El ministro Ábalos y los sindicatos de vivienda de acuerdo en lo esencial: preservar el paraíso fiscal que sustenta el rentismo inmobiliario de la cepa hispana.
– Las prebendas a los propietarios causan un agujero fiscal de más de 10.000 millones anuales al Estado español.
– Un sistema fiscal profundamente injusto hace que las rentas del trabajo lleguen a pagar hasta un 1000% más de impuestos que un casero.
– Nacida al calor del franquismo, una clase rentista privilegiada de 3 millones y sus familias aseguran el bipartidismo y forman la mayoría silenciosa que sustenta la precaria paz social de cepa hispana.
Ya antes de la pandemia, los datos de desahucios por aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos suponían el 65% del total de desalojos registrados en las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial.
Hoy con 4 millones de parados y miles de empresas en ERTE, el fin del estado de alarma va a suponer una escabechina para las familias que esperan la llegada de las sentencias judiciales para que abandonen sus viviendas ante la falta de pago o el fin de los contratos de alquiler.
En esta situación el mercado inmobiliario está congelado. En Barcelona y Catalunya las firmas de nuevos contratos se ha reducido hasta un 20% por el miedo de los propietarios a no cobrar el alquiler mientras una franja nada despreciable de los hogares y de los jóvenes, superior al 25%, ya no tiene perfil financiero ni para hipotecarse ni para alquilar. Pero aún así, la caída brutal de ingresos en los hogares no se refleja en los precios, que están en máximos históricos especialmente en las grandes ciudades. Los diferentes datos que hemos buscado indican que el peso de los salarios en el PIB nacional se ha reducido por debajo del 50% (ver bibliografia).
En ese marco, caída de ingresos de los hogares y precios máximos de la burbuja, se aprobó el Decreto-ley catalán de “moderación de rentas del alquiler” que por eso legaliza la burbuja y salva el negocio de los propietarios inmobiliarios. Pero también la Ley del Derecho a la Vivienda que está en trámites en el Congreso de los Diputados incluirá medidas sobre el mercado de alquiler de la cual la prensa ya se ha encargado de rebajar expectativas. Si la ley catalana, recurrida por el PP en el Constitucional, se ha construido sobre precios máximos de burbuja (fianzas legales depositadas en la Agencia catalana de l’Habitatge), que los respeta, la española seguro será mucho más tímida.