Los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia) atraviesan condiciones críticas, consecuencia de la reducción de las raciones alimentarias y las recientes inundaciones.
Medio siglo de olvido y abandono.
En 1975, miles de saharauis fueron expulsados de su territorio después
de que Marruecos impulsase la Marcha Verde y ocupase lo que por aquel
entonces era una colonia española. Más de 300.000 civiles marroquíes con
unidades militares camufladas llevaron a cabo una ocupación que obligó
—según los cálculos de Amnistía Internacional— a casi la mitad de la
población del Sáhara Occidental a refugiarse en los campamentos de
Tinduf (Argelia), donde se estableció el gobierno de la República Árabe
Saharaui Democrática (RASD), autoproclamada y reconocida por más de
ochenta países.
Cinco décadas más tarde, la represión marroquí no ha cesado. Desde entonces, más de 173.000 saharauis han vivido en condiciones de extrema precariedad en estos campamentos, donde dependen casi por completo de la ayuda internacional para sobrevivir. En pleno desierto, entre jaimas y un clima extremo que oscila entre los 55°C y los -3°C a lo largo del año, la población saharaui enfrenta ahora nuevas amenazas: el hambre y las inundaciones.
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Desde el Consorcio de ONG que apoya
a la población saharaui refugiada en los campamentos de Tinduf alertan
sobre el “continuo deterioro de su situación humanitaria”. La reciente
reducción de las raciones alimentarias —consecuencia de la inflación
derivada de la pandemia y el contexto bélico mundial— ha provocado que
desde noviembre de 2023 el Programa Mundial de Alimentos (PMA) haya
reducido en un 30% las raciones alimentarias a una población que depende
casi exclusivamente de esta asistencia. Esta situación ha sumido a
miles de familias en una crisis de desnutrición severa, tal y como
informan desde la red de entidades sociales.
¿Los más vulnerables? La población infantil y las mujeres lactantes, que enfrentan crecientes tasas de anemia y malnutrición. Tal y como cifra el estudio de vigilancia nutricional de los campos de refugiados saharauis realizado por UNHCR-ACNUR, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y INRAN, el contenido en micronutrientes y minerales de la ración diaria no es suficiente para cubrir las necesidades de la mayoría de los individuos. Según Vega Díez Pérez, Coordinadora Internacional de CERAI, la reducción no solo ha afectado a la cantidad de las cestas alimentarias, sino también a la calidad de los alimentos básicos. “Las raciones ahora consisten principalmente en harina de trigo, cebada, aceites y algunas legumbres, mientras que los alimentos frescos y los productos con alto contenido en micronutrientes han disminuido drásticamente”, apunta Díez.
De acuerdo con las directrices del ACNUR, la OMS, el UNICEF y el PMA sobre Necesidades Alimentarias y Nutricionales en Emergencias, la cesta de alimentos debe ser adecuada y aportar 2.100 kilocalorías y micronutrientes esenciales. Sin embargo, la cobertura sólo se alcanza en el caso de la tiamina y la niacina, contenidas principalmente en los cereales. La riboflavina, la vitamina C, el calcio, el hierro y la vitamina A se suministraron en niveles extremadamente bajos por la falta de proteínas animales, frutas y verduras frescas en las raciones de alimentos. Asimismo, las comparaciones de datos entre 2002 y 2005 indican que la anemia ha aumentado notablemente en niños y mujeres no embarazadas, al igual que el retraso del crecimiento. Unos datos que contrastan con la tendencia positiva documentada entre 1997 y 2002.
“Las
ONG son las que aportan los productos frescos, aunque no van más allá
de patatas y cebolla para sumar un aporte nutritivo a la cesta”, explica
Mohamed Embarec Lehbib, saharaui cooperante de CERAI en el terreno. La
respuesta a esta situación lleva a iniciativas como la creación de
huertos familiares, proyecto que él mismo lidera y busca proporcionar
productos frescos a las familias para complementar las raciones básicas.
El coordinador del proyecto incide: “La gente aquí sufre de
desnutrición. Cada vez más niños y niñas se ven afectados por
desnutrición crónica”.
Sectores básicos como la salud y la educación también se han visto afectados y es gracias a las agencias humanitarias y al apoyo de Argelia que los campamentos han ido desarrollando infraestructuras clave que les permiten acceso a agua, comunicación o electricidad y les han permitido sobrevivir a las condiciones del terreno.
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Una coyuntura que se ve agravada
por las recientes inundaciones, que han acabado de destruir los ya
limitados recursos con los que contaban en los campamentos. No es la
primera vez que las refugiadas sufren las consecuencias de tragedias
meteorológicas. En los años 1995, 2006 y 2015 las graves inundaciones ya
devastaron el terreno y, basándose en la experiencia previa, alertan de
que la situación puede empeorar.
La respuesta humanitaria inicial del Gobierno de Argelia, ONG y agencias internacionales, ha permitido cubrir las primeras necesidades mediante la distribución de jaimas, alimentación básica y agua, además de atención médica primaria y saneamiento. Pero, tal y como advierten desde el consorcio de ONG, “estas contribuciones no son suficientes para paliar la situación de extrema vulnerabilidad de más de 500 familias saharauis del campamento de Dajla”.
Medio siglo de ocupación
La situación actual no es nueva, pero ha empeorado significativamente en los últimos años. El conflicto del Sahara Occidental se remonta a la descolonización española en 1975. Con el régimen franquista en declive y la muerte de Franco a las puertas, se firmó el Acuerdo Tripartito de Madrid —también llamado Arreglo de Madrid— un pacto condenado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) con el que la provincia española del Sáhara se dividía entre España, Marruecos y Mauritania. Un año más tarde, el 26 de febrero de 1976, el gobierno de España comunicó a la ONU que finalizaba su presencia en el territorio por lo que el Sáhara Occidental estaba en manos de Marruecos y Mauritania.
Tras esta decisión, la Marcha Verde fue el detonante de la guerra entre el Reino de Marruecos y el Frente Polisario —movimiento de liberación nacional representante del pueblo saharaui—, a pesar de que la ONU consideró ilegal la invasión por parte de Marruecos. En 1979 Mauritania se retiró de sus pretensiones, pero Marruecos siguió con su empeño de ampliar su zona ocupada.
Cinco décadas más tarde, la propuesta de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui —solución por la que históricamente apuesta tanto la comunidad internacional como la ONU— brega con la idea de Rabat de que el territorio pase a ser una autonomía dentro de Marruecos. En 1991 se consiguió el alto al fuego hasta 2020, cuando Marruecos rompió el acuerdo y empezó el conflicto armado. Un ataque que se saldó con la muerte de un gran número de civiles en los territorios liberados bombardeados por Marruecos y que actualmente sigue sumando víctimas. A raíz de esta situación, Naciones Unidas lo calificó como un territorio no autónomo.
Desde la reanudación del conflicto armado entre el Frente Polisario y Marruecos en 2020, las condiciones de vida en los campamentos se han deteriorado aún más. Actualmente, cerca de un 75 % del territorio saharaui está ocupado por Marruecos y un 25 % está liderado por las fuerzas armadas del frente polisario, por lo que más de la mitad de la población saharaui permanece en territorios ocupados por Marruecos. Un proceso estancado durante décadas que se recrudece con el reciente giro del posicionamiento de la comunidad internacional, que parece haber desviado su mirada.
“Así llevamos más de 50 años, acogidos en territorio argelino y rechazados de nuestra tierra natal”, confiesa Embarec Lehbib. Pese a ello, Mohamed asegura que “la esperanza de que en poco tiempo puedan volver a casa no se ha perdido”. Mientras sobreviven en los campamentos, “los saharauis invierten en conocimientos para que cuando recuperen su autonomía tengan la capacidad de mantener la República Independiente que buscan”, tal y como relata el ahora cooperante en CERAI.
¿Hacia dónde mira Occidente?
Gran parte del conflicto tiene sus raíces en la riqueza de recursos naturales de las tierras del Sáhara Occidental, lo que ha condicionado el posicionamiento internacional de los últimos años. La abundancia del sector pesquero, los yacimientos de fósforo y las ventas de armamento de España a Marruecos son algunos de los motivos que explican el cambio del equilibrio geopolítico.
A finales de marzo de 2022, España, antigua potencia colonial en el Sáhara Occidental, cambió su postura al respaldar el plan marroquí de autonomía como la base más “realista” para la resolución del conflicto. Pedro Sánchez aseguraba en una carta al rey de Marruecos, Mohamed VI, que apoyaba una autonomía dentro de Marruecos para el Sáhara Occidental. Un posicionamiento que da un giro a la línea política marcada por el estado español desde la descolonización y ha sido rechazado por las ONG que allí cooperan. Tal y como subraya Vega Díez Pérez: “España tiene una deuda histórica con el pueblo saharaui. Muchas de las personas afectadas tienen nacionalidad española o sus predecesores eran españoles”. De hecho, durante la administración española del territorio, la ciudadanía saharaui recibió Documentos Nacionales de Identidad (DNI) en un acto que formalizaba su conexión con España.
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El giro en la postura del gobierno español recuerda al de Estados Unidos en diciembre de 2020, cuando —bajo la administración de Donald Trump— reconoció la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental a cambio de la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel. Desde entonces, otros países europeos como Alemania han reforzado su apoyo al plan de autonomía marroquí. El último de ellos, Francia.
Hasta el momento, la falta de respaldo de París al plan de autonomía marroquí era evidente. Además, el escándalo de espionaje con el software Pegasus y la resolución del Parlamento Europeo que criticaba a Marruecos por su falta de libertad de expresión, el recorte de visados a marroquíes por parte de Francia y el acercamiento de París a Argelia aumentaron las fricciones entre los dos países. No obstante, bajo el mandato del presidente Emmanuel Macron, la situación ha cambiado.
Tras casi tres años de tensiones entre ambos países, la antigua potencia colonial y aliado tradicional del país magrebí realizó un acercamiento este mismo año similar al que hizo España en 2022. En declaraciones a EFE, el ministro de Exteriores de Marruecos Naser Burita indicó que el giro francés respecto al Sáhara Occidental “no es solo un apoyo a la autonomía” bajo soberanía de Marruecos, sino que se asegura la coherencia de acción de París en esta nueva posición “tanto a nivel interno como internacional”.
En contraposición, el consorcio de ONG y las entidades que apoyan la causa saharaui enfatizan la necesidad de que Francia, EEUU y España “pongan sobre la mesa el derecho del pueblo saharaui reconocido y establecido por la ONU a conseguir una resolución de su estado político”. Para ello piden, en primer lugar, el reconocimiento de la autoridad del pueblo marroquí y, en segundo, el posicionamiento político hacia la consideración del derecho saharaui. “No se puede matar a un pueblo entero de hambre”, sentencia la portavoz de CERAI.
Desde la colonización del Sáhara, el territorio se ha visto sumido en constantes vulneraciones de sus derechos. Los agentes de cooperación internacionales reclaman un compromiso internacional para resolver el conflicto político que aísla de manera silenciosa al pueblo saharaui y le aleja cada vez más de sus aspiraciones de autodeterminación. “Apoyándonos en el cumplimiento de la legalidad internacional y política, desde las ONG solo trabajamos en el cumplimiento de los derechos humanos para un pueblo que necesita refugio”, imploran las organizaciones de la sociedad civil.
