El Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba de propinar un golpe legal a las previsiones de la denominada política antiterrorista de la Casa Blanca al determinar que los prisioneros que mantiene el Pentágono por esos motivos, tienen derecho a un abogado y a proclamar su inocencia ante un juez.La llamada doctrina antiterrorista del presidente […]
El Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba de propinar un golpe legal a las previsiones de la denominada política antiterrorista de la Casa Blanca al determinar que los prisioneros que mantiene el Pentágono por esos motivos, tienen derecho a un abogado y a proclamar su inocencia ante un juez.
La llamada doctrina antiterrorista del presidente norteamericano, George W. Bush, aplicó hasta ahora el aislamiento total de esos reclusos con el fin de poder ejercer sobre ellos todo el poder de los interrogadores, sin obstáculos legales.
La decisión del tribunal fue adoptada sobre la base de tres casos de prisioneros y subrayó que «un sistema de detención sin controles… convertirse en un medio de opresión».
La corte autorizó la aplicación de esos conceptos suprimidos por la administración Bush, también sobre las centenares de personas retenidas sin derecho alguno por las autoridades militares norteamericanas en la Base Naval de Guantánamo, situada en territorio cubano contra la voluntad del gobierno de la Isla.
«Los fallos le asestan un golpe legal significativo a las afirmaciones del gobierno de Bush de que en la guerra contra el terrorismo el poder ejecutivo es prácticamente ilimitado, el papel de las cortes limitado y las personas detenidas virtualmente no tienen derechos», observó una fuente de noticias norteamericana.
Por su parte, la magistrada Sandra Day, del tribunal supremo, dijo en nombre del resto de la mayoría de seis jueces que votó en favor del fallo descrito, que «desde hace mucho esta corte ha expresado claramente que un estado de guerra no es un cheque en blanco para el Presidente en lo tocante a los derechos de los ciudadanos del país».
El representante federal Jerrold Nadler, demócrata de más alto rango en el Comité Judicial de la Cámara de representantes en el congreso federal en Washington, declaró a su vez que los fallos emitidos por la corte suprema «reafirman que aun en tiempos de guerra, el presidente no tiene la autoridad de actuar como un tirano».
El fallo se anuncia en medio de la conmoción causada por pruebas gráficas de que militares norteamericanos aplicaron torturas sobre prisioneros iraquíes.
Denuncias al respecto han señalado que esos procedimientos han sido parte oficial de las pautas trazadas por el gobierno norteamericano o sus instancias militares para lidiar con interrogatorios a detenidos.
La llamada doctrina antiterrorista del presidente norteamericano, George W. Bush, aplicó hasta ahora el aislamiento total de esos reclusos con el fin de poder ejercer sobre ellos todo el poder de los interrogadores, sin obstáculos legales.
La decisión del tribunal fue adoptada sobre la base de tres casos de prisioneros y subrayó que «un sistema de detención sin controles… convertirse en un medio de opresión».
La corte autorizó la aplicación de esos conceptos suprimidos por la administración Bush, también sobre las centenares de personas retenidas sin derecho alguno por las autoridades militares norteamericanas en la Base Naval de Guantánamo, situada en territorio cubano contra la voluntad del gobierno de la Isla.
«Los fallos le asestan un golpe legal significativo a las afirmaciones del gobierno de Bush de que en la guerra contra el terrorismo el poder ejecutivo es prácticamente ilimitado, el papel de las cortes limitado y las personas detenidas virtualmente no tienen derechos», observó una fuente de noticias norteamericana.
Por su parte, la magistrada Sandra Day, del tribunal supremo, dijo en nombre del resto de la mayoría de seis jueces que votó en favor del fallo descrito, que «desde hace mucho esta corte ha expresado claramente que un estado de guerra no es un cheque en blanco para el Presidente en lo tocante a los derechos de los ciudadanos del país».
El representante federal Jerrold Nadler, demócrata de más alto rango en el Comité Judicial de la Cámara de representantes en el congreso federal en Washington, declaró a su vez que los fallos emitidos por la corte suprema «reafirman que aun en tiempos de guerra, el presidente no tiene la autoridad de actuar como un tirano».
El fallo se anuncia en medio de la conmoción causada por pruebas gráficas de que militares norteamericanos aplicaron torturas sobre prisioneros iraquíes.
Denuncias al respecto han señalado que esos procedimientos han sido parte oficial de las pautas trazadas por el gobierno norteamericano o sus instancias militares para lidiar con interrogatorios a detenidos.