El pacto contempla la defensa de los derechos humanos, atención a los migrantes y una nueva ley de asilo, lo que no se hace con los saharauis
El acuerdo PSOE-Unidas Podemos para «conformar un Gobierno progresista de coalición» no hace referencia alguna al Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos y del que España es la potencia administradora de derecho, tal y como establece la ONU y contempla la Audiencia Nacional.
A este acuerdo para una «Coalición progresista» que ignora las responsabilidades de España con su excolonia llegaron el PSOE, que ya no defiende la causa saharaui, y Unidas Podemos, que apoya el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y aboga por el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
El último de los once puntos de «Un nuevo acuerdo para España» acordado entre las formaciones de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se titula «Una España europea abierta al mundo» y en dos páginas se apunta lo que debe ser el eje de su política internacional, sin que haya alusión alguna sobre el Sáhara Occidental, el territorio que España no descolonizó y entregó a Marruecos hace ya 44 años.
Con este acuerdo el PSOE y Unidas Podemos quieren situar a España «como referente de la protección de los derechos sociales en Europa», fortalecer la influencia de España en organismos e instancias internacionales para «contribuir a la creación de un mundo más justo, próspero y sostenible», fomentar las relaciones con Iberoamérica y África y apoyar «de manera decidida la defensa de los derechos humanos».
Además de referirse a cuestiones sociales, medioambientales y económicas, el acuerdo contempla promover «una política europea de inmigración justa y solidaria» que respete los derechos humanos y garantice las libertades y principios de la UE para todas las personas, y para ello España promoverá la implementación del Pacto Global para las Migraciones (Acuerdos de Marrakech) y del Pacto Mundial sobre los Refugiados de la ONU.
El acuerdo contempla la modificación del sistema nacional de acogida e inclusión de solicitantes de Protección Internacional y una nueva Ley de Asilo que se adapte a los nuevos retos de la movilidad global y que tenga en cuenta las nuevas realidades sociales.
Se concreta que España seguirá comprometida «con la atención de aquellos migrantes que llegan a nuestro país en situaciones de alta vulnerabilidad, mejorando la coordinación de todos los actores involucrados en la atención humanitaria y en la identificación de vulnerabilidades, especialmente las mujeres víctimas de trata y los menores».
Propuestas que no cuentan para la población saharaui
Estas propuestas no coinciden con la postura del Gobierno socialista sobre la población saharaui al no denunciar los atropellos a los derechos humanos en los territorios ocupados por Marruecos del Sáhara Occidental, lo que ocurre con los inmigrantes saharauis a los que se niega la nacionalidad española, o lo que pasó con el estudiante Husein Bachir Brahim: llegó en patera a Lanzarote el 11 de enero de 2019 y a los seis días fue entregado a Marruecos a pesar de que manifestó en el juzgado que pedía asilo político por estar perseguido y ser activista de derechos humanos; El pasado 26 de noviembre fue condenado por un tribunal marroquí a doce años de cárcel.
Más reciente es el caso de una joven saharaui de 18 años que llegó a Barcelona huyendo de un matrimonio concertado por su padre con un hombre mayor que ella; estuvo una semana en el aeropuerto de El Prat en dependencias policiales al no aceptarse su solicitud de asilo político; la actuación de un grupo de abogados evitó su expulsión al ser revisado el caso y admitida la petición de asilo.
El pacto PSOE-Unidas Podemos ocupa 49 páginas y en ellas se contempla fortalecer la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, trabajar para que África se convierta en una prioridad de la política exterior europea… y «combatir amenazas como el terrorismo internacional, los ciberataques, la desinformación, y crecientes conflictos bélicos en nuestra vecindad«.
El acuerdo de Gobierno está firmado por Pedro Sánchez, presidente en funciones y secretario general del PSOE, partido que en contra de lo que mantenía hasta hace unos meses eliminó cualquier referencia al Sáhara Occidental del programa para las eleccionesdel pasado 10 de noviembre, y Pablo Iglesias, secretario general de Unidas Podemos, organización que en su programa electoral contempla el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y cita la «responsabilidad histórica» de España.
En el caso de llegar al Gobierno, Unidas Podemos habla de implementar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los recursos naturales del Sáhara Occidental, las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas «para una solución justa y pacífica mediante referéndum» y «los procesos de negociación en marcha», así como promover la ampliación del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) a la «protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población saharaui».
El cambio de postura del PSOE ya lo apuntó el Presidente del Gobierno en funciones en su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2019. Sánchez no habló de la libre determinación del pueblo saharaui, lo que sí hizo en su anterior comparecencia en la ONU en septiembre de 2018, y se refirió a «la centralidad de las Naciones Unidas para alcanzar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable».