– José Manuel Albares pide a los portavoces parlamentarios que trabajen por los derechos humanos en países iberoamericanos, sin referencia al Sáhara Occidental.
– Las principales ONG de DDHH han denunciado las continuas violaciones que se cometen en la excolonia española.
– España proclama que la protección y promoción de los DDHH son un eje de su política exterior y establece condenar y combatir su violación “allí donde se produzcan”.
“Defendemos los Derechos Humanos sin condiciones”. Son palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares Bueno, escritas el 13 de julio, justo al día siguiente de su toma de posesión como nuevo responsable de la diplomacia española.
A los diecisiete días el ministro volvió a referirse a los Derechos Humanos en una reunión con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios del Congreso: destacó la necesidad de trabajar por el respeto a los DDHH.
La primera cita de Albares sobre los DDHH fue en un tuit y en relación con Cuba; en la segunda incorporó, junto a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Algunos portavoces parlamentarios preguntaron al ministro por qué no incluía a Colombia, a lo que respondió que la situación de ese país no es equiparable.
Si hay una situación que llama la atención por las continuas violaciones de los Derechos Humanos es la que padecen los saharauis en lo que fue una colonia española y ahora es un territorio ocupado por Marruecos, que lo invadió a finales de 1975 tras el abandono de España.
Las violaciones de los DDHH en el Sáhara Occidental han sido denunciadas y documentadas por organizaciones como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), el Centro Robert F. Kennedy (RFKC), la Red Euromediterránea de Derechos Humanos (REMDH), el Observatorio para la Protección de los DDHH -programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)-, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), la Liga Española Pro Derechos Humanos (LEPDHH) y Reporteros Sin Fronteras (RSF).
La organización RSF sitúa a Marruecos en el puesto 136 de 180 países en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa y revela en un informe que el Sáhara Occidental se ha convertido en un “agujero negro” de información y un peligro extremo para los periodistas.
Recientemente, AI aseguró que las autoridades marroquíes intensificaron en el último año la represión contra militantes y periodistas saharauis, y la LEPDHH denunció que en los últimos meses se han dado centenares de casos de represión, señalando a las mujeres defensoras de derechos humanos como “las principales víctimas de salvajes acciones” del ejército marroquí y los paramilitares que los acompañan, citando como muestra el caso de las hermanas Sultana y Luaara Jaya, en arresto domiciliario sin orden judicial desde noviembre de 2020.
España se proclama defensora de los Derechos Humanos
El Ministerio de Asuntos Exteriores se declara firme defensor de los Derechos Humanos, con los que España está “profundamente comprometida” y su protección y promoción constituyen “un eje prioritario” de la política exterior”.
En la página web del Ministerio se dice que millones de personas exigen cada día el respeto de los Derechos Humanos, que “siguen siendo violados por gobiernos que privan sin juicio de la libertad a sus ciudadanos, encarcelan a periodistas o impiden el desarrollo de elecciones libres y justas”.
Es lo que pasa en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, según las organizaciones de DDHH: se reprime a los saharauis que piden el ejercicio del derecho a la autodeterminación, que fue acordado en el alto el fuego firmado en septiembre de 1991 entre el régimen marroquí y el Frente Polisario. El alto el fuego se rompió el 13 de noviembre de 2020 al entrar tropas marroquíes en el paso de Guerguerat, en la frontera con Mauritania, y atacar a manifestantes saharauis que impedían el paso de camiones.
Y para que no se sepa lo que ocurre en el Sáhara Occidental, Marruecos impone un cerco informativo y persigue a los periodistas. En la actualidad hay siete informadores saharauis en la cárcel. El último que ha entrado en prisión ha sido Yehdih Essabi, condenado el 29 de julio de 2021 a un año de reclusión. Los otros seis cumplen duras condenas en cárceles marroquíes: Abdallahi Lekhfuani, cadena perpetua; Mohamed Lamin Haddi, 25 años; de prisión; Hassan Dah, 25 años; Bachir Khada, 20 años; Faraji Khatri Dadda, 20 años, y Mohamed Bambari, 6 años. Fueron condenados en juicos sin pruebas ni garantías, según denunciaron organizaciones de juristas. En junio quedó en libertad Salek Al-Batal, después de cumplir una condena de dos años en una cárcel marroquí.
A pesar de los principios y compromisos proclamados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, ninguno de los anteriores titulares de este departamento del Gobierno de Pedro Sánchez, Josep Borrell y Arancha González Laya, se pronunciaron sobre la situación de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, como tampoco lo hicieron los ministros de anteriores gobiernos.
Ahora corresponde al ministro de Exteriores llevar a cabo las propuestas que contempla la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024: “España condenará y combatirá la violación de los derechos humanos allí donde se produzcan”.
El jefe de la diplomacia española avanzó por donde pueden ir las actuaciones: en la reunión con los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso habló de “discreción” y de “prudencia” para recomponer las relaciones con Marruecos, con quien quiere consolidar la relación y evitar nuevas crisis.
La siguiente es una relación de algunos de los hechos ocurridos en julio de 2021 en los territorios del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, y en cárceles marroquíes con presos políticos saharauis, según organizaciones sociales y medios de información saharauis y españoles: