Setenta y cuatro presos políticos saharauis permanecen secuestrados en las cárceles que la dictadura alauita tiene en Marruecos y los Territorios ocupados del Sahara Occidental. La mayoría de ellos son jóvenes y cumplen condenas de 4, 5,10, 15 y 20 años; o en otros casos siguen a la espera de lo que Marruecos llama un […]
Setenta y cuatro presos políticos saharauis permanecen secuestrados en las cárceles que la dictadura alauita tiene en Marruecos y los Territorios ocupados del Sahara Occidental. La mayoría de ellos son jóvenes y cumplen condenas de 4, 5,10, 15 y 20 años; o en otros casos siguen a la espera de lo que Marruecos llama un «juicio» pero que no cumplen las garantías jurídico procesales necesarias. El delito común cometido por todos ellos es ser saharaui y expresarlo libremente, sin miedo y a sabiendas de las repercusiones que esta lucha pacífica por sus derechos conlleva. Sin embargo a quien no respeta los derechos humanos del pueblo saharaui, no cumple la legalidad internacional, ni las reiteradas resoluciones de Naciones Unidas, para ellos no hay juicios ni cárceles, sino que se les hace socios preferentes de la Unión Europea mediante un estatuto avanzado, sin ni siquiera cuestionarles. A cambio, eso si, de compartir el expolio de los recursos naturales del Sahara Occidental. Parecería el mundo al revés, sino fuese porque el mundo nunca llego a funcionar de forma diferente.
Peor suerte corrió Said Dambar, saharaui de 27 años (que casualidad, otro joven más), que el pasado 21 de diciembre fue asesinado por la policía marroquí de dos disparos a quemarropa en la cabeza. Hace unas semanas su padre murió de pena, pues las balas no sólo matan a quien impactan, se dirigen a todo un pueblo aunque en su camino suelen encontrarse con jóvenes sin miedo. Su cuerpo aun sigue secuestrado por las autoridades marroquíes sin que haya sido devuelto a la familia. Se están tomando su tiempo en hacerlo, será para hacer un buen informe sobre el asesinato, de esos que se les pide con frecuencia a la dictadura alauita y que nunca son entregados.
Pero evidentemente estas cosas sólo pasan en regiones con regimenes como el que existen en Marruecos que cuentan con la complicidad de la Unión Europea. Si alguien lo duda que le pregunte a José Morales Brum. Que participaba en una manifestación pro-saharaui en Arrecife de Lanzarote el pasado 22 de julio, cuando fue increpado por una persona que saco una pistola en presencia de numerosos testigos, diciendo que era policía, para requisarle la cámara de fotos. Por suerte para José, se encontraba en el Estado Español, y nuestro gobierno ha abierto una investigación contra ese individuo que sacó una pistola para requisarle una cámara a una persona que hacía fotos. Perdón me equivoque, pues eso sería en el mundo al revés, aquí se le ha abierto un expediente de expulsión por ser ciudadano extranjero (José Morales es uruguayo, aunque lleva 10 años viviendo en España) que se fundamenta en el «riesgo de la seguridad nacional y de las relaciones con otro estado (se refiere a Marruecos)». ¿O que se creía este extranjero que en España podía ejercer su libre derecho de expresión? Pues no, una cosa es lo que decimos y otra, evidentemente, lo que hacemos.
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