Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Algunos hemos contado con la llegada de este día y hemos advertido contra su arribo, solo para ser recibidos con abucheos y silbidos de «patriotas» que han llegado a ver la Constitución de EE.UU. como un artefacto que mima a criminales y terroristas y entorpece al presidente que tiene que actuar para protegernos.
En nuestro libro The Tyranny of Good Intentions [La tiranía de las buenas intenciones] Lawrence Stratton y yo mostramos que mucho antes del 11-S el derecho en EE.UU. había dejado de ser un escudo del pueblo y se convirtió en un arma en manos del gobierno. El evento conocido como 11-S fue utilizado para colocar al poder ejecutivo por sobre la ley. A condición de que el presidente apruebe un acto ilegal, los empleados del poder ejecutivo ya no tienen que rendir cuentas ante la ley que lo prohíbe. Por autoridad del presidente, el poder ejecutivo puede violar, sin sufrir las consecuencias, leyes de EE.UU. contra el espionaje de estadounidenses sin mandato judicial, detención indefinida y tortura.
Muchos esperaban que el presidente Obama restableciera la responsabilidad del gobierno ante la ley. En su lugar, fue más lejos que Bush/Cheney e impuso el poder inconstitucional no solo para mantener a ciudadanos estadounidenses en prisión sin presentar cargos, sino también para matarlos sin que sean condenados por un tribunal. Obama afirma que a pesar de la Constitución de EE.UU., tiene autoridad para asesinar ciudadanos estadounidenses de quienes piensa que constituyen una «amenaza», sin el proceso debido.
En otras palabras, cualquier ciudadano estadounidense que es catalogado como amenaza carece de derechos y puede ser ejecutado sin juicio o evidencia.
El 30 de septiembre Obama utilizó ese nuevo poder hecho valer por el presidente e hizo asesinar a dos ciudadanos estadounidenses, Anwar Awlaki y Samir Khan. Khan era un personaje excéntrico asociado a Inspire Magazine y no venía fácilmente a la mente como una amenaza seria.
Awlaki era un clérigo musulmán estadounidense moderado quien sirvió de asesor al gobierno de EE.UU. después del 11-S sobre maneras de contrarrestar el extremismo musulmán. Awlaki fue gradualmente radicalizado por el uso de mentiras por Washington para justificar ataques militares contra países musulmanes. Se convirtió en crítico del gobierno de EE.UU. y dijo a los musulmanes que no tenían que aceptar pasivamente la agresión estadounidense y que tenían derecho a resistir y defenderse. Como resultado Awlaki fue satanizado y se convirtió en una amenaza.
Solo sabemos que Awlaki pronunció sermones críticos de los ataques indiscriminados de Washington contra pueblos musulmanes. El argumento de Washington es que sus sermones pueden haber influenciado a algunos que son acusados de intentar actos terroristas, responsabilizando por lo tanto a Awlaki por los intentos.
La aseveración de Obama de que Awlaki era algún tipo de agente de al Qaida de alto nivel es solo una aseveración. Jason Ditz concluyó que el motivo para asesinar Awlaki en lugar de procesarlo es que el gobierno de EE.UU. no poseía evidencia real de que Awlaki fuera agente de al Qaida.
Pero lo que hizo o podría haber hecho Awlaki es irrelevante. La Constitución de EE.UU. requiere que incluso el peor asesino no puede ser castigado hasta que sea condenado por un tribunal. Cuando la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) cuestionó ante un tribunal federal la aseveración de Obama de que tenía el poder de ordenar asesinatos de ciudadanos estadounidenses, el Departamento de Justicia [sic] de Obama argumentó que la decisión de Obama de hacer asesinar estadounidenses era un poder ejecutivo fuera del alcance del aparato judicial.
En una decisión que selló la suerte de EE.UU., el juez del tribunal federal de distrito, John Bates, ignoró el requerimiento de la Constitución de que ninguna persona será privada de la vida sin debido proceso y descartó el caso, diciendo que el Congreso debía decidir. Obama actuó sin esperar una apelación, utilizando por lo tanto la aquiescencia del juez Bates para establecer el poder y fomentar la transformación del presidente en un César que comenzó bajo George W. Bush.
Los abogados Glenn Greenwald y Jonathan Turley señalan que el asesinato de Awlaki terminó con la restricción de la Constitución del poder del gobierno. Ahora el gobierno de EE.UU. no solo puede tomar a un ciudadano de EE.UU. y confinarlo en una prisión por el resto de su vida sin jamás presentar evidencia y obtener una condena, sino también lo puede matar a tiros en la calle o hacerlo volar por un drone.
Antes de que algunos lectores escriban para declarar que el asesinato de Awlaki no es gran cosa porque el gobierno de EE.UU. siempre ha hecho asesinar gente, recordad que los asesinatos de la CIA fueron de oponentes extranjeros y no fueron eventos proclamados públicamente, y menos todavía una afirmación del presidente de estar por sobre la ley. Por cierto, esos asesinatos fueron desmentidos, no reivindicados como acciones legítimas del presidente de EE.UU.
Los Guardias Nacionales de Ohio que mataron a tiros a estudiantes de Kent State cuando manifestaron contra la invasión de Camboya por EE.UU. en 1970, no afirmaron que realizaban una decisión del poder ejecutivo. Ocho de los guardias fueron encausados por un jurado de acusación. Los guardias argumentaron defensa propia. La mayoría de los estadounidenses estaban enfadados contra los que protestaban contra la guerra y culparon a los estudiantes. El aparato judicial captó el mensaje y finalmente el caso criminal fue desestimado. El caso civil (muerte y herida por negligencia de otro) fue cerrado por 675.000 dólares y una declaración de lamento por los acusados. El punto no es que el gobierno haya matado gente. El punto es que nunca antes del presidente Obama, ha habido un presidente que reivindicara el poder de asesinar ciudadanos.
Durante los últimos 20 años, EE.UU. ha tenido su propia transformación al estilo de Mein Kampf. El libro de Terry Eastland: Energy in the Executive: The Case for the Strong Presidency [Energía en el ejecutivo: el caso a favor de una presidencia fuerte], presentó ideas asociadas con la Sociedad Federalista, una organización de abogados republicanos que trabaja para reducir restricciones legislativas y judiciales del poder ejecutivo. So pretexto de emergencias de tiempos de guerra (la guerra contra el terror), el régimen Bush/Cheney empleó esos argumentos para liberar al presidente de responsabilidad ante la ley y para liberar a los estadounidenses de sus libertades civiles. La guerra y la seguridad nacional suministraron la apertura para los nuevos poderes reivindicados, y una mezcla de temor y deseo de venganza por el 11-S condujo al Congreso, al sistema judicial, y a la gente a aceptar los peligrosos precedentes.
Como dirigentes civiles y militares nos han estado diciendo durante años, la guerra contra el terror es un proyecto de 30 años de duración. Después de ese período, la presidencia habrá completado su transformación al cesarismo, y no habrá vuelta tras.
Por cierto, como deja en claro el «Proyecto para un nuevo siglo estadounidense», la guerra contra el terror es solo una apertura para la ambición imperial neoconservadora de establecer la hegemonía de EE.UU. sobre el mundo.
Como las guerras de agresión o la ambición imperial son crímenes de guerra según el derecho internacional, semejantes guerras requieren doctrinas que eleven al líder por sobre la ley y las Convenciones de Ginebra, tal como Bush fue elevado por su Departamento de Justicia (sic) con mínima interferencia judicial y legislativa.
Acciones ilegales e inconstitucionales también requieren el silenciamiento de los críticos y el castigo de los que revelan crímenes gubernamentales. Por lo tanto Bradley Manning ha estado preso durante un año, sobre todo en confinamiento solitario bajo condiciones abusivas, sin que se hayan presentado acusaciones en su contra. Un jurado de acusación federal trabaja para urdir acusaciones de espionaje contra Julian Assange, fundador de WikiLeaks. Otro jurado de acusación federal trabaja urdiendo acusaciones de terrorismo contra activistas opuestos a la guerra.
«Terrorista» y «ayudar a terroristas» son conceptos cada vez más elásticos. Seguridad Interior ha declarado que una vasta burocracia de la policía federal ha cambiado su enfoque de los terroristas a «extremistas en el interior».
Es posible que Awlaki haya sido asesinado porque era un crítico efectivo del gobierno de EE.UU. Los Estados policiales no nacen hechos y derechos. Inicialmente, justifican sus actos ilegales satanizando a sus objetivos y de esta manera crean los precedentes para un poder inaudito. Una vez que el gobierno equipara la crítica con la «ayuda y confort» a terroristas, como lo está haciendo con activistas contra la guerra y Assange, o con el propio terrorismo, como Obama hizo con Awlaki, solo faltará un pequeño paso antes de que se presenten acusaciones contra Glenn Greenwald y la ACLU.
El régimen de Obama, como el de Bush/Cheney, es un régimen que no quiere ser limitado por la ley. Y tampoco lo querrá su sucesor. Los que luchan por defender el vigor de la ley, el mayor logro de la humanidad, se verán asimilados a los oponentes del régimen y tratados como tales.
Este gran peligro que se cierne sobre EE.UU. no es reconocido por la mayoría de la gente. Cuando Obama anunció ante una reunión militar su éxito en el asesinato de un ciudadano estadounidense, hubo vítores. El régimen de Obama y los medios presentaron el evento como una repetición del (supuesto) asesinato de Osama bin Laden. Dos «enemigos del pueblo» han sido triunfalmente liquidados. Que el presidente de EE.UU. haya proclamado orgullosamente ante una audiencia entusiasta, que había jurado defender la Constitución, que es un asesino y que también había asesinado la Constitución de EE.UU. es evidencia extraordinaria de que los estadounidenses son incapaces de reconocer la amenaza para su libertad.
Emocionalmente, la gente ha aceptado los nuevos poderes del presidente. Si el presidente puede hacer que se asesine a ciudadanos estadounidenses, no es tan terrible que se les torture. Amnistía Internacional ha publicado una alerta de que el Senado de EE.UU. se prepara a aprobar legislación que mantendría abierta indefinidamente la Prisión de Guantánamo y que el senador Kelly Ayotte (republicano de Nueva Hampshire) podría introducir una provisión que legalizaría «técnicas realzadas de interrogatorio», un eufemismo para tortura.
En lugar de ver el peligro, la mayoría de los estadounidenses solo concluirá que el gobierno se está poniendo duro contra los terroristas, y eso recibirá su aprobación. Sonriendo satisfechos ante el fin de sus enemigos, los estadounidenses están siendo llevados camelados por un gobierno que no está limitado por la ley y está armado con las armas de una mazmorra medieval.
Los estadounidenses tienen evidencia abrumadora de las noticias y de vídeos en YouTube sobre el abuso brutal de la policía de mujeres, niños y ancianos, del trato brutal y asesinato de prisioneros no solo en Abu Ghraib, Guantánamo, y las prisiones secretas de la CIA en el extranjero, sino también en prisiones estatales y federales en EE.UU. El poder sobre los indefensos atrae a gente de una inclinación brutal y maligna.
Una inclinación brutal infecta ahora a los militares de EE.UU. El vídeo filtrado de soldados estadounidenses que se deleitan, como revelan sus palabras y acciones, al asesinar desde el aire a civiles y a camarógrafos de los servicios noticiosos que caminan inocentemente por la calle de una ciudad muestra a soldados y oficiales carentes de humanidad y disciplina militar. Excitados por la emoción del asesinato, nuestros soldados repitieron su crimen cuando un padre y dos pequeños se detuvieron para ayudar a los heridos, y fueron ametrallados.
Otros tantos ejemplos: la violación de una muchacha y el asesinato de toda su familia, civiles inocentes asesinados y AK-47 colocados a su lado como «evidencia» de insurgencia; el placer experimentado no solo por estudiantes fracasados al torturar a quién sabe quién en Abu Ghraib y Guantánamo, sino también por agentes educados de la CIA y doctores en psicología. Y nadie tiene que rendir cuentas por esos crímenes con la excepción de dos sencillos soldados destacados en algunas de las fotografías de torturas.
¿Cuál piensan los estadounidenses será su suerte ahora cuando la «guerra contra el terror» ha destruido la protección que otrora les garantizaba la Constitución de EE.UU.? Si realmente era necesario asesinar a Awlaki, ¿por qué no se protegió a los estadounidenses del precedente de que sus muertes pueden ser ordenadas sin debido proceso despojando primero a Awlaki de su ciudadanía estadounidense? Si el gobierno puede despojar a Awlaki de su vida, ciertamente puede despojarlo de su ciudadanía. Cuesta evitar la inferencia de que el poder ejecutivo desea tener el poder de liquidar a ciudadanos sin proceso debido.
Los gobiernos escapan en etapas a la responsabilidad legal. Washington comprende que sus justificaciones para sus guerras son fraguadas e indefendibles. El presidente Obama incluso llegó a declarar que el ataque militar que autorizó contra Libia no era una guerra y que, por ello, podía ignorar la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, una ley federal que se propone limitar el poder del presidente de comprometer a EE.UU. en un conflicto armado sin el consentimiento del Congreso.
Los estadounidenses comienzan a apartarse de la bandera. Algunos comienzan a comprender que inicialmente fueron llevados a Afganistán como venganza por el 11-S. De ahí fueron llevados a Iraq por razones que resultaron ser falsas. Ven más y más intervenciones militares de EE.UU.: Libia, Yemen, Somalia, Pakistán y ahora los llamados a una invasión de Pakistán y una continua belicosidad a favor de ataques contra Siria, Líbano, e Irán. El coste financiero de una década de «guerra contra el terror» comienza a tener efecto. La explosión de los déficits presupuestarios federales y la deuda nacional amenazan a Medicare y la Seguridad Social. Los límites del techo de la deuda amenazan con la suspensión de operaciones del gobierno.
Los críticos de la guerra comienzan a encontrar una audiencia. El gobierno no puede iniciar su silenciamiento de los críticos presentando acusaciones contra los congresistas estadounidenses Ron Paul y Dennis Kucinich. Comienza por los que protestan contra la guerra, que son elevados a la calidad de «activistas contra la guerra», tal vez un paso por debajo de los «extremistas en el interior». Washington comienza por ciudadanos que son clérigos musulmanes radicalizados por guerras de Washington contra musulmanes. De esta manera, Washington establece el precedente de que los manifestantes contra la guerra alientan y por lo tanto ayudan a los terroristas. Establece el precedente de que los estadounidenses considerados como amenaza no están protegidos por la ley. Es la ladera resbaladiza en la que nos encontramos.
El año pasado, el régimen de Obama probó las posibilidades de su estrategia cuando Dennis Blair, director de Inteligencia Nacional, anunció que el gobierno tenía una lista de ciudadanos estadounidenses que iba a asesinar en el extranjero. Este anuncio, si hubiera sido hecho en otros días por, por ejemplo, Richard Nixon y Ronald Reagan, habría producido indignación en todo el país y llamados a recusación. Sin embargo, el anunció de Blair apenas tuvo repercusión. Todo lo que le quedaba por hacer al régimen era establecer la política, ejerciéndola.
Los lectores me preguntan lo que pueden hacer. Los estadounidenses no solo se sienten impotentes, son impotentes. No pueden hacer nada. Los medios impresos y televisivos serviles ante el gobierno son inútiles y ya no son capaces de realizar su papel histórico de proteger nuestros derechos y responsabilizar al gobierno. Incluso muchos sitios en Internet opuestos a la guerra protegen al gobierno contra el escepticismo respecto al 11-S, y la mayoría defiende la «intención justiciera» de su guerra contra el terror. Una crítica aceptable tiene que estar acomodada en palabras como ser que «no sirve nuestros intereses».
Votar no tiene efecto. El «cambio» del presidente es peor que Bush/Cheney. Como sugiere Jonathan Turley, Obama es «el presidente más desastroso en nuestra historia». Ron Paul es el único candidato presidencial que defiende la Constitución, pero la mayoría de los estadounidenses se interesa demasiado poco por la Constitución para apreciarlo.
Es una vana ilusión si se espera que una elección salve las cosas. Todo lo que uno puede hacer, si es suficientemente joven, es irse del país. El único futuro para los estadounidenses es una pesadilla.
© Copyright Paul Craig Roberts, Global Research, 2011
Fuente: www.globalresearch.ca/
El Dr. Paul Craig Roberts fue nombrado secretario adjunto del Tesoro de EE.UU. por el presidente Reagan y confirmado por el Senado de EE.UU. Fue editor asociado y columnista en el Wall Street Journal y sirvió en los equipos personales del representante Jack Kemp y del senador Orrin Hatch. Fue asociado del personal del Subcomité de Apropiaciones para la Defensa de la Cámara de Representantes, asociado del personal del Comité Económico Conjunto del Congreso, y Economista Jefe, Personal Republicano, Comité Presupuestario del Congreso. Escribió la ley de reducción de la tasa de impuestos Kemp-Roth, y fue un líder en la revolución de la oferta. Fue profesor de economía en seis universidades y es autor de numerosos libros y contribuciones académicas. Ha testificado ante comités del Congreso en 30 ocasiones.