Una noticia que ha pasado desapercibida en los medios españoles de mayor difusión es el informe producido por los inspectores electorales enviados por la Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) a supervisar las últimas elecciones del pasado noviembre en EEUU. Los inspectores de la OSCE analizan la calidad del proceso electoral del país […]
Una noticia que ha pasado desapercibida en los medios españoles de mayor difusión es el informe producido por los inspectores electorales enviados por la Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) a supervisar las últimas elecciones del pasado noviembre en EEUU. Los inspectores de la OSCE analizan la calidad del proceso electoral del país al cual se les ha enviado. Tal informe hace un análisis muy poco halagüeño del proceso electoral de EEUU. Entre varios hechos resaltan:
– Las elecciones fueron financiadas con fondos predominantemente privados, sin que hubiera límite en cuanto al dinero que pudiera gastarse cada candidato a ser elegido presidente, vicepresidente o miembro del Congreso, y a través de qué medios. Tal situación, que potencia la existencia de grandes donantes de fondos, está plenamente permitida por el Tribunal Supremo de EEUU.
– La mayoría de tales fondos privados destinados a las campañas electorales estaba exento de provisiones que facilitaran su transparencia, siendo la norma su opacidad.
-Partidos distintos a los dos mayoritarios -el Demócrata y el Republicano- no recibieron ninguna atención mediática, siendo prácticamente excluidos del debate político.
– El sistema electoral bipartidista, carente de proporcionalidad, explica que en aquellos Estados donde uno de los dos partidos ha sido históricamente mayoritario (asignándosele todos los delegados de aquel Estado), apenas hubo actividad electoral. Tal sistema bipartidista hizo que el debate político se centrara en muy pocos Estados, cuyo resultado electoral entre los dos partidos era incierto. Es más, la importancia de un Estado venía determinada por el número de delegados que aquel Estado proporcionaba al Colegio Electoral, que era el que escogía al presidente. Tal Colegio Electoral es poco representativo de la población que votó aquel día.
– El diseño de los distritos electorales había sido manipulado en gran número de ellos a fin de facilitar la elección de un candidato.
– 50 millones de un total de 237 millones de ciudadanos que podrían haber votado no estaban registrados para poder hacerlo. En muchas partes del país los inspectores de la OSCE vieron casos de desincentivación e introducción de dificultades para conseguir tal registro.
– A 4.1 millones de ciudadanos que eran residentes de territorios de EEUU no se les permitió votar.
– A 600.000 habitantes de Washington, la capital federal, no se les permitió votar ni al Senado ni al Congreso.
– 6 millones de ciudadanos no pudieron votar por estar encarcelados o haber estado encarcelados recientemente.
– Varios Estados, incluido Ohio, no permitieron a los inspectores de la OSCE que pudieran supervisar sus elecciones.
– El 43% del electorado no participó en el proceso electoral.
No hay duda de que si los hallazgos de tal organización en las elecciones estadounidenses hubieran correspondido a las elecciones venezolanas, por ejemplo, el escándalo mediático hubiera sido enorme. En lugar de ello, tales datos y tal informe pasaron totalmente desapercibidos. Ni un rotativo en papel, ni un canal televisivo informaron sobre ello. ¡Imagínense los escándalos si hubiera ocurrido en Venezuela!
Cada una de estas observaciones tiene sus consecuencias. Por ejemplo, el enorme dominio de lo que se llama en EEUU la Corporate Class (los miembros de la clase compuesta por los grandes financieros y las grandes corporaciones) en la financiación del proceso electoral, explica que temas esenciales, de gran interés para la mayoría de la población, apenas aparecieran en el debate electoral.
Uno de ellos fue la necesidad de revertir la enorme concentración de la riqueza que ha ocurrido en EEUU y que está violando la democracia de aquel país. La anulación de los recortes de impuestos al 1% de la población de mayor renta, resultado de la enorme influencia de la Corporate Class en la financiación del proceso electoral, propuesta por el entonces candidato, el presidente Obama, es un paso necesario, pero dramáticamente insuficiente, para reducir las enormes desigualdades existentes.
La misma situación se repite en cuanto a la falta de controles del sector financiero. Y así un largo etcétera. Ni que decir tiene que ninguno de estos datos ha aparecido en los mayores medios de información españoles.
Vicenç Navarro. Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University