La racha de huelgas y protestas registradas en Egipto en los últimos meses responde, según varios analistas, al sostenido aumento del costo de vida y no a conspiraciones políticas, como pretenden las autoridades. «Las acciones de los trabajadores son el resultado de la agobiante situación económica», dijo a IPS Magdi Hussein, secretario general del Partido […]
«Pero ante la actual agitación política, los trabajadores comenzaron a derribar los muros del miedo empuñando las armas de la huelga y la ocupación de los lugares de trabajo», añadió.
El 1 de este mes, unos 3.000 empleados de la estatal Autoridad de Transportes, incluidos conductores, recaudadores y trabajadores de mantenimiento, amenazaron con realizar una huelga por tiempo indefinido en reclamo de mejores salarios y beneficios.
En lo que fue su mayor demostración de fuerza, los empleados bloquearon por un breve lapso la salida de autobuses de un gran estacionamiento en el distrito capitalino de Nasr City.
Tras llamar a una huelga con ocupación hasta que sus demandas fueran escuchadas, unos 1.000 empleados de la también estatal Autoridad de Trenes Metropolitanos se unieron a las medidas de fuerza de los trabajadores del transporte con una lista de reclamos similares.
Luego de dos días de negociaciones, el Ministerio de Transportes prometió analizar las reivindicaciones de los trabajadores y tomar una decisión al respecto a fines de este mes.
«Ocupamos nuestros lugares de trabajo porque exigimos el respeto de nuestros derechos básicos, garantizados por la ley. Pero si siguen violando nuestros derechos, llamaremos a una gran huelga, en serio», dijo a IPS un dirigente del sindicado del tren metropolitano.
El director de la gubernamental editorial Dar al-Tahrir, Ali Hashem, experto en cuestiones de transporte, pronosticó que el Ministerio cumplirá, seguramente, la mayoría de las exigencias de los trabajadores, y es posible que las contemple a todas.
«El Ministerio está determinado a mejorar el servicio de transporte público y eso no puede lograrse sin mejorar, a su vez, la situación de los trabajadores del sector», dijo Hashem a IPS.
En los últimos seis meses hubo una cantidad de medidas sindicales de fuerza sin precedentes en este país árabe. Desde principios de año se registraron más de 50 huelgas y manifestaciones, entre ellas 11 solo en la última semana de abril.
La ofensiva sindical transcurre en varios de los sectores más importantes del país, tanto del ámbito público como del privado. Además del transporte, se tomaron medidas en diversas industrias, como la textil y la construcción.
La mayor acción sindical se implementó en diciembre, cuando unos 25.000 trabajadores participaron en la huelga de la estatal Compañía de Hilado y Tejido de Egipto, en la ciudad de Mahalla, en el delta del río Nilo.
Luego de tres días de huelga, que le habrían costado a la empresa unos 12 millones de dólares, se otorgaron las bonificaciones prometidas por la empresa cuyo cumplimiento exigían los trabajadores.
«Lo sucedido en diciembre fue la inspiración para que otros trabajadores oprimidos defendieran sus derechos», según el legislador Saad al-Husseini, secretario general del bloque parlamentario afín con la proscripta Hermandad Musulmana.
Según Al-Husseini, la iniciativa tuvo éxito porque «los trabajadores hicieron una huelga pacífica, no pusieron en peligro ninguno de los bienes de la compañía, no insultaron al gobierno ni se distrajeron con otras cuestiones de orden político». Las últimas muestras de agitación laboral no contó con el apoyo de los sindicatos oficiales. En su mayoría fueron convocadas por trabajadores organizados de forma independiente.
Eso responde a que la Federación de Trabajadores Egipcios, la única central sindical legal, no protege los derechos de sus asociados, según sus críticos.
La Federación es acusada de obedecer a los dictámenes del gobernante Partido Nacional Democrático, que encabeza el presidente Hosni Mubarak.
En muchos casos, además de exigir mejores salarios y condiciones de trabajo, los trabajadores reclamaron la renuncia de sus representantes en el sindicato oficial.
«Nuestro sindicato siempre estuvo del lado del gobierno y no del nuestro», señaló uno de los organizadores de la ocupación del metro que pidió reserva sobre su identidad. Hashem coincidió con esta declaración.
«Si los trabajadores no tienen representantes auténticos que los defiendan, la huelga es una consecuencia lógica», señaló Hussein
Pero portavoces del gobierno atribuyeron los conflictos a la prédica de organizaciones comunistas y asociaciones ilegales de trabajadores.
Las autoridades clausuraron el mes pasado en El Cairo el independiente Centro de Servicios para Trabajadores y Sindicatos. La medida fue objeto de una ola de condenas emitidas por organizaciones de derechos humanos.
Pero, según la mayoría de los analistas, lejos de ser el resultado de una conspiración política, el fenómeno obedece al aumento del costo de vida: la inflación prosigue al alza desde la devaluación dispuesta por el gobierno en 2003.
«Los salarios no subieron al ritmo de la inflación. La vida se volvió insostenible para la mayoría de los egipcios», señaló Hussein, del Partido Laborista.
Respeto de la huelga en el sector textil, Al-Husseini se preguntó «¿Cómo se puede pretender que la gente trabaje 25 años sin que aumenten sus ínfimos salarios, de unos 100 dólares al mes?».
Mientras, los trabajadores del transporte capitalino perciben entre 30 dólares y 50 dólares al mes.
«Apenas me alcanza para alimentar a mi familia. Gano unos 80 dólares al mes que no duran ni 10 días», dijo a IPS un empleado de tren metropolitano, que participó en las últimas movilizaciones y es padre de tres niños.
El descontento sindical estuvo acompañado de numerosas acusaciones al gobierno por intimidaciones contra los organizadores de las protestas.
Pero hubo relativamente pocos casos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad, como las que se vieron en huelgas anteriores o en recientes manifestaciones de carácter político.
«Las fuerzas de seguridad no pueden recurrir a la violencia contra los huelguistas como lo hicieron en los años 80 y 90 porque ellos, mejor que nadie, conocen la dimensión del resentimiento» por esos acontecimientos, explicó el trabajador. Algunos oficiales se mostraron contrarios al uso de la fuerza.
«No nos corresponde perseguir trabajadores. De hecho, nos solidarizamos con su lucha en defensa de sus derechos», señaló un oficial que pidió reserva sobre su identidad