Kazajastán, un incierto futuro

Tayikistán, con una extensa frontera con Afganistán, cuenta con diez millones de habitantes, y el presidente del país desde la guerra civil de 1992, Emomali Rahmon, del nacionalista Partido Democrático Popular, cuenta con el apoyo de Rusia. Kirguizistán, envuelta en frecuentes «revoluciones» y golpes de Estado, está presidido por Sadir Zhaparov desde principios de 2021. Miembro del nacionalista y conservador partido Mekençil, Zhaparov ganó las elecciones tras salir de la cárcel y ha convertido al país en una república presidencialista. En diciembre de 2021, se frustró un golpe de Estado, y diversas organizaciones no gubernamentales trabajan por cuenta de Estados Unidos, Gran Bretaña y Turquía. Turkmenistán, con seis millones, es un país cerrado que el converso Saparmurat Niyázov convirtió en una dictadura grotesca. Niyázov fue sucedido a su muerte, en 2006, por Gurbanguly Berdimujamedov que (en una derivación regional de la crisis de enero en Kazajastán, temeroso de correr la suerte de Nazarbáyev) decidió convocar elecciones para entronizar a su hijo Serdar: el 12 de febrero se anunciaron elecciones presidenciales anticipadas en Turkmenistán para el 13 de marzo de 2022, mientras el kazajo Tokáev manifestaba su apoyo a Berdimujamedov. Como era previsible, Serdar Berdimujamedov se ha convertido en el nuevo presidente.

Las dos repúblicas más pobladas son Kazajastán, con diecinueve millones de habitantes, y Uzbekistán, que cuenta con treinta y tres millones y fue sometido a la dictadura del converso Islom Karímov, el corrupto presidente que murió en 2016 y fue sustituido por Shavkat Mirziyoyev, del mismo Partido Democrático Liberal que su antecesor y también férreo anticomunista. Las cinco repúblicas de Asia central se caracterizan por mantener regímenes dictatoriales en manos de las oligarquías enriquecidas con el robo de la propiedad pública soviética y donde la frecuente inestabilidad en Kirguizistán parecía una excepción, aunque las protestas en cada país han sido reprimidas de forma sanguinaria en los últimos treinta años. Kazajastán parecía mantener la estabilidad tras la dimisión de otro converso, Nazarbáyev, que gobernó durante casi treinta años y cedió la presidencia a Kasim-Yomart Tokáev, de su mismo partido Nur Otán, nacionalista y conservador. Hasta el estallido de enero de 2022.

Las protestas en Kazajastán se iniciaron el día 2 de enero en centros petroleros próximos al Mar Caspio, como Janaozén y Aktau, y se extendieron a Almaty, la urbe más poblada del país, y a otras ciudades, a consecuencia del aumento de precio del combustible. Los manifestantes reclamaban también el fin de la corrupción y del poder de Nursultán Nazarbáyev que, aunque había abandonado la presidencia en 2019 en manos de Tokáev, seguía controlando los mecanismos de gobierno y la presidencia del Consejo de Seguridad Nacional. Su influencia seguía siendo enorme: en su honor, Tokáev decidió cambiar el nombre de la capital Astaná, por el de Nursultán, y el disciplinado parlamento aprobó el nuevo nombre para la ciudad al día siguiente de la dimisión de Nazarbáyev.

En las manifestaciones de enero participaron los trabajadores petroleros, a los que se añadieron después, cuando los disturbios empezaron en Almaty y en Nursultán y el caos empezó a apoderarse de las calles, sectores de la policía y del ejército ligados a Nazarbáyev, grupos de delincuentes y de rateros, islamistas. En la confusión, empezaron a asaltar comercios, tiendas de electrodomésticos, armerías, e incendiar y saquear edificios oficiales. Incluso se apoderaron del aeropuerto de Almaty, y es muy probable que intervinieran los servicios secretos occidentales. En Almaty, la residencia del presidente fue destruida en la revuelta, y será demolida y sustituida por un parque. Durante los disturbios, Tokáev afirmó que veinte mil terroristas atacaban el país, afirmación que no tenía ninguna credibilidad: es inverosímil que tantos terroristas en movimiento no hubiesen sido detectados por los servicios secretos kazajos ni por los de los países vecinos, ni los rusos o chinos. Tras el cierre de la crisis, tampoco el ministerio del Interior ha presentado pruebas de la participación de fuerzas extranjeras, ni ha mostrado terroristas extranjeros detenidos.

El día 5 de enero, se impuso el toque de queda en el país y el gobierno de Askar Mamin fue destituido por Tokáev, que nombró a Aliján Smailov nuevo primer ministro. Se cerró el acceso a internet, y el día siguiente Tokáev ordenó «disparar a matar» sin previo aviso, e hizo detener a Karim Masimov, jefe de los servicios secretos kazajos (KNB) y antiguo primer ministro, y cesó al propio Nazarbáyev como presidente del Consejo de Seguridad Nacional. Más de doscientas personas murieron en los disturbios, miles de personas fueron detenidas, y hasta Arman Dzhumageldiyev, un conocido delincuente, fue detenido. Tokáev también solicitó la implicación de Moscú: el día anterior, pidió ayuda a Putin, quien de acuerdo con el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, presidente de turno, activó el mecanismo para la intervención de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), que envió unos 2.500 soldados a Kazajastán en «misión de paz». Las decisiones tomadas por el presidente Tokáev no dejan dudas sobre los enfrentamientos internos entre los distintos grupos del poder en Kazajastán, donde intervinieron también otros actores.

Cuando terminaron los disturbios, aplastados en sangre, la Fiscalía kazaja informó de que habían muerto 227 personas, casi cinco mil personas resultaron heridas y más de diez mil fueron detenidas. Un mes después de los hechos, la Fiscalía general se negaba a facilitar los nombres de las personas muertas en los disturbios, con el pretexto de que el caso continuaba abierto. Rizabek Ozharov, jefe de la Fiscalía, declaró el 23 de febrero al Kazakhstanskaya Pravda, diario propiedad del gobierno, que seis personas habían muerto mientras permanecían detenidas en dependencias policiales, admitiendo que otras, sin especificar su número, habían sido también maltratadas.

Con la situación controlada, Tokáev acusó directamente al Consejo de Seguridad Nacional, y el día 11 de enero criticó en el parlamento a Nazarbáyev asegurando que había permitido la aparición de privilegiados en el país. Retiraron también el mandato parlamentario a la hija de Nazarbáyev, e hizo una aparición en televisión donde Tokáev intentó congraciarse con los trabajadores: habló de obligar a los empresarios a compartir su riqueza donando dinero a un fondo público destinado a satisfacer necesidades sociales, de combatir el desempleo, de aumentar el bienestar del pueblo, asegurando que iba a luchar contra la corrupción, malversación y la información privilegiada.

El 13 de enero, Tokáev aprobaba la composición del nuevo gobierno kazajo, donde Askar Umarov pasó a ser el nuevo ministro de Información que dirigirá la política informativa del país. Umarov es un anticomunista y duro rusófobo, que tiene prohibida oficialmente la entrada en Rusia. En 2017, Umarov dirigía la Kazinform, la principal agencia de noticias del país, e hizo publicar mapas de Kazajastán donde incorporaba territorios rusos, chinos y uzbekos. Además, Umarov rechazaba la celebración en Kazajastán de la victoria soviética sobre la Alemania nazi, argumentando que era una guerra ajena, y acusaba a la población rusa del país de ser «una diáspora impuesta» que debía agradecer no ser perseguida.

El desmoche político continuó. El 19 de enero fue detenido el ministro de Defensa, Murat Bektanov, bajo la acusación de haberse inhibido durante los disturbios de los días anteriores, y Tokáev nombró al viceministro del Interior, Ruslan Zhaksylykov, para sustituirlo. La explicación oficial del relevo de Bektanov se basaba en que el ejército no utilizó su fuerza para hacer frente a una situación crítica, por lo que el presidente anunció en el Majilis la inmediata reestructuración del ejército, la policía, las agencias de seguridad nacional y los servicios de inteligencia. En febrero fue detenido Karim Masimov y tres de sus adjuntos, Anuar Sadikulov, Daulet Ergozhin y Marat Osipov. El mismo mes, Sanjar Adilov, responsable del Ministerio del Interior que dirige la investigación sobre los disturbios, declaraba que 86 personas habían sido ya juzgadas y, de ellas, 52 habían sido condenadas. Permanecían detenidas 255 personas, investigadas por robos, destrucciones y tenencia de armas. A finales de ese mes de febrero, el Ministerio del Interior aseguraba que no investigaba a Samat Abish, ex vicepresidente del Comité de Seguridad Nacional, ni a Askar Mamin, ex primer ministro.

Una explosión de esa envergadura necesita una explicación para el país. El secretario de Estado, Erlan Karin, habló de un «ataque terrorista híbrido» contra Kazajastán, y a finales de febrero afirmó que el gobierno había evitado una yihad organizada desde Siria, al tiempo que la presidenta de la Comisión oficial que investiga las protestas, Aiman Umarova, acusaba al Comité de Seguridad Nacional, CNS, y al círculo de Nazarbáyev de organizar los disturbios con el objetivo de «frenar las reformas» de Tokáev. Para Umarova, los principales dirigentes del CSN eran unos traidores que prepararon un plan desde el inicio de la transición, acusó a Sadikulov y Ergozhin de organizar un golpe de Estado y anunció más detenciones en el ejército y entre miembros del clan Nazarbáyev. Por su parte, Tokáev criticó duramente el gobierno de Nazarbáyev y denunció a un grupo de oligarcas que se apoderaron de la economía kazaja, causando la enorme desigualdad visible en el país. Todo apunta a que Tokáev quiere ir apartando de los resortes del poder, con cautela y progresivamente, a los círculos del anterior presidente (que siguen conservando sus fortunas, buena parte en el extranjero), mientras la familia de Nazarbáyev intenta controlar los daños y el actual presidente pretende asegurarse todos los resortes del poder.

Con la situación controlada por el gobierno, y tras la defenestración de Nazarbáyev, Tokáev continua consolidando su posición: el congreso del partido gobernante, Nur Otán, le eligió como nuevo presidente, en sustitución de Nazarbáyev, y ha expulsado de la dirección del partido a Dariga Nazarbáyeva (hija del anterior presidente y diputada en el Majilis), a Bauyrzhan Baibek, anterior vicepresidente del partido gobernante, y a Askar Mamin, que había sido primer ministro hasta principios de enero de 2022. Además, Tokáev anunció que importantes empresarios y oligarcas estaban ignorando su llamamiento para que donen fondos a la fundación benéfica creada por el gobierno, Kazajastán Jalkyna, para afrontar la difícil situación económica de muchos ciudadanos, y les advirtió duramente de las consecuencias de su negativa. No tardaron en llegar las primeras contribuciones: el ente financiero Kaspi.kz y sus cofundadores Viacheslav Kim y Mijail Lomtadze transfirieron a la fundación 23 millones de dólares. También han contribuido Halyk Bank (controlado por Timur y Dinara Kulibáyev, yerno e hija del Nazarbáyev) que transfirió 7 millones de dólares, y después Kulibáyev donó 23 millones de dólares adicionales. También, el grupo de empresas Kazakhmys y el grupo KAZ Minerals, productores de cobre, anunciaron la transferencia de 57 millones de dólares, y el Grupo de Recursos Euroasiáticos (cuyos accionistas, además del gobierno kazajo, son la familia Ibragimov, con el 20%; Alexander Mashkevich, con otro 20%, y Patokh Shodiev con el 18%) decidió donar 70 millones de dólares. Todos forman parte del grupo de grandes empresarios y oligarcas enriquecidos durante los años de Nazarbáyev con el robo de la propiedad pública y las concesiones del Estado. El portal kazajo Vlast.kz documentaba también propiedades de Nazarbáyev, bancos, hoteles, centros comerciales e incluso un complejo turístico en Antalya, en la costa turca, y del propio Tokáev, que posee varios apartamentos en Ginebra y Moscú y fondos en el paraíso fiscal británico de las Islas Vírgenes, aunque su portavoz negó la información.

La Cámara Nacional de Empresarios de Kazajastán cesó a Timur Kulibáyev, uno de los oligarcas más ricos del país y marido de Dinara Nazarbáyeva, hija de Nazarbáyev. A su vez, fue detenido el viceministro de Energía, socio del clan de Nazarbáyev. La familia de Nazarbáyev controla los recursos de hidrocarburos kazajos, y está tras la decisión de subir los precios del gas que desató las protestas. Timur Kulibáyev y Kairat Sharipbayev (marido de una hija de Nazarbáyev, a quien la compañía nacional de gas, QazaqGaz, ha rescindido los poderes), vendían una parte del gas kazajo a Gazprom, y pretendían también aumentar los precios. Dimash Dossanov, del mismo círculo, casado con otra hija de Nazarbáyev, fue cesado de la empresa estatal de oleoductos KazTransOil.

En febrero de 2022, la prensa kazaja se hacía eco de Deutsche Welle publicaba que la familia Nazarbáyev poseía importantes propiedades en Alemania, por valor de más de cien millones de euros. Los palacios son propiedad de su hija Dinara y Timur Kulibáyev. Que la prensa kazaja reprodujese la investigación de Deutsche Welle revela la intención de Tokáev de seguir limitando el poder de la familia de Nazarbáyev y del propio ex presidente. También el diario británico The Daily Telegraph daba cuenta el mismo mes de febrero de una investigación de The Bureau of Investigative Journalism, TBIJ, según la cual Nazarbáyev se servía de una sociedad gestora, Jusan Technologies, para guardar activos por valor de 8.000 millones de dólares acumulados durante su presidencia que incluyen propiedades en Kazajastán y en Estados Unidos, Gran Bretaña y Emiratos Árabes Unidos. La relación de Nazarbáyev con el jeque Tahnoun bin Zayed al-Nahyan, de la familia que gobierna los Emiratos Árabes Unidos, le ha facilitado inversiones, junto con la complicidad de ministros y altos cargos kazajos para crear una red de sociedades que oculte sus posesiones. El diario ruso Kommersant (propiedad de Alisher Usmánov, empresario uzbeko residente en Rusia) revelaba que la parlamentaria laborista Margaret Hodge había denunciado en el Parlamento británico la complicidad de Gran Bretaña con Nazarbáyev y otros miembros de la élite kazaja para «lavar» en el país fondos ilegales obtenidos de forma sospechosa. Todavía el 13 de marzo fue detenido en el aeropuerto de Almaty el sobrino de Nazarbáyev, Kairat Satibaldi, cuando intentaba volar a Dubái. Fue acusado de malversación de fondos en JSC Kazakhtelecom. Era el primer detenido de la familia de Nazarbáyev.

Kazajastán, como Uzbekistán o Turkmenistán, es un Estado donde la conjunción del gobierno de los dirigentes comunistas conversos y los grandes empresarios surgidos del robo de la propiedad pública soviética se hicieron con todos los resortes del poder. Nazarbáyev convivió con los mayores empresarios del país, facilitando los negocios sucios y la corrupción de Bulat Utemuratov, Vladímir Kim, Dinmujamet Idrisov. Kenes Rakishev, Aliján Ibragimov, y su hija Dinara y su yerno Timur Kulibáyev, entre otros. Los recursos petroleros kazajos estuvieron también en manos estadounidenses desde el inicio del régimen: Chevron suscribió un “acuerdo del siglo” para explotar Tengiz, y después llegaron ExxonMobil y Conoco, que colaboraron en la corrupción y en los sobornos para obtener concesiones. El gobierno de Nazarbáyev contrató a asesores norteamericanos, que participaron con escandalosos sobornos de decenas de millones de dólares que llegaron incluso a los tribunales estadounidenses, como el caso del asesor de Nazarbáyev, James Giffen, aunque la CIA colaboró durante el proceso judicial que tuvo lugar en 2010 para evitar que se relacionase a Nazarbáyev con la corrupción. Tanto para el régimen como para las multinacionales prima la búsqueda del beneficio a cualquier precio: Chevron anunció en diciembre de 2021 el despido de 39.000 trabajadores en Tingiz para 2022. Sin olvidar que el régimen de Nazarbáyev reprimió sin contemplaciones las protestas obreras, como hizo con la matanza de Janaozén en 2011 de huelguistas de la industria petrolera. Con Tokáev, la represión contra los trabajadores continúa: ciento cincuenta obreros del complejo minero y de procesamiento Terektinski de Altai Polimetally, en Karagandá, han sido despedidos; en enero de 2022 ya se declararon en huelga por el atraso en el pago de salarios, y la empresa impide la existencia de sindicatos y contrata grupos de matones para amedrentar a los trabajadores.

También en otras áreas el régimen colabora con Estados Unidos: la izquierda kazaja ha denunciado los laboratorios militares e institutos de investigación dirigidos y controlados por la embajada estadounidense a través de Daniel Singer, comandante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que también es jefe del CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de Estados Unidos para Asia Central, cuyas primeras oficinas las abrieron en Almaty en 1995. Hoy, cuentan con instalaciones en Kazajastán, Tayikistán, Uzbekistán y Kirguizistán, que se financian con el presupuesto de la agencia militar DTRA (Defense Threat Reduction Agency), que afirma ser la “única organización del Departamento de Defensa enfocada exclusivamente a contrarrestar y disuadir las armas de destrucción masiva y las nuevas amenazas”. El Pentágono ha llevado a cabo al menos 28 proyectos de investigación en Kazajastán con la participación de 20 biólogos extranjeros destinados a la república. En el proyecto del Pentágono, Camels as biosurveillance sentinels: Risk at the human-camel interface, participan el Instituto de Investigación sobre Bioseguridad de Kazajastán, el Instituto sobre Bioseguridad de Tayikistán, la Universidad de California en Davis, el Naval Medical Research Center (NMRC) de la Navy y el Cuerpo de Marines estadounidense, y la Duke-NUS Medical School de Singapur. El Central Reference Laboratory (CRL) de Almaty, construido con 400 millones de dólares del Pentágono como “laboratorio de bioseguridad para estudiar patógenos letales que podrían usarse en ataques de bioterrorismo”, fue seleccionado como centro para realizar experimentos de producción de nuevas armas biológicas. A la luz de los peligrosos laboratorios biológicos que Estados Unidos levantó en Ucrania, descubiertos por las tropas rusas, no es extraño que la izquierda exija que el gobierno de Tokáev ponga fin a la colaboración con el Pentágono y se cierren en Kazajastán todas las instalaciones militares y centros de entrenamiento de Estados Unidos y la OTAN.

Tokáev no es distinto a Nazarbáyev, y formaba parte de su círculo, aunque module ahora su discurso, forzado por la revuelta de enero y para consolidar su propio poder. Los siete partidos legales son cómplices y aliados de Nur-Otán, el partido creado por Nazarbáyev y al que pertenece Tokáev, mientras el Partido Comunista de Kazajastán sigue prohibido por el régimen. La persecución de los comunistas y de la izquierda, el cultivo de un supuesto pasado glorioso y del nuevo nacionalismo que alienta el gobierno pretende consolidar y hacer irreversible la independencia, que es vista como la condición necesaria por los beneficiarios del régimen para mantener su poder y privilegios.

Eso explica que organizaciones nacionalistas impulsen una retórica pública con ataques a Rusia y China, y que desarrollaron una dura campaña anticomunista bajo el lema Nuestro objetivo: unir a la nación. En 2020, aplicando ese programa, Tokáev creó una Comisión de rehabilitación para Mustafá Shokai, el fundador de la Legión del Turquestán que se integró en las SS nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y para quienes lucharon junto al almirante Aleksandr Kolchak, caudillo de los blancos en los días de la guerra civil contra la revolución bolchevique, así como del regimiento musulmán que participó con los nazis en la represión de la rebelión de Varsovia de 1944. No es de extrañar que la Comisión de rehabilitación considere héroes a quienes lucharon contra el comunismo y la Unión Soviética y por la independencia de Kazajastán. También dieron entrada en el Majilis, parlamento, a un proyecto para imponer penas de cárcel a quienes nieguen el Asharshylyk (elequivalente kazajo del fantasioso y exagerado Holodomor ucraniano) que utiliza las hambrunas de los años treinta del siglo pasado con la pretensión de declarar a la Unión Soviética como un «Estado criminal», acusándola de haber organizado el “genocidio” de la población kazaja. En febrero de 2021, el presidente del Senado, Maulen Ashimbayev, con el beneplácito de Tokáev, organizó una conferencia en la Biblioteca Nacional, a la que invitaron a especialistas norteamericanos y a varios ministros del gobierno, para impulsar el estudio del Asharshylyk, que Ashimbayev calificó de “tragedia del siglo”,sugiriendocriterios nacionalistas para su investigación y responsabilizando a la Unión Soviética.

La gestión de la economía tampoco ha cambiado. En marzo de 2021, el ministro de Economía, Asset Irgaliyev, se felicitaba porque la participación del Estado en la riqueza kazaja era ya de menos del 15 %, aunque la consideraba «demasiado elevada», y ponía a la empresa privada como modelo para el crecimiento económico. Desde los disturbios de enero de 2022, Irgaliyev es presidente de la Agencia de Planificación Estratégica y Reformas. El objetivo del gobierno, que no ha cambiado, es privatizar a toda costa, prescindiendo de las necesidades de la población. En sus planes se encuentran privatizar la central hidroeléctrica de Shulbinsk, la mayor del país, y la de Ust-Kamenogorsk (las dos, en el río Irtish, el más largo de Asia central y afluente del Obi), que según reconoció en octubre de 2021 Murat Zhurebekov, viceministro de Energía, serían vendidas a un empresa creada al efecto por empresarios árabes y kazajos. Prevén privatizar incluso el organismo que asegura la calefacción a los hogares, empresas de recogida de basura, escuelas, sistema de alumbrado público, instalaciones deportivas y muchas otras entidades. Una empresa de fabricación de maquinaria para la industria, la construcción y la minería, que es una de las mayores del país, Munaimash JSC, en Petropavlovsk, también será privatizada. En los próximos cinco años, el gobierno tiene previsto privatizar además los ferrocarriles, la empresa de extracción de petróleo y gas, KazMunayGas; la minera Tau-Ken Samruk, la empresa de telecomunicaciones Kazajtelecom, el servicio de correos Kazpost, e incluso la compañía aérea nacional Air Astana: casi setenta grandes empresas, siempre con el fetiche de la «modernización», pese a los desastres y el desempleo que ha causado, y con el nepotismo y la corrupción asociados: JSC Transtelecom, una de las principales operadoras de telefonía móvil del país se convirtió en propiedad de una empresa pantalla de Nurali Aliyev, nieto de Nursultan Nazarbáyev.

Pese a las evidencias de corrupción en la venta de bienes públicos, Tokáev declaró que era partidario de la privatización total de la economía, y recibe la bendición de Estados Unidos y la Unión Europea. El 7 de febrero de 2022, Tokáev se entrevistó con Terhi Hakala, la finlandesa representante especial para Asia central de la Unión Europea: Bruselas apoya el programa de reformas y privatizaciones del nuevo gobierno kazajo. Unos días antes, el 22 de enero, la North Kazakhstan University, NKSU, informaba de que tenía previsto transferir la gestión a la University of Arizona y que profesores norteamericanos impartirán clases en Kazajastán por primera vez, en un claro gesto del gobierno de Tokáev de acercamiento a Estados Unidos.

Nazarbáyev impulsó una política exterior que buscaba mantener buenas relaciones con Rusia, China, Estados Unidos y Turquía, en un equilibrrio difícil y equidistante, siempre con un ojo en Moscú. Aunque no faltan las disputas en el tablero kazajo entre las principales potencias: a principios de marzo, Dmitri Rogozin, director general de Roscosmos, la agencia espacial rusa que utiliza el cosmódromo de Baikonur, en Kazajastán, ordenó detener todos los lanzamientos de cohetes rusos para el proyecto de la compañía británica OneWeb, ante la falta de garantías de que sus satélites no se usarán con fines militares. OneWeb utilizaba los cohetes Soyuz para poner en órbita satélites para construir una red de Internet.

Tanto Rusia como China optan por la estabilidad en Asia central, preocupados por la hipotética aparición de un régimen-cliente de Estados Unidos semejante al ucraniano, y cuentan con el instrumento de integración de la OCS. El papel de Rusia se ha reforzado con la operación de envío de tropas a Kazajastán tras los disturbios. China rechaza cualquier intento de socavar la estabilidad de Kazajastán y las amenazas a su seguridad, como afirmó el representante chino en la sede de la ONU, que en un aviso para navegantes criticó el recurso a las revoluciones de color para derribar gobiernos. También Alemania opta por la estabilidad: el diplomático Matthias Lüttenberg viajó a Kazajastán en febrero de 2022 para expresar su apoyo a Tokáev, visita casi coincidente con la de Terhi Hakala. Por su parte, Estados Unidos trabaja para «limitar la influencia rusa en Asia central», y Turquía dispone de la Organización de Estados Turcos (antes, Consejo de países de lengua turca, compuesto por Turquía, Azerbeiján, Kazajastán, Uzbekistán y Kirguizistán) además de sus redes en los grupos islamistas presentes en Siria, Azerbeiján y Asia central. Turquía ligaba su suerte kazaja al clan de Nazarbáyev, y estimuló la construcción de mezquitas y la progresiva adaptación del kazajo a las «tradiciones y costumbres del mundo turco». De hecho, los treinta años de régimen de Nazarbáyev estuvieron acompañados del estímulo de las ideas sobre el «mundo turco», la apertura a multinacionales occidentales otorgando concesiones de explotación y la tolerancia con las actividades de organizaciones creadas por los servicios secretos occidentales, sobre todo estadounidenses. Erdogan sigue manteniendo buenas relaciones con Nazarbáyev, hasta el punto de que lo invitó a participar en el Foro Diplomático de Antalya, que se celebró en paralelo a la reunión de Lavrov y Kuleva en marzo de 2022 en esa ciudad por la guerra en Ucrania. En el conflicto ucraniano, Kazajastán no apoya ni a Moscú ni a Kiev.

El presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon, recordó la activa presencia de yihadistas cerca de las fronteras afganas, afirmando que habían detectado al menos cuarenta campamentos en el noreste de Afganistán que contarían con más de 6.000 islamistas. Esos grupos son un relevante factor regional, y la revuelta kazaja de enero se ha querido explicar como otra “revolución de colores”, pero no ha sido así. Aunque algunos actores quisiesen intervenir (aludiendo al tan citado informe de 2019 de Rand Corporation), y aunque es evidente el interés por Asia central de grupos islamistas (y tras ellos, de los servicios secretos de Estados Unidos y Turquía, pasando por los de Arabia y Pakistán), así como los enfrentamientos entre las facciones del regímen y el oscuro papel de los servicios secretos kazajos, las protestas de Kazajastán fueron una manifestación del hartazgo popular, como ponía de manifiesto la declaración de solidaridad con los trabajadores kazajos que emitió la Federación Sindical Mundial, que condenó la violencia del régimen.

También el Partido Comunista ruso, con excelentes fuentes de información en Kazajastán, llamó a atender las demandas de los trabajadores kazajos, manteniendo que la conclusión de las protestas es que “el intento del régimen creado por Nazarbáyev para integrar al país en el capitalismo global convertía a Kazajastán en títere del capital internacional.” El propio secretario Ziugánov había declarado el 6 de enero que las protestas obreras en Kazajastán habían sido provocadas por las medidas antipopulares del gobierno. Después, el Partido Comunista ruso volvió a insistir, a través de su secretario del Comité Central, Serguéi Obujov, en que “la razón de los acontecimientos en Kazajastán es el robo por parte de las empresas transnacionales y la élite local”. Persiste la incertidumbre sobre las complicidades en los disturbios y sobre los responsables de la matanza de más de doscientas personas, pero la tesis gubernamental de que la mayoría de los muertos eran terroristas no es creíble.

La conexión de Nazarbáyev con Erdogan a través de la Organización de Estados Turcos, donde el kazajo es presidente honorario, y la abierta inclinación del clan familiar por Occidente, donde guarda cuantiosos recursos, ha influido también en el desarrollo de los disturbios. A principios de abril de 2022, tres meses después de la protestas, la prensa kazaja hablaba abiertamente del papel de miembros de la familia Nazarbayev en los disturbios. Kairat Satibaldi (hijo de Satibaldi Nazarbáyev, hermano éste del anterior presidente) y su hermano Samat Abish (ex vicepresidente del Comité de Seguridad Nacional, también sobrino de Nazarbáyev) eran señalados por su destacado papel en la revuelta, y que el caos no fue causado por las protestas obreras sino por la lucha de clanes oligárquicos por el poder. No había ninguna noticia sobre los veinte mil terroristas que, según Tokáev, habían atacado al país, ni el ministerio del Interior ha mostrado a ningún terrorista detenido. Tokáev habla abiertamente del “intento de golpe de Estado” de enero y la oficina del Fiscal General, Eldos Kilimjanov, declaraba que se habían pagado “entre veinte y cien dólares” a participantes en los disturbios. El empresario y parlamentario de Amanat, el partido del poder, Kairat Kudaibergen, fue arrestado en abril acusado de organizar las protestas en Almaty, para lo que contactó con Arman Jumageldiev, un mafioso armenio ligado a los servicios secretos kazajos, que acudió con sus compinches a la plaza de la República. No había en marcha ninguna revolución de color. Directivos de empresas vinculadas a Kairat Satibaldi, sobrino de Nazarbáyev, fueron detenidos a principios de abril. Satibaldi, que es acusado de apropiación indebida de fondos de JSC Kazakhtelecom, poseía a través de Skyline Investment Company casi la cuarta parte de esa empresa que tiene el monopolio del mercado de telecomunicaciones kazajo. Según el gobierno de Tokáev, la estafa perpetrada por Satibaldi y sus cómplices asciende a “miles de millones de dólares”.

Esa evidencia no niega que Estados Unidos sigue muy interesado en toda Asia central, y la reciente firma del acuerdo de USAID con la Mangistau Regional Electricity Network Company (MRENC) kazaja es una buena muestra de ello. En el contexto de la crisis ucraniana, el gobierno kazajo ofreció su mediación a Zelenski, apoya la importancia de la CEI (Comunidad de Estados Independientes) y ha permitido manifestaciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, poniendo huevos en todas las cestas. En esa coyuntura, el estallido de la guerra en Ucrania ha cambiado el escenario internacional, y no hay duda de que, tras la acelerada expansión de la OTAN en Europa oriental, el adiestramiento del ejército ucraniano por el Pentágono y la conversión de Ucrania en una plataforma militar para acosar a Rusia y eventualmente atacarla (Moscú ha insistido en su preocupación por la posible instalación por Washington de misiles de corto y medio alcance que podrían alcanzar la ciudad en menos de diez minutos), Estados Unidos intenta ahora utilizar la guerra ucraniana para debilitar a Rusia y, más allá, para marcar y limitar a China. Mientras, los trabajadores kazajos, como si recordasen las palabras del poeta Abay Kunanbayev (“¿O es que ni tú mismo te das cuenta, ni te acuerdas de cómo y para qué vives?”), siguen a la expectativa, prisioneros de un régimen brutal que prohíbe al Partido Comunista, sigue deteniendo a sindicalistas y persigue a las organizaciones obreras.

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