«Si vendemos la tierra, ¿qué nos queda?, ¿qué vamos a dejar a nuestros hijos». La frase la pronuncia Amadou Thiaw, coordinador del Colectivo de Defensa de la Tierra de Fanaye. Estamos en Diéri, una vasta extensión de terrenos al norte de Senegal, cerca de la frontera con Mauritania, donde el Gobierno senegalés pretendía vender 20.000 […]
«Si vendemos la tierra, ¿qué nos queda?, ¿qué vamos a dejar a nuestros hijos». La frase la pronuncia Amadou Thiaw, coordinador del Colectivo de Defensa de la Tierra de Fanaye. Estamos en Diéri, una vasta extensión de terrenos al norte de Senegal, cerca de la frontera con Mauritania, donde el Gobierno senegalés pretendía vender 20.000 hectáreas a una empresa italiana para el cultivo de la batata y el girasol para la producción de biocombustibles. El pasado 26 de octubre, un enfrentamiento entre partidarios y detractores de este proyecto se saldó con la muerte de dos personas por heridas de bala y una veintena de heridos. Dos días después, el Gobierno daba marcha atrás y anunciaba la paralización de esta iniciativa, confirmada luego a los agricultores por el propio presidente Abdoulaye Wade.
Que África está en venta es cosa sabida. Por todas partes, en todos los rincones del continente, gobiernos y empresas extranjeras se están haciendo con enormes extensiones de terreno para cultivar productos agrícolas o para la producción de biocombustibles, lo que está generando un incremento de la inseguridad alimentaria. Sin embargo es menos sabido que los agricultores africanos se están organizando para detener una inercia que amenaza con dejarlos sin tierras y convertirlos en meros obreros agrícolas al servicio de otros intereses. Y la historia de Fanaye es el último y sangriento ejemplo de esta resistencia.Una especie de Fuenteovejuna a la africana.
La batalla campal tuvo lugar el 26 de octubre, día de mercado en el pueblo de Fanaye. Unos 500 agricultores se concentraban a las puertas de la sede de la Comunidad Rural donde se celebraba una reunión del consejo para hablar del proyecto. Los ánimos estaban muy caldeados. El presidente de la comunidad, Karasse Kane, había autorizado esta venta con la opinión en contra de la mitad del consejo, pero la mayoría de los agricultores no estaba de acuerdo y se quejaban de la falta de información.
«Vender 20.000 hectáreas supone traspasar una tercera parte de la tierra cultivable de esta comunidad. Es muchísimo, no podíamos quedarnos de brazos cruzados», asegura Thiaw, portavoz del Colectivo de Defensa de la Tierra. Cuando los agricultores llegaron a la sede de la comunidad rural se encontraron con que les esperaban allí decenas de trabajadores locales contratados por la empresa beneficiaria de esta venta, Senethanol, participada en un 51% por la compañía italiana Tampieri Financial Group. Y comenzaron los enfrentamientos a golpes, machetazos y disparos de rifles artesanales, lo que acabó con dos muertos, uno por cada «bando» y 21 heridos de distinta gravedad, además de la sede de la comunidad rural completamente destrozada. Dos días después, el Gobierno senegalés, por boca de su primer ministro, Souleymane Ndéné Ndiaye, anunciaba la suspensión del proyecto.
El pasado 22 de noviembre, los miembros del Colectivo de Defensa de las Tierras de Fanaye eran recibidos en audiencia por el propio presidente del país, Abdoulaye Wade, quien les informó de que toda venta de tierras a inversores extranjeros debía realizarse con el consenso y la adhesión de las poblaciones afectadas, con los correspondientes estudios de impacto ambiental y cultural y garantizando la preservación del ecosistema. Y que, ante la falta de dichos requisitos, tomaba la decisión de suspender definitivamente el proyecto de Senethanol en la comunidad rural de Fanaye y la apertura de una investigación para dirimir las responsabilidades de lo ocurrido la jornada trágica del 26 de octubre.
Los agricultores hablan de un intento de «expolio». «No se nos informó con detalle de la venta de unas tierras que nos pertenecen desde hace generaciones. Hasta ahora no hemos visto un proyecto que va a destrozar nuestro ecosistema. La gente de los pueblos de Diéri tendrá que irse a otros sitios a vivir. Además, el presidente de la comunidad rural ha vendido la hectárea a 25.000 francos CFA (unos 38 euros) cuando existía un acuerdo previo para que toda venta a inversores extranjeros se realizara a 50.000 francos la hectárea (76 euros). No sabemos a dónde ha ido a parar ese dinero», insiste Thiaw.
Pero, como en toda historia, hay dos versiones. Tanto el presidente de la comunidad rural como los representantes de Senethanol destacan las ventajas de este proyecto para los habitantes de Fanaye y de la región de Diéri. En primer lugar, está el empleo directo para los vecinos de la zona, de los que 800 ya habían sido contratados para los trabajos de tala y limpia de los terrenos y se habla de hasta 4.000 puestos de trabajo a medio plazo. En segundo lugar, el beneficio de un proyecto que supondría poner en cultivo tierras que ahora mismo no se usan para la agricultura por su extrema aridez, ya que una parte del río Senegal sería desviado para llevar agua hasta el Diéri. Y, en tercer lugar, la construcción de numerosas infraestructuras sociales con el dinero derivado de la venta y las tasas que pagará Senethanol, que incluyen pozos, escuelas, centros de salud. Además, desmienten que se vaya a producir ningún traslado de sus habitantes, todo lo contrario, que se construirían vías de acceso desde las pequeñas aldeas hasta la carretera.
Por ello, el presidente del Consejo de Administración de Senethanol, Gora Seck, ha recibido con consternación la noticia de la paralización del proyecto. «Rechazamos totalmente los desgraciados incidentes ocurridos en la comunidad rural de Fanaye, que no pueden dejar a nadie indiferente. Pero seguimos convencidos de que un proyecto de una envergadura tan grande, único en África y que supone una incuestionable mejora de la situación social y económica de los pueblos afectados y de todos los senegaleses, no puede ser la causa de los conflictos ocurridos en Fanaye. Las tierras que son objeto del proyecto se sitúan a más de 7 kilómetros de la carretera nacional en el lado opuesto al río, en tierras áridas, hostiles y sin explotar en la actualidad», asegura.
La historia de este proyecto comienza mucho antes, hace más de una década, cuando el actual presidente de la comunidad rural, Karasse Kane, convence a un grupo de inversores italianos de la sociedad Tampieri Financial Group de la idoneidad de las tierras de Diéri para la producción de biocombustibles. La empresa italiana se asocia con inversores senegaleses para crear Senethanol-Senhuile, reservando el 51% de las acciones en manos europeas. En septiembre pasado, tras los trámites necesarios, el asunto se somete a votación en el consejo rural, aprobándose por una ajustada mayoría. Pero los agricultores contrarios al proyecto insisten en que no fueron informados del proyecto y rechazan de manera tajante esta venta de tierras. «Veinte mil hectáreas son demasiadas».
Pero el caso de Fanaye no es un caso aislado. La tierra, considerada por muchos africanos como un bien común, un patrimonio colectivo e inalienable, se ha convertido, de repente, en un objeto de transacciones financieras en manos de los gobiernos. Y Senegal no escapa a esta tendencia. Un estudio elaborado por la asociación Enda Pronat ha revelado que unas 450.000 hectáreas han sido vendidas en 2010 a diferentes inversores extranjeros para el cultivo de arroz, caña de azúcar o jatrofa. El proyecto más grande no está lejos de Fanaye. Se trata de 200.000 hectáreas atribuidas a un grupo inversor saudí en el valle del río Senegal, entre Saint Louis y Matam, para el cultivo de arroz destinado a la exportación. Al otro lado del río, en la vecina Mauritania, el mismo grupo inversor se ha hecho con otras 300.000 hectáreas.
Y Senegal sólo es la punta del iceberg de lo que está pasando en África. Se calcula que entre 2006 y 2010 al menos 50 millones de hectáreas de tierras cultivables han cambiado de manos en el continente y han ido a parar, en buena medida, a empresas y gobiernos extranjeros. No es un fenómeno nuevo, pero es a partir de 2007 cuando se observa una enorme efervescencia de este tipo de operaciones, debido, según los expertos, «a la crisis alimentaria y financiera que está generando un nuevo ciclo mundial de apropiación de tierras». Y a la lucha contra el cambio climático, porque las tierras las destinan los países ricos a la producción de biocombustible para disminuir el consumo de energías fósiles.
El debate está sobre la mesa. Partidarios y detractores de la venta de tierras a empresas extranjeras en África enfrentan sus argumentos. Unos hablan de neocolonialismo y expolio. Otros de oportunidades y desarrollo. ¿Se pueden compaginar los intereses de un mundo industrializado necesitado de nuevos terrenos agrícolas para introducir monocultivos que les resulten útiles, frente a los intereses de una África que sigue necesitando de su tierra para alimentar a sus poblaciones con una agricultura diversificada?
Por ahora, tras la decisión adoptada por el presidente Wade de paralizar el proyecto de Senethanol, las secas tierras de Diéri se encuentran en calma y silencio. Los tractores y retroexcavadoras que hasta hace tan solo unos meses comenzaban ya el proceso de tala de árboles y preparación de los terrenos aparecen ahora, dormidos, a un lado de la carretera que une a Fanaye con la ciudad de Podor, capital del departamento. El ganado campa a sus anchas sin miedos por una zona que, en la actualidad, se destina casi por completo al pastoreo de vacas y corderos. Los 800 jóvenes que ya habían sido contratados por la empresa italiana se lamentan de su mala suerte, mientras los agricultores agrupados en torno al Colectivo de Defensa de las Tierras de Fanaye se congratulan de la decisión adoptada, aunque siguen en alerta. «Las elecciones están a la vuelta de la esquina y quizás el presidente sólo quería evitarse un problema», asegura uno de ellos.
Este texto es un resumen de un reportaje que se puede leer íntegro con las fotografías de Gabriela Barnuevo en la edición de enero de la revista Mundo Negro.