Durante años, buena parte del campesinado de toda Europa ha defendido la necesidad de verdaderas políticas en favor de un sistema agroalimentario europeo basado en modelos sostenibles y a pequeña escala. Al contrario, en cada una de las reformas que la Política Agraria Común (PAC) ha ido sufriendo, ésta ha avanzado en su propia autodestrucción, […]
Durante años, buena parte del campesinado de toda Europa ha defendido la necesidad de verdaderas políticas en favor de un sistema agroalimentario europeo basado en modelos sostenibles y a pequeña escala. Al contrario, en cada una de las reformas que la Política Agraria Común (PAC) ha ido sufriendo, ésta ha avanzado en su propia autodestrucción, es decir, renunciando a regular. Las protestas de estas últimas semanas del sector lácteo son un ejemplo: la liberalización del sector ha llevado en los dos últimos años a un aumento del 7% de la leche producida en el Estado español, mientras que el número de granjas se ha reducido en un 10%. 1554 granjas que han cerrado.
Y aunque la perseverancia de estos movimientos, junto con una parte importante del consumidor europeo y organizaciones ecologistas, ha permitido poner algo de freno a la PAC y asegurar un cierto control sobre el cómo, por quién y cuántos alimentos se producen en Europa, el día que se firme el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (TTIP), todo esto puede ser borrado de un plumazo. Como se viene denunciando, la desaparición de aranceles y barreras sanitarias entre los dos mercados puede acabar con que los pollos bañados en cloro, la carne hormonada, los granos transgénicos o el salmón transgénico que se consumen en los EEUU sean también platos de nuestras mesas. Pero con toda seguridad comportaría una durísima competencia a la ya escasa población europea que vive del sector primario.
En otros aspectos, las movilizaciones ciudadanas también han conseguido avances en favor de una alimentación sana. Cada vez en más escuelas, por ejemplo, la comida que se sirve a las niñas y niños se elabora con productos ecológicos, de proximidad y de temporada. Pues, atentas porque llegan otras siglas, el TiSA (Acuerdo sobre el Comercio de Servicios) que en un periquete pueden acabar con este tipo de iniciativas.
La semana pasada el Parlamento Europeo aprobó un informe favorable a la implantación de este tratado multilateral que pretende liberalizar servicios que hoy en muchos países son públicos como la educación, la salud y el transporte, para servirlos en bandeja a las grandes multinacionales que parece necesitan más carnaza. Entre ellos pueden estar afectados algunos servicios públicos relacionados con la agricultura y la alimentación. Efectivamente, los sistemas de compras públicas que las administraciones centrales, autonómicas o municipales gestionan para proveerse de alimentos para las escuelas, hospitales, centros penitenciarios y geriátricos, con el TISA aprobado, pueden ser privatizados. Es decir, gestionados, por qué no, por una o dos de las grandes empresas del sector de catering, acabando con la multiplicidad de actores que necesitamos para descentralizar el sistema alimentario y para hacer posible circuitos cortos y sostenibles.
¿Puede ocurrir lo mismo con los mercados públicos municipales? Aunque a veces lo olvidamos, los mercados municipales son un territorio público, gestionado por los ayuntamientos, nacidos con la voluntad de asentar paradistas que, con un negocio privado, distribuyen alimentos por todos los barrios de la ciudad. Pero con el TiSA por medio cabe preguntarse si la gestión de los mercados podría pasar a manos de especialistas en este sector, léase, las grandes cadenas de distribución de alimentos.
Y creo que la lista de advertencias se puede ampliar. ¿Qué pasaría con la Agencia de Salud de la Unión Europea? ¿No es una agencia pública para asegurar que lo que comemos nos siente bien? Sí, así es, aunque los movimientos de las puertas giratorias permiten que entren unas brisas de intereses privados que nos lo hace cuestionar. Pero en definitiva, deberíamos conocer si este tipo de agencias también pueden ser privatizadas o se mantienen bajo tutela de nuestros representantes políticos. Y me lo pregunto porque en algunos informes ya he podido leer como entre los servicios que se están negociando aparecen los servicios públicos veterinarios encargados de la inspección alimentaria. Sugerir que el control alimentario esté en manos de una sección de una empresa del sector cárnico puede parecer sensacionalista pero mejor cuestionarlo ahora, ¿no les parece? Como también me parece razonable preguntarse por el servicio municipal de parques y jardines. Recientemente en algunas ciudades como Badalona, Barcelona o Tarragona se ha conseguido prohibir el uso del glifosato, el herbicida estrella del mercado declarado como probable cancerígeno. Si el TiSA liberaliza este sector, ¿qué ocurrirá?
Así que personalmente le digo que, alimentariamente hablando, creo que es el momento, cual bandadas o cardúmenes, de lanzarnos urgentemente a recrear un sistema agroalimentario desobediente y autónomo para, sanos y a salvo, ser sustento de un mundo sin siglas que nos aterroricen.
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