El Washington Post informó este miércoles que EEUU tiene prisiones secretas fuera de su territorio, controladas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), con unos 100 prisioneros sometidos a torturas prohibidas en territorio estadounidense. Ciudadanos considerados «sospechosos» de nacionalidades variadas son torturados sistemáticamente en cárceles secretas de la época soviética en un país europeo, […]
El Washington Post informó este miércoles que EEUU tiene prisiones secretas fuera de su territorio, controladas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), con unos 100 prisioneros sometidos a torturas prohibidas en territorio estadounidense.
Ciudadanos considerados «sospechosos» de nacionalidades variadas son torturados sistemáticamente en cárceles secretas de la época soviética en un país europeo, en instalaciones similares de Afganistán, Tailandia y de otras cinco naciones no identificadas.
Según el diario, «altos funcionarios estadounidenses» le pidieron no nombrar a los países de Europa oriental por temor a represalias. Hay presos como Khalid Sheikh Mohammed, capturado en marzo de 2003 en Pakistán, cuyo paradero es un misterio, al igual que la suerte de otros detenidos por Estados Unidos bajo acusaciones de terrorismo que constituyen un gran secreto en Washington.
La única prisión «off shore» de EEUU conocida hasta ahora era la base naval de Guantánamo, en Cuba. Un vocero del gobierno tailandés negó que existieran esas prisiones en su país, según la BBC de Londres.
El Washington Post explicó que EEUU creó una red de instalaciones después del 11 de septiembre de 2001, cuando comenzó a detener a quienes considera «altos miembros de la red Al-Qaeda». Amnistía Internacional también denunció casos de detención arbitraria en cárceles cladestinas.
Reconocimiento indirecto
La noticia se conoció justo cuando el Senado de EEUU debate a puertas cerradas por qué ese país decididió invadir a Irak en 2003 con pretextos falsos, en el marco del escándalo producido por la delación de la condición de agente CIA de Valarie Plame, cónyuge del embajador Joseph Wilson, quien se negó a emitir un informe falso certificando que Nigería había vendido uranio a Saddam Hussein.
La filtración del dato sobre Plame, que constituye un delito gravísimo en EEUU, salió de la mismísima oficina del vicepresidente Dean Cheney. En paralelo, Venezuela sigue reclamando la extradición del terrorista de origen cubano Luis Posada Carriles, protegido por Washington y custodiado en una cárcel migratoria de Texas por «ingreso legal».
El diario añadió que más de 100 sospechosos han pasado por esas cárceles secretas en ocho países, conocidas como «lugares negros». El matutino dijo que no reveló el nombre de los países europeos a petición del Gobierno de EEUU, que teme que la información favorezca a los terroristas o convierta a esas naciones en objetivo de posibles atentados.
CNN consultó al ministro de Justicia de EEUU, Alberto González, pero éste no informó nada y dijo que no podía negar ni confirmar la noticia, invocando razones de seguridad y asegurando que su país cumplia las disposiciones de Ginebra sobre el trato a prisioneros. Tampoco quiso referirse a la situación jurídica de Posada Carriles, ni aclaró si se otorgará o no su extradición. Se limitó a señalar que «el tema está estudiándose en los niveles más altos del gobierno».
La CIA también se negó a comentar el artículo del Washington Post, pero otros individuos de la «comunidad de inteligencia» afirmaron que el gobierno de EEUU justifica esas cárceles en suelo extranjero con sospechosos de pertenecer a Al-Qaeda, porque si los tuviera presos en territorio estadounidense los detenidos podrían elevar sus casos ante los tribunales que podrían interrogarlos durante largos meses.
Para el ex subcomandante Eugene Fidell, un abogado que preside el Instituto Nacional de Justicia Militar, no es ilegal la existencia de esas cárceles, aunque admitió que en su interior podría estarse violando la ley. «Potencialmente las condiciones son medievales», le dijo Fidell a la agencia española EFE.
Remezón a la conciencia
Antes se sabía que en noviembre de 2002 la CIA mató a un prisionero en la llamada «Mina de Sal», nombre en código de una prisión secreta en Afganistán que ahora ha sido trasladada a la Base Aérea Bagram, cerca de Kabul. El prisionero pereció después que un agente CIA ordenó que se le dejara encadenado al suelo de cemento sin ropa de abrigo durante la noche. No se han presentado cargos contra el agente.
En esos centros secretos los agentes están autorizados a usar técnicas «ampliadas» de interrogatorio, con prácticas que violan la Convención de la ONU contra la Tortura, como la inmersión del detenido en agua haciéndole creer que se le va a asfixiar, según se sabe desde 2004.
«Esta administración hace avergonzarse a nuestra nación al buscar mecanismos por la puerta de atrás para saltarse nuestras obligaciones para prevenir la tortura», denunció hoy el congresista demócrata Edward Markey.
Stephen Hadley, Consejero de Seguridad Nacional, dijo hoy que George W. Bush «ha dejado muy claro que Estados Unidos no comete actos de tortura» y que respeta sus obligaciones internacionales. Afirmó que «los mismos principios» rigen en las prisiones secretas, confirmando así que esos lugares existen.
El republicano John McCain, que fue un prisionero de guerra en Vietnam, presentó una enmienda que prohíbe el tratamiento cruel o inhumano de prisioneros bajo custodia de EEUU en cualquier parte del mundo. El proyecto fue aprobado por el Senado casi unánimemente, pero el vicepresidente Dick Cheney y el director de la CIA, Porter Goss, solicitaron que se libere a la CIA de esa obligación. La aprobación final de la enmienda está pendiente en la Cámara de Representantes, pero hasta ahora cuenta con el apoyo expreso de tan sólo 57 legisladores.
Avi Cover, abogado de la organización de DDHH Human Rights First, cree que los centros de detención son ilegales por sí mismos, sin importar lo que pase adentro, según el derecho estadounidense e internacional. A su juicio, EEUU debe informar de su existencia a la Cruz Roja y permitir visitas de esa organización para comprobar las condiciones de detención, pero nada de eso se ha hecho nunca.
El encarcelamiento de personas sin acceso a un abogado o a un juez violaría también las leyes de los países donde se encuentran esas cárceles secretas. Además, los gobiernos europeos que permitieron las prisiones sufrirían la crítica de sus propios ciudadanos y de los países de la Unión Europea.
La paradoja es que las prisiones de la era soviética en Europa Oriental fueron el caballo de batalla de la diplomacia estadounidense para denuncias las violaciones de los derechos humanos por parte de la Unión Soviética», según «The Washington Post».
El diario The New York Times informó en octubre que la CIA subcontrata aviones con empresas ficticias para trasladar secretamente prisioneros a diferentes lugares del mundo, afirmando que los detenidos se incuentran en países donde la tortura es el pan de cada día para los presos. La CIA oculta la propiedad de la compañía Aero Contractor en una red de empresas ficticias que no tienen empleados ni ninguna tarea sino la propiedad de los aviones, aseguró The New York Times.