Es el acrónimo en inglés de Transatlantic Trade and Investiment Partnership, en castellano ATCI (Asociación Trasatlántica para el Comercio y la Inversión) denominada también TAFTA (Translantic Free Trade Area) o Área de Libre Comercio Trasatlántico es, como sugiere el título, un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión Europea y Estados Unidos, que actualmente […]
Es el acrónimo en inglés de Transatlantic Trade and Investiment Partnership, en castellano ATCI (Asociación Trasatlántica para el Comercio y la Inversión) denominada también TAFTA (Translantic Free Trade Area) o Área de Libre Comercio Trasatlántico es, como sugiere el título, un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión Europea y Estados Unidos, que actualmente se encuentra en negociaciones.
Sus defensores argumentan que sería beneficioso para el crecimiento económico de las naciones que lo integrasen: más libertad económica, más creación de empleo.
Los críticos aclaran que aumentaría el poder de las grandes empresas, desregularla los mercados rebajando los niveles de protección social y medioambiental de modo drástico. Una pesadilla para la democracia. Se limitaría la capacidad de los gobiernos para legislar en beneficio de los ciudadanos y el poder de los trabajadores en favor de los empresarios.
Pero además de este tratado en la UE se están negociando, bajo el mismo prisma ideológico y con la misma opacidad, otros tratados (TISA, CETA, AE o EPA). Se puede leer en un periódico alemán: «Die EU-Kommission und die US-Regierung halten die wichtigsten Verhandlungsdokumente geheim. Die Verhandlungsrunden finden jeweils an geheim gehaltenen Orten statt. Auf den Pressekonferenzen nach den jeweiligen Verhandlungsrunden werden lediglich Allgemeinplätze zum Besten gegeben. Jegliche öffentliche Information bleibt äußerst vage. Die EU-Kommission ist noch nicht einmal bereit, das Verhandlungsmandat – also das, worüber sie verhandelt – offen zu legen. Dieses Mandat ist jedoch von der US-Regierung veröffentlicht und auf diesem Weg bekannt geworden» (La comisión europea y el gobierno de US no dan a conocer los documentos más importantes de la negociación. Las negociaciones tienen lugar en lugares ignotos. En las conferencias de prensa, tras las respectivas reuniones, a lo sumo se oyen generalidades. Toda información pública adolece de nebulosidad y vaguedad. La comisión europea todavía no ha sido capaz de presentar abiertamente la orden de negociación, qué es lo que se negocia. Orden que conocemos sólo a través del gobierno de USA».
Un primer borrador del proyecto se filtró en marzo de 2014, y por lo filtrado se ve que a los gobiernos de las naciones europeas no se les permitiría regular sectores estratégicos como la banca, los seguros, los servicios públicos o las telecomunicaciones. Las empresas podrían demandar a los estados exigiendo la devolución de su inversión más compensaciones e intereses. El tratado permitiría la libre circulación de trabajadores, de capitales etc. Barra libre.
El tratado estaría finalizado en el 2014 ó 2015. Las negociaciones se desarrollan en ciclos semanales en Bruselas y Washington. Los 28 tendrán que aprobar el acuerdo negociado en el Consejo de Ministros de la UE. El Parlamento será consultado, que puede aprobarlo o rechazarlo. Posteriormente se someterá a los parlamentos nacionales, pero no hay previsiones de que se someta a referendum ciudadano en el estado español. La comisión europea ha creado un comité asesor, que está presente en las negociaciones y en el que se sientan, además de los 7 representantes de la industria, 2 representantes seleccionados de las asociaciones ecologistas, 2 de los sindicatos y 1 de organismos de transparencia.
El origen del TTIP se encuentra en la Declaración Trasatlántica firmada en noviembre de 1990 por George Bush, por Giulio Andreotti y Jacques Delors. El 13 de febrero de 2013 Obama, van Rompuy y Barroso anuncian que se inician las negociaciones para alcanzar el acuerdo. Y avanzan de espaldas a la ciudadanía. «Un tratado que proporciona un poder sin precedentes a las empresas multinacionales y al capital financiero, supone una ola de privatización de los servicios públicos, la eliminación de normas medioambientales y un ataque a los derechos de los trabajadores».
El TTIP está dividido en 15 grupos de trabajo específicos y, por lo filtrado, el objetivo sería: eliminar cuanto más posible las barreras no arancelarias (las arancelarias prácticamente ya no existen), es decir buscarían la eliminación de normas, reglas, regulaciones y constitucionales estatales -ya sean éticas, democráticas, legales, sociales, sanitarias, medioambientales, financieras, económicas o técnicas- que limitasen la libre competencia económica, definida como una libertad fundamental e inalienable (dogma de fe de las multinacionales). Por ejemplo, vía libre a los transgénicos y al fracking. El tratado y los anhelos de los lobbys como norma suprema reguladora de los derechos de las gentes; por encima de los estados, parlamentos y de sus ciudadanos por exigencia de la economía de barra libre de unos pocos. Un recorte brutal de la democracia y del derecho a decidir y a configurar la sociedad. Se barre de un plumazo el poder del Estado para aplicar políticas distintas a los enunciados liberales que laten en el TTIP. Porque, y éste sería el tercer objetivo del tratado, en el caso de que las corporaciones privadas vean que leyes y regulaciones estatales representan obstáculos para su comercio, que constituyen barrera para acceder a mercados públicos o a actividades de suministros públicos, estos litigios no los solucionaran los tribunales nacionales sino un panel internacional de expertos, estructuras privadas de arbitrio llamadas «mecanismos de resolución de conflictos entre Inversores y Estados (RCIE=ISDS)). Se privatiza la justicia. Las discrepancias se someten a procedimientos arbitrales privados. Es decir, se permite al inversor demandar al estado, que alberga sus inversiones, sin la intervención del país de origen del inversor, retando a las políticas gubernamentales. Otorga poder a empresas e inversores extranjeros para denunciar a un estado y pedir compensaciones millonarias por supuestas pérdidas de beneficios si consideran que su negocio está amenazado por cambios legislativos o decisiones de las autoridades públicas. Las denuncias se resuelven en secreto y por tribunales de arbitraje que escapan a cualquier control, pasando por alto los sistemas judiciales estatales. Además es profundamente injusto ya que sólo los inversores pueden denunciar y reclamar compensación a los estados, en cambio ni los gobiernos ni las personas o comunidades afectadas por las operaciones de una empresa lo puede hacer. Existen ya numerosos ejemplos. Despojan a los estados del carácter soberano y regulador
«El caso de la empresa petrolera estadounidense Occidental Petroleum Corporation contra Ecuador es determinante para entender el alcance de este tratado.
El país latinoamericano puso fin al contrato de una concesión de extracción de petróleo con Occidental. La empresa había vendido el 40% de sus derechos de producción a otra compañía sin cumplir la obligación de contar con el consenso del Gobierno, tal y como lo estipulaba el contrato. Al conocer la decisión del Gobierno ecuatoriano, la empresa acudió al mecanismo inversores-estados del Tratado Bilateral de Inversión EEUU-Ecuador, lo que dio lugar a la mayor compensación jamás concedida a un inversor: 1.770 millones de dólares.
Los casos existentes demuestran claramente que los mecanismos de solución de controversias inversores-estados entran en plena contradicción con la protección de los ciudadanos y el medio ambiente. La aplicación del principio de quién contamina paga, el respeto a los sistemas judiciales establecidos a nivel estatal y europeo y la transparencia en la resolución de conflictos quedarían en un segundo plano. En definitiva, un claro atentado a la soberanía de los estados.
Otros casos de demandas interpuestas por empresas a estados:
· Vattenfall contra Alemania: En 2009, la compañía energética sueca Vattenfall inició un procedimiento contra Alemania bajo un tratado internacional de protección de las inversiones en el sector energético. La empresa tenía la intención de construir una planta de generación eléctrica de carbón en Hamburgo. No se conformó con los condicionantes sobre calidad del agua que las autoridades ambientales municipales impusieron en el permiso y pidió a Alemania una compensación de 1.400 millones de euros. Consiguió finalmente que se rebajasen los requisitos ambientales.
· Lone Pine contra Canadá: Basándose en el Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio entre EE.UU, Canadá y Méjico, la empresa estadounidense Lone Pine Resources Inc. pide una compensación económica a Canadá por la introducción de una moratoria al fracking en Quebec. La moratoria, implantada en mayo de 2013, responde a preocupaciones ambientales y para la salud de este nuevo método extractivo de gas. La petición de Lone Pine alcanza los 250 millones de dólares (191 millones de euros).
· Chevron contra Ecuador: Después de años de conflicto en los tribunales nacionales ecuatorianos, pueblos indígenas y campesinos ganaron una victoria histórica sobre Chevron: el veredicto del tribunal pedía a la empresa 18.000 millones de dólares para limpiar la contaminación de suelos y agua debida a sus operaciones. Chevron fue entonces al mecanismo inversores-estados del Tratado Bilateral de Inversión EEUU-Ecuador para anular la sentencia nacional y evitar así su cumplimiento. Este tribunal de arbitraje ordenó al Presidente de Ecuador de bloquear la aplicación de sentencias judiciales nacionales, en una clara estrategia por parte de la empresa de desafiar los sistemas judiciales del país.
· Infinito Gold contra Costa Rica: La empresa minera canadiense Infinito Gold planteó este año una demanda al gobierno de Costa Rica por haber rechazado un proyecto de mina de oro a cielo abierto en una selva tropical al norte del país. Reclama más de mil millones de dólares mediante el sistema de arbitraje previsto en el Tratado de Inversión Bilateral Canadá-Costa Rica.
· Philip Morris contra Australia: En 2011, Philip Morris Asia utilizó el mecanismo de solución de controversias del Tratado Bilateral de Inversión Australia-Hong Kong para retar la reciente legislación australiana sobre tabaco. El gigante del tabaco dice que la nueva legislación le resta valor a sus inversiones en Australia. Pide que el tribunal de arbitraje obligue a Australia a suspender el cumplimiento de la nueva legislación y a pagar a la compañía miles de millones de dólares en compensación por sus pérdidas»i. Por cierto, es lo que se pedía en el caso de Eurovegas.
Los mayores riesgos para los ciudadanos europeos serían: pérdida de derechos laborales (USA sólo reconoce 2 de los 8 derechos de la OIT), limitación de los derechos de representación colectiva de los trabajadores, olvido del principio de precaución en materia de estándares técnicos y de normalización industrial, privatización de servicios públicos y riesgo de rebaja salarial, rebaje en la normativa en defensa del consumidor: en comestibles, empleo de productos químicos y salud en general como, por ejemplo, uso de hormonas en la carne…
En nuestros días y al mando de Dan Mullaney y de Ignacio García Bercero dos docenas de funcionarios de alto rango negocian top secret el TTIP. Y porque se negocia con opacidad, a puerta cerrada y en secreto, surgen duras críticas en Europa por la manera de hurtar el debate a los ciudadanos. La semana pasada lo denunciaba públicamente en una charla en Bilbao el europarlamentario de EH Bildu, Josu Juaristi: «A veces te dejan ver los documentos en una sala, sin posibilidad siquiera de tener papel y lápiz. A eso se llama política de transparencia en el Parlamento Europeo en el 2014. El europarlamentario como animal sospechoso en la construcción de Europa».
Es materia reservada, top secret. El jefe negociador del grupo USA se llama Dan Mullaney, el jefe por parte de la Unión europea Ignacio García Bercero, ambos representantes de lo más córneo de la patronal. El comisario europeo de Comercio actual es el belga Karel De Gucht. Ni a los estados miembro, ni a los demás comisarios (salvo al de Comercio), ni a los europarlamentarios se les permite conocer la mayoría de los documentos barajados en la negociación. «El TTIP pretende poner en marcha un mecanismo de arbitraje que permitirá a las multinacionales demandar a los Estados cuyos gobiernos aprueben leyes que afecten a sus beneficios económicos presentes o futuros. Estos tribunales internacionales de arbitraje, no estarán constituidos por jueces independientes, tendrán un nivel judicial más alto que los tribunales nacionales. Así, un Estado puede ser condenado por un tribunal internacional por haber vulnerado los posibles beneficios de una multinacional. Pero además las grandes empresas pueden obviar los tribunales locales y directamente demandar a los Estados a través de tribunales internacionales, algo que ningún ciudadano puede hacer».
El sábado, en una manifestación pro Kobane en Bilbao, en favor de los kurdos, se leía en un cartel: «No temo al enemigo, le temo al silencio de los pueblos y a algunos medios de comunicación». Una vez más se hace necesaria nuestra movilización en defensa de la dignidad humana, esta vez el peligro se llama TTIP.
Nota:
i Amigos de la Tierra
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