Aunque no ha habido comunicación oficial hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos está considerando la posibilidad de conceder la libertad al terrorista de origen cubano, y nacionalizado venezolano, Luis Posada Carriles. El pasado mes de diciembre, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó a los […]
Aunque no ha habido comunicación oficial hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos está considerando la posibilidad de conceder la libertad al terrorista de origen cubano, y nacionalizado venezolano, Luis Posada Carriles.
El pasado mes de diciembre, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó a los abogados de Posada Carriles que el estatus del detenido sería revisado el próximo 24 de enero. Esta medida sería la excusa utilizada por las autoridades estadounidenses para poner en la calle a este ex-agente de la CIA, que está reclamado por la justicia de Venezuela y de Cuba por su participación en la voladura de un avión civil cubano en 1976, en la que murieron sus 73 ocupantes. Posada se fugó de una cárcel venezolana en 1985 mientras esperaba sentencia por este atentado. Pero además, también está reclamado por la organización de atentados perpetrados contra varios hoteles de La Habana en 1997, que causaron la muerte de un ciudadano italiano, y de planear el asesinato del presidente Fidel Castro durante la X Cumbre Iberoamericana, celebrada en la capital panameña en 2000 motivo por el cual fue detenido, juzgado e indultado en ese país.
Pese a estas acusaciones y a las peticiones formales de extradición de ambos países, la orden de arresto emitida por la administración Bush se cursó bajo la acusación de inmigración ilegal. Posada Carriles fue detenido en la Florida el 17 de mayo de 2005 tras entrar clandestinamente a los Estados Unidos desde México por vía marítima. Según se supo entonces, el terrorista había pagado previamente 12 mil dólares a agentes del Instituto Nacional de Inmigración mexicano para poder ingresar en este país también de manera ilegal.
El problema para la Administración de Washignton fue doble. Por una parte, Posada Carriles atentaba contra la política represiva aplicada contra la inmigración ilegal; por otra, EE.UU. no deja de bramar contra el llamado terrorismo internacional. Aunque a estas alturas nadie puede sorprenderse por este discurso tan hipócrita, lo cierto es que este caso pone una vez más en evidencia que la ley puede ser utilizada para perseguir a los «enemigos» o proteger a los «amigos».
Esta situación tan incómoda ha condicionado también a los medios de propaganda mundiales, que guardan un respetuoso silencio para no incomodar al Imperio. Si exceptuamos a algún medio hispano de EE.UU., que han ofrecido su visión exculpatoria del «activista anticastrista», sólo la prensa cubana y la venezolana han informado puntualmente del proceso contra Posada Carriles y de su, más que probable, puesta en libertad.
Según el abogado José Pertierra, que representa al gobierno de Caracas en el caso, «Posada Carriles es la versión latinoamericana de Osama bin Laden. Estados Unidos tiene que cumplir con sus propias leyes y con el derecho internacional, y extraditarlo a Venezuela». Pero lo cierto es que el término «terrorista» no aparece en ningún momento en el proceso judicial seguido contra el detenido en EE.UU. En la vista oral que dio lugar al ingreso en prisión, los Fiscales del gobierno no dieron ninguna cabida a las acusaciones por terrorismo presentadas por Cuba y Venezuela. Haciendo caso omiso, de ese modo, a las dos peticiones formales de extradición cursadas por Venezuela. Una burla no sólo a las propias leyes estadounidenses, sino también a tres tratados internacionales de extradición firmados por la Administración de Washington, utilizados únicamente cuando les conviene.
Estados Unidos ha ocultado desde el principio el historial criminal de este hombre, presentándolo ante la opinión pública como un simple indocumentado que atravesó la frontera. Sin embargo, el propio Posada Carriles se ha jactado en numerosas ocasiones sobre sus «valerosas azañas». En su libro Los Caminos del Guerrero, cuenta con orgullo algunas de sus acciones terroristas. Y en una entrevista concedida a The New York Times en 1998, admitió la autoría intelectual de los sabotajes con bombas que mercenarios centroamericanos colocaron en varios hoteles y restaurantes de La Habana en 1997 y que causaron la muerte de un turista italiano y varios heridos. En aquella entrevista, Posada Carriles abogó por la violencia como el mejor método para derrocar al gobierno de Cuba, «es la única manera de crear un levantamiento ahí» afirmó.
Incluso la propia CIA informó, días antes de la voladura del avión cubano, de los preparativos del atentado. Y la Corte de Panamá también emitió un dictamen donde se recogían todos los detalles del fallido intento de hacer volar con explosivo militar un auditorio lleno de estudiantes panameños, durante una alocución del Presidente cubano Fidel Castro en el 2000.
Como se ve, estos hechos no parecen tener absolutamente ningún peso para las autoridades estadunidenses. Como tampoco parece tenerlo el hecho de que hace unas semanas se produjera el arresto del principal benefactor de Posada Carriles, el empresario de orígen cubano Santiago Álvarez, y otro colaborador cercano, Osvaldo Mitat, por posesión ilegal de armas de guerra y documentos falsos. Estos dos personajes fueron quienes, presuntamente, lo ayudaron a entrar ilegalmente en Miami.
En este sentido, las declaraciones del abogado de Posada Carriles, Eduardo Soto, indican claramente cual es el clima de confianza que su defendido tiene en la justicia estadounidense. Soto descartó tajantemente que el caso de Álvarez y Mitat pudiera afectar a la suerte de su cliente, «ellos son amigos, pero no existe la más remota posibilidad de que a Posada pueda involucrársele en ese caso» afirmó el letrado a El Nuevo Herald.
De modo que el próximo 24 de enero la ICE presentará la documentación necesaria para que se establezca que Posada Carriles no representa «un peligro para la comunidad» ni una amenaza de «fuga» de la justicia, y por tanto pueda ser puesto en libertad. Eduardo Soto aseguró que para este trámite el gobierno estadounidense tendría en cuenta «absolutamente todo en relación con mi cliente: sus antecedentes, su servicio en el Ejército estadounidense, su trayectoria en Venezuela», lo que conduciría a su excarcelación. Pero si pese a todo Posada Carriles no quedara en libertad, el siguiente paso sería una demanda federal para conseguirlo, pues según una decisión del Tribunal Supremo del pasado año, EE.UU. no puede mantener en cautiverio indefinido a los deportables, a menos de que pueda demostrar la alta peligrosidad del reo. Lo cual no parece ser el caso de Posada Carriles.
Al final todo parece embarullarse alrededor de un trámite, poco menos que administrativo, sobre la legalidad o ilegalidad de la estancia de Posada Carriles en territorio estadounidense. Pues hasta el momento el Departamento de Justicia aún no presentó -y no es previsible que lo haga- la solicitud de detención preventiva con fines de extradición ante un juez federal. Algo que según el abogado José Pertierra «debería hacer de una buena vez», pues no hay porqué seguir esperando a que finalice el trámite migratorio, ya que «el proceso de extradición tiene prioridad». La ley estadounidense es muy clara en asuntos como éste, «y sobran las evidencias para demostrar que este hombre es prófugo de la justicia en Venezuela, posee un abultado historial terrorista -y como tal no tiene derecho a la libertad condicional- y debe ser extraditado por homicidio».
Lo que la justicia estadounidense intenta, pero hasta el momento no ha consegido, es deportar a Posada Carriles a un tercer país que no sea ni Cuba ni Venezuela. Es decir, un país que cuente con un gobierno lo suficientemente servil al Imperio como el de la expresidenta de Panamá Mireya Moscoso, que indultó en 2004 a Posada Carriles y a tres de sus colaboradores cubano-estadounidenses tras ser condenados por la justicia de aquel país a penas de siete años de cárcel por delitos contra la seguridad y falsificación de documentos.
Por esta razón, el pasado 26 de septiembre el Juez de Inmigración William Abbott ordenó la deportación de Posada Carriles a cualquier país menos a Cuba o a Venezuela. La ley exige que una vez emitida la orden de deportación contra un indocumentado esta debe ejecutarse en un plazo de 90 días, pero, a la vez, también prohíbe la detención indefinida de aquellos a quienes el gobierno no ha podido deportar. En este caso, los 90 días comenzaron a contarse un mes después de emitida la citada orden judicial, que no fue apelada por el gobierno. Es decir, el 26 de octubre. Esta ley, sin embargo, no ampara a los terroristas, pero esto es algo menor a la hora de hacer un uso fraudulento de la legislación.
Otra razón más para que Eduardo Soto mostrara días atrás su satisfacción en el canal 41 de Miami, ante la inminente puesta en libertad de Posada Carriles al no haberse encontrado ese tercer país y cumplirse los 90 días de cautiverio.