La realidad del hambre y la subnutrición que afecta a la población infantil es especialmente preocupante en el estado español. Familias castigadas por el paro y con graves problemas económicos son el tipo de perfil que engrosa las cifras de malnutrición infantil, que se sitúan a niveles alarmantes. Con motivo de la celebración de la […]
La realidad del hambre y la subnutrición que afecta a la población infantil es especialmente preocupante en el estado español. Familias castigadas por el paro y con graves problemas económicos son el tipo de perfil que engrosa las cifras de malnutrición infantil, que se sitúan a niveles alarmantes.
Con motivo de la celebración de la Conferencia Viena+20 sobre derechos humanos, que tuvo lugar esta semana en la capital austríaca, las organizaciones de Plataforma Rural, VSF Justicia Alimentaria Global, el Observatori DESC, y la CEAPA, han hecho entrega a Olivier De Shutter, Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, de un llamamiento urgente pidiéndole que visite el estado español para verificar la situación de vulneración de este derecho.
Cada día vemos como la situación de malnutrición en la infancia, lejos de solucionarse, se agrava con medidas como la reducción de las ayudas para los comedores escolares, entre otras que han ido socavando la protección necesaria para preservar los derechos humanos más básicos, entre los que se incluye el de la alimentación. En países como el nuestro el hambre no se manifiesta con rostros escuálidos, se trata más bien de un hambre silenciosa e invisible. Niños malnutridos que en el futuro desarrollarán problemas de salud, obesidad, diabetes, que posiblemente tengan problemas de rendimiento escolar y que pagarán la factura de la ausencia de responsabilidad política.
Vemos a políticos que hablan de la malnutrición como si fuera una catástrofe natural, vaya mala suerte, pero la existencia de la malnutrición infantil en un estado como el nuestro no deviene de una causa natural, ni se trata de una crisis humanitaria, sino de una crisis política. Una omisión de políticas públicas que golpea y agrede a las clases más populares y vulnerables.
Con las vacaciones estivales a la vuelta de la esquina aumenta la dificultad para poder garantizar la alimentación de niños y niñas que hasta ahora solo tenían asegurada su comida en la escuela. Los gobiernos central y autonómicos, lejos de establecer políticas alimentarias y agrícolas integrales, acuden a los bancos de alimentos, a la beneficiencia,.. como única propuesta, lavándose las manos. Si no se ataja este problema de manera urgente, ¿cómo podemos decir que vivimos en un estado democrático?
Javier Guzmán. Director de VSF Justicia Alimentaria Global
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.