El gobierno de Libia entregó a más de 276 prisioneros a las autoridades del vecino Níger, pero entre ellos no había ninguno de las de decenas de nigerinos que esperan su ejecución en cárceles libias. Según informes de prensa, los liberados el 17 de este mes habían sido sentenciados por delitos menores, como robo, o […]
El gobierno de Libia entregó a más de 276 prisioneros a las autoridades del vecino Níger, pero entre ellos no había ninguno de las de decenas de nigerinos que esperan su ejecución en cárceles libias.
Según informes de prensa, los liberados el 17 de este mes habían sido sentenciados por delitos menores, como robo, o estaban esperando su juicio.
El 30 de mayo, 18 sentenciados por el delito más grave de asesinato premeditado fueron ejecutados por las autoridades libias, según el periódico local Quryna.
No se dieron más detalles, pero se cree que entre ellos habría varios extranjeros, incluyendo ciudadanos de Chad, Níger y Egipto.
Moustapha Kadi, coordinador del Colectivo de Organizaciones por los Derechos Humanos y la Democracia (CODDHD, por sus siglas en francés), dijo a IPS que tres nigerinos estaban entre los ejecutados: Sani Maidouka, de la región central de Maradi, y Saidou Mohamed y Harouna Dangoda, de la occidental Tahoua.
«Le hemos pedido al emisario libio, profesor Rajab Mita Budabbus, quien se encontraba en Niamey (la capital nigerina) para reunirse con el jefe de Estado, Salou Djibo, que le informara a las autoridades de su país que debían hacer arreglos para repatriar los cadáveres de estos tres, así como para compensar a sus familias», dijo Kadi.
Según CODDHD, nueve nigerinos fueron ejecutados en Libia en 2009, y otros 14 se encuentran en el pasillo de la muerte.
Miles de nigerinos atraviesan el desierto del Sahara cada año hacia Libia, con la esperanza de luego cruzar el mar Mediterráneo hacia Italia. El gobierno libio ha endurecido sus medidas contra los inmigrantes y el tráfico humano, reduciendo notoriamente el número de personas que llegan a tierras libias con la mira puesta en Europa.
El 8 de este mes, Libia ordenó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) que cerrara sus oficinas en la capital, Trípoli. Acnur tenía registrados a unos 9.000 refugiados en tierras libias, incluyendo a 3.700 solicitantes asilo.
Muchos habían sido interceptados por la Marina italiana cuando se dirigían en bote a Europa, y fueron devueltos a aguas libias. Sin la presencia de Acnur, los inmigrantes son más vulnerables.
Amnistía Internacional criticó duramente las ejecuciones de mayo, y expresó especial preocupación por la situación de los extranjeros, que podrían ser condenados sin recibir un juicio justo.
«Hay cierto número de casos donde los representantes diplomáticos de los detenidos no fueron notificados. Por lo tanto, no pudieron darles asistencia apropiada», dijo Diana Eltahawy, investigadora de Amnistía Internacional para el Norte de África.
Eltahawy dijo a IPS que algunos extranjeros no lograron contactarse con sus abogados hasta que fueron al juicio, lo que hizo imposible preparar la defensa. Añadió que confesiones extraídas mediante tortura son habitualmente usadas como evidencia en Libia para condenar a individuos en casos de pena capital.
Ciudadanos libios también afrontan juicios injustos, reconoció Eltahawy, pero explicó que los extranjeros están aun en desventaja porque por lo general no saben hablar árabe. «No siempre hay servicios de traducción disponibles. Tuvimos algunos casos en que personas llevadas a la corte no sabían de qué se las acusaba».
Una vez sentenciados, los extranjeros tienen también más probabilidades de ser ejecutados porque no pueden negociar con los familiares de las víctimas. Bajo la ley libia, es posible conmutar la pena capital por cadena perpetua si la familia de la víctima acepta a cambio una compensación monetaria.
«Los extranjeros no cuentan con una red familiar en el país que los ayude y que pueda negociar con los parientes de la víctima. Además, no tienen dinero suficiente como para pagar lo que pueda exigir la familia», dijo Eltahawy a IPS.
Heba Morayes, investigadora de la División de Medio Oriente y África del Norte de la organización Human Rights Watch, hizo énfasis en que, para los no árabes, es difícil realizar ese tipo de arreglos. «Los extranjeros necesitan un intermediario libio para negociar».
El no gubernamental Centro Árabe para la Independencia del Sistema Judicial y la Profesión Legal ayuda a ciudadanos egipcios condenados a muerte en Libia a completar los procesos de reconciliación con las familias de las víctimas.
«Logramos varias veces posponer la aplicación de sentencias y también conmutarlas por cadenas perpetuas. Sin embargo, no hay suficientes recursos financieros para proveer el ‘dinero de sangre’ (compensación a las familias de las víctimas)», dijo a IPS el director del Centro, Nasser Amin, y subrayó que los procedimientos son complicados y largos.
Recientemente, un egipcio fue ejecutado cuando se desarrollaba el proceso de negociación. El gobierno libio se negó a reconocer la autenticidad del perdón firmado por los parientes de la víctima. Amnistía Internacional pidió a las autoridades libias que presentaran estadísticas oficiales sobre las personas que están condenadas a muerte y otras que se encuentran en prisión, pero no recibió respuesta.
«Hay falta de transparencia: se divulgó la cifra de 200 personas en el pabellón de la muerte, pero no se dijo nada sobre sus diferentes nacionalidades», indicó Eltahawy.
Amnistía tampoco pudo determinar la situación en que se encontraban los reclusos. «No hemos visitado las dos cárceles donde estaban recluidos los 18 ejecutados. Pero, según reportes, las condiciones no son tan malas allí como en otros centros de detención», reconoció.