Traducción para www.sinpermiso.info: Gerardo Pisarello
La reciente decisión del Tribunal Supremo en el caso Citizen United contra la Comisión Federal Electoral permite que empresas, sindicatos e individuos puedan, bajo el amparo de la Primera Enmienda a la Constitución, donar de manera anónima cantidades ilimitadas de dinero para publicidad electoral. Mientras, algunos peces gordos cuyas empresas fueron creadas por leyes estatales, despotrican contra el gobierno y censuran la creación de programas de empleo para pobres y desempleados en el sector público.
En el caso Citizen United, los cinco jueces conservadores que suscribieron el voto mayoritario concluyeron que «los gastos independientes, incluidos los realizados por las empresas, no necesariamente dan lugar a actos de corrupción ni tienen apariencia de serlo. Que ciertos funcionarios puedan influir o tengan acceso a los representantes elegidos no quiere decir que dichos funcionarios sean corruptos. Y ni las apariencias, ni las influencias, ni el trato entre unos y otros, suponen que el electorado vaya a perder su confianza en la democracia». La pregunta es: ¿se puede mantener la confianza en unas instituciones cuyo alto tribunal realiza un comentario tan absurdo sobre las fortunas gastadas por «funcionarios» promocionados por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y por otros grupos de interés que cabildean a favor de las grandes empresas? ¿Puede obviarse que fue la Cámara de lobbystas la que lideró el bloqueo de la Ley de Publicidad que permitía cerrar algunas de las grietas legales reabiertas tras la sentencia del caso Citizen United?
No son pocas las empresas extranjeras que aportan dinero al fondo de la Cámara de Comercio utilizado para pagar publicidad electoral contraria a los candidatos que se niegan a actuar como correa de transmisión de sus intereses. En este circuito hay dos personajes claves: Karl Rove, importante guía político de George Bush y uno de los últimos protegidos de Lee Atwater, y Ed Gillespie, ex presidente del Comité Nacional Republicano y también asesor de Bush. Ambos están vinculados a un grupo llamado Crossroads GPS y a la organización ligada al mismo, American Crossroads y se dedican a controlar la publicidad en campañas clave para el senado y para la cámara de representantes. De hecho, ya están intentando recaudar 52 millones de dólares para las elecciones de noviembre.
La mayoría conservadora del Tribunal Supremo fue propuesta por políticos conservadores de la Casa Blanca y ratificada por senadores conservadores que debían buena parte de su éxito político a contribuyentes adinerados y a empresas de peso. Vista de cerca, la historia de la influencia y del control del gobierno por parte de las empresas en los Estados Unidos es deprimente.
En el caso del Condado de Santa Clara contra laempresa ferroviaria Southern Pacific, de 1886, el Tribunal Supremo invocó la Enmienda Catorce pensada para proteger los derechos de los antiguos esclavos para «decidir» que también las empresas debían considerarse «personas» con derechos similares a los de los seres humanos. Lo cierto, sin embargo, es que el Tribunal como tal nunca se pronunció sobre la cuestión de la personalidad. Fue a instancias de un antiguo empresario ferroviario, J.C. Brancfort Davis, que la decisión incluyó el siguiente comentario:
«Para este tribunal no hay discusión acerca de si la Enmienda Catorce que prohíbe a los Estados denegar la igual protección ante la ley a cualquier persona dentro de su jurisdicción se aplica a las empresas. Todos somos de la opinión de que es así».
Estos comentarios no son jurídicamente vinculantes. No obstante, en casos subsiguientes se entendió que constituían un precedente decisivo para reconocer a las empresas, en tanto que personas jurídicas, los derechos reconocidos por la Enmienda Catorce.
En el caso Buckley contra Valeo, de 1976, el Tribunal admitió que las donaciones podían favorecer la corrupción y que era lícito, por consiguiente, limitarlas. Sin embargo, también entendió que el establecimiento de un techo a los gastos podía comportar una limitación ilegítima a la libertad de expresión (como si el dinero y la expresión fueran equivalentes). La ley McCain-Feingold, de 2002, cerró la grieta jurídica que permitía a las empresas gastar dinero «independiente» justo antes de las elecciones, con el objeto de perjudicar a ciertos candidatos. Sin embargo, el fallo del Tribunal Supremo en Citizen United la ha vuelto a reabrir al impugnar el precepto de la Ley McCain-Fengold que prohibía tanto a las personas jurídicas, con o sin fines de lucro, como a los sindicatos, avalar «comunicaciones electorales» que mencionaran un candidato dentro de los 60 días anteriores a una elección general.
Irónicamente, los plutócratas vinculados al mundo de los negocios han tachado de socialistas las iniciativas gubernamentales dirigidas a aumentar el empleo público en ciertas infraestructuras. En un inteligente giro orwelliano, los magnates pretenden, así, que olvidemos que la empresas se crean gracias a leyes estatales. Y que es el gobierno quien limita su responsabilidad personal cuando cometen ciertos actos protegidos por el velo de sus empresas. Las empresas, de hecho, no existirían si las normas estatales no les permitieran obtener beneficios y si no protegieran a sus accionistas de los fraudes u otras acciones ilegales que acaban atribuyéndose a la persona jurídica. Los empleados de las empresas, incluidos los miembros de los consejos ejecutivos, pueden perder sus empleos, pero no son personalmente responsables por las deudas de las empresas o por su gestión irregular. Las empresas controlan al sistema que las crea financiando las campañas de los representantes políticos, presionando en cada puerta disponible e incluso contratando parientes y asesores de miembros del poder legislativo. Estas tácticas les han permitido neutralizar los intentos de regular la ilimitada codicia que ha causado la peor recesión económica desde la gran depresión. No es extraño, pues, que cuando las empresas reclaman para sí los derechos propios de los seres humanos, el soborno pase por libertad de expresión y la democracia resulte herida de muerte.
Tom Turnipseed es abogado y activista por la paz en Columbia, Estados Unidos.
Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3662
rCR