Traducido para Rebelión por Felisa Sastre
Las organizaciones de Derechos Humanos habían informado con anterioridad de que, desde el 11 de septiembre, los detenidos que los servicios de inteligencia estadounidenses consideraban objetivos de gran valor, rutinariamente «desaparecían» en cárceles del exterior, controladas por países aliados de Estados Unidos, pero la semana pasada se han revelado nuevas pruebas sobre lo extendido de estas prácticas.
La periodista del Washington Post, Dana Priest, ha hecho público que la propia CIA ha estado dirigiendo una red de cárceles secretas entre las que se encuentra, al menos, un antiguo complejo de la época soviética. Según el Post, se sigue enviando a los detenidos a esos denominados black sites (lugares oscuros), situados, en distintos momentos, al menos en ocho países, entre ellos Tailandia, Afganistán, la Bahía de Guantánamo (Cuba), y algunos países no especificados de Europa oriental.
De acuerdo con el Post, aproximadamente unos treinta de esos «prisioneros fantasmas», considerados sospechosos de los más importantes crímenes terroristas, permanece en las cárceles que dirige la CIA. «Mantenidos en la oscuridad, en ocasiones en celdas subterráneas, no se les reconoce ningún derecho legal, y nadie que no sea de la CIA puede hablar con ellos o verlos, o comprobar si se encuentran bien, declaran funcionarios y ex funcionarios del gobierno estadounidense o de otros gobiernos y de los servicios de inteligencia», informaba el Post.
En esos gulags secretos, a los interrogadores de la CIA se les permite hacer uso de «técnicas avanzadas de interrogatorio» entre las que se encuentran el «water boarding», en el que al prisionero se le ata con una correa a una tabla y se le sumerge repetidamente en agua hasta que cree que se va a ahogar, o se le mantiene en posturas estresantes, bombardeándole con luz y ruidos que no le dejan dormir.
Otros 70 o más detenidos, que el Gobierno cree que están menos implicados en el terrorismo, y por ello de «menos valiosos para el servicio de inteligencia», han sido trasladados a Egipto, Jordania, Marruecos Afganistán y otros países, aplicando el procedimiento conocido como «extraordinary rendition» [1] . La CIA facilita ayuda económica- y en ocasiones dirige los interrogatorios- a las cárceles, donde los presos casi siempre son torturados por las fuerzas de seguridad como las del Egipto de Mubarak.
Hasta la fecha, Canadá, Italia, Francia, Suecia y Holanda han abierto investigaciones sobre las supuestas operaciones de la CIA que, en secreto, ha detenido a ciudadanos de esos países o residentes en ellos y los ha enviado a prisiones en otros países para interrogarlos.
Los casos de maltratos y tortura descritos por organizaciones como Human Rights Watch se remontan a la época dorada de la dictadura del general Augusto Pinochet en Chile, y de otros regímenes militares en todo el mundo.
«El prisionero fue detenido de madrugada hace 19 meses», se lee en uno de los informes de Human Rights Watch, «se le encapuchó y se le trasladó a un lugar desconocido donde, desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de él». Los interrogadores- según se informa- utilizan varios grados de violencia sobre los detenidos, incluidos la técnica del «water boarding» … «sus hijos de 7 y 9 años fueron también detenidos, presumiblemente, para inducirle a hablar».
Mientras que los maltratos y la detención indefinida en la prisión militar estadounidense de la bahía de Guantánamo en Cuba son bien conocidos, la red de cárceles secretas de la CIA- y los presos que han desaparecido en ellas- había permanecido hasta ahora sin que los medios de información las desvelarán.
Pero no se equivoquen: la política viene directamente desde la cúpula de la Administración Bush. En respuesta a una solicitud de instrucciones planteada por la CIA, por ejemplo, en agosto de 2002 una circular del Departamento de Defensa afirmaba que torturar a prisioneros de Al-Qaeda «puede estar justificado» y que las leyes internacionales contra la tortura «pueden ser inconstitucionales si se aplican a los interrogatorios» llevados a cabo en la guerra contra el terrorismo.
La política de la CIA sobre cárceles secretas parece haberse desarrollado durante los primeros días después del 11 de septiembre de 2001. Una semana más tarde, Bush firmó una orden por la que se daban a la CIA amplios poderes para matar, capturar o detener a miembros de Al-Qaeda en cualquier parte del mundo, lo que aquélla interpretó como luz verde para sus actuaciones, y un pequeño círculo de juristas y funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia aprobaron el programa de black sites.
Al principio, los funcionarios de la CIA buscaron «un lugar como la isla de Alcatraz», según el Post, y consideraron como una posibilidad una remota isla en Zambia pero cuando se rechazó el Plan, la CIA comenzó a llevar a los sospechosos de terrorismo a países como Egipto y Arabia Saudí, cuyas fuerzas de seguridad tenían una bien documentada trayectoria de torturas.
Al capturar más prisioneros durante la Guerra de Afganistán, la CIA se vio enfrentada a un dilema: tenían demasiados presos para enviar a otros países que llevaran a cabo el trabajo sucio en su nombre. Fue entonces cuando, al parecer, se puso en marcha la primera de las cárceles secretas en una fábrica de ladrillos abandonada en las afueras de Kabul, en Afganistán.
En la Salt Pit [2] (Hoyo de sal), como se la conocía, en noviembre de 2002, un funcionario de la CIA supuestamente dio órdenes a los guardias para que desnudaran a un joven preso que se negaba a cooperar, lo encadenaran en el suelo de hormigón y lo dejaran toda la noche al raso, sin mantas. Los funcionarios dijeron al Post que murió congelado.
A principios de 2002, la CIA llegó a acuerdos con otros países para emplazar cárceles secretas. Una, situada en Tailandia, se clausuró cuando se confirmó su existencia en los medios de información y los funcionarios del país insistieron en que se cerrara. La CIA también parece que ha abandonado su pequeño centro de detención de la bahía de Guantánamo, preocupada por las implicaciones de los autos de los tribunales estadounidenses que garantizaban algunos derechos legales a los prisioneros.
Hoy, la Administración Bush y la CIA silenciosamente justifican la existencia de esos sitios oscuros como necesarios para evitar «otro 11 de septiembre» pero como la «guerra contra el terrorismo» se ha incrementado, la CIA ha capturado a muchas personas que, casi con seguridad, no tienen relación con el terrorismo.
Ahora, al rebufo de la creciente impopularidad de la guerra en Irak y del escándalo de las filtraciones en la Casa Blanca, la revelaciones sobre el número de los prisioneros de la CIA «desaparecidos»en todo el mundo están causando más problemas a la Administración.
Pero una parte de la Administración- dirigida por Dick Cheney- continúa todavía luchando por el derecho de la CIA a torturar impunemente El mes pasado, el Senado, aprobaba una norma que prohíbe a los militares el uso de «tratos o castigos crueles, inhumanos, o degradantes» contra cualquiera que se encuentre bajo la custodia del gobierno estadounidense.
Bush no sólo ha amenazado con vetar la ley, sino que Cheney, y el director de la CIA, Porter Goss, se reunieron con el senador John McCain (Republicano de Arizona), proponente de la ley, para apretarle los tornillos para que se eximiera a la CIA de su cumplimiento «si el Presidente decide que esas operaciones son vitales para proteger a Estados Unidos o a sus ciudadanos contra atentados terroristas».
El Secretario de Prensa de la Casa Blanca, Scott McClellan dijo a los periodistas que el Presidente «ha dejado nuestra postura muy clara: no perdonamos la tortura ni nunca la autorizaremos», pero al negar a los presos el derecho de protección de acuerdo con las Convenciones de Ginebra, y al permitir que la CIA continúe las operaciones en cárceles secretas, la Administración Bush ha perdonado la tortura y el trato inhumano a los presos desde el 11 de septiembre.
Tal como el Center for Constitutional Rights (Centro de Derechos Constitucionales, CCR, en sus siglas en inglés), que representa a muchos presos en Guantánamo, ha declarado: «Nuestros clientes liberados de Guantánamo y Abu Graib han descrito un programa deliberado de maltratos. Otros clientes del CCR han sido trasladados por nuestro Gobierno a países como Siria y Egipto para interrogarlos haciendo uso de torturas…La Administración Bush nos ha llevado a un nivel moral inimaginable desde el fin de la II Guerra Mundial, a pesar del hecho de que expertos en interrogatorios saben que la tortura produce un mal servicio de inteligencia, da lugar a confesiones falsas, sólo sirve para avivar las llamas del odio en el mundo entero y pone a nuestras tropas en peligro. Gentes como Donald Rumsfeld y Alberto Gonzales deben ser responsabilizados de las peligrosas políticas que han puesto en práctica, pero ellos nunca se investigarán a sí mismos».