Dos sucesos que sacudieron a la ciudad de Oakland, California, el lunes pasado fueron motivo de primera plana en los principales diarios de Estados Unidos. Al mismo tiempo que una persona asesinaba a siete estudiantes en una universidad de esa ciudad, un grupo de agentes federales realizaba una redada en un centro de estudios sobre […]
Dos sucesos que sacudieron a la ciudad de Oakland, California, el lunes pasado fueron motivo de primera plana en los principales diarios de Estados Unidos. Al mismo tiempo que una persona asesinaba a siete estudiantes en una universidad de esa ciudad, un grupo de agentes federales realizaba una redada en un centro de estudios sobre el cultivo de mariguana. Sin aparente conexión, la sincronía de ambos eventos desencadenó una serie de preguntas en diversos medios de comunicación sobre la incongruencia de leyes cuya aplicación produce el efecto contrario de lo que la sociedad esperaría de un cuerpo legal estructurado para su protección.
En el primer caso, un individuo de 43 años acribilló a balazos a siete estudiantes cuando tomaban clase en la Universidad Cristiana de Oikos.
El asesino pudo cometer la masacre, entre otros cosas, debido a las facilidades que en muchos estados de EU existen para adquirir todo tipo de armas. En el segundo caso, un grupo de agentes federales detuvo al director de la Universidad de Oaksterdam, dedicada al estudio del cultivo y la venta de mariguana con fines medicinales, en la que nadie había perpetrado crimen alguno. De acuerdo con la ley en California, está permitida la venta de mariguana con fines medicinales, en oposición a la legislación federal que la considera un delito.
No obstante las continuas demandas de que se prohíba la venta indiscriminada de armas, poderosas organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle han encontrado suficientes aliados en el Congreso estadunidense para detener una legislación que sancione la venta y el uso irrestricto de armas en el país. En cambio, llama la atención que en el Congreso haya quienes se nieguen a legislar para permitir la venta regulada de mariguana, como sucede con las bebidas alcohólicas, con el argumento de que sería la causa de un aumento sustancial en su consumo y adicción a ella
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Más de una de las organizaciones que promueven la liberación en su venta ha señalado que, una vez que se levantó la prohibición en la venta del alcohol, no todos los estadunidenses se volvieron alcohólicos, y sí en cambio se terminó con uno de los periodos de mayor criminalidad en el país.
En menos de un año han sido asesinadas cuando menos 30 personas en diversas ciudades de Estados Unidos por individuos que sin el mayor problema han adquirido poderosas armas para perpetrar una masacre tras otra. Que se sepa, el consumo de mariguana no ha sido responsable de ninguna masacre. La prohibición en su comercialización sí lo ha sido.
En todo caso, cabe preguntarse: si lo que se desea es proteger a la población, ¿no resultaría menos incongruente que también se legislara para prohibir la compra irrestricta de armas de fuego, sobre la que sí hay pruebas fehacientes y abundantes de su efecto mortífero?
No hay vuelta de hoja: el mundo está de cabeza, o para ser más preciso, sigue de cabeza.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2012/04/09/opinion/017a1pol