cuántos de ellos tenían en trámite solicitudes de residencia o de asilo, como por ejemplo Daniel Ramírez Medina, un receptor de DACA (Acción Diferida para los Llegados en Edad infantil) en el estado de Washington. En otras palabras: a pesar de la insistencia del gobierno en que se está deteniendo sólo a los peores criminales, es evidente que la ICE está haciendo un mal uso de la lista de inmigrantes que se encuentran «haciendo cola» y «siguiendo las reglas».
La ICE sostiene que Daniel es miembro de una pandilla – hecho que él niega -, basándose en un tatuaje en el que puede leerse «La Paz BCS». La Paz, capital de la Baja California Sur, es la ciudad mexicana donde nació Daniel. Si fuera cierta su adscripción a una pandilla, sin embargo, se trataría en todo caso de un miembro estadounidense, ya que llegó a los Estados Unidos cuando tenía 7 años. Nunca ha sido sospechoso de nada ni se le ha acusado de ningún crimen.
En la orden ejecutiva que prioriza la deportación de los delincuentes, la administración Trump ha recalificado delitos menores – como infracciones de tráfico, o trabajar y pagar impuestos sin tener número de seguridad social, o con un número de seguridad social falso – como delitos graves en el caso de inmigrantes indocumentados, y otorga poderes a los agentes de la ICE para arrestar a los inmigrantes que sospechen que pueden ser delincuentes o que, «a juicio de un funcionario de inmigración, representen un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional».
A personas como Felipe, que llevan ya varios intentos de reunirse con sus seres queridos en los Estados Unidos, se les llama reincidentes (de un delito de inmigración), incluso si posteriormente se descubre que su petición es lícita. Cuando la policía usa perfiles raciales al identificar a conductores, se incrementa el número de multas y de cargos por conducir sin licencia (DWL), o conducir «bajo la influencia» (DUI) para los latinos y las personas de color. Cuando se prohíben las iniciativas locales para proporcionar licencias a personas pobres e indocumentadas, conducir sin licencia puede ser la única opción para obtener un puesto de trabajo, cuidar a niños o en situación de emergencia. Las infracciones al volante son delitos menores en el caso que vengas de una fiesta en Mar-a-Lago, pero no si eres un inmigrante.
Nestor Ávila Miranda tenía un DUI como antecedente. Al igual que Felipe, llegó a los Estados Unidos cuando tenía tan sólo 8 años. Este campeón de atletismo y graduado de Appalachian State se encuentra ahora en el centro de detención de Stewart, en una cama de hospital improvisada, porque la furgoneta de la ICE en la que viajaba junto con otros inmigrantes arrestados chocó después de que el conductor de la misma decidiera lanzarse a una desquiciada carrera con otro vehículo. Su pie derecho está hinchado y, por falta de cuidados, ha contraído una infección que podría obligar a que se le practique una amputación. A pesar de ser receptor de DACA y elegible para un visado U, permanece encarcelado.
Natalia Quintana-Rondón, una madre de 46 años, acababa de casarse con un ciudadano estadounidense el 1 de febrero, una semana antes de su arresto. Ella y su nuevo esposo estaban en vías de rectificar su estado, cuando el coche que conducía Natalia fue retenido en un control de tráfico en Fort Mills, Carolina del Sur, a las afueras de Charlotte, Carolina del Norte. Su hija, que estaba presente, intentó razonar con los policías y ganar tiempo hasta que el marido de Natalia pudiera llegar para probar que el coche era de su propiedad. Natalia, que habla poco inglés, conducía con una licencia venezolana, y ahora está esperando su traslado a un centro de detención de la ICE en Georgia. Su familia espera que sea puesta en libertad con fianza.
Fue la administración Obama la que inició esta epidemia de arrestos, en el verano de 2014, con una operación dirigida específicamente a menores centroamericanos no acompañados y a mujeres con niños pequeños que buscaban asilo político en Estados Unidos. Una de ellas, Ingrid Portillo Hernández, estaba aprendiendo inglés y cursando el último curso de secundaria en Durham. Había huido de El Salvador después de que su padre, un activista comunitario, fuera asesinado durante un período de mucha violencia en su país de origen. Fue arrestada en mayo, a poco más de un mes de haber cumplido los 18, mientras iba de camino hacia su escuela con dos parientes más jóvenes que ella. Ingrid fue deportada rápidamente en septiembre, a pesar de la intercesión de un congresista estadounidense de Carolina del Norte, G.K. Butterfield, que también ha intercedido en nombre de Felipe y de otros muchos.
Mientras tenían lugar las redadas este mes de febrero, la Cámara de Representantes de Carolina del Norte aprobó una Ley de Protección Ciudadana y la definió del modo siguiente:
«Una ley para: reducir los robos de identidad mediante un aumento de las penas por posesión, fabricación o venta de documentos falsificados; crear una presunción rebatible contra la libertad previa al juicio de ciertos extranjeros indocumentados; y decretar penas para las ciudades y condados que violen las leyes estatales relacionadas con las ciudades santuario «.
Usar el número de seguridad social de otra persona (SSN) para conseguir un trabajo no es sólo un delito sin víctimas, sino que representa un beneficio para su titular, al que le está pagando la jubilación otra persona. Pero, por lo general, lo que utilizan los inmigrantes indocumentados es un Número de Identificación Fiscal Individual (ITIN), que es un documento que proporciona el gobierno para transacciones financieras, semejante a un SSN pero sin que comporte derecho al trabajo. Usando un ITIN, los inmigrantes indocumentados con empleo pagan impuestos y a la Seguridad Social, pero no pueden reclamar deducciones fiscales ni tienen derecho a prestación alguna por accidentes laborales, si padecen alguna invalidez o se jubilan. Hasta hace poco, en la práctica, los ITIN se convertían automáticamente en SSN en cuanto se concedía el permiso de residencia y, además, trabajar con un ITIN servía como prueba, ante cualquier tribunal de inmigración, de que uno era un inmigrante modelo.
Arrestar a personas previamente registradas y que respetan las reglas es una manera fácil de hacer crecer los números de la ICE. Y la gente con buenos casos son un buen negocio para las corporaciones que operan los centros privados de detención GEO, con sede en Boca Raton, Florida – a media hora en coche de Mar-a-Lago – y CCA – que ha hecho un rebranding y ahora se llama CoreCivic -, con sede en Nashville, Tennessee. Cuanto más largo sea el caso, más dinero ganan con sus instalaciones, a cuyo mantenimiento contribuyen los propios detenidos a razón de un dólar por día. Las familias tienen que mandar dinero para que los detenidos puedan pagar los precios exorbitantes que cargan las corporaciones penitenciarias por los artículos de higiene personal y las llamadas telefónicas.
Felipe nunca ha tenido un DUI ni ha cometido infracción alguna. Ha trabajado siempre con permiso, debería haber sido elegible para la DACA, pero se ha pasado tres años de su vida al borde de la deportación. Su vista del Día de San Valentín terminó en indulto, pero sólo hasta el 5 de marzo.
Ésta es la página de Facebook de Felipe, gestionada por AlertaMigratoriaNC y Education Not Deportation: https://www.facebook.com/events/369839710061503/
Y aquí ser encuentra más información, junto con una petición en nombre de Néstor: http://dreamactivist.org/petitions/nc/nestor/