Los tratados comerciales de la UE destruyen empleo con la desregulación de las políticas de Compra Local
La economía social y solidaria permite unir a personas que consumen, producen y apuestan por otros valores y formar circuitos cortos de producción y consumo que nos permiten proveernos de casi cualquier necesidad. Pero la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión que, desde julio de 2013 se negocia entre la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos (más conocido por sus siglas en ingles, TTIP), busca justo lo contrario: es una especie de nuevo golpe de estado económico y financiero para instaurar una constitución de las corporaciones transnacionales, con el fin de profundizar y extender -aún más si cabe- el control de las multinacionales sobre la política, los procesos legislativos, los ámbitos de la economía aún no mercantilizados y la vida misma. Lo que se gesta es uno de las mayores ataques a los derechos sociales, laborales y ambientales aún existentes. Una lección fundamental de la crisis financiera y económica es que la separación de la política macroeconómica de las políticas comerciales y financieras debilita la capacidad de las y los responsables políticos para hacer frente a los complejos desafíos de hoy en día. Debemos reconocer que el comercio capitalista y los problemas causados por el sistema financiero puede tener graves consecuencias para las políticas económicas nacionales y locales así como en el empleo. La única vía de escape es la desglobalización y la relocalización de la economía. Justo lo contrario de lo que persigue el TTIP.
Mientras la economía social y solidaria ha demostrado una capacidad de creación de empleo como ningún otro sector económico, como se ha visto en el caso de Euskal Herria, la política económica, comercial y del inversión de la UE ha destruido sistemáticamente empleos y precarizado la vida. La mayoría de las evaluaciones de impacto que tendrá el TTIP asumen el pleno empleo, negando así desde el principio uno de los problemas más acuciantes. Si eliminamos este supuesto, los resultados cambian radicalmente en las proyecciones que indican la pérdida del PIB, mayor desempleo, mayor precariedad y mayores desigualdades. El TTIP llevaría a pérdidas netas de empleo de entre 600.000 y 1,2 millones de puestos de trabajo.
Una de las mayores amenazas para el empleo es la desregulación de las políticas de «compra pública». La UE pretende utilizar El TTIP y otros tratados comerciales para prohibir políticas de compra y licitaciones locales que aseguren que se contraten proveedores locales -donde la economía social y solidaria tiene las propuestas más justas y cercanas-. En septiembre de 2014, la Comisión Europea saliente anunció las conclusiones del tratado comercial entre la UE y Canadá (CETA, en inglés). El CETA, al igual que el TTIP, promovería el cambio de paradigma de la compra y licitación pública con el fin de favorecer a las grandes empresas. Así se busca limitar y erosionar la libertad de organización municipal, por ejemplo en el ámbito de los servicios de cuidados, la cultura y el deporte. En vez de contratar cooperativas para planes de igualdad o participación se intenta adjudicar todo este tipo de contratos a multinacionales como Eulen o ACS. Ya se están dando casos muy preocupantes en los que la gestión de los cuidados de mayores, escuelas infantiles o actividades extraescolares pasan a ser gestionados por grandes compañías sin ningún objetivo social ni de revertir los ingresos en el bienestar en la comunidad o del municipio.
Si se ratificara el CETA, sin cláusula social vinculante, no se podría obligar a la empresa que se contrata que respete convenios colectivos, salarios mínimos, criterios de igualdad de género o de proximidad. En el CETA queda explícitamente prohibido condicionar la compra y licitación pública por contenido local, es decir, contratar a pequeñas empresas del ámbito local para los trabajos del municipio. En un «libre» mercado y con la desregulación prevista en este tipo de tratados, las cooperativas tendrán siempre muchas menos ventajas para conseguir un contrato por pagar más salarios, impuestos o cuidar más criterios ambientales que las grandes compañías que hacen «ofertas» más «competitivas». Otro aspecto que pretende eliminar CETA/TTIP son las subvenciones públicas al desarrollo de proyectos socialmente justos y ambientalmente sostenibles. La protección de ámbitos económicos claves para la economía de una localidad o región (alimentos, zapatos, muebles o lana) o de criterios políticos -como respectar la baja maternal/paternal o la integración de personas con diversidad funcional- quedarían abolidos y causaría el cierre de muchas iniciativas de la economía social y solidaria.
CETA y TTIP son una amenaza para la construcción de alternativas económicas como la cooperativas, los mercados sociales y la economía feminista o ecológica. Por ello debemos impedirlo por todos los medios.