El presidente Joe Biden es ya el cuarto líder estadounidense que se pone al frente de la guerra de Estados Unidos en Afganistán. Hereda un frágil proceso de paz, y los miembros de su equipo han señalado prudentemente que se esforzarán en lograr que avance.
En febrero de 2020 el expresidente Donald Trump llegó a un acuerdo con los talibán para retirar todas las tropas estadounidenses y de la OTAN antes del 1 de mayo de 2021. A cambio, Estados Unidos recibió garantías de seguridad y el compromiso de los talibán de iniciar conversaciones de paz con el gobierno afgano. Tras 40 años de derramamiento de sangre y casi 20 años de intervención estadounidense directa en Afganistán, no hay duda de que Biden debería dar una oportunidad a estas conversaciones. Alcanzar un acuerdo integral que ponga fin a la insurgencia talibán sería, con mucho, la mejor forma de que Estados Unidos zanje su compromiso militar en el país.
Pero las lentas conversaciones afganas siguen siendo una posibilidad remota para la paz. Los talibán y el gobierno afgano no se han puesto aún de acuerdo en cuestiones fundamentales, incluido si el país debería seguir siendo una república e incluso si conservar alguna característica de democracia electoral. Se ha acosado a ambas partes para que acudan a la mesa de negociaciones, aunque ninguna de ellas cree haber agotado sus opciones militares.
Por lo tanto, la administración Biden tendrá que decidir rápidamente si respetará el acuerdo de Trump de retirar todas las tropas esta primavera o extenderá la misión militar, quizás de forma indefinida. Algunos analistas abogan por la salida sin que importe lo que suceda con las conversaciones de paz con el argumento de que el objetivo principal de Estados Unidos de diezmar a Al Qaida se logró hace mucho tiempo. Otros, incluidos algunos ex altos cargos, piden que la continuación de las tropas y el potencial armado estadounidense para evitar que los talibán desborden al gobierno afgano, al menos hasta que se pueda llegar a un acuerdo de paz.
Dadas las deficiencias de ambas opciones -salir casi de inmediato o permanecer indefinidamente-, una supuesta idea intermedia ha llegado a dominar el discurso político en Afganistán: la “retirada responsable”, un concepto convenientemente maleable que promete poner fin a una “guerra sin fin” mientras prosiguen las operaciones antiterroristas. El propio Biden parecía respaldar una versión de “retirada responsable” durante la campaña antes de que la administración Trump llegara a un acuerdo con los talibán. En una entrevista del 23 de febrero en Face the Nation, Biden dijo que Estados Unidos debería mantener una presencia antiterrorista “muy pequeña” con el objetivo de impedir el resurgimiento de Al Qaida y el Estado Islámico o Dáesh.
Pero por muy atractivo que pueda parecer encontrar un punto medio, casi seguro que es imposible. Independientemente de lo que suceda con el proceso de paz, la administración Biden se dará pronto cuenta de que debe elegir un rumbo más decisivo en Afganistán.
Una desaparición a medias
Prácticamente no hay posibilidad alguna de que los talibanes estén de acuerdo en permitir que Estados Unidos mantenga una huella indefinida de contraterrorismo en suelo afgano. Hacerlo requeriría que el grupo abandonara su demanda número uno y la razón fundamental de su insurgencia: la eliminación de todas las fuerzas extranjeras del país. Debido a que valoran la cohesión, los líderes talibán no llegarían a un acuerdo que no pudieran vender a los comandantes y a las bases del grupo, especialmente porque la administración Trump ya acordó retirar todas las tropas estadounidenses en mayo. No se puede descartar por completo la posibilidad de que un futuro gobierno afgano, que incluya a los talibán, acceda a cooperar con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, pero ciertamente que Washington no debería contar con ello.
Los talibán tampoco son el único obstáculo para una presencia antiterrorista estadounidense indefinida. Para negociar y poner en marcha cualquier acuerdo de paz, Estados Unidos necesitaría del apoyo de países de la región como China, Irán, Paquistán y Rusia, ninguno de los cuales quiere ver bases militares estadounidenses permanentes en Afganistán. Si estos países apoyan los esfuerzos de paz de Estados Unidos se debe a que esperan que el acuerdo resultante preludie su salida militar. El acuerdo entre Estados Unidos y los talibán reforzó esas expectativas. Si Estados Unidos se deshace de ese acuerdo a fin de mantener tropas en el país, especialmente Paquistán podría decidir aumentar su apoyo a los talibán.
Por supuesto, el proceso de paz podría fracasar, en cuyo caso la cuestión del apoyo regional se volvería discutible. Pero incluso entonces, Estados Unidos no podría mantener una presencia exclusivamente antiterrorista. Al haber alcanzado y luego perdido el compromiso de Estados Unidos de retirarse, los talibán desafiarían violentamente una vez más cualquier presencia estadounidense. En tal escenario, solo proteger al personal estadounidense requeriría de operaciones de ataque contra los insurgentes talibán. Y si estos vuelven a luchar contra Estados Unidos, tendrían pocas razones para romper los vínculos que puedan quedarles con Al Qaida, como prometieron hacer en el acuerdo de febrero de 2020, lo que prolongará la misma amenaza terrorista que Estados Unidos trata de contrarrestar.
Finalmente, Estados Unidos no sería capaz de mantener bases en Afganistán únicamente para sus propios fines a la vez que conserva el apoyo operativo de su anfitrión y socio antiterrorista. Estados Unidos tendría que seguir proporcionando al ejército afgano al menos algún respaldo esencial en su lucha existencial con los talibán. Sin ese apoyo, es posible que los talibán no arrasaran rápidamente el país, pero la guerra se intensificaría y Kabul perdería terreno. Y si las fuerzas del gobierno afgano se sienten abandonadas, el riesgo de ataques internos contra el personal estadounidense podría aumentar. En otras palabras, es imposible separar el contraterrorismo de la contrainsurgencia en Afganistán. Si Estados Unidos quiere mantener algunas fuerzas en el país, tendrá que conservar una presencia que se parezca mucho a “aguantar hasta el final”.
Un intento de comprar tiempo
La administración de Biden debería aceptar que no hay un camino intermedio viable para una “retirada responsable”. En cambio, Washington debería intentar llegar a un acuerdo con los talibán para extender el plazo de retirada de tropas del 1 de mayo, utilizando este empeño para evaluar el compromiso del grupo con alcanzar un acuerdo de paz que, por poco probable que sea, sería el mejor resultado para Afganistán y Estados Unidos. Tres meses no es tiempo suficiente para llegar a algún tipo de acuerdo, excepto, quizás, uno que otorgue concesiones extraordinarias a los talibán, cuente con el apoyo de miembros oportunistas de la oposición política del presidente Ashraf Ghani e involucre a Estados Unidos esencialmente dando luz verde a un golpe contra aquel. Ese tipo de acuerdo no permitiría Estados Unidos confiar en que sus preocupaciones sobre la seguridad se han mitigado.
Washington ha sido el principal impulsor del proceso de paz, por lo que es poco probable que las conversaciones sobrevivan a una retirada estadounidense a corto plazo. Tampoco es probable que perduren si Estados Unidos simplemente ignora la fecha límite de retirada del 1 de mayo, ya que, en tal caso, los talibán pueden alejarse de la mesa de negociaciones. Por lo tanto, la administración Biden debe explorar el alcance de la paciencia de los talibán y buscar una ampliación de al menos seis meses.
La administración Biden debería pasar esos seis meses evaluando a fondo la amenaza terrorista que emana de Afganistán y determinando si las botas estadounidenses sobre el terreno son necesarias para neutralizarla. Gran parte del análisis sobre las amenazas en el dominio público se centra excesivamente en tabular el número de grupos militantes y sus miembros, medidas que dicen poco sobre su intención o su capacidad para llevar a cabo operaciones externas con éxito. Una razón para el escepticismo sobre la gravedad de la amenaza es la falta de información pública en los últimos años respecto a los complots del Dáesh o Al Qaida contra Estados Unidos que se originan en Afganistán; otra es que los ataques más exitosos en Estados Unidos y Europa en los últimos años se han relacionado con militantes en Siria e Iraq o han sido perpetrados por “lobos solitarios” locales inspirados en medios yihadistas.
Estados Unidos va a necesitar a largo plazo una capacidad antiterrorista que no dependa de una presencia militar estadounidense permanente en Afganistán. La administración Biden debe trabajar rápidamente para desarrollar tales opciones, mejorando la cooperación antiterrorista con otros países del sur y centro de Asia, asegurando la capacidad de Estados Unidos para montar operaciones en Afganistán desde fuera del país y estableciendo acuerdos encubiertos para vigilar y contrarrestar la actividad terrorista transnacional. Algunas de estas empresas tendrán una carga política y, todas ellas juntas, es posible que no sean tan efectivas como la configuración actual de Estados Unidos en Afganistán. Pero la única alternativa es una misión indefinida y entrelazada de contraterrorismo y contrainsurgencia.
La “retirada responsable” no es una opción real para Estados Unidos en Afganistán en la medida en que significa dejar una presencia antiterrorista residual en el país durante los próximos años. Como resultado, la administración Biden se enfrenta esencialmente a la misma opción que acosó a sus predecesores: una misión militar indefinida, que no está aportando más seguridad a los estadounidenses, frente a una retirada que los analistas del gobierno de Estados Unidos no declararán libre de riesgos y que probablemente precipitaría la ruina del gobierno afgano. Lo desagradable de ambas opciones puede ser suficiente para persuadir a la administración Biden de seguir adelante con un acuerdo de paz de baja probabilidad durante el mayor tiempo posible. Sin embargo, finalmente, tendrá que tomar una decisión.
Laurel Miller es directora del Programa Asia en el International Crisis Group. De 2013 a 2017 trabajó como adjunta, y luego como representante especial interina para Afganistán y Pakistán en el Departamento de Estado de EE. UU.
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