El 4 de noviembre se inició un enfrentamiento armado en el norte de Etiopía entre el gobierno federal y el gobierno del estado (kylila) Tigré.
El primer ministro del país y premio Nobel de la Paz, Abiy Ahmed, acusó a las autoridades de Tigré de atacar los puntos de despliegue del ejército etíope en las ciudades de Mekele y Dalsha. En respuesta a esta provocación, las autoridades etíopes lanzaron una operación militar a gran escala contra la región, utilizando aviación y artillería. Estas acciones en los discursos oficiales de los funcionarios federales se denominaron «la operación para restaurar el estado de derecho».
No es necesario decir que una de las partes tiene la culpa del conflicto. Después de que Abiy Ahmed llegó al poder en 2018, comenzó un derrocamiento sistemático del clan político que ahora lidera el estado de Tigré desde todas las posiciones posibles. En el transcurso de varios años, los tigianos han desaparecido en gran medida del liderazgo de las fuerzas armadas, la inteligencia y el partido gobernante [ 1 ]. En junio de 2018, en un discurso en el parlamento, Abiy Ahmed argumentó que en el estado de Tigré, la administración se construyó incorrectamente, que el liderazgo actual no podía hacer frente a las tareas existentes. Es cierto que en ese momento se ofreció a resolver todos los problemas mediante negociaciones.
Para noviembre de 2020, el conflicto entre el centro federal y el estado de Tigray ya estaba en pleno apogeo desde la fase anterior a la guerra hasta la militar. En octubre, el centro federal se negó a asignar subsidios presupuestarios para la región; en respuesta, Tigré se comprometió a no enumerar los impuestos recaudados. El entonces primer ministro Abiy Ahmed intentó cambiar el liderazgo del Comando Operativo Norte de las Fuerzas Armadas, que era leal a las autoridades estatales, pero las autoridades de Tigré tampoco reconocieron este paso. Los medios de comunicación etíopes discutieron posibles medidas: un bloqueo comercial de la región, cambios en sus fronteras, el enjuiciamiento penal de algunos políticos de Tigré. En un entorno así, era solo cuestión de tiempo llevar a cabo acciones militares, no encontrar una causa adecuada.
El lado legal del problema
Las autoridades federales están llevando a cabo una operación para restaurar el estado de derecho, citando las reglas de la Constitución de Etiopía. Por ejemplo, el art. 62 otorga a la cámara alta del parlamento, la Cámara de la Federación, el derecho a autorizar la injerencia federal en los asuntos estatales si se viola el orden constitucional. El uso de esta regla tiene precedentes: en agosto de 2018 se llevaron a cabo intervenciones similares en el estado sureste de Somalia, donde las autoridades federales lucharon contra el presidente Abdi Mohammed Omar y las fuerzas de seguridad regionales leales a él [ 2 ]. La situación culminó con el arresto del antiguo líder del estado y la reorganización de las fuerzas armadas regionales.
Sin embargo, en el caso de Tigré, las autoridades etíopes no utilizaron el art. 62 de la Constitución. Había una razón simple para eso: los diputados de la Cámara de la Federación son elegidos sobre la base de la representación étnica y aprobados por los parlamentos estatales. El Parlamento de Tigré retiró a sus representantes de ambas cámaras del parlamento federal el 5 de octubre. Cualquier decisión tomada en relación con Tigré, sin ninguna representación formal de la región, es demasiado dudosa, incluso con una interpretación libre de la ley básica del país. En cambio, el primer ministro Abiy Ahmed utilizó un mecanismo diferente: el art. 55 de la Constitución. De acuerdo con las normas de este artículo, la cámara baja, la Cámara de Representantes, tiene el derecho de aprobar la introducción de un estado de emergencia y autorizar el uso de las fuerzas armadas en el territorio de los estados. Estas decisiones deben tomarse simultáneamente, porque la introducción de un estado de emergencia no otorga en sí mismo el derecho a utilizar el ejército en los disturbios políticos internos. Con solo la introducción de un estado de emergencia, la eliminación de problemas se confía a las autoridades estatales.
Lo explosivo de la situación radica en el hecho de que, de acuerdo con la Constitución, el permiso para utilizar las fuerzas armadas se otorga únicamente a solicitud del Estado (art. 51). Naturalmente, Tigré no pidió una operación militar. Además, las autoridades estatales destacan que en octubre de 2020 expiró el mandato de cinco años de la cámara baja del parlamento federal y, en consecuencia, el gobierno aprobado por ésta, encabezado por Abiy Ahmed. Tigré no reconoció la decisión de aplazar la fecha de las elecciones y extender los poderes de los principales organismos federales, que se tomó debido a la pandemia de coronavirus. Las autoridades del estado rebelde argumentan que el operativo militar fue lanzado por autoridades no del todo legítimas, que excedieron su mandato en un mes.
En general, Tigray tiene suficientes argumentos para reconocer la operación militar como una violación de ciertas disposiciones de la Constitución de Etiopía. Al mismo tiempo, las acciones del propio estado -negarse a transferir impuestos al presupuesto federal, interferir con el trabajo de las fuerzas armadas federales y las unidades de seguridad, retirar delegaciones regionales de los órganos representativos- también son difíciles de calificar de constitucionales.
Restauración de la justicia etno-jerárquica
Los orígenes del enfrentamiento actual se remontan a la primavera de 2018, cuando se produjo un cambio de gobierno en Etiopía. Desde 1991, un grupo de ex guerrilleros de orientación socialista convencional pertenecientes a la etnia tigré estaba al frente del país. Los tigré nunca han formado una mayoría en el estado de Etiopía y, según el último censo (2007), constituían el 6% de la población del país. Sin embargo, desde un punto de vista histórico, el estatus de los tigrés entre la etnia de Etiopía siempre ha sido muy alto: en el siglo XVIII, confiando en los tigrés, el gobernante feudal local Mikael Siul se convirtió en un «hacedor de reyes» y de hecho gobernó el país a través de emperadores títeres. En el siglo XIX los gobernantes de Tigré lucharon seriamente por el trono de Etiopía; uno de ellos, Kassa Mercha, es conocido como el emperador Johannes IV (1871-1889). El éxito en la lucha por el trono finalmente sonrió a los representantes de la aristocracia de las regiones habitadas por el grupo étnico amhara. Sin embargo, la corte imperial se vio obligada a nombrar a los descendientes de Kassa Merchi para puestos directivos en Tigré [3 ] para no alentar las tensiones sociales y políticas. En otras palabras, en la Etiopía imperial, los tigré y los tigrianos ocuparon el puesto condicional del socio menor de la etnia dominante: amhara. Y a partir de 1991 comenzaron a predominar en la clase política del país [ 4 ].
El líder actual de Tigré, Debrezion Gebremikael, pertenece a la etnia tigré. En 2012-2018 en realidad gobernó Etiopía, aunque ocupó formalmente los modestos cargos de viceprimer ministro (uno de tres) y ministro de Comunicaciones. Como resultado de las protestas en el centro y sur de Etiopía en 2015-2018 Debrezion Gebremikael perdió el control de la situación y su estatus informal no le permitía aprovechar al máximo los recursos de poder. Por lo tanto, representantes de otras etnias del partido gobernante lograron iniciar procedimientos formales y llevar al poder a Abiy Ahmed, exsubordinado de Gebremikael, de la etnia oromo. En la primavera de 2018, Abiy Ahmed parecía ser un candidato de compromiso: por un lado, estaba firmemente inscrito en los alineamientos de la élite política del país, por el otro, no pertenecía al clan tigré.
Las protestas en 2015-2018 se asociaron en gran medida con la posición subordinada de los oromo en el sistema de federalismo étnico en Etiopía. Oromo es el grupo étnico más grande del país en la actualidad (más del 30% de la población). Sin embargo, los representantes oromo, con raras excepciones, no fueron admitidos a cargos gubernamentales serios y no tuvieron un voto decisivo en el partido gobernante (a diferencia de los tigrianos). Hablando francamente, los representantes de la etnia oromo en Etiopía han ocupado este puesto casi siempre, desde el momento de su reasentamiento en sus lugares de residencia actuales en los siglos XV-XVI. Hasta la década de 1970 incluso fueron llamados de manera completamente diferente: «galla», que en la traducción, según la versión, significa «rechazado por Dios», «regreso a casa» o «afluencia». Aunque los oromo lograron defender, al final, su nombre propio, en otros asuntos permanecieron en gran parte impotentes.
En este contexto, la elección de Abiy Ahmed como primer ministro no fue un acuerdo más entre las élites, sino que adquirió inmediatamente el significado simbólico de corregir una injusticia centenaria. Y el propio primer ministro accedió al principio a esta petición, vistió ropas tradicionales oromo y enfatizó de todas las formas posibles la mejora del estatus político de los oromo en Etiopía. Dado que elevar el estatus informal de un grupo étnico significa rebajar el estatus de otro, la tarea principal de Abiy Ahmed en esta imagen en parte mediática fue castigar a aquellos que, a los ojos de los oromo, eran culpables de la situación actual: los representantes del grupo étnico dominante anterior.
En otras palabras, la estructura misma de los acontecimientos empujó a Abiy Ahmed a una clarificación activa de las relaciones con el clan político tigré y a actos de «flagelación» política demostrativa. Y aunque en el otoño de 2018 el nuevo primer ministro de Etiopía trató de distanciarse de esta lógica del desarrollo de los hechos no lo logró ya que surgieron objeciones de sus colaboradores más cercanos y subordinados [ 5 ]. Naturalmente, el clan político de Tigré no iba a soportar obedientemente tal actitud e hizo varios intentos de represalia, lo que solo convenció a los políticos oromo en el liderazgo etíope de la necesidad de un ataque más duro contra el estado de Tigré y los oponentes concentrados allí.
Pequeña guerra victoriosa
Analizando la relación entre Tigré y el centro federal, es importante no olvidar el contexto político de la actualidad. Han pasado más de dos años desde que Abiy Ahmed llegó al poder; durante este tiempo no fue posible llevar a cabo reformas económicas y políticas a gran escala. En el ámbito económico, el gobierno de Abiy Ahmed perdió un momento propicio para las transformaciones. Fue solo en septiembre de 2019 que el gobierno de Etiopía lanzó un plan de reforma del crecimiento interno sin complicaciones. El documento abogaba por métodos neoliberales de fomentar el crecimiento económico: aumentar la eficiencia y privatizar las empresas estatales, desmonopolizar el sector bancario y facilitar el acceso al capital…. En esencia, estas medidas son de naturaleza declarativa y difieren poco de los Planes de Crecimiento y Transformación del gobierno anterior (2010, 2015), que tenían como objetivo mejorar el desempeño del país en la calificación Doing Business del Banco Mundial.
Aunque las organizaciones internacionales estiman el crecimiento del PIB en Etiopía en 2018-2019 en el 7% anual, en muchos aspectos se logra gracias a la política especulativa del Banco Central del país. La inclusión de la «imprenta» para cubrir el déficit presupuestario provocó una inflación de dos dígitos y una reducción de los ingresos reales de la población. El crecimiento económico en el sector real de la economía fue inferior al 7% y fue proporcionado en gran parte por la industria de la construcción, donde las posiciones del clan político tigré son fuertes. Es decir, todavía no se vislumbran perspectivas de mejora de la situación económica, especialmente si hay una seria redistribución de la propiedad.
En este contexto, el sistema de gestión de Etiopía está perdiendo su integridad y capacidad para responder a amenazas y desafíos. Como resultado de las protestas de 2015-2018 en el estado de Oromia, estallaron conflictos locales entre diferentes grupos étnicos. En contraste con las fuerzas del orden público, las instituciones informales locales estaban relativamente bien capacitadas para proteger asentamientos, lugares de culto y pastos de los ataques de grupos étnicos en conflicto (por ejemplo, los oromo-somalíes). Por lo tanto, las funciones administrativas reales han pasado en gran medida de las autoridades de las unidades administrativas a los líderes religiosos, los consejos de ancianos de los clanes y los comandantes de destacamentos juveniles armados.
Los intentos de las autoridades federales de cambiar algo aún no han dado resultados. Los enfrentamientos interétnicos se extendieron al estado de Amhara y al oeste del país y, a menudo, comenzaron a adquirir el carácter de enfrentamientos interreligiosos. En 2020 comenzaron a llegar informes de enfrentamientos en el este del país, en el estado de Afar (entre Afar y Somalis). En este contexto, el gobierno de Abiy Ahmed tomó acciones claramente erróneas. Por ejemplo, a mediados de agosto de 2020, alrededor de 1.700 funcionarios locales en el estado de Oromia fueron arrestados y acusados de «crisis de seguridad». Naturalmente, es imposible preparar al menos algún tipo de reemplazo para ellos en poco tiempo; esta decisión simplemente eliminó parte del aparato estatal en el estado.
La escalada de la violencia local en 2018-2020 y algunas circunstancias naturales (sequía, plaga de langostas) han llevado a que en Etiopía hayan aparecido hasta 2-3 millones de desplazados internos, que se ven obligados a apiñarse principalmente en campamentos de residencia temporal en sus propios estados o en los vecinos. Las autoridades del país están tratando de devolverlos a sus lugares originales, pero no pueden hacerlo ya que las aldeas están destruidas o están bajo la amenaza constante de ataques de vecinos de un grupo étnico diferente. Aunque Etiopía todavía demuestra intentos de resolver los problemas que enfrenta en comparación con los vecinos Sudán del Sur y Somalia, es obvio que esta crisis humanitaria y los enfrentamientos locales cada vez más sangrientos aún no se han contenido.
La ausencia de logros significativos en la política interna simplemente obliga a Addis Abeba a buscar la posibilidad de “éxitos rápidos” (Abiy Ahmed usó esta frase varias veces) en otras áreas. 2018-2019 pasó en gran parte bajo el signo de la reconciliación con la vecina Eritrea, que hasta la década de 1993 era parte de Etiopía. Sin embargo, el efecto mediático de este acontecimiento verdaderamente histórico ya pasó. El descontento con las autoridades del país crece gradualmente, por lo que la operación militar en Tigré debe verse como el siguiente paso del gobierno federal en su búsqueda de «éxitos rápidos»: es poco probable que una región resista a todo un estado.
Futuro cercano
Según la información más reciente, las fuerzas armadas etíopes han ocupado las ciudades de Aksum y Adua en el estado de Tigré. Esto significa que el gobierno federal ha logrado cortar las comunicaciones de Tigré con el territorio sudanés. Dado que Eritrea simpatiza claramente con Addis Abeba en este tema, el estado rebelde está prácticamente aislado del mundo exterior. La idea principal del operativo militar es ocupar los principales núcleos de población del estado y aprobar una administración de transición en ellos. Los funcionarios etíopes dicen que la capital del estado, Mekele, es la siguiente. Es decir, muy pronto (dentro de unas semanas) el mismo hecho de la toma de la capital del estado permitirá anunciar el éxito del gobierno federal (6).
Independientemente de si las autoridades etíopes podrán tomar el control de los asentamientos montañosos de Tigré en un futuro cercano, es probable que parte del liderazgo actual del estado y sus partidarios se pasen a la guerra de guerrillas, especialmente porque muchos de ellos ya tenían esa experiencia en 1970-1980. En este punto, es probable que exista una discrepancia entre el control estatal y la administración estatal. Es posible que Tigré se una a algunos de los otros estados menos gobernados de Etiopía. A mediano plazo, esto significa que la influencia real del gobierno federal, muy probablemente, no se extenderá más allá de los límites de las grandes ciudades y asentamientos individuales con infraestructura militar. Paradójicamente, al debilitar a Tigré, el gobierno de Abiy Ahmed debilitará a todo el país.
En cualquier caso, una operación militar en el estado rebelde ayudará a consolidar una nueva jerarquía de grupos étnicos en Etiopía. Sin embargo, esta jerarquía, con el grupo étnico oromo en la cima, enfrentará un análogo político interno del equilibrio de poder: la mayoría de los grupos étnicos del país no se benefician del liderazgo del grupo étnico más grande, cuyos representantes pueden no escuchar las opiniones de los demás. Ocupar las alturas de la economía y la política no es todavía construir una jerarquía etno-social en un país tan complejo como Etiopía. El clan oromo emergente necesitará aliados, jugadores neutrales. Bajo el dominio de los pequeños tigrianos, por ejemplo, el papel de los llamados pueblos y nacionalidades del sur (Gamo, Sylti, Kaficcho, Volayta y otros) aumentó considerablemente, con la ayuda de los cuales se equilibró la influencia de los grupos étnicos oromo y amhara.
Notas
(1) A fines de 2019, se disolvió el partido gobernante de Etiopía, FDRPE(Frente Democrático Revolucionario de los Pueblos Etíopes). Todas sus organizaciones regionales, excepto la de TigrÉ, se convirtieron en parte de la nueva fuerza gobernante: el Partido de la Prosperidad.
(2) Fessha YT, Estado del federalismo etíope, 2018-2019. ¿Tomando en serio las relaciones intergubernamentales? // Etiopía tras las reformas políticas. Ed. por MG Desta, DF Dori, ME Mihretu. – Los Ángeles: TSEHAI Publishers, 2020. págs. 405-408.
(3) El territorio del estado moderno de Tigré incluye no solo Tigré, sino también parte de la provincia histórica de Begemdyr.
(4) Loshkarev I.D., Kopytsev I.S. La revolución oromo y los problemas del equilibrio interétnico en Etiopía en la etapa actual (1991-2020) // Boletín de la Universidad Estatal de Bryansk. – 2020. – No. 3.S. 90-92.
(5) Un ejemplo clásico es el ya exsecretario de Defensa y presidente del estado de Oromia, Lemma Megersa.
(6) Nota de la traductora: Mekele ya ha sido tomada por Etiopía al publicar este artículo.
Ivan Loshkarev es profesor del Departamento de Teoría Política del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú
Traducido para el CEPRID (www.nodo50.org/ceprid) por Polina Aronova