Traducido del francés para Rebelión por Rocío Anguiano
Comienza en Argel el juicio en apelación contra cuatro periodistas del diario Le Matin y su director, Mohamed Benchicou, todos ellos condenados en primera instancia a una pena de entre 2 y 5 meses de prisión firme. El resultado de este juicio dirá más sobre el rumbo que el poder argelino quiere dar este nuevo año a su gestión de la vida pública y de las libertades democráticas.
En el 2005, al menos dieciocho periodistas y directores de periódicos fueron condenados a penas de prisión firme. Ha sido el año más negro de la libertad de prensa en Argelia, después del 2004 en el que Mohamed Benchicou fue encarcelado tras la condena, en un proceso que fue un montaje, a 2 años de prisión firme y al cierre de su periódico Le Matin, líder de la prensa francófona en Argelia. Esta represión, de la que no se ha librado ninguna voz discrepante, ya sea la expresada por los sindicatos independientes o la de los partidos de la oposición, inspira en Argel temores en cuanto a su prosecución y a las consecuencias de este tipo de medidas «institucionalizadas» que estipulan el encarcelamiento por delito de prensa.
En tono pesimista, Omar Belhouchet, director del diario francófono Le Watan, protesta en un editorial del periódico por este ensañamiento contra la prensa independiente: «En 2005 estos periodistas fueron condenados en primera instancia a penas de prisión firme que serán, muy probablemente confirmadas, por lo que parece, en la apelación». Si los periodistas de Le Matin tienen probabilidades de reunirse en la cárcel con su director, que lleva ya diecinueve meses de presidio, por haberse atrevido a investigar malversaciones de fondos que implicaban al entorno y familiares del Jefe del Estado, decenas de jóvenes comparecen diariamente ante los jueces y son condenados a meses de prisión por haber participado en iniciativas que denuncian la pobreza social y el desprecio que muestran las autoridades del país antes sus quejas.
Los sindicalistas que defienden su independencia frente al sindicato oficial (UGTA), que ha llamado a una «tregua social» durante la convalecencia del presidente Bouteflika, también son perseguidos por la justicia y acosados por la policía que no duda en montar contra ellos casos ficticios. El caso de Ahmed Badoui, secretario general del Sindicato Nacional de Aduanas, que cuenta con el apoyo de la CGT de Marsella, es el más edificante: por haber creado una coordinadora de sindicatos que reagrupaba a los trabajadores del puerto de Argel y a los de hacienda con el fin de oponerse a la liberalización salvaje de la economía nacional y exigir la reforma de la organización sindical UGTA, fue suspendido de empleo por la dirección de aduanas y reclamado por la policía por atentar contra el orden. Las mismas amenazas, proferidas por el Ministro de Educación, pesan sobre la intersindical de trabajadores de la enseñanza formada por cinco sindicatos, que ha llamado a la huelga general los días 15 y 16 de enero.
Pero además esta gestión represiva de la vida publica ha demostrado sus límites políticos, como se puso de manifiesto durante la ausencia forzada del presidente durante su hospitalización en Val-de-Grâce, que reveló un vació institucional y una vulnerabilidad que el país no había alcanzado nunca.