Algunos de los principales bancos y empresas financieras estadunidenses, entre ellos Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, American Express y Western Unión, han lucrado durante años con el lavado de fondos provenientes del narcotráfico y sólo pagan multas mínimas, sin que ningún ejecutivo sea encarcelado cuando las autoridades logran detectar el negocio ilícito. En múltiples […]
Algunos de los principales bancos y empresas financieras estadunidenses, entre ellos Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, American Express y Western Unión, han lucrado durante años con el lavado de fondos provenientes del narcotráfico y sólo pagan multas mínimas, sin que ningún ejecutivo sea encarcelado cuando las autoridades logran detectar el negocio ilícito.
En múltiples casos fiscalizados durante los últimos años, estos bancos estadunidenses han confesado no haber cumplido con leyes y regulaciones federales para controlar el lavado de dinero al participar en las trasferencias de millones de dólares en fondos ilícitos provenientes del narcotráfico mexicano.
Ese el caso de Wachovia Corp. antes el sexto banco del país, comprado por Wells Fargo en 2008, y que ahora, fusionado con él es el banco con más sucursales en Estados Unidos. Wells Fargo admitió ante un tribunal que Wachovia no vigiló ni informó sobre actividades sospechosas de lavado de dinero por narcotraficantes, incluyendo fondos para la compra de por lo menos cuatro aviones en Estados Unidos, que transportaron un total de 22 toneladas de cocaína. El otro banco involucrado en la transferencia de fondos, con los cuales se compró uno de estos aviones -un DC-9 que subsecuentemente fue confiscado en México con toneladas de cocaína- fue Bank of America, reporta Bloomberg News.
Todo esto se reveló en un acuerdo judicial del banco con fiscales federales, en marzo de 2010. En los documentos oficiales judiciales del caso, revisados por La Jornada, Wachovia admitió que no hizo lo suficiente para detectar fondos ilícitos en su manejo de más de 378.4 mil millones de dólares en sus negocios con casas de cambio mexicanas entre mayo de 2004 y mayo de 2007.
De este total, Wachovia procesó por lo menos 373.6 mil millones en transferencias electrónicas, más 4.7 mil millones en traslados de efectivo, y otros 47 millones en depósitos de cheques internacionales. No todos estos fondos están vinculados con el narcotráfico, pero, según las investigaciones del Departamento de Justicia, miles de millones no fueron sujetos a la vigilancia ordenada por la ley, y cientos de millones de dólares de estos fondos sí han sido ligados directamente con el narcotráfico.
Wachovia, violación récord
Por el volumen total de fondos que no fueron sujetos a la vigilancia antilavado de dinero, el caso de Wachovia resulta ser la violación más grande de la Ley de Secreto Bancario en la historia. Esa ley obliga a los bancos a reportar a las autoridades toda transferencia de fondos en efectivo mayor de 10 mil dólares, así como informar sobre toda actividad sospechosa de lavado de dinero.
El fiscal federal en el caso, Jeffrey Sloman, declaró en marzo, al anunciar el acuerdo con Wells Fargo: «la flagrante desatención de nuestras leyes bancarias por Wachovia otorgó una virtual carta blanca a los cárteles internacionales de cocaína para financiar sus operaciones al lavar por lo menos 110 millones de dólares en ganancias de la droga».
No es que nadie se haya fijado. El propio banco admitió ante el tribunal que ya desde 2004 Wachovia reconoció el riesgo, pero a pesar de las advertencias permaneció en el negocio, según los documentos judiciales oficiales del caso revisados por La Jornada.
Ese negocio era el manejo y traslado de fondos de por lo menos 22 casas de cambio en México que tenían cuentas con Wachovia. Un ejemplo citado en los documentos es el de la Casa de Cambio Puebla SA, cuyos gerentes crearon empresas ficticias para los cárteles y, según el Departamento de Justicia, lograron blanquear unos 720 millones a través de bancos estadunidenses.
De hecho, fue el asunto de la Casa de Cambio Puebla el que detonó esta investigación de las autoridades federales. Desde 2005 ya estaban bajo investigación ciertas transferencias electrónicas de fondos a cuentas de Wachovia, en sus sucursales en Miami, desde México por casas de cambio, y estos fondos se utilizaban para comprar aviones destinados al narcotráfico, informan los documentos judiciales del caso.
Por otro lado, durante ese periodo el director de la unidad antilavado de dinero de Wachovia en Londres, Martin Woods, sospechaba que narcotraficantes utilizaban al banco para mover fondos. Informó a sus jefes, quienes le ordenaron dejar el asunto, y por ello renunció a su puesto, reportó Bloomberg. Woods le dijo al servicio de noticias que «es el lavado de dinero de los cárteles por los bancos lo que financia la tragedia…. Si uno no ve la correlación entre el lavado de dinero por los bancos y las 22 mil personas asesinadas en México, no entiende el punto».
Después de ser acusado de violar la ley, Wells Fargo, ahora dueño de Wachovia, se comprometió en un tribunal federal de Miami a reformar sus sistemas de vigilancia. Pagó 160 millones en multas, y si cumple con su promesa las autoridades federales desecharán los cargos contra el banco en marzo de 2011.
Esta práctica es común en estos casos y se llama acuerdo de fiscalización diferida, por el cual un banco paga una multa, coopera con la investigación y se compromete a no violar la ley otra vez.
Ningún empleado rehusó el soborno
En su reportaje, Bloomberg enumera varios casos más donde bancos pagaron multas y cambiaron sus prácticas, pero no enfrentaron ninguna consecuencia penal importante por sus acciones. Es el caso del American Express Bank International de Miami, que pagó multas en 1994 y 2007; del Bank of America, cuyas sucursales en Oklahoma City fueron utilizadas para comprar aviones para narcotraficantes, así como también cuentas en sus sucursales de Atlanta, Chicago y Brownsville, Texas, y también hay casos documentados o bajo investigación sobre el uso de sucursales en México de bancos extranjeros como Citigroup, HSBC y Santander.
Otro caso es el de Western Union, que a principios de este año pagó 94 millones para resolver una investigación criminal y civil del procurador general de Arizona, después de que en una operación agentes clandestinos de la policía estatal, disfrazados de narcotraficantes, lograron sobornar en múltiples ocasiones a empleados de la empresa para trasladar fondos de manera ilícita. En 20 oficinas diferentes de Western Union ningún empleado rehusó jamás un soborno para permitir envíos bajo nombres ficticios.
Se calcula que casi 30 mil millones de dólares en efectivo se mueven de un lado a otro de la frontera mexicana con Estados Unidos, y una parte de estos recursos se deposita en bancos de ambos países y bancos internacionales, desde donde los fondos pueden ser trasladados por todo el sistema financiero internacional.
(Con información del Clarín de Chile)
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