Washington aprobó de manera abrumadora la posesión y el consumo personal de mariguana
La capital de Estados Unidos despenalizó, de manera limitada, el uso personal de mariguana, parte de una creciente ola nacional de reformas a la llamada guerra contra las drogas lanzada aquí hace más de 40 años.
Mientras el gobierno de Estados Unidos elogia la captura de El Chapo, la Organización de Naciones Unidas deplora iniciativas de legalización de drogas aquí y en otros países, y los comandantes militares del Pentágono continúan insistiendo en que la guerra contra las drogas a nivel internacional es vital para la seguridad, varios estados de este país continúan despenalizando e incluso legalizando la mariguana, incluida ahora su propia capital.
El martes pasado el cabildo de Washington, Distrito de Columbia, votó de manera abrumadora (10 a 1) para despenalizar -o sea, ya no sería delito criminal- la posesión para uso personal de mariguana y su empleo en el hogar. Sin embargo, la despenalización no implica una legalización en sí, sino que impone penas civiles de multa en lugar de condenas de cárcel por la mayoría de violaciones relacionadas con el uso personal de la planta.
El alcalde Vincent Gray tiene la intención de promulgar la medida en ley, pero según las reglas peculiares sobre la gobernancia de lo que es un distrito federal, el Congreso federal tiene un plazo de 60 días para anularla, aunque requiere un consenso legislativo que expertos creen que no se logrará.
Con ello, la ciudad de Washington se sumará a 17 entidades federativas de Estados Unidos que han adoptado algún tipo de despenalización. Las reformas de mayor alcance fueron en los estados de Colorado y Washington, donde los votantes legalizaron la venta y el uso recreativo -e impuestos sobre este comercio- de la mariguana. Otros estados, como Maryland, Florida, Oregón y Alaska, contemplan medidas y proyectos de ley pendientes para despenalizar y hasta legalizar el uso de mariguana.
La regulación y aplicación de impuestos sobre la venta legal de mariguana dentro de un esquema similar al aplicado a las bebidas alcohólicas es cada vez más atractiva para algunos promotores y funcionarios estatales, sobre todo por la reducción de costos en seguridad pública y encarcelamiento por delitos no violentos, así como el potencial de un nuevo ingreso a las arcas públicas a través de impuestos. El gobernador de Colorado, John Hickenlooper, informó recientemente que los impuestos sobre la venta legal de mariguana en su estado sumarían 134 millones en el próximo año fiscal, muy superiores a lo esperado.
Las tendencias nacionales continúan mostrando un repudio a algunas partes de la llamada guerra contra las drogas: la legalización del uso médico de mariguana se ha logrado en 20 estados y en Washington, capital, con otros por seguir; el Centro de Investigación Pew registró por primera vez en sus cuatro décadas de encuestas que la mayoría de estadunidenses -52 por ciento- apoyan la regulación de la mariguana; una encuesta de CBS News la semana pasada registró que 51 por ciento opinan que debe ser legalizada; desde que Colorado y Washington la legalizaron, 34 (o sea mucho más de la mitad de los 50 estados) contemplan medidas para despenalizarla o legalizarla para usos recreativos o medicinales, según el Marijuana Policy Project (MPP).
Según el MPP, ahora por lo menos 14 estados más consideran la legalización del uso médico de la planta, y 12 estados evalúan la despenalización. Otros 17 debaten iniciativas para legalizar el uso recreativo de la mariguana y su regulación, basada en la aplicada a bebidas alcohólicas. El proyecto señala que más de la mitad de la población estadunidense vive en estados donde ya se han reformado de alguna manera sus leyes sobre mariguana.
La medida en Washington, como casi todas las estatales, ahora entra en conflicto con la ley federal existente y aún no se sabe cómo se resolverá eso en una ciudad donde algunas secciones -como el gran parque conocido como el Mall- están bajo jurisdicción de las autoridades federales.
Hasta ahora, el gobierno de Barack Obama ha optado por no interferir en estados que han legalizado o despenalizado la mariguana, pero esto puede cambiar, ya que es una decisión ejecutiva y en los hechos hay un conflicto entre las legislaciones estatales y locales y la federal sobre drogas ilícitas.
Para muchos, el tema de la despenalización o legalización es un asunto no sólo de libertad civil de un individuo, sino de derechos civiles, ante la alarmante disparidad racial en los arrestos relacionados con la guerra contra las drogas. A pesar de que representan sólo 13 por ciento de la población nacional, casi un tercio de los arrestados y 40 por ciento de los encarcelados en prisiones estatales y federales por delitos de droga son afroestadunidenses, y eso que usan y venden drogas en tasas parecidas a los blancos, según cifras oficiales.
«Hoy hay más afroestadunidenses bajo control judicial -en prisión o cárcel, o en libertad condicional- que los que eran esclavos en 1850, una década antes de iniciar la Guerra Civil… Y (por las implicaciones legales de esto) son sujetos a una discriminación legalizada por el resto de sus vidas», denuncia Michelle Alexander, profesora de leyes y autora de The New Jim Crow, libro que ha detonado durante los últimos cuatro años un debate nacional sobre las implicaciones de la encarcelación masiva en Estados Unidos. Acusa que esto ha sido en gran medida el resultado de las políticas de la guerra contra las drogas dentro de este país.
Los datos sobre las consecuencias de esta guerra son citados por reformadores. La Drug Policy Alliance, una de las organizaciones nacionales más influyentes a favor de anular las políticas de prohibición de la guerra contra las drogas señala que en 2012 (datos más recientes) fueron arrestadas un millón 550 mil personas acusadas de delitos de droga no violentos. De éstos, unas 750 mil personas son arrestadas anualmente por mariguana en Estados Unidos, la gran mayoría sólo por posesión. Unos 500 mil están encarcelados por violar leyes antinarcóticos, 10 veces más que en 1980. Y, con los miles de millones gastados en los aspectos nacionales e internacionales de esta guerra, expertos señalan que en gran medida no hay cambio ni reducción en el consumo de la droga en este país.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2014/03/06/mundo/034n1mun