El Congreso estadounidense viene dedicando importantes energías y recursos a «resolver» la situación en Venezuela, como si se tratase de territorio soberano estadounidense. Solo en lo que va de 2017: se aprobó una ley (en enero) mediante la cual se asignan 7 millones de dólares para la «asistencia para la democracia y los derechos humanos […]
El Congreso estadounidense viene dedicando importantes energías y recursos a «resolver» la situación en Venezuela, como si se tratase de territorio soberano estadounidense. Solo en lo que va de 2017: se aprobó una ley (en enero) mediante la cual se asignan 7 millones de dólares para la «asistencia para la democracia y los derechos humanos de la sociedad civil de Venezuela»; una propuesta de ley para los refugiados venezolanos (abril), otra propuesta para la Asistencia Humanitaria y la defensa de la Gobernanza Democrática (mayo), además de una resolución para instar al presidente Trump a implementar sanciones (abril).[1] Sin dudas, el proyecto de ley más «integral», fue el presentado por un grupo bipartidista de 15 senadores estadounidenses, encabezado por Ben Cardin (Demócrata) y Marco Rubio (Republicano) a principios de mayo (S. 1018).[2] El proyecto presenta al menos dos dimensiones interesantes y sugerentes para agregar a los análisis sobre el conflicto en Venezuela desde la perspectiva de los intereses estadounidenses: la relativa al texto del proyecto de Ley en sí mismo – que puede ser comprendido como una suerte de mapa a seguir por el gobierno-sector privado estadounidense en Venezuela- y la relativa al petróleo y la seguridad estadounidense.
Lineamientos para el retorno al neoliberalismo en Venezuela
La Ley Cardin «para proveer ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela, defender la gobernanza democrática y combatir la expansión de la corrupción pública en Venezuela» es presentada como una hoja de ruta para los organismos del gobierno estadounidense y sus funcionarios, así como para organismos internacionales, dando por sentado que finalmente se llegará a un escenario propicio para aplicar las medidas propuestas, muchas de las cuales han sido rechazadas de modo contundente por el gobierno venezolano -el cómo se logra este escenario, está asociado a las estrategias de desestabilización que han sido aplicadas sistemáticamente, cada vez con mayor insistencia y virulencia, panorama en el que se incluyen planes del Comando Sur como Operación Freedom 2[3].
Los aspectos que aborda el proyecto de ley son: asistencia humanitaria, apoyo a la OEA en la aplicación de la Carta Democrática; apoyo de organismos internacionales en el monitoreo de elecciones; apoyo a los países del Caribe. Como justificación de estas medidas se enuncia lo relativo a la corrupción y el narcotráfico (planteando sanciones concretas para funcionarios venezolanos), así como la relación de PDVSA con empresas rusas y la amenaza a la seguridad de EEUU.
Como asunto fundamental, se proporcionan una serie de datos sobre la crisis alimentaria y de acceso a medicinas en Venezuela, aduciendo que hay altos índices de malnutrición, especialmente en niños. Llama la atención que este tipo de atención solo vaya destinada para Venezuela, cuando en América Latina hay países como Guatemala donde uno de cada dos niños entre cero y seis años sufre de desnutrición;[4] o México, donde más del 50% de la población vive por debajo de la línea de pobreza.[5]
Desde un inicio, el documento presume que el gobierno venezolano es autoritario y que no representa los intereses o necesidades de los venezolanos y por eso el objetivo es que el Presidente Maduro acepte la ayuda para resolver la «crisis humanitaria»; restituya los poderes a la Asamblea Nacional; permita llevar a cabo elecciones «de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela» (Sec.3). En particular esta última «sugerencia» da cuenta de un ánimo intervencionista, al poner en duda el propio conocimiento del gobierno de Venezuela sobre lo establecido en la Constitución, cuando el gobierno ya ha planteado una alternativa, la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente, que por no responder a los cánones democráticos esperados por la comunidad internacional y la oposición, ha sido definida como «ilegítima» (a pesar de que es una alternativa que figura con claridad en la Constitución).
Pero el intervencionismo se exhibe con mayor claridad aún en lo referido al modo en que se implementará la «asistencia humanitaria»: fluirá por medio de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) y ONGs, que además de proveer los alimentos y medicinas «necesarias», gestionarán «asistencia técnica para garantizar su distribución además de procurar mejorar la transparencia y accountability de las instituciones públicas de Venezuela» (Sec 4, incisos 3 y 4). Se deriva de esta propuesta que los técnicos estadounidenses y de ONGs locales asociadas a la USAID serían los encargados de intervenir para reorganizar el funcionamiento correcto de los organismos estatales. A esto se suma además la actuación de la ONU, la Organización Panamericana para la Salud, el BID y el BM (Sec. 5, inciso 3). Se plantea entonces, sin reparo, el desembarco de las Instituciones Financieras y Organismos Internacionales coordinados por oficinas del gobierno estadounidense para «reorientar» al Estado venezolano. Trayectoria que no solo remite al recetario neoliberal (que probó ser fallido en Venezuela), sino que se trata de un modus operandi pos-Golpe aplicado en varias experiencias anteriores (especialmente sugerente es el caso de Guatemala en 1954).[6] Tal vez debido a estos antecedentes, el proyecto de Ley considera que estas sugerencias son prácticamente un hecho y solicita la asignación de un presupuesto de aproximadamente 10 millones de dólares para su ejecución (Sec. 7).
Como medida de presión complementaria de cara a lograr el escenario requerido para aplicar los lineamientos planteados, se propone trabajar con mayor énfasis en las sanciones para funcionarios venezolanos «corruptos», responsabilizándolos por la erosión de la democracia (Sec 9 y 10). Una apuesta que ha tenido éxito en Brasil, con el Lava Jato y el corolario de cárcel de 9 años para Lula da Silva, todo un montaje dirigido a dirimir los conflictos políticos a través de la vía judicial, para eliminar las alternativas políticas posibles[7].
Pero no se trata solo de «limpiar» la burocracia Estatal venezolana y (re)construir un Estado a imagen y semejanza de la «democracia neoliberal». Se propone para ello asfixiar la economía venezolana. Por un lado, se enfatiza en la necesidad y urgencia de que EEUU se acerque a los países del Caribe que estén vinculados a Venezuela por medio del petróleo -y que son los que vienen bloqueando en cierta medida la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela en las votaciones de la OEA. Se postula la necesidad de lograr un mayor acceso a las fuentes energéticas de esos países, incluido el desarrollo de proyectos de financiamiento de energías alternativas por medios público-privados (Sec. 8). Se pide la acción conjunta de Departamento de Estado, USAID y la Overseas Private Investment Corpororation (todos organismos que han estado implicados en procesos de desestabilización desde la Guerra Fría hasta la actualidad).[8] Por otro lado, se busca debilitar a PDVSA, aduciendo que se trataría de una empresa que pone en riesgo la «seguridad nacional» de Estados Unidos.
CITGO, la «amenaza» a la Seguridad Nacional de Estados Unidos
Uno de los rubros destacados de la Ley Cardin es el llamado de atención sobre PDVSA y su filial en Estados Unidos, PDVSA-CITGO. Según el texto S.1018, CITGO tiene una importancia crucial para la Seguridad Nacional estadounidense, con implicaciones geopolíticas preocupantes, más allá de la inestabilidad económica y política venezolana. Según las propias fuentes estadounidenses, PDVSA obtuvo un préstamo de la petrolera Rosneft -controlada por el gobierno ruso- utilizando 49.9% de la filial estadounidense de PDVSA, CITGO Petroleum Corporation, incluyendo sus activos en Estados Unidos, como garantía».[9] Se aduce de que se trata de un asunto vital para la seguridad nacional estadounidense, en términos estratégicos, pues se estima que CITGO posee y controla infraestructura en 19 estados estadounidenses, incluyendo tuberías, refinerías en Louisiana, Illinois y Texas, que procesan 749 mil barriles al día, más de 6 mil gasolineras en 27 estados, sobre todo de la Costa Este. La refinería de CITGO en Louisiana es la sexta refinería en tamaño en Estados Unidos. Aun tomando nota de estas características, CITGO no se compara con las grandes petroleras de EEUU, como Exxon, que ha sido catalogada como la empresa de hidrocarburos más grande del mundo[10]. De modo tal que las sanciones solicitadas estarían dirigidas a generar un embargo que disminuya considerablemente las finanzas venezolanas en un contexto de baja de los precios de petróleo a nivel mundial.
Por otra parte, la voz de alarma se enciende al asegurar que en caso de «default o incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado venezolano», una filial de PDVSA como CITGO, podría quedar en manos de la rusa Rosneft y se desliza que eso permitiría la «penetración rusa» en EEUU (Sec 11, inciso 5). Esto que es presentado como una posible estrategia de injerencia ruso-venezolana es rápidamente desbaratado por los hechos: no se trata de la influencia de CITGO, sino del protagonismo de las petroleras en la política y la economía estadounidense en general (debido al modo en que opera el cabildeo y la puerta giratoria en esa democracia: baste recordar que el actual secretario de Estado, Rex Tillerson, es histórico CEO de Exxon). Un ejemplo es que CITGO cabildea desde hace meses en la Casa Blanca y aportó 500.000 dólares a la campaña de Trump, sumándose a acciones similares de Chevron, Exxon, BP, etc.[11] Así, es poco probable que CITGO constituya una verdadera amenaza para un gobierno como el estadounidense, respaldado por las grandes petroleras, que lejos de destinar energías a preocuparse por una intervención rusa, apuestan por un plan de expansión (America First Offshore Energy) que pretende hacer de Estados Unidos el «líder y principal proveedor de energéticos a nivel mundial y asegurar los principales mercados de energéticos del mundo».[12]
Por todo lo anterior, para Estados Unidos es primordial que de un modo u otro se «reemplace» al gobierno actual por otro predispuesto a subordinarse política y económicamente. Por lo pronto, en las próximas semanas vencerán los plazos relativos a las sanciones y juicios a funcionarios venezolanos, de modo que habrá que estar atentos a nuevos capítulos del intento de intervención de Estados Unidos en América Latina. Veremos…
[1] Congressional Research Service, «Venezuela: Background and US Policy», June 2017, pp 29-30.
[2] https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/1018/text
[3] http://www.celag.org/el-comando-sur-en-america-latina-y-la-inestabilidad-en-venezuela-por-silvina-romano/
[4] http://www.hispantv.com/noticias/guatemala/327268/desnutricion-derechos-ninos-programas-jimmy-morales
[5] http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/23/1082333
[6] http://www.journals.unam.mx/index.php/deraizdiversa/article/view/58498
[7] http://www.celag.org/lawfare-la-judicializacion-de-la-politica-en-america-latina/
[8] http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47052012000300011
[9] «Venezuela Humanitarian Assistance and Defense of Democratic Governance Act of 2017» https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/1018/text
[10] https://www.forbes.com/sites/laurengensler/2017/05/24/the-worlds-largest-oil-and-gas-companies-2017-exxon-mobil-reigns-supreme-chevron-slips/#29dc39974f87
[11] http://docquery.fec.gov/pdf/286/201704180300150286/201704180300150286.pdf en concreto véase la página 21. CITGO a su vez, contrató a la firma de Corey Lewandowski (ex asesor de campaña de Trump) para tener injerencia en las decisiones políticas estadounidenses respecto a restricciones y sanciones.
[12] https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/04/28/presidential-executive-order-implementing-america-first-offshore-energy