Pasado más de un año de la destitución del presidente Omar al Bashir, la dinámica revolucionaria en Sudán no cede. La obstinación de las fuerzas populares que exigen el traspaso del poder a los civiles alimenta las tensiones entre, por una parte, el nuevo gobierno federal y, por otra, los militares tentados de recuperar el control autoritariamente. La transición democrática sigue siendo incierta.
Jartum es una ciudad de transiciones enlazadas: África del Norte y África subsahariana, negritud y arabidad más o menos oscura, urbanidad y ruralidad, desahogo relativo y gran miseria. Tantos contrastes que se difuminan en una gradación infinita en esta vasta aglomeración de tres zonas urbanas –Jartum, Bahri (Jartum Norte) y Omdurmán– tanto más extensa cuanto que los edificios, incluso moderadamente altos, no abundan (1). En la capital sudanesa, la torre en forma de vela de dieciocho plantas del hotel Corinthia, construida por la Libia de Muamar el Gadafi, corona el perfil de la ciudad.
Aparte de esta emblemática torre, las únicas construcciones que destacan son, por un lado, los edificios de la herencia colonial británica y, por otro, los edificios oficiales construidos a lo largo de los últimos años por China, socio acreditado del régimen de Omar al Bashir. Entre estos últimos, los más imponentes son los inmuebles de dudoso gusto que albergan las comandancias de las diversas divisiones de las Fuerzas Armadas sudanesas dentro del vasto perímetro de su comandancia general. Fue ante este recinto donde se produjeron las grandes concentraciones de manifestantes que comenzaron el 6 de abril de 2019, coincidiendo con el aniversario del derrocamiento, en 1985, de otro dictador militar, Yaafar al Nimeiri, que durante dieciséis años ocupó la jefatura del Estado (2). Al día siguiente, una huelga general paralizará el país. Y cuatro días más tarde, el 11 de abril, Al Bashir será depuesto después de treinta años de presidencia con un balance desastroso.
El desencadenante del levantamiento popular sudanés se produjo el 19 de diciembre de 2018 a raíz del encarecimiento del pan decretado por un Gobierno decidido a aplicar los postulados neoliberales a fin de cuadrar las cuentas públicas a costa de los más pobres. La protesta fue creciendo en tamaño y radicalidad hasta que, el 6 de abril de 2019, pasó a un nivel superior. La movilización permanente frente a la sede de la comandancia general estaba explícitamente dirigida a incitar al Ejército a deshacerse de su líder supremo. Solo los sudaneses de mayor edad, así como aquellos con una mayor formación, recordaban que, en 1985, los militares que habían depuesto a Nimeiri habían ocupado el poder durante solo un año antes de entregárselo a un gobierno civil surgido de las urnas. Lo que prácticamente todos tenían presente eran las cautivadoras escenas de las movilizaciones de 2011 en la plaza de Tahrir de El Cairo, el epicentro del levantamiento popular que forzó a los oficiales egipcios a cesar a su compañero, Hosni Mubarak, el 11 de febrero, también después de treinta años de presidencia.
Los manifestantes de Jartum y de otras ciudades y regiones de Sudán habían comprendido a la perfección la lección egipcia, al igual que hicieran los manifestantes argelinos que siguieron su ejemplo en febrero de 2019 y obtuvieron, antes que ellos, la renuncia forzada por el Ejército del presidente en ejercicio el 2 de abril de 2019. Este éxito había alentado a la revuelta sudanesa para exigir que los militares de Jartum tomasen como ejemplo a sus colegas argelinos, a pesar del vínculo mucho más represivo de estos con la población. Los argelinos y los sudaneses saben, no obstante, que la tutela del mando militar sobre el poder político es la pieza central de este “régimen” que “el pueblo quiere derrocar”, como afirma la más conocida de las proclamas de los levantamientos populares regionales.
Todos habían podido apreciar que los cambios que se habían producido en la cúspide del Estado egipcio, que no llegaron a alterar los cimientos mismos del régimen –que, junto con Sudán y Argelia, es de hecho uno de los tres Estados de la región cuyas Fuerzas Armadas constituyen la institución política fundamental–, habían conducido, pasados tres años, a un regreso a la dictadura en una modalidad considerablemente peor. Pero el movimiento popular no se dejó engañar en esta ocasión, ni en Argelia ni en Sudán, y continuó con toda su fuerza tras el derrocamiento del presidente exigiendo un gobierno civil con plenos poderes. De ahí que fuese especialmente llamativo el contraste entre las reacciones entusiastas tras la destitución de Mubarak a manos de los militares en Egipto en 2011, donde los Hermanos Musulmanes eran la principal fuerza organizada del movimiento popular, y la reacción desafiante y sediciosa del movimiento popular en Sudán que, a diferencia de Argelia, contaba con portavoces reconocidos. El comunicado con el que las Fuerzas de la Declaración de la Libertad y el Cambio (FDLC) acogieron la destitución de Omar al Bashir por parte de los militares, el 11 de abril de 2019, comienza de la siguiente manera: “Las autoridades del régimen han llevado a cabo un golpe de Estado militar con el que pretenden reproducir las mismas figuras e instituciones contra las que se ha sublevado nuestro gran pueblo”.
Además de por las lecciones asimiladas de la experiencia egipcia, la radicalidad del movimiento sudanés se ha podido mantener, en efecto, gracias a sus formas de organización. El papel que han desempeñado la confederación intersindical Asociación de Profesionales Sudaneses (APS) y las FDLC es bien conocido (3). La primera fue construyéndose por etapas durante la década de 2010, como resultado de luchas emprendidas sucesivamente por diversas categorías profesionales: médicos, periodistas, abogados, veterinarios, ingenieros y profesores de escuelas y universidades. La APS se formalizó en octubre de 2016, cuando médicos, periodistas y abogados adoptaron unos estatutos, sin que la asociación fuera reconocida por las autoridades. Es una manifestación de la clase media con formación, explica Ammar al Bagir, miembro del consejo de la APS, quien admite, sin embargo, que es inexacto equiparar a los maestros de escuela con los profesionales liberales y la clase media. Lo mismo podría decirse de una buena parte de los periodistas.
Al igual que todos los países que salen de extensos periodos de dictadura y de sindicalismo oficialista, Sudán experimenta, desde 2019, una amplia reconfiguración del movimiento obrero, así como de las asociaciones agrarias. La izquierda está promoviendo un cambio legislativo para sustituir los sindicatos de empresa corporativistas impuestos por el antiguo régimen por sindicatos profesionales. Otro debate enfrenta a los partidarios del pluralismo sindical contra quienes abogan por una recuperación democrática del sindicalismo unitario a través de asambleas generales. Así y todo, la clase obrera se ha debilitado de manera considerable a raíz de la marcada desindustrialización del país bajo el régimen derrocado, el cual apostó por una economía rentista extractiva (petróleo, hasta la secesión de Sudán del Sur en 2011, oro y diversos metales y minerales), así como por el desmantelamiento del sector público y la externalización de parte de sus servicios, lo que ha propiciado una fuerte expansión del sector informal.
En poco tiempo, la APS se caracterizó por su capacidad de centralizar la información sobre las luchas, gracias al uso constante de Internet y los medios sociales. Esto la convirtió en la portavoz oficial de las numerosas luchas a partir de diciembre de 2018, así como de la renovación del sindicalismo obrero. La junta militar cerró, de hecho, Internet en junio de 2019 cuando trataba de poner fin a la movilización recurriendo a la violencia. Sin embargo, tuvo que restablecerlo pasado un mes, puesto que la maniobra no había funcionado. Entretanto, los activistas sudaneses de la diáspora asumieron la gestión de la comunicación de la APS.
Para la constitución de las FDLC, proclamada el 1 de enero de 2019, la APS unió así sus fuerzas con una amplia amalgama de coaliciones políticas y organizaciones de la sociedad civil que representaban a las diversas corrientes de oposición al régimen de Omar al Bashir, que abarcaban desde los liberales laicos o religiosos moderados –como el Partido del Congreso Sudanés y el partido Umma, dirigido por Sadiq al Mahdi– hasta comunistas, nacionalistas árabes y regionalistas.
Asha Elkarib, una feminista y activista comunitaria, arquetipo de la “clase media y formada” a la que representa la APS, lamenta que esta se sumase a las FDLC en igualdad de condiciones con el resto de los otros componentes. Habría preferido que la APS hubiera mantenido su papel integrador del mundo laboral en paralelo con la coalición de fuerzas políticas, lo que le habría proporcionado un mayor peso en la dirección del proceso. Además, y esto es probablemente lo más relevante, el equilibrio de fuerzas entre las diversas orientaciones políticas dentro de la APS, donde no están representadas como tales, no es el mismo que dentro de las FDLC, donde la tradición pesa más que la renovación impulsada por la sublevación.
La doble división entre generaciones y entre hombres y mujeres se hace patente en el vasto ámbito de la acción política y social sudanesa, donde los jóvenes y las mujeres –y por tanto, especialmente las mujeres jóvenes– denuncian la dominación patriarcal, en el doble sentido de la palabra, tanto en los partidos como en la vida política en general. Las feministas y los jóvenes se ven a sí mismos como fuerzas de control democrático y crítico de un proceso político cuya gestión, en lo que respecta a la oposición, está en manos de los partidos tradicionales. Ahora bien, el peso político de ambas categorías es considerable en Sudán.
La “Revolución de diciembre”, como se conoce a la actual revuelta, permite medir hasta qué punto las nuevas tecnologías de la comunicación, y en particular los medios sociales, están fortaleciendo considerablemente el poder de las bases sociales y políticas. Una imagen sorprendente fue la ola de protestas que se generó a raíz de la composición de la delegación de las FDLC en las negociaciones con los militares tras la destitución de Al Bashir. Las FDLC tuvieron que disculparse públicamente por haber incluido solo a una mujer en la delegación, a pesar de que las mujeres habían sido mayoritarias en la movilización popular.
Ellas están representadas en el movimiento, principalmente, por los Grupos Feministas Civiles y Políticos (Mansam, por su acrónimo en árabe). Se trata de una coalición, creada durante la sublevación, que reúne a organizaciones de mujeres vinculadas con las fuerzas políticas de la oposición (entre ellas la importante y veterana Unión de Mujeres de Sudán, próxima al Partido Comunista) y a diversas asociaciones. Sin embargo, también en este caso, el todo es más que la suma de sus partes, en el sentido de que la dinámica creada por la reunión de mujeres pertenecientes a formaciones políticas y asociaciones diversas va en la dirección de canalizar unas reivindicaciones feministas de mayor calado que las que podrían haberse formulado por separado dentro de cada partido. Mansam, a través de la iniciativa “No a la opresión de las mujeres”, una agrupación feminista dinámica fundada en 2009 y que también se encuentra representada en el seno de las FDLC, logró que se garantizase una cuota del 40% para las mujeres en el consejo legislativo, el cual todavía no ha sido creado. Sin embargo, que solo haya cuatro mujeres entre los dieciocho miembros del Gobierno nombrados por las FDLC –otras dos carteras, Defensa e Interior, están en manos de los militares– genera malestar entre las feministas y reclaman la paridad en todos los niveles.
Si bien estas particularidades de la “Revolución de diciembre” han sido señaladas a menudo por observadores externos, los Comités de Resistencia (CR), otro actor clave de la dinámica en juego, no han encontrado la misma repercusión en los análisis realizados desde fuera de Sudán. Sin embargo, estos son a la vez la punta de lanza de este proceso y su acicate crítico, la fuerza organizada de la juventud rebelde, de ambos sexos, que ha estado en el meollo de la revuelta y que constituye su componente más radical, el que mantiene la presión revolucionaria. La “Revolución de diciembre” ha movilizado a la juventud como siempre lo han hecho las sublevaciones y las revoluciones (la expresión “revolución de los jóvenes”, que ha sido el tópico empleado por los medios de comunicación desde 2011, es un pleonasmo en este sentido). Pero, como puede verse ahora en todas las grandes movilizaciones de jóvenes a nivel mundial, lo que constituye la novedad en los movimientos que la región ha conocido desde la Primavera Árabe es principalmente el mayor grado de autoorganización fruto del uso de las nuevas tecnologías de la comunicación.
Desde hace varios años, los gurús de la gestión empresarial explican, mediante una especie de materialismo elemental, que estas tecnologías deberían conducir a la sustitución del funcionamiento piramidal centralizado por el funcionamiento en red horizontal. Es en el ámbito de la organización revolucionaria donde esta observación es más pertinente. El cambio tecnológico ha llegado en el momento oportuno para facilitar la entrada en la revuelta colectiva a una generación fuertemente concienciada contra la forma partidista centralizada (y machista) que ha regido los desastres de la izquierda en el siglo XX. Esto es aún más cierto en una zona del mundo donde los defectos de esta forma han sido llevados al extremo. En todos los escenarios de la Primavera Árabe de 2011, así como en los de la “segunda primavera” regional inaugurada en Sudán, millones de jóvenes han podido movilizarse poniendo en marcha una autoorganización en red, independiente de los partidos políticos tradicionales (como hicieron los “chalecos amarillos” en Francia). En contraposición con la centralización del pasado, ha tomado fuerza el concepto de “coordinación” (en el sentido de un comité de coordinación), que estuvo muy presente en la sublevación siria durante su fase inicial, al igual que lo está hoy en día en Sudán. Las coordinaciones locales conectan a los CR de los barrios con una vasta red de alcance nacional.
El fenómeno ha cobrado una importancia considerable al sacar partido de la parálisis del aparato represivo durante los primeros meses de la sublevación, así como de la consolidación de nuevas libertades, especialmente después de la fallida represión de junio de 2019. Se formaron CR tanto en los barrios de las grandes ciudades como en núcleos de población rurales, reuniendo a un gran número de personas, en su mayoría jóvenes y no organizadas políticamente. Por ejemplo, se estima que en Bahri (Jartum Norte) habría unos ochenta CR, con varios centenares de miembros cada uno. Estos comités de base han establecido entre ellos una coordinación local y rechazan cualquier intento de centralización, mostrándose todos ellos muy celosos de preservar su autonomía. Por eso delegaron a las FDCL el derecho de hablar en nombre de un movimiento popular, del que rápidamente se convirtieron en la punta de lanza. Al mismo tiempo, consideran que su misión es ejercer un control vigilante sobre los partidos políticos, que hoy en día se encuentran inmersos en una transición incierta sustentada en un acuerdo con los militares.
Además de este papel político, los CR han llenado el vacío dejado por el colapso de los altamente corruptos “comités populares” del antiguo régimen, que se encargaban en los barrios tanto de las tareas municipales como de la vigilancia de sus habitantes. Los sustituyeron por los “comités de servicios”, responsables de organizar toda una serie de servicios locales y, en particular, la distribución equitativa de los bienes básicos que escasean, como el pan y los combustibles (4). El nuevo ministro federal recibió una respuesta mordaz en su intento de institucionalizar los CR el pasado mes de noviembre rebautizándolos como “comités de cambio y de servicios” y poniéndolos bajo la tutela de las FDLC. A través de un comunicado firmado por una cuarentena de coordinadoras y de CR independientes se reprendió tanto al ministro como a las FDLC, y se les advirtió contra cualquier intento de socavar la independencia de los CR, su función de “resistencia” contra las fuerzas del antiguo régimen y su misión de velar por el proceso político en curso.
En la medida en que los CR constituyen la punta de lanza de la dinámica revolucionaria puesta en marcha desde diciembre de 2018, su domesticación o su supresión constituiría una condición previa necesaria para interrumpir el proceso de cambio o estancarlo en un arreglo con las fuerzas del régimen anterior. Esto es lo que los sudaneses llaman el “aterrizaje suave” de su revolución; las otras alternativas serían, para algunos, la continuación del viaje y, para otros, un aterrizaje accidentado. Desde el acuerdo del 17 de julio de 2019 entre las FDLC y los militares, que ha institucionalizado una dualidad de poder entre las Fuerzas Armadas y el movimiento popular, la “Revolución de diciembre” se encuentra en la encrucijada de estos tres escenarios.
Este acuerdo también ha provocado una disensión en las filas de la oposición entre, por una parte, los partidos liberales y reformistas de las FDLC y, por otra, el Partido Comunista de Sudán (PCS) que, sensible a la presión radical ejercida por los jóvenes en sus propias filas, ha terminado desvinculándose de los primeros. Al-Shafi Khodr Said, exmiembro destacado de la dirección del PCS, expulsado en 2016 por insubordinación, se muestra moderadamente optimista, sin más, sobre el éxito del proceso en curso. Se le considera la eminencia gris del primer ministro del Gobierno de transición, Abdallá Hamdok, exsecretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (UNECA, por sus siglas en inglés) y un exmilitante del PCS.
El futuro del proceso revolucionario sudanés gira en torno a dos cuestiones clave: la de la política económica y la del traspaso del poder a los civiles. Al igual que hicieran los regímenes surgidos de la Primavera Árabe en Túnez y Egipto, el Gobierno de transición ha procurado, hasta la fecha, ajustarse a los mismos preceptos neoliberales que llevaron a la caída de Omar al Bashir. Economista del Banco Mundial durante muchos años, antes de ocupar cargos directivos en centros de investigación de Dubái y, posteriormente, de El Cairo, Ibrahim Elbadawi, ministro de Economía y Finanzas, anunció en diciembre pasado que los subsidios a los precios de los combustibles se eliminarían gradualmente durante el año 2020. Ante la protesta popular, las FDLC lograron que se retractara de su anuncio. Incluso tuvo que asegurar a la población que se mantendrían otros subsidios, incluido el del precio del pan.
A simple vista, la situación económica se deteriora: una inflación galopante, una moneda nacional (la libra sudanesa) que actualmente en el mercado negro se paga a la mitad de su cotización oficial, una tasa de desempleo juvenil estimada en alrededor del 30%, sin contar el gran número de jóvenes que subsisten en el sector informal o en actividades precarias (Sudán también se ve afectado por la uberización). Y todo ello se está viendo inevitablemente agravado por la pandemia en curso que ha paralizado al país, como al resto del mundo. Aunque el Gobierno de transición ha respondido con prontitud y decisión ante la propagación del coronavirus, se prevé que se produzca una grave recesión económica.
Como en Túnez y Egipto, el Gobierno sudanés parece estar esperando que la salvación le provenga del maná de los países ricos y de la benevolencia de los diversos pilares del orden económico mundial que tienen su sede en Washington. La esperanza de que se desbloquee la ayuda estadounidense es, por otra parte, el motivo alegado por el general Abdel Fattah Burhan –jefe del Consejo Militar de Transición (CMT) y actual presidente del Consejo de Soberanía (CS)– para justificar su reunión en Uganda, el pasado mes de febrero, con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (véase el recuadro de la pág. 10). No obstante, en Sudán fue recibida con una desaprobación generalizada. Antes de que la crisis sanitaria mundial hiciera saltar todo por los aires, la perspectiva de una ayuda económica internacional peligraba gravemente por la radicalidad social del movimiento sudanés. Es imposible predecir en este momento cómo sobrevivirá esta radicalidad a una pandemia, una de cuyas consecuencias ha sido la interrupción de las movilizaciones de protesta en todo el mundo, desde Hong Kong hasta Chile, Argelia y Francia.
Además de la economía, hay otro problema que hipoteca el futuro del compromiso alcanzado en Sudán y que es aún más intrincado: el de los militares. Las formaciones liberales y reformistas se encuentran atenazadas entre la base radical, que exige la plena transferencia del poder a los civiles, incluido el control de las Fuerzas Armadas por instituciones elegidas democráticamente, y el apego de los militares por su autonomía e incluso por el control que han ejercido durante mucho tiempo sobre las instituciones civiles. Sadek al Mahdi cree poder conciliar estos dos polos opuestos prolongando la transición durante un largo periodo de tiempo. Líder religioso y político, Al Mahdi es una figura refinada y culta (está formado en la Universidad de Oxford) que, a sus 85 años, cuenta con un formidable estado físico e intelectual. Es el principal defensor de un “aterrizaje suave” y aboga por soluciones intermedias en los ámbitos más diversos. De ahí que, en la cuestión del laicismo, conciba una coexistencia entre la sharia y un estatuto civil personal opcional. Sin embargo, ser conciliador en el tema de las Fuerzas Armadas equivale a confiar en la buena fe de los militares.
Muchos fundamentan esta apuesta en la supuesta división entre, por un lado, las fuerzas regulares representadas por el general Abdel Fattah Burhan y, por otro, las Fuerzas de Apoyo Rápido, paramilitares implicados en el genocidio de Darfur y que se han integrado en las Fuerzas Armadas, dirigidas por el general Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como “Hemedti”, vicepresidente del CMT y del CS. El intento de magnicidio contra Abdallá Hamdok el pasado 9 de marzo, así como el motín en enero de parte de las fuerzas de seguridad nostálgicas del régimen anterior, han servido para tener presente la existencia de un abanico de fuerzas contrarrevolucionarias locales, que no se reducen a las dos facciones de las Fuerzas Armadas que cuentan con el apoyo de la Triple Alianza reaccionaria regional: Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.
Ahora bien, los revolucionarios no han emprendido ninguna acción política organizada dirigida a las bases de las Fuerzas Armadas. Y ello, a pesar de que la confraternización de la tropa con el movimiento popular había sido un elemento fundamental en la decisión de su mando para desalojar del poder a Al Bashir y para cesar la represión el pasado mes de junio. No obstante, la agitación política dirigida hacia las Fuerzas Armadas, expresada desde el comienzo del levantamiento, ha vuelto a hacerse patente recientemente. El pasado mes de febrero, el retiro forzoso de jóvenes oficiales que se habían negado a emplear la fuerza contra el movimiento popular –el más famoso de ellos es el teniente Muhammad Sidiq Ibrahim, devenido héroe popular– desencadenó una enorme oleada de protestas que terminó en enfrentamientos con las fuerzas de represión. El mando militar tuvo que dar marcha atrás y mantener a los oficiales en sus filas.
El principal activo del bando revolucionario en Sudán es su gran determinación. Kacha Abdel-Salam, dirigente de la Organización de Familiares de Mártires, padre de un joven de 25 años asesinado al principio de la sublevación, ha sido quien mejor lo ha expresado ante la afirmación de que los militares no dudarían en matar para mantener sus privilegios: “Ellos están dispuestos a matar, pero nosotros estamos dispuestos a morir”.
Notas:
(1) Gracias a Anwar Awad, Mustafa Khamis, Khadija El-Dewehi, Mohammed Abd-El-Gyom y Talal Afifi, a quienes este reportaje realizado en febrero les debe mucho. Así como a las muchas personas que hemos conocido, y que no han aparecido mencionadas.
(2) Léase Alain Gresh, “Le Soudan après la dictature”, Le Monde diplomatique, París, octubre de 1985.
(3) Léase “¿Toman Argelia y Sudán el relevo de la “primavera árabe”?”, Le Monde diplomatique en español, junio de 2019.
(4) Cf. Aidan Lewis, “Revolutionary squads guard Sudan’s bakeries to battle corruption”, Reuters, 19 de febrero de 2020.
Gilbert Achcar. Profesor de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS) de la Universidad de Londres. Autor, entre otras obras, de Symptômes morbides. La rechute du soulèvement arabe, Actes Sud, París, 2017 y, junto a Noam Chomsky, de Estados peligrosos: Oriente Medio y la política exterior estadounidense, Paidós, Barcelona, 2007.