Esto es básicamente un campo de concentración para migrantes, un almacén humano. La realidad es que como latinos, si no hacemos nada, si no nos unimos, estos abusos continuarán, y las familias seguirán siendo separadas.
¿Quién será la persona deportada número 2 millones? La pregunta atormenta vecindarios, escuelas y lugares de trabajo desde Phoenix hasta Filadelfia.
Mientras la administración de Obama continúa con el desalojo masivo de migrantes indocumentados, esa distinción desafortunada podría ser de cualquiera de las aproximadamente 11 millones de personas indocumentadas que viven en Estados Unidos – un trabajador de un autolavado detenido por una luz trasera rota; una obrera de campo que se ha quedado con una visa vencida; o un joven que se pone su toga y birrete, cruzando deliberadamente el camino de la patrulla fronteriza en un acto de desobediencia civil.
Se espera que las deportaciones lleguen a las 2 millones de personas en abril, por lo que activistas hacen fuertes campañas frente a las rejas de centros de detención, puestos de control fronterizo y oficinas congresionales para demostrarle a la Casa Blanca que no permitirán que la administración llegue a ese número sin luchar.
El mes pasado en Alabama, activistas por los derechos de los inmigrantes organizaron una de estas acciones, formando una cadena humana frente al Centro de Detenciones del Condado Etowah, coreando «ni una más» – el grito de guerra de una oleada de acciones en contra de las deportaciones que se ha extendido por el país en el último año, cobrando legitimidad política como campaña de redes sociales, un eslogan en manifestaciones callejeras, y más recientemente, una herramienta política en Washington, en donde demandas para políticas más conciliatorias han fallado.
Una manifestante en la acción de Etowah, Gwendolyn Ferreti Manjarrez, declaró: «estoy cansada de vivir con el miedo de que a mi familia o a cualquier familia, se la pueda destrozar por vivir nuestras vidas cotidianas.»
Tales declaraciones reflejan agotamiento y exasperación con Washington, que se ha quedado paralizado en cuanto a la reforma migratoria desde que el proyecto de reforma del Senado prácticamente murió en la Cámara de Representantes el año pasado.
Enfrentándose a un silencio total del Congreso y rodeos constantes de la Casa Blanca, un número creciente de activistas se ha unido al coro exigiendo una suspensión de deportaciones. Inclusive organizaciones centristas como el Consejo Nacional de La Raza [NCLR, por sus siglas en inglés] – NCLR abogó fuertemente para legislación «de mutuo acuerdo» el año pasado – han condenado a Obama, llamándolo el «deportador en jefe».
Demandas para una suspensión de deportaciones no son sin precedentes: Defensores de los migrantes proponen una expansión del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) – un aplazamiento temporal por parte del ejecutivo para jóvenes indocumentados promulgado en el 2012 – a adultos indocumentados. Simpatizantes dicen que su propuesta permitiría que las familias permanezcan unidas hasta que haya reformas en el futuro. La comunidad indocumentada y sus aliados argumentan que si Obama podía ejercer su criterio sobre la aplicación de la ley para una categoría simpática de migrantes indocumentados – principalmente jóvenes buscando estudiar niveles superiores – podría hacer lo mismo para sus padres, madres, y vecinos indocumentados.
En enero, el grupo Coalición para el DREAM Act, de Arizona, que aboga por la legislación del Acta DREAM, criticó fuertemente a Obama por castigar a familiares por la falta de acción por parte del Congreso. Presentando al movimiento por la reforma como una lucha multigeneracional, el grupo declaró en su Carta Abierta al Movimiento por los Derechos de los Migrantes: «No podemos esperar mientras vemos que se llevan a nuestros familiares a centros de detención por meses e inclusive años, mientras se trauman¿ a nuestros niños. Juntos hagamos responsable al Presidente Obama por cada madre y padre de familia que se ha deportado.»
Obama ha reconocido la crisis y en estas semanas ha señalado que piensa bajar deportaciones, pero no dijo parar por completo las detenciones y deportaciones. El Presidente, en cambio, ordenó que el Departamento de Justicia revisara las políticas de deportación «para ver cómo se puede aplicar la ley de forma más humana dentro de lo que marca la ley.» Después de una reunión a mediados de marzo con simpatizantes pro-migrantes, se dice que prometió tomar acción ejecutiva para el verano si los representantes republicanos siguen con su negativa de tomar acción. Aun así, entre fuertes oposiciones de los Republicanos, Obama prometió suavizar sus acciones sin decir si ordenaría un aplazamiento total de deportaciones similar a DACA. Inclusive los senadores Harry Reid y Chuck Schumer, dos demócratas destacados que escribieron el proyecto fallido, ahora apoyan a una suspensión de deportaciones como una medida temporal. Schumer también ha amenazado con usar una maniobra parlamentaria conocida como «petición de descarga» para forzar el voto sobre un proyecto de reforma en la Cámara de Representantes, parecido a la propuesta del Senado. Pero debido a la muy amplia oposición de los representantes republicanos, esta medida táctica muy probablemente no pasaría.
Mientras el Congreso vacila, activistas de base dicen que el régimen actual no necesita hacerse más «humano» – necesita terminarse, y punto.
«Tenemos que asegurarnos de que haya acción afirmativa,» dice Erika Andiola, una activista indocumentada de Arizona de la campaña de Ni Una Más. Las acciones de Andiola son una cuestión de supervivencia: Ha hecho campañas públicas para proteger a su madre de deportación, y en los últimos años, ha visddfto como su estado ha implementado algunas de las leyes más fuertemente anti-inmigrantes de todo el país. Efectivamente, la lucha en contra de las deportaciones ha hecho resaltar las luchas de comunidades asediadas que han visto a sus compañeros de trabajo y familiares atrapados por el Servicio de Migración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, en los últimos seis años. Activistas de base están reclamando su lugar en la mesa de negociaciones por medio de sus propias «comisiones de expertos» para redactar recomendaciones de política pública basadas en sus experiencias legales luchando contra la lentitud del Congreso y los operativos masivas federales. Andiola añade que ella y otros activistas empezaron a exigir una suspensión de deportaciones hace meses, mucho antes que muchos grupos centristas. «No queremos que otras personas negocien por nosotros,» dice. «Queremos poder ser los que ponemos las cartas sobre la mesa, porque nosotros somos los que tenemos nuestras familias en detención y muchas veces nuestras familias han pasado por los procesos de deportación.»
Lejos de Washington, acciones directas se están intensificando. Una oleada de huelgas de hambre ha empezado a expandirse, tanto adentro como afuera de los centros de detención. A principios de marzo, cientos de inmigrantes en un centro de detención de Tacoma, Washington, empezaron a rechazar sus comidas y los trabajos poco importantes que se les asignan a los detenidos.
Poco después, detenidos empezaron una huelga de hambre en un centro de Conroe, Texas, acusando a la compañía administrativa GEO, de condiciones inhumanas de hacinamiento. Exasperados por su continuo limbo legal, también exigieron el debido proceso de la ley, incluyendo «información transparente y verídica» sobre cómo se estaban revisando y procesando sus casos. La organización TruthOut luego reportó que algunos participantes supuestamente habían sido puestos en aislamiento como castigo.
Grupos pro-inmigrantes, incluyendo a la Red de Organización de Jornaleros [National Day Labor Organizing Network, NDLON] y Puente Arizona, se han juntado con organizaciones comunitarias, sindicales, y religiosas en varias ciudades para coordinar huelgas de hambre de solidaridad.
Algunos han intensificado sus protestas confrontando al ICE directamente en la frontera. Desde el otoño pasado, decenas de activistas indocumentados con la campaña Bring them Home [Tráelos a Casa] han hecho varios pasos no autorizados por la frontera, voluntariamente entrando a detención federal para protestar en contra de las deportaciones y dramatizar la violencia muchas veces oculta de la separación familiar.
Activistas también están usando el internet para movilizar gente: Ni Una Más ha creado peticiones para la liberación de detenidos individuales, mientras el Proyecto Legado de Obama de Presente.org cataloga el récord de la administración en encarcelamientos masivos y las medidas severas de acción policial. Más allá de las cifras impresionantes de deportaciones, activistas quieren poner fin a los programas judiciales que han hecho posible que el ICE trabaje con policías locales para aprehender a migrantes. Comunidades Seguras, o SCOMM por su nombre en inglés, la iniciativa principal de acción conjunta, ha sido fuertemente criticada por haber dado a policías amplias libertades para aprehender a migrantes – muchas veces por infracciones menores – tomarles sus huellas digitales y compartir esa información con Homeland Security [el departamento de seguridad nacional], que luego las analiza con una base de datos centralizado para verificar su estatus migratorio, para mandarlos eventualmente a detención federal. En las comunidades afectadas, operativos federales continuos alimentan un clima de discriminación, cargado de perfilismo racial por parte de la policía, y sentimientos xenófobos en comunidades y lugares de trabajo racialmente divididos.
Aunque el ICE anunció en 2011 que la administración daría prioridad a la deportación de criminales peligrosos, más de 30 mil migrantes todavía languidecen en centros de detención (gracias en parte a una «cuota de camas» que legalmente obliga a los centros de detención mantener cierta capacidad).
Según cifras nacionales, muchos de los presos están detenidos por delitos menores y otras ofensas no-violentas, como infracciones de tránsito o posesión de marihuana. Un análisis de información de ICE por investigadores de la Universidad Syracuse, muestra que de las aproximadamente 350 mil órdenes de detención emitidas durante el año fiscal 2012 hasta principios del 2013, un 60 por ciento no conllevaba convicciones criminales mayores.
Reflejando frustraciones crecientes con medidas draconianas federales y la falta de movimiento de los proyectos de reforma federales, algunos políticos locales han actuado por cuenta propia para proteger a inmigrantes ante la ausencia de avances legislativos. En contraste con estados que han aumentado sus políticas de castigo, San Francisco, California y Connecticut han aprobado legislación para prohibir que la policía local coopere con el ICE, salvo en casos de un inmigrante con antecedentes mayores. Resistencia creciente al régimen de deportación de Obama está en fuerte contraste con el debate relativamente cauteloso del año pasado sobre «reforma migratoria global». La agenda de los Demócratas se centraba en legalización por incrementos, con un énfasis en migrantes «deseables» – trabajadores de alta demanda en agricultura y campos de STEM, tanto como los que habían llegado en la infancia – y seguridad fronteriza y operativos más fuertes. (Había poca discusión sobre las implicaciones sociales de tácticas policiales más fuertes). Algunos activistas rechazaron de inmediato el proyecto del Senado, abriendo una gran división en el movimiento de derechos de migrantes entre organizaciones cercanas a la capital que apoyaban un acuerdo mutuo para lograr el «camino a la ciudadanía,» y grupos más radicales como Puente Arizona y Familias por la Libertad, que han centrado sus acciones en resistencia a los operativos policiales draconianos.
Pero ahora parece que dentro del movimiento de reforma, la divergencia en la importancia de ciudadanía ha sido rebasada por la convergencia en exigir acción administrativa sobre deportaciones. Ni Una Más está planeando un día de acción nacional el 5 de abril – concordando aproximadamente con la fecha en la que se espera se hace la deportación 2 millón – con manifestaciones planeadas en más de 40 ciudades.
Prerna Lal, activista por los derechos de los migrantes, antes indocumentada también, dice vía correo electrónico que ve el actual terreno político «alentador,» con la oleada de acciones directas abriendo espacios para «los que están privado de sus derechos y los que están directamente afectados para que tomen acciones fuertes para declararse líderes ‘indocumentados y sin miedo’ en sus comunidades.» En el esfuerzo general para acción legislativa, añadió, «es crucial recordar que legislación como Reforma Global de Migración o la Acta DREAM muchas veces es meramente una respuesta para apaciguar estas acciones.»
Hasta que los legisladores regresen a trabajar en construir un proyecto de reforma, lo mejor que los activistas pueden esperar es un aplazamiento temporal por parte de la Casa Blanca. Cualquier acción diferida, para adultos o menores, es sólo eso – un aplazamiento. Pero gana tiempo para que los individuos indocumentados sigan trabajando para cambiar el clima político, lejos de la obsesión con seguridad fronteriza y hacia una perspectiva de reforma que refleja un cambio cultural más amplio mientras comunidades migrantes se hacen cada vez más parte de un paisaje globalizado y transfronterizo.
Tal vez nadie entiende esta visión para una nación en evolución mejor que las más de 30 mil personas languideciendo en detención todos los días. Oscar Quintero, detenido en Etowah, que protestó desde adentro del centro de detenciones en solidaridad con la manifestación afuera, grabó una declaración breve que luego se publicó en Internet por la Detention Watch Network:
Esto es básicamente un campo de concentración para migrantes. Esto es lo que es, un almacén humano. Nos tratan como gallinas. Nos están tratando como ganado. La realidad es que como Latinos, si no hacemos nada, si no nos unimos, y no nos hacemos escuchar, estos abusos continuarán, y las familias seguirán siendo separadas.
Por un hombre separado de su comunidad por paredes de concreto y un laberinto de barreras legales, la voz de Quintero logró pasar por encima de las barreras de la política y resonar con sus simpatizantes afuera. En la víspera de la deportación número 2 millones, sus palabras hicieron el paso por la frontera que otros números incontables de personas están todavía determinadas a realizar.
TRADUCCIÓN: LINDSEY HOEMANN