¿El fin de la pesadilla?

Desde que el país obtuvo su independencia en 1948, varios sectores de la población han sido objeto de ataques por parte del bloque gobernante: se les ha amenazado con perder sus hogares, sus medios de subsistencia y, a menudo, sus vidas. Han luchado, pero cada sector ha sido aislado y aplastado por un Estado cada vez más centralizado y despiadado. Ahora, por primera vez, la gran mayoría de la población se ha rebelado. La crítica a la dictadura está muy extendida y, por fin, puede que la división entre los trabajadores se esté superando.

No es fácil desentrañar los diferentes hilos de la prolongada crisis política de Sri Lanka, pero permítanme intentarlo. La igualdad ante la ley -un componente clave de cualquier república democrática- nunca fue apoyada por la clase dirigente que tomó el poder en la Ceilán independiente. Los dos partidos mayoritarios, el Partido Nacional Unido (UNP) y el Partido de la Libertad de Sri Lanka (SLFP), respaldaron el supremacismo cingalés-budista. Esto supuso una persistente discriminación contra las minorías étnico-religiosas, que comenzó inmediatamente después de la Independencia, cuando el UNP aprobó una legislación que privaba del derecho de voto a cerca de un millón de tamiles de reciente origen indio y los despojaba de su ciudadanía. La mayoría de las personas afectadas trabajaban en las plantaciones de la zona central de las colinas, y ya estaban aislados de otros sectores de la clase trabajadora al estar confinadas en las plantaciones.

El siguiente gran asalto a la igualdad se produjo cuando el SLFP, dirigido por S.W.R.D. Bandaranaike, llegó al poder en 1956 y aprobó la Ley de la Lengua Oficial, o Ley de Sólo Cingalés. Esta ley discriminaba a todas las personas hablantes del tamil, especialmente en los empleos del sector público. Provocó grandes protestas, seguidas de los disturbios antitamiles de 1958, en los que los monjes budistas de extrema derecha desempeñaron un importante papel, asesinando a Bandaranaike al año siguiente por no ir lo suficientemente lejos en la persecución de los tamiles. La dirección del SLFP fue asumida por su viuda Sirimavo Bandaranaike. Se desvalorizó el tamil y el inglés dejó de ser lengua de enlace, en un intento deliberado de obstaculizar el diálogo entre comunidades.

El Partido Trotskista Lanka Sama Samaja (LSSP) y el Partido Comunista de Ceilán (más tarde Partido Comunista de Sri Lanka, CPSL) se opusieron a estas medidas. Sin embargo, una vez que no lograron impedir la ratificación de las leyes antitamiles, los partidos de izquierda no continuaron la lucha contra la discriminación construyendo la solidaridad entre los trabajadores de diferentes grupos lingüísticos y religiosos. En lugar de ello, formaron una alianza con el SLFP en 1964, en la que los partidos crearon el Frente Unido (UF), que llegó al poder en 1970. En ese momento, los principales partidos de izquierda estallaron sy los socialistas tamiles quedaron desmoralizados por la capitulación de sus líderes. La única fuerza que podría haber llevado a cabo la revolución democrática se había escindido.

Una vez en el poder, las leyes de reforma agraria de la UF de 1972 y 1975 nacionalizaron las plantaciones. Sin embargo, en lugar de distribuirlas entre los trabajadores tamiles -que fueron expulsados y abandonados a morir de hambre- la tierra se entregó a los partidarios del gobierno cingalés. En respuesta, el Frente Unido de Liberación Tamil (TULF) llamó a la creación de un Territorio Tamil independiente. Se crearon grupos militantes, sobre todo los Tigres Tamiles (TLET en inglés), para luchar por este objetivo. Al principio, el TLET atrajo a algunos socialistas tamiles que creían que estaba librando una lucha justificada por la autodeterminación; pero, en realidad, el grupo siempre estuvo comprometido con la creación de un Estado supremacista tamil mediante la limpieza étnica y la matanza de cingaleses. Incluso se dirigió a los musulmanes de habla tamil en las Provincias del Norte y del Este, que reclamaba como su territorio.

A pesar de todos los privilegios concedidos por la UF a la mayoría cingalesa, el descontento con el régimen siguió siendo generalizado. La inflación y la escasez de alimentos contrarrestó los importantes avances en materia de sanidad y educación ante la opinión pública. En 1971, el Janatha Vimukthi Peramuna (JVP o Frente de Liberación del Pueblo), dirigido por Rohana Wijeweera, lanzó un levantamiento armado para derrocar al gobierno, respaldado mayoritariamente por jóvenes cingaleses para quienes los problemas del desempleo y la pobreza no habían sido resueltos por el sólo cingalés.

A pesar de que se autodescribió como un bolchevique moderno, los horizontes revolucionarios de Wijeweera se vieron reducidos por una perspectiva cingalesa-supremacista que caracterizaba a los trabajadores tamiles de las plantaciones como meros instrumentos del expansionismo indio. Su levantamiento fue incapaz de traspasar las líneas étnicas, y finalmente fue aplastado por el gobierno de la UF tras declararse el estado de emergencia. No obstante, la antipatía hacia el partido gobernante perduró. Cuando se celebraron las elecciones parlamentarias de 1977, el UNP, dirigido por J.R. Jayawardene, volvió al poder con 140 escaños de un total de 168. Utilizó esta mayoría absoluta para promulgar una nueva constitución y autoproclamarse presidente ejecutivo, con poderes casi ilimitados.

El dominio cingalés se afianzó bajo Jayawardene, y los pogromos antitamiles arrasaron el país apenas un mes después de su elección. La Ley de Prevención del Terrorismo de 1979 precipitó la tortura, la desaparición y la ejecución extrajudicial de miles de tamiles. En 1981, una orgía de incendios provocados, violaciones y saqueos patrocinados por el Estado en Jaffna incluyó el incendio de la biblioteca pública, con unos 95.000 libros y manuscritos antiguos en su interior. A continuación, la violencia se trasladó al este, al sur y a las colinas, y miles de tamiles fueron desalojados de sus hogares y despojados de sus posesiones. Las masacres de 1983, aún más espantosas, iniciaron una guerra civil entre el TLET y el gobierno, que duró unos 26 años.

Todo esto perpetuó la tendencia establecida por los predecesores de Jayawardene. Pero lo que distinguió a su régimen fue su desastroso programa de neoliberalización y su descarado autoritarismo. La producción de bienes de consumo, tanto agrícolas como industriales, se vio afectada por el abaratamiento de las importaciones en la década de 1980, mientras que la importación de artículos de lujo que antes no estaban disponibles en Sri Lanka aumentó la fuga de divisas. Las remesas de las y los trabajadores emigrantes, las exportaciones de té, el turismo y las nuevas inversiones extranjeras, debido a las generosas exenciones fiscales y a la importación de insumos sin aranceles no consiguieron llenar el vacío. Esto condujo a una creciente dependencia de la deuda externa, sentando las bases de la actual crisis económica.

Mientras tanto, Jayawardene intentó aplastar toda disidencia y extinguir la democracia. Su recién creada Jathika Sevaka Sangamaya (JSS) se desplegó en pogromos antitamiles, además de asesinar a partidarios de la oposición, jueces, sindicalistas y trabajadores en huelga, todo ello con la connivencia de la policía. La segunda insurrección del JVP, que comenzó a mediados de 1987 y terminó a finales de 1989, cuando Wijeweera fue capturado y ejecutado, dejó un saldo estimado de entre 40.000 y 60.000 cingaleses masacrados sólo en ese periodo. Los escuadrones de la muerte tomaron como objetivo a los opositores de Jayawardene y de su sucesor Ranasinghe Premadasa, y, con frecuencia, los secuestraron y torturaron hasta la muerte. Ranil Wickremesinghe, el actual primer ministro de Sri Lanka, fue ministro durante este periodo. El actual presidente, Gotabaya Rajapaksa, fue comandante del Ejército. Ambos estuvieron implicados en el asesinato en masa de tamiles y cingaleses por igual.

Desde ese periodo, la Presidencia Ejecutiva ha sido objeto de un continuo tira y afloja. La abolición de la misma ha resultado hasta ahora esquiva, porque los tribunales han dictaminado que para ello se necesitaría una mayoría de dos tercios en el parlamento más una mayoría absoluta en un referéndum. Sin embargo, en ocasiones se han aprobado reformas más modestas para restringir el poder de la presidencia. Bajo la presidencia de Chandrika Kumaratunga, de 1994 a 2005, disminuyeron los ataques a la democracia y se instituyó la 17ª Enmienda, que eliminó la capacidad del presidente de nombrar unilateralmente a personas para instituciones como la Comisión Electoral y el Tribunal Supremo. Bajo el mandato de Mahinda Rajapaksa, este tímido progreso se invirtió, ya que se reactivaron los escuadrones de la muerte respaldados por el Estado para atacar a la desidecia. En 2009, los Tigres de Liberación Tamil fueron finalmente derrotados en el horrible clímax de la guerra civil, en el que se calcula que murieron 40.000 civiles tamiles. Al mismo tiempo, una 18ª enmienda constitucional revocó las reformas de Kumaratunga y abolió el límite de dos mandatos en la presidencia.

Rajapaksa rechazó la exigencia de la ONU de una investigación independiente sobre los crímenes de guerra, vistiéndola como una posición antiimperialista. Pero aunque su retórica caló en parte del electorado, fue perdiendo credibilidad al contribuir al incremento de la deuda externa del país, con nuevos acreedores como el gobierno chino y los compradores privados de bonos soberanos. Con su popularidad en declive, el presidente y su hermano Gotabaya Rajapaksa -que, como secretario de Defensa, controlaba las agencias de inteligencia- intentaron salvar sus carreras convirtiendo a la población musulmana en chivo expiatorio. Financiaron a grupos de monjes budistas de extrema derecha, utilizándolos para atacar violentamente a los musulmanes, al tiempo que montaban una campaña de propaganda islamófoba a través de los medios de comunicación controlados por el Estado. De forma encubierta, los Rajapaksa también financiaron a militantes islamistas para que lucharan contra los Tigres de Liberación Tamil, que permanecieron en la nómina del gobierno como informadores, a pesar de que los servicios de inteligencia indicaban que se habían radicalizado.

Mahinda Rajapaksa fue destituido en 2015, tras haber alienado a un gran sector de la población cingalesa con el escandaloso nepotismo y la corrupción de su régimen. En su lugar, las minorías étnicas votaron por una frágil coalición de Buen Gobierno (Yahapalanaya) entre el rebelde del SLFP Maithripala Sirisena y Ranil Wickremesinghe. La nueva coalición volvió a recortar los poderes del presidente y restableció el límite de dos mandatos con la 19ª Enmienda. Pero también se desmoronó. El último golpe a su credibilidad fue el atentado terrorista del Domingo de Pascua de 2019, que mató a 269 personas en distintas localidades del país. Resultó que los atentados fueron perpetrados por los mismos islamistas que los Rajapaksas habían estado financiando. Las investigaciones posteriores revelaron que durante el régimen de Yahapalanaya, los miembros del grupo terrorista, incluido el cerebro Zahran Hashim, siguieron siendo pagados y protegidos ante la justicia por funcionarios que seguían siendo leales a Gotabaya. Esto fue así a pesar de que Hashim proclamó su lealtad al ISIS y de las amplias pruebas de que sus seguidores estaban acumulando armas y explosivos.

Sin embargo, y de forma contraria a toda lógica, fueron los Rajapaksas quienes se beneficiaron de la masacre del Domingo de Pascua. Futo del pánico creado, el gobierno se debilitó y Gotabaya pudo montar una campaña presidencial eficaz, presentándose como el candidato de la seguridad nacional. Ese mismo año, encabezó la votación con el 52% de los votos. Una alianza liderada por el nuevo partido de los Rajapaksas, el Sri Lanka Podujana Peramuna, también ganó las elecciones parlamentarias con una mayoría lo suficientemente amplia como para aprobar la 20ª Enmienda, revocando la 19ª. Gotabaya procedió a llenar el gabinete con miembros de su familia, incluido Mahinda, que fue nombrado primer ministro.

Para entonces, la economía ya se hundía bajo una deuda externa de 51.000 millones de dólares, gran parte de ella contraída por los vannidosos proyectos de la familia y el interminable desvío de dinero fuera del país. Los recortes fiscales del régimen de Gotabaya hicieron que la deuda fuera insostenible, y una repentina prohibición de la importación de fertilizantes químicos -implementada ante las protestas de los agricultores- provocó un colosal descenso del rendimiento de las cosechas. Al agotarse las reservas de divisas, la producción nacional de alimentos y las exportaciones cayeron en picado, lo que provocó una escalada del desempleo, una inflación desorbitada, cortes de electricidad y largas colas para comprar productos básicos.

Todo el mundo, excepto los más ricos, se han visto afectados por este colapso. Los trabajadores y trabajadoras han perdido sus empleos, los agricultores están en crisis y los pescadores no tienen combustible para sus barcos. La inflación galopante ha erosionado los salarios, y los padres han pasado hambre para poder alimentar a sus hijos. Por eso, a principios de marzo de 2022, personas de todas las edades, de todas las comunidades étnicas, salieron espontáneamente con pancartas caseras con lemas como «Go Home Rajapaksas». Pedían una reforma democrática, la dimisión inmediata del presidente y de su gobierno, y poner fin a la mala gestión económica.

Al principio, el gobierno ignoró estas protestas, pero a finales de marzo una manifestación más militante cerca de la residencia de Gotabaya Rajapksas en Colombo fue respondida con cañones de agua, gases lacrimógenos y decenas de detenciones. A continuación, se decretó el estado de excepción, además de un toque de queda en todo el país y la prohibición de las redes sociales. Se esperaba que esta respuesta de mano dura acabara con los disturbios, pero sólo permitió que se extendieran. Posteriormente, el presidente cambió de rumbo e intentó apaciguar a los manifestantes revocando sus medidas autoritarias y obligando a todo el gabinete (excepto a Mahinda) a dimitir. Pero las protestas siguieron su curso, y el 9 de abril los activistas ocuparon Galle Face Green: un parque de Colombo situado frente a la Secretaría Presidencial. Este lugar, ahora icónico, ha sido rebautizado como GotaGoGama. A las multitudes se les unió una delegación de 1.000 sindicatos diferentes, que organizaron una huelga general -la primera en cuatro décadas- para pedir la dimisión del gobierno.

Un mes después, los matones progubernamentales empezaron a atacar violentamente las protestas. Sin embargo, su resistencia fue tan poderosa que Mahinda se vio finalmente obligado a dimitir. Fue evacuado de su casa por las fuerzas de seguridad, mientras los militares se desplegaban con órdenes de disparar en el acto. Ante las crecientes críticas internacionales al gobierno, el 12 de mayo Gotabaya nombró a Ranil Wickremesinghe -líder del Partido Nacional Unido- como primer ministro. Pero, aunque Wickremesinghe sea popular ante el FMI, es profundamente odiado por las masas. Su propuesta de la 21ª Enmienda ha sido considerada por muchos como una traición a las demandas de las manifestaciones, y su invitación a los grupos de jóvenes para formar parte de las comisiones parlamentarias ha sido recibida con el silencio que merece.

El número de partidarios de la abolición de la Presidencia Ejecutiva es actualmente menor que el de los que piden la dimisión de Gotabaya, pero la demanda está ganando fuerza. Esto abre una ventana para los activistas, que ahora pueden impulsar un proceso más amplio de reestructuración política que devuelva el poder a los gobiernos provinciales y locales. También proporciona un espacio para soluciones progresistas a la crisis económica del país. Los economistas socialistas llevan mucho tiempo abogando por una auditoría pública que repudie la deuda ilegítima de Sri Lanka, desafiando al FMI. Han abogado por importar sólo los artículos esenciales, como los alimentos y las medicinas, y por poner en marcha un sistema de distribución pública, al tiempo que fomentan las cooperativas de producción y defienden la propiedad pública de los servicios públicos, la sanidad y la educación.

Según parece, en GotaGoGama, los cingaleses y los tamiles habrían celebrado juntos el Año Nuevo, y varios grupos religiosos habrían compartido la ruptura del ayuno durante el Ramadán. Mientras tanto, en el sur, la gente ha acudido por primera vez a llorar a los tamiles muertos en la guerra civil. Estos acontecimientos sugieren un alivio de las tensiones étnicas y religiosas, a pesar de los intentos de Rajapaksa por avivarlas. Cuando realizaba entrevistas para mi libro, Viaje sin destino, en 1993, la gran mayoría de las personas refugiadas y desplazadas tamiles y musulmanes se mostraban admirablemente libres de odio étnico, a pesar de todo lo que habían sufrido. Escuché numerosas historias de amigos cingaleses, vecinos, colegas e incluso completos desconocidos que salvaron la vida de los tamiles. También me encontré con prejuicios, especialmente entre los cingaleses, aunque éstos provenían de la profunda ignorancia engendrada por la política de sólo cingalés, así como de la supresión de las voces disidentes y la implacable desinformación de los medios de comunicación. Sin embargo, cuando la experiencia contradice la propaganda, la gente suele estar dispuesta a pensar de nuevo. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo en la actualidad. Quizás, si la fracturada izquierda de Sri Lanka aprovecha este sentimiento de solidaridad, la catástrofe económica puede crear las condiciones para un avance democrático.

Fuente: https://newleftreview.org/sidecar/posts/nightmares-end

Traducción: viento sur