Durante varias semanas el internamiento de Brahim Ghali en un hospital de Logroño para ser tratado de coronavirus ha estado en el centro de una crisis mediática, política y migratoria sin precedentes entre Marruecos y el Estado español, aparentemente provocada por esta acción de ayuda humanitaria.
La filtración de la presencia de Ghali en el Estado español vino seguida de una serie de noticias en prensa en las que el líder del Frente Polisario y Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática parecía la encarnación misma del conocido hombre del saco, durante este tiempo los medios que tradicionalmente se posicionan del lado de las tesis marroquíes en el contencioso del Sáhara Occidental se han hecho eco de afirmaciones de tipo calumnioso, preparando la reactivación de dos causas judiciales contra el mandatario saharaui, impulsada tras conocerse su presencia en el Estado español.
La reactivación de las causas contra Ghali tras la que se encuentra la larga mano de Marruecos no es ajena a la guerra entre el Reino Alauí y el Frente Polisario y constituye un claro ejemplo de law fare, ese término anglosajón que sirve para designar la utilización del derecho para la persecución de los enemigos políticos.
En el libro de Arantxa Tirado “El law fare. Golpes de Estado en nombre de la Ley”, su autora nos recuerda que “en un contexto en el que el uso de la fuerza militar convencional, sobre el terreno, tiene cada vez peor prensa. El uso de la ley, junto al de las comunicaciones y la cibernética son elementos cada vez más presentes en los conflictos y amenazas híbridas”. Tirado señala que el law fare es “una poderosa arma de guerra que tiene la virtud de camuflarse en la legalidad para disimular sus objetivos ilegítimos”.
Las querellas con las que se ha pretendido judicializar al máximo líder del Frente Polisario son la respuesta a la querella que interpuso en 2006 la Asociación Pro Derechos Humanos de España y otras entidades previamente contra altos cargos militares y policiales marroquíes acusados de graves delitos lesa humanidad y genocidio contra el pueblo saharaui. El abogado oscense Manuel Ollé, quien dirige este proceso judicial contra responsables marroquíes y a su vez ejerce la defensa de Ghali, en un reciente artículo destacó que Marruecos miente y pretende convertir a Ghali en un criminal inventando para ello dos querellas disparatadas. Una reacción ante el avanzado estado de tramitación de la querella contra esos once ciudadanos alauitas, procesados en la Audiencia Nacional y sujetos a órdenes internacionales de detención con fines de extradición, como responsables de horrendos crímenes cometido contra el pueblo saharaui.
La denominada Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH), promotora de una de estas querellas, se encuentra presidida por Ramdane Messaoud, quien para el periodista marroquí Ali Lmrabet, exiliado en Barcelona, es un agente de la inteligencia marroquí. En definitiva, nos encontraríamos ante la aplicación de uno de los principios de la propaganda, establecidos por Joseph Goebbels, señaladamente el de la transposición: cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo al ataque con ataque.
En 2007, ASADEH, criticaba la admisión a trámite de esa querella contra autoridades marroquíes como «irresponsable» al sentar «un peligroso precedente» aunque no tardaron en acudir a la Audiencia Nacional en base a los mismos principios de Justicia Universal que las autoridades marroquíes tratan de burlar evitando su citación y declaración ante los Tribunales españoles.
Finalmente, el Juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dejó en libertad a Ghali, sin medidas cautelares, después de recibirle declaración voluntaria, afirmando que «el informe de la acusación no ha suministrado elementos siquiera indiciarios», ya que los testigos preguntados en la causa no han presentado pruebas para corroborar que Ghali haya cometido los graves delitos por los que se le investiga, entre los que se encuentran genocidio, lesa humanidad y torturas en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia).”
Crisis migratoria en Ceuta
Esta crisis diplomática entre el Estado español y Marruecos, tuvo su episodio más álgido (de momento) con la entrada de unos 10.000 marroquíes y migrantes subsaharianos en Ceuta, ante la apertura de las fronteras por parte de la policía marroquí, incluyendo el engaño a menores de edad. El analista Andrew Korybko afirma que “la guerra híbrida es el caos administrado” y las dantescas escenas de niños, incluidos bebes, en el mar, obedecen a esa lógica. Unos acontecimientos que se intentaron atribuir al gesto humanitario del Gobierno español para con Ghali, hasta que la propia prensa marroquí reconoció que el fondo de la crisis es la postura del Estado español respecto al Sáhara Occidental.
El pretendido malestar por acoger al líder del Polisario, tan cacareado por los propagandistas marroquíes, pretendían distraer y desviar la atención de lo importante (la cuestión de la soberanía del Sáhara Occidental), en un claro ejemplo de una de las estrategias de manipulación mediática descritas por Sylvain Timsit. El enfado disimulado es no conseguir que ningún país europeo y menos el Estado español, potencia administradora del Sahara Occidental, realicen un pronunciamiento semejante al realizado por Trump durante la fase final de su mandato reconociendo la marroquinidad del Sáhara. La histérica reacción marroquí utilizando a su propia población, incluida la infantil, como herramienta de presión ha sido demasiado incluso para Marruecos a quien no le ha sentado bien declaraciones de representantes de la Unión Europea como el vicepresidente de la Comisión Europea Margaritis Schinas quien afirmó que Europa «no se dejará intimidar» o «chantajear por nadie» en materia migratoria en referencia a la crisis desatada por Marruecos. El posterior pronunciamiento del Parlamento Europeo condenando la actuación de Marruecos por usar la migración como arma política es otro varapalo a la conducta marroquí.
Guerra en el Sáhara Occidental
Marruecos pretende invisibilizar la guerra del Sáhara Occidental, negando incluso las propias bajas, aunque resulta evidente que ambos bandos están teniendo pérdidas y costes importantes. Durante la cobertura de esta crisis diplomática sí que se ha desviado la atención sobre la guerra. Que Marruecos ha intentado negar las consecuencias de la guerra hace parte de la historia. Durante la etapa de 1975-1991, llegó incluso a abandonar a su suerte a los presos de guerra marroquíes que después del alto el fuego permanecían en los campamentos de refugiados saharauis hasta que la Cruz Roja Internacional tuvo que intervenir para trasladarlos a Marruecos ante su desinterés en retornarlos al Reino alauí.
Que precisamente durante el annus horribilis de coronavirus Marruecos prosiguiese su carrera armamentística, incluyendo la compra al Estado español de una fragata a la empresa pública Navantia por 150 millones de euros, evidencia el orden de preferencias de las autoridades marroquíes y la irresponsabilidad de las españolas al vender armas a un país que ocupa y somete a dominación colonial un territorio como es el Sáhara Occidental.
Es en este contexto de guerra híbrida como se entienden y cobran sentido las querellas contra Ghali, los ataques a la población civil saharaui por parte de las autoridades marroquíes, el silenciamiento y desviación de la guerra en el Sáhara Occidental, que tan mala prensa tienen para los vendedores de armas y los políticos que autorizan tales exportaciones, incluso la migración usada como elemento de presión o chantaje.
Esperemos que esta nueva fase de la guerra del Sáhara Occidental no se prolongue ni tenga el coste de la etapa anterior, que el Reino de Marruecos no perjudique y empobrezca más a su población, persistiendo en la aventura de conseguir la anexión del Sáhara Occidental por la fuerza (prohibida por el Derecho Internacional), y que no se comporte como un estado macarra con sus vecinos y finalmente que el Estado español y la Unión Europea, que pretenden respetar los Derechos Humanos, cesen todo suministro de asistencia militar para hacer parte de la solución y no de este problema. En definitiva, que se permita al pueblo saharaui ejercer pacíficamente un derecho a la autodeterminación que tiene reconocido internacionalmente y que el propio Reino de Marruecos aceptó en el pasado.
LUIS MANGRANE. Abogado zaragozano. Integrante del Observatorio aragonés para el Sáhara Occidental
Fuente: https://arainfo.org/el-sahara-occidental-y-marruecos-guerra-hibrida-y-lawfare/