«Cuando Estados Unidos marca el rumbo, la ONU debe seguirlo. Cuando sea adecuado a nuestros intereses hacer algo, lo haremos. Cuando no sea adecuado a nuestros intereses, no lo haremos.»John BoltonCandidato de Estados Unidos a Embajador ante la ONU La palabra «democracia» es una de las más manoseadas. Da para todo; en su nombre se […]
«Cuando Estados Unidos marca el rumbo, la ONU debe seguirlo. Cuando sea adecuado a nuestros intereses hacer algo, lo haremos. Cuando no sea adecuado a nuestros intereses, no lo haremos.»
John Bolton
Candidato de Estados Unidos a Embajador ante la ONU
La palabra «democracia» es una de las más manoseadas. Da para todo; en su nombre se puede hacer cualquier cosa: matar, invadir un país, torturar, saquear.
Lo mismo puede decirse de otros términos que, por ampulosos, terminan degenerándose y sirviendo para cualquier fin: libertad, justicia, derechos humanos, amor. En nombre de cualquiera de estos principios los poderes fácticos han encontrado históricamente su justificación para continuar su dominación. Por amor se mata, por la libertad se encarcela.
Hoy por hoy el gobierno de Estados Unidos de América, la actual super potencia hegemónica, se arroga el derecho de manejar arteramente las más increíbles mentiras a su antojo, haciéndolas pasar por verdades, con el descarado objetivo de mantener su dominación; en ese sentido es un campeón en la manipulación mediática y el retorcimiento de términos. La defensa de la democracia es su «caballo de batalla» en este proyecto.
Pese a ser la potencia intocable de la actualidad, la historia no ha terminado. Los pueblos siguen reaccionando, y la injusticia sigue siendo el motor que hace andar la historia. En tal sentido, aunque omnímoda, la política estadounidense sigue teniendo opositores por todos lados, quizá más que nunca. Ahí están las protestas populares recorriendo Latinoamérica, quitando presidentes, oponiéndose a los planes neoliberales, impidiendo la puesta en marcha del ALCA. La resistencia sigue; y seguirá hasta el cansancio. ¿Por qué habrían de dejarse oprimir alegremente los pueblos?
En esa lógica algunos «malos ejemplos» -«malos» según el dictado de Washington- continúan enfrentándose a la dominación imperial y mostrando que la historia no ha terminado. Ahí están el movimiento campesino en Bolivia, Ecuador y Perú, los sin tierra en Brasil, las reivindicaciones indígenas que cruzan el continente, los piqueteros argentinos o los zapatistas en el sur de México. Pero más que nadie, como espina atravesada que no puede terminar de digerir, ahí está el nuevo «eje del mal»: Cuba y Venezuela.
No es necesario abundar mucho en datos sobre la ya proverbial intromisión del gobierno estadounidense en lo que considera su «patio trasero». Invasiones, golpes de Estado, dictaduras títeres donde Washington es el responsable pueden contarse por docenas.
Pero hasta ahora las protestas y alternativas opuestas a las oligarquías vernáculas y a la hegemonía norteamericana caían bajo el epíteto de «comunismo», siempre como «cabeza de playa» del «expansionismo soviético» que la guerra fría permitía elucubrar. ¿Qué pasa cuando esa contestación surge en el seno de un proceso democrático? El imperio no lo tolera.
El caso de la Revolución Bolivariana en Venezuela es, siempre en esta dimensión de dominación universal, un pésimo ejemplo que la potencia del norte querría erradicar de raíz. Con una transparencia democrática no vista en ningún país del Norte, con un referendo revocatorio de la presidencia a mitad del mandato -caso único en el mundo-, la población venezolana por ocho veces consecutivas votó a favor de un proceso popular que, por vez primera en su historia, pone a las por siempre marginadas mayorías en la perspectiva de una mejora real y de una genuina participación. Sin dudas ahí se está intentando construir una democracia real, no cosmética, no declamatoria, democracia de las bases, auténtico poder popular.
La democracia que defiende Washington es la que no toca sus intereses: democracia para la foto, representativa, del voto cada cierto tiempo. «Democracias vigiladas», como dijera Eduardo Galeano. Lo que no entra en esos cánones, igual que el «comunismo» de antaño, pasa a ser el demonio a exorcizar.
Pero algo ha comenzado a moverse en Latinoamérica en estos años. El «patio trasero», aunque no levante el discurso de «revolución socialista» de décadas pasadas, da muestras de insubordinación. Eso de la democracia como «gobierno del pueblo» no hay que tomárselo demasiado en serio, pareciera decir la derecha estadounidense. Tanto preocupa esto, que en el seno de la administración Bush comienzan a prenderse señales de alerta.
Al respecto, los senadores John Mc Cain (republicano por Arizona) y Joe Lieberman (demócrata por Connecticut), acaban de presentar en el Congreso un proyecto de legislación denominado «Ley de la Democracia de Avance». El objetivo de la iniciativa es «reforzar las capacidades del gobierno estadounidense» de promover la democracia en el extranjero -aunque nadie se lo haya pedido, claro está- utilizando, entre otras vías:
• El establecimiento de una nueva oficina de Movimientos de Democracia y Transiciones en el Departamento de Estado, y Ejes de Democracias Regionales (Embajadas en el exterior).
• La creación, dentro del Consejo de Seguridad Nacional, de un «Ayudante Especial al presidente de los Estados Unidos sobre Países Democráticos y Transición a la Democracia», quien tendría, entre otras responsabilidades, la de hacer recomendaciones de política y la coordinación de todas las agencias del Poder Ejecutivo claves, sin tener que rendir cuentas al Congreso.
Todos los mecanismos y acciones a ser implementados para la promoción de la democracia -de «esa» democracia- contarán con un respaldo financiero estimado en 250 millones de dólares para dos años.
El Proyecto de Ley proporciona un marco legal al gobierno de Estados Unidos no sólo para «medir a otros países» en función de su propia percepción de lo que considera democracia, sino -más preocupante aún- para inmiscuirse en los asuntos internos de las naciones catalogadas por él como «no democráticas» o cuyas democracias «se encuentran en peligro», para así asegurar la imposición de los objetivos de democracia que él desea. Constituye, pues, una carta blanca otorgada por el Congreso al Ejecutivo para la intervención de Estados Unidos en cualquier parte del mundo a través de lo que sería el desarrollo y la puesta en práctica de un plan estratégico interagencial en países considerados no democráticos.
Conforme a lo anterior, Washington requerirá un informe anual sobre la democracia que será tomado en cuenta para el diseño de los planes de acción de promoción de la misma en «países no democráticos», lo que representa una clara injerencia en los asuntos internos e irrespeto a la soberanía de los Estados, con el consecuente peligro de eventuales sanciones (léase intervención militar).
Asimismo, el Proyecto insta al gobierno de los Estados Unidos a seguir la coordinación con otros países y organizaciones internacionales en función de los objetivos arriba señalados. En este sentido, además de las gestiones bilaterales, es previsible que los Estados Unidos pretendan utilizar los foros multilaterales como la ONU y la OEA para tratar de aislar y perjudicar a los países que no sean de su agrado, o cuyos gobiernos no muestren ser condicionales a las políticas fijadas por el imperio.
La creación de una instancia operativa dentro del Departamento de Estado como la señalada anteriormente permitirá a Washington comunicarse y colaborar con partidos políticos de oposición, y dejaría a instancias como el Fondo Nacional para la Democracia (NED, por su sigla en inglés), como una institución más transparente y abierta para recibir financiamiento del Ejecutivo. Se estaría hablando entonces de la posibilidad de fuentes de financiamiento para grupos opositores de los países con consecuencias desestabilizadoras impredecibles.
Este Proyecto de Ley encaja dentro de una tradición muy profunda de la potencia, compartida tanto por demócratas como por republicanos, donde la máxima monroeniana se hace patéticamente explícita: «América para los americanos» … del Norte.
Estamos, claramente, a las puertas una dictadura planetaria. Si la potencia se arrogaba ya el derecho de clasificar y desclasificar países de acuerdo a su compromiso en la lucha contra el narcotráfico -según su parecer, obviamente-, con lo cual fijaba los flujos de ayuda o de castigo, la nueva legislación profundiza el desprecio de la derecha estadounidense por el resto del mundo y su aspiración a dictadura universal. Las invasiones de terceros países tendrán ahora una cobertura legal, con el agravante que se harán según designio divino – no faltará mucho para que Bush salga diciendo que actúa militarmente por inspiración de dios. Las democracias que no le convienen a las petroleras, a los halcones guerreristas, al nuevo César universal, serán «invadibles».
En el caso de Cuba, lo acabamos de ver, el gobierno estadounidense hizo lo imposible en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para lograr una sanción a la isla por «su falta de democracia». En el caso de Venezuela tanto el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld como luego la Secretaria de Estado Condolezza Rice buscaron recientemente en sus respectivos periplos por Latinoamérica el aislamiento y condena hacia el presidente Hugo Chávez, manifestando «preocupación por la democracia venezolana y el armamentismo», y reiterando que «Chávez es una fuerza negativa en la región». ¿Se está preparando la invasión militar contra Venezuela, principal reserva petrolera del planeta, gran fuente de agua dulce y «mal ejemplo» para los pueblos del Tercer Mundo?
El actual Proyecto de Ley haría pensar que sí.
Todas las dictaduras son deleznables. Nunca jamás pueden ser buena noticia; no lo eran las de las «repúblicas bananeras» latinoamericanas manipuladas por Washington, no lo fue tampoco el delirante experimento nazi-fascista europeo. ¿Por qué habría de serlo la que pretende la actual derecha estadounidense?