Traducido del inglés para Rebelión por Sebastián Risau
En el marco de un programa secreto del gobierno de Bush iniciado semanas después de los ataques del 11 de septiembre, funcionarios de contraterrorismo han obtenido acceso a los registros financieros de una vasta base de datos y han examinado las transacciones bancarias de miles de estadounidenses y extranjeros en Estados Unidos, según dijeron funcionarios del gobierno y de la industria.
Según funcionarios del gobierno, el programa se limita a rastrear transacciones de personas sospechadas de tener lazos con Al Qaeda, revisando los registros del centro neurálgico de la industria bancaria mundial, una cooperativa belga que direcciona diariamente 6 billones de dólares entre bancos, bolsas de valores, agencias de bolsa y otras instituciones. Los registros consisten básicamente en transacciones cablegrafiadas o usando otros métodos de transferir dinero a través del océano y hacia adentro y afuera de los Estados Unidos. La mayoría de las transacciones financieras de rutina confinadas a los Estados Unidos no están en esta base de datos.
Considerado por el gobierno de Bush como una herramienta vital, este programa ha jugado un secreto papel en las investigaciones sobre terrorismo extranjero y doméstico desde 2001 y ha ayudado en la captura de la figura más buscada de Al Qaeda en el sudeste asiático, dijeron los funcionarios.
El programa, dirigido por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y supervisado por el departamento del Tesoro «nos ha proporcionado una ventana única y poderosa a las operaciones de las redes terroristas y es, sin duda, un uso legal y adecuado de nuestra autoridad,» comentó Stuart Levey, subsecretario del departamento del Tesoro en una entrevista dada el jueves.
Según Levey el programa se basa, en parte, en los poderes económicos excepcionales (de emergencia) del presidente y se han implementado múltiples salvaguardas para evitar cualquier búsqueda injustificada en los registros de los estadounidenses.
El programa, sin embargo, es un apartamiento significativo de la práctica usual del gobierno para obtener los registros financieros de los estadounidenses. Los funcionarios del Tesoro no se procuraron órdenes aprobadas por una corte o citaciones para examinar transacciones especificas, sino que en su lugar usaron órdenes administrativas muy generales para millones de registros de la cooperativa, llamada Swift. Varios funcionarios comentaron que ese acceso a grandes cantidades de datos confidenciales era algo muy fuera de lo corriente y que generó preocupación dentro del gobierno sobre las cuestiones de legalidad y privacidad.
«El potencial de esto es increíble o, dependiendo del lado en que uno esté, preocupante,» comentó un antiguo e importante funcionario de contraterrorismo, quien considera que el programa es valioso. Agregó que, si bien se han implementado firmes controles, «el potencial pera cometer abusos es enorme.»
El programa está separado de los intentos de espionaje sin órdenes judiciales y de recolección de registros telefónicos domésticos por parte de la Agencia Nacional de Seguridad, operaciones que han provocado un feroz debate público y generado acciones legales contra el gobierno y las compañías de telecomunicaciones.
Pero todos los programas tienen sus raíces en el deseo del gobierno de Bush de utilizar todas las herramientas tecnológicas para prevenir otro ataque terrorista, y reflejan intentos de derribar las barreras legales o institucionales que limitan el acceso del gobierno a información privada sobre los estadounidenses y extranjeros dentro de Estados Unidos.
Los funcionarios describieron el programa Swift como el mayor y el de mayor alcance de varios serios y secretos intentos de rastrear el financiamiento terrorista. Acuerdos con diversas compañías, mucho más limitados, han proporcionado acceso a las transacciones en cajeros automáticos, compras con tarjetas de crédito y pagos de Western Union cablegrafiados.
Unos 20 funcionarios del gobierno actual y del anterior, así como ejecutivos de la industria, comentaron algunos aspectos de la operación Swift con el New York Times, con la condición de permanecer anónimos, ya que estos programas siguen siendo secretos. Algunos de estos funcionarios expresaron sus reservas sobre el programa, diciendo que lo que consideraban una medida urgente pero temporaria, que cinco años después se había vuelto permanente sin aprobación ni autorización formal del Congreso.
Según Levey, los datos del consorcio bancario con sede en Bruselas, conocido como Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales, les han permitido a agentes de la CIA, el FBI y otras agencias examinar «decenas de miles» de transacciones financieras.
Si bien muchas de estas transacciones se han llevado a cabo en suelo extranjero, algunos funcionarios han estado también muy interesados en las transferencias internacionales de dinero realizadas dentro de los Estados Unidos por individuos, organizaciones de caridad y otros grupos bajo sospecha. Una pequeña fracción de los registros de Swift involucra transacciones hechas enteramente dentro de Estados Unidos, pero funcionarios del Tesoro dijeron no saber si alguna había sido examinada.
Según funcionarios del gobierno y la industria, los ejecutivos de Swift por momentos se han sentido incómodos acerca de su rol secreto. Hacia 2003 estos ejecutivos les habrían dicho a los funcionarios estadounidenses que estaban considerando cancelar el convenio, que había comenzado como una respuesta de emergencia a los ataques del 11 de septiembre. Preocupados por las potenciales responsabilidades legales, los ejecutivos de Swift sólo estuvieron de acuerdo en seguir proporcionando datos después de la intervención de funcionarios de alto rango, incluyendo a Alan Greenspan, en ese entonces presidente de la Reserva Federal. En ese momento se introdujeron nuevos controles.
Según funcionarios del gobierno, entre las salvaguardas se encuentra una firma auditora externa que verifica que las búsquedas de datos estén basadas en pistas de inteligencia sobre sospechosos de terrorismo. «Esto no es una excursión de pesca,» dijo Levey. «No estamos simplemente encendiendo una aspiradora y chupando toda la información que podemos.»
Tanto Swift como funcionarios del Tesoro dijeron no tener conocimiento de que se hubieran producido abusos. Pero Levey, funcionario del Tesoro, comentó que una persona había sido retirada de la operación por llevar a cabo una pesquisa considerada inapropiada.
Funcionarios del tesoro comentaron que las leyes estadounidenses que restringen el acceso del gobierno a registros financieros privados no se aplican a Swift, porque la cooperativa es considerada un servicio de mensajería, y no un banco o una institución financiera.
Pero al principio de la operación abogados del Tesoro y del Departamento de Justicia debatieron si el programa debía o no ajustarse a dicha leyes, y concluyeron que no, según comentan personas que conocen este debate. Sin embargo, varios expertos bancarios externos dicen que las leyes de privacidad financiera son vagas y a veces contradictorias, y que el programa plantea serios interrogantes legales y de política pública.
El gobierno de Bush no ha ocultado su campaña para quebrar el financiamiento terrorista, y tanto el presidente como funcionarios del Tesoro y otra gente han hablado públicamente de esto. Sin embargo, funcionarios de este gobierno le pidieron al New York Times que no publicara este artículo, argumentando que revelar el programa Swift podría comprometer su efectividad. Consiguieron también que varios funcionarios, antiguos y actuales, y tanto Demócratas como Republicanos, defendieran el valor del programa.
Bill Keller, el director ejecutivo del periódico, declaró: «Hemos escuchado atentamente los argumentos del gobierno para que esta información no sea revelada, y los hemos considerado seria y respetuosamente. Seguimos convencidos de que, sin importar cuán cuidadosa pueda ser la elección de los registros, el acceso extraordinario del gobierno a este enorme repositorio de datos financieros es un asunto de interés público.»
Levey estuvo de acuerdo en discutir esta operación secreta después de que los editores del Times le comunicaran la decisión del periódico.
El jueves por la noche Dana Perino, secretaria adjunta de prensa de la Casa Blanca, declaró: «Ya desde inmediatamente después del 11/9 el gobierno ha tomado todas las medidas legales posibles para evitar otro ataque en nuestro país. Una de las más importantes herramientas en la lucha contra el terrorismo es nuestra capacidad para estrangular el financiamiento de los terroristas.»
Agregó: «Sabemos que los terroristas prestan atención a nuestra estrategia para combatirlos, y ahora tienen otra pieza del rompecabezas de como los estamos combatiendo. También sabemos que adaptan sus métodos, lo que aumenta el desafío para nuestros funcionarios policiales y de inteligencia.»
Refiriéndose a las revelaciones hechas en diciembre por el New York Times del programa de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad, dijo: «Al presidente le preocupa que, una vez más, el New York Times haya elegido revelar un programa secreto cuya función es proteger a nuestros ciudadanos.»
Swift rehusó comentar detalles del programa pero defendió su papel en respuestas escritas a las preguntas enviadas. «Swift ha cumplido con todas las leyes pertinentes», dijo el consorcio. La organización dijo que insistió en que los datos fuesen usados sólo para investigaciones sobre terrorismo, y también que a lo largo del tiempo fueron reduciendo el rango de informaciones que se les proporcionaba a los funcionarios estadounidenses.
Un guardián crucial
La base de datos de Swift proporciona a los investigadores del gobierno un rico territorio de caza. Swift es un guardián crucial, ya que provee instrucciones electrónicas acerca de cómo transferir dinero entre 7800 instituciones financieras en todo el mundo. Más de 2200 organizaciones son propietarias de la cooperativa, y sus servicios son utilizados por virtualmente todos los bancos importantes así como por las agencias de bolsa, administradores de fondos de pensión y bolsas de comercio. Swift direcciona más de 11 millones de transacciones diarias, y la mayoría de ellas cruzando fronteras.
El tráfico de mensajes de la cooperativa le permite a los investigadores, por ejemplo, rastrear el dinero desde una cuenta de un banco saudita de un supuesto terrorista a una mezquita en Nueva York. A partir de pistas obtenidas de informes de inteligencia de blancos específicos los agentes buscan en la base de datos, en lo que un agente describió como una operación «24-7». Según los agentes, pueden obtenerse los nombres de los clientes, sus números de cuentas bancarias y otras informaciones identificatorias.
Según funcionarios del Tesoro, los datos no permiten rastrear la actividad financiera de rutina, como retiros de dinero de cajeros automáticos, restringidos a Estados Unidos, o ver balances de cuenta. Y la información no está disponible en tiempo real, sino que Swift la entrega, por lo general, varias semanas después. Por cuestiones de privacidad y por su potencial para que se cometan abusos, el gobierno utilizó los datos sólo para investigaciones terroristas y prohibió su uso para investigaciones sobre evasión impositiva, tráfico de drogas u otros.
En septiembre del 2001 el presidente Bush encargó al Departamento del Tesoro que se pusiera a la cabeza de los esfuerzos para quebrar el financiamiento terrorista. Según funcionarios, Bush ha sido informado sobre el programa, y el vicepresidente Dick Cheney ha asistido a demostraciones hechas por la CIA. La Agencia Nacional de Seguridad proporcionó alguna asistencia técnica.
Según algunos funcionarios, si bien el programa bancario se mantiene en el mayor secreto, los funcionarios del gobierno han tenido secretas reuniones informativas con algunos miembros del Congreso y la comisión del 11 de septiembre. En las últimas semanas se proporcionó información a más abogados, después de que el gobierno se enteró de que el Times estaba investigando para este artículo.
A la junta directiva, formada por 25 representantes de instituciones financieras de todo el mundo se le informó previamente del programa. Los bancos centrales del grupo de los 10, en los países más industrializados, que supervisan Swift, también fueron informados. No es claro si otros participantes de la red saben que agentes de inteligencia estadounidenses pueden examinar sus mensajes.
Como la central de Swift está en Europa y tiene oficinas en Estados Unidos, el consorcio está regido por leyes tanto estadounidenses como europeas. Son varias las leyes internacionales que imponen restricciones a las compañías en cuestiones de privacidad, y en general son consideradas más estrictas que las de este país. En Estados Unidos la ley protege en alguna medida la privacidad de los datos financieros estadounidenses, pero no completamente. Una medida de 1978, la ley del Derecho a la Privacidad Financiera, tiene un alcance limitado y una cantidad de excepciones, y su papel en casos de seguridad nacional no ha sido suficientemente puesto a prueba.
Varias personas familiarizadas con el programa de Swift dijeron creer que se estaba explotando una «zona gris» de la legislación y que hay razones legales para restringir el acceso del gobierno a los registros, basadas en la Cuarta Enmienda y en cuestiones legales. También se manifestaron preocupados sobre el impacto que tendría en Swift que el programa fuese revelado.
«Siempre hubo preocupación acerca de este programa,» declaró un antiguo funcionario.
Una persona comprometida en el programa Swift estimó que los analistas habían revisados transferencias internacionales que involucraban a «muchos miles» de personas o grupos en Estados Unidos. Otros dos funcionarios estimaron la cifra en miles. Levey dijo no poder estimar el número.
Según los funcionarios, los datos de Swift proporcionaron pistas sobre el rastro del dinero y los lazos entre los posibles terroristas y los grupos que los financian. En algunas instancias el programa les ha proporcionado nuevos sospechosos, mientras que en otros ha reforzado casos que ya estaban siendo investigados.
Según varios funcionarios, entre los éxitos está la captura de un agente de Al Qaeda, Riduan Isamuddin más conocido como Hambali, quien se cree que ha sido el cerebro del atentado del 2002 a un resort en Bali. Con los datos de Swift se identificó, en el sudeste asiático, a una figura previamente desconocida que había tenido tratos financieros con una persona sospechosa de ser miembro de Al Qaeda; esa conexión ayudó a localizar a Hambali en Tailandia, en 2003.
En Estados Unidos, el programa aportó datos financieros para las investigaciones sobre posibles células terroristas domésticas así como para las averiguaciones sobre las organizaciones musulmanas de caridad sospechadas de tener conexión con terroristas, comentaron los funcionarios.
Los datos también ayudaron a identificar a un hombre en Brooklin a quien se encontró culpable de actividades relacionadas con el terrorismo. Según los fiscales, este hombre, Uzair Paracha, que trabajaba en una empresa importadora, ayudó a un agente de Al Qaeda en Pakistán lavando 200000 dólares a través de un banco de Karachi.
En los juicios por terrorismo, los agentes de inteligencia han tenido cuidad en «depurar» o esconder el origen de las pruebas recogidas mediante el programa, para poder mantenerlo secreto.
El gobierno de Bush ha implementado medidas que podrían mejorar la situación legal del programa Swift. A fines de 2004 el Congreso autorizó al Departamento del Tesoro a elaborar leyes que fuercen a los bancos a entregar los registros de las transferencias internacionales cablegrafiadas. Se dice que una versión preliminar de estas reglas podría estar lista pronto. Un funcionario describió estas leyes como un intento de «formalizar» el acceso a la clase de información que Swift proporciona secretamente, aunque otros funcionarios dijeron que la iniciativa no tenía relación con el programa.
La lucha por nuevas herramientas
Al igual que otras medidas antiterroristas del gobierno de Bush, el programa Swift fue iniciado en los febriles días que siguieron a los ataques del 11 de septiembre, mientras los funcionarios luchaban por identificar nuevas herramientas para evitar otros ataques.
Una de las prioridades era cortar el flujo de dinero hacia Al Qaeda. Los secuestradores aéreos del 11/9 habían ayudado a financiar su plan moviendo dinero a través de diversos bancos. Por ejemplo, nueve de los secuestradores aéreos canalizaron dinero desde Europa y Oriente Cercano a cuentas en el banco SunTrust en Florida, Estados Unidos. Parte de los 130000 dólares que recibieron fueron cablegrafiados desde el extranjero por personas cuyos lazos con Al Qaeda son conocidos.
Muchos ejecutivos de compañías financieras que habían perdido amigos en el World Trade Center estaban ansiosos por ayudar a los agentes federales a rastrear dinero terrorista. «Ellos ven el 11/9 no sólo como un ataque a los Estados Unidos, sino también a la industria financiera en su totalidad,» comentó un antiguo funcionario del gobierno.
Subrepticiamente, los funcionarios de contraterrorismo buscaron ampliar la información que estaban obteniendo de las instituciones financieras. Por ejemplo, un abogado que estuvo presente comentó que funcionarios del Tesoro discutieron con las compañías de tarjetas de crédito sobre cómo ser alertados cuando alguien tratara de comprar fertilizante y dispositivos de relojería que pudieran ser usados para una bomba, pero se les dijo que la idea era logísticamente imposible.
El FBI comenzó a obtener los registros financieros de Western Union y de su compañía madre, la First Data Corporation. Estos programas fueron mencionados en testimonios dados ante el Congreso por el FBI en 2003, y fueron descritos con más detalle en un libro publicado esta semana: «La doctrina del uno por ciento», de Ron Suskind. Usando lo que algunos funcionarios describieron como ordenes judiciales individuales y muy específicas, el FBI obtuvo los registros de First Data, que procesa transacciones con tarjetas de crédito y de débito, con el objeto de rastrear actividades financieras y localizar sospechosos.
Según un funcionario, usando órdenes judiciales similares con Western Union el FBI pudo rastrear transferencias cablegrafiadas, principalmente hacia afuera de los Estados Unidos y pudo ayudar a Israel a desbaratar aproximadamente media docena de planes terroristas al desentrañar su financiamiento.
Según recordaron algunos funcionarios, la idea del programa Swift nació de una sugerencia hecha por un ejecutivo de Wall Street, quien le habló a un alto funcionario del gobierno de Bush acerca de la base de datos de Swift. En el gobierno eran pocos los que conocían algo sobre el consorcio, cuyo jefe es un nativo de Brooklin, Leonard H. Schrank, pero rápidamente descubrieron que les ofrecía un acceso sin precedentes a las transacciones financieras internacionales. En palabras de una antiguo funcionario del gobierno, Swift es «el yacimiento principal, la piedra Rosetta» para los datos financieros.
Los funcionarios de inteligencia estaban tan ansiosos de usar los datos de Swift, que llegaron a considerar la idea de que la CIA accediera al sistema encubiertamente, según comentaron varios funcionarios involucrados. Pero los funcionarios del Tesoro se resistieron, prefiriendo dirigirse abiertamente a Swift.
Según estos funcionarios, al mismo tiempo los abogados del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia estaban considerando los posibles obstáculos de este arreglo.
En 1976 la Corte Suprema dictaminó que los estadounidenses no tienen derecho constitucional a la privacidad de sus registros en bancos y otras instituciones financieras. En respuesta a esto, dos años después el Congreso aprobó la ley del Derecho a la Privacidad Financiera, restringiendo el acceso del gobierno a los registros bancarios de los estadounidenses. Al considerar el programa Swift a algunos abogados del gobierno les preocupaba la posibilidad de que la ley prohibiera a los funcionarios acceder a los registros sin una orden judicial basada en algún nivel de sospecha acerca del involucrado.
Por muchos años los servidores del orden han utilizado órdenes aprobadas por una corte o por un jurado de acusación (o Gran Jurado) para acceder a datos financieros. Desde el 11/9 el FBI ha recurrido más frecuentemente a una orden administrativa, conocida como Carta de Seguridad Nacional, para pedir esos registros.
Después de un debate inicial, los abogados del Departamento del Tesoro, consultando con el Departamento de Justicia, concluyeron que las leyes de privacidad se aplicaban a los bancos, y no a una cooperativa bancaria como Swift. También dijeron que la ley protegía a los clientes particulares y a las pequeñas compañías, pero no a las grandes instituciones que direccionan dinero a través de Swift, en nombre de sus clientes.
Hay otras regulaciones estatales, federales e internacionales que restringen el acceso del gobierno a los registros financieros de formas diferentes y que a veces entran en conflicto. Algunas son más severas con la compañía que revela la información que con el gobierno que la pidió.
Entre sus consideraciones los funcionarios estadounidenses veían que Swift estaba dispuesto a colaborar en la operación. Pero Swift declaró que su participación nunca fue voluntaria. «Swift ha dejado claro que sólo podría proporcionar datos contra la presentación de una orden válida», dice en su declaración escrita.
Y es cierto que muy tempranamente los ejecutivos de la cooperativa expresaron su preocupación acerca de las responsabilidades legales y corporativas, según algunos funcionarios, tras lo cual la Oficina de Control de Activos Extranjeros (dependiente del Departamento del Tesoro) comenzó a emitir órdenes administrativas de amplia aplicación para obtener los registros de la cooperativa relacionados con el terrorismo. Un funcionario comentó que el propósito de las ordenes administrativas era dar a Swift algún tipo de protección legal.
La base del análisis legal del gobierno era la ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que Bush invocó después de los ataques del 11/9. Según los expertos legales, esta ley le da al presidente amplia autoridad para «»investigar, regular o prohibir transacciones extranjeras» como respuesta a una «amenaza inusual y extraordinaria.»
Pero L. Richard Fischer, un abogado de Washington que escribió un libro sobre privacidad bancaria y es considerado un experto en esta área, dijo que le preocupaba que el Departamento del Tesoro esté usando amplias órdenes administrativas para pedir grandes cantidades de registros financieros para ser analizados. Según dijo, este programa parece esquivar las leyes de privacidad bancaria que en general le exigen al gobierno que pruebe que los registros de una persona o grupo específico son relevantes para una investigación.
«Tiene que haber algún tipo de proceso formal,» dijo Fischer. «Como mínimo, me parece inapropiado.»
Varios antiguos funcionarios dijeron que la preocupación por el basamento legal de la operación Swift no era nueva. Según un funcionario, el programa «indiscutiblemente cumple con la letra de la ley, si no con su espíritu.»
Otro funcionario dijo: «Esto fue una cosa creativa. Nada estaba claramente delimitado, porque nunca antes habíamos buscado información de esta manera.»
Funcionarios del Tesoro dijeron que consideraban que la autoridad del gobierno para obtener los datos de Swift mediante órdenes era clara. «La gente no tiene un interés en la privacidad en sus transacciones internacionales cablegrafiadas,» comentó Mr. Levey, el subsecretario del Tesoro.
Búsqueda de controles más estrictos
A semanas del 11/9 Swift comenzó a entregar registros que les permitieron a los analistas estadounidenses buscar evidencias de financiamiento terrorista. Inicialmente no parece haber habido muchos límites formales para las búsquedas.
«Al principio obtenían todo- la base de Swift completa», dijo una persona cercana a la operación.
Los agentes de inteligencia prestaron especial atención a las transferencias realizadas hacia o desde Arabia Saudita y los Emiratos Arabes Unidos porque la mayor parte de los secuestradores aéreos del 11/9 provenían de esos países.
Según algunos funcionarios el volumen de datos, especialmente al principio, era frecuentemente abrumador. «Abríamos todos los grifos que pudiéramos encontrar y veíamos como era el agua que salía,» comentó un antiguo funcionario del gobierno. «A veces encontrábamos algo, pero muchas veces no encontrábamos nada.»
Los funcionarios se dieron cuenta de la posibilidad de que se cometieran abusos, y limitaron los blancos del programa e implementaron más salvaguardas. Entre ellas estaban la firma auditora, un registro electrónico de cada búsqueda, y el requerimiento de que los analistas involucrados en la operación documentaran la inteligencia que justificaba cada búsqueda de datos. Levey dijo que el programa sólo se uso para examinar los registros de individuos y de entidades, pero no para búsquedas más amplias.
Según funcionarios, los ejecutivos de Swift estaban cada vez más preocupados acerca de su interacción secreta con el gobierno estadounidense. El antiguo funcionario del gobierno comentó que para 2003 funcionarios de la cooperativa estaban considerando abandonar el programa por los posibles riesgos legales y financieros en caso de que el programa fuera descubierto.
«¿Por cuánto tiempo puede continuar esto?» preguntó un ejecutivo de Swift, según este funcionario.
Este convenio sin un límite temporal comenzó a ser cuestionado hasta por funcionarios del gobierno. «Pensaba que tenía una vida útil limitada y que en algún momento se terminaría,» comentó el antiguo funcionario de alto rango.
En 2003 funcionarios del gobierno le pidieron a ejecutivos de Swift y a algunos miembros del directorio que fueran a Washington. Allí se encontraron con Greenspan, Robert S. Mueller III, director del FBI, y funcionarios del Tesoro, entre otros, para ejercer lo que un funcionario describió como una «intensa presión». Los auxiliares de Greenspan y Mueller no quisieron hacer comentarios sobre estas reuniones.
Los ejecutivos sólo estuvieron de acuerdo en seguir proporcionando registros después de que el gobierno se comprometiera a imponer controles más estrictos. Varios funcionarios dijeron que se acordó que los representantes de Swift trabajarían junto a los funcionarios de inteligencia y tendrían la posibilidad de bloquear cualquier búsqueda que juzgaran inapropiada.
Un importante funcionario de contraterrorismo comentó que este cambio en los procedimientos genero cierta oposición de la CIA porque «estaban ansiosos por tener un acceso irrestricto a la información.» Pero el Departamento del Tesoro vio estas concesiones como un compromiso necesario para, según este funcionario, «salvar el programa.»
Barclay Walsh contribuyó con informaciones para este artículo.