El 17 de diciembre de 2010, el vendedor ambulante Mohamed Bouazizi se quemó a lo bonzo después de que la policía confiscara su mercancía. Este desesperado gesto de protesta desencadó una revuelta civil que acabó con el régimen de Ben Ali, depuesto el 14 de enero de 2011. La conocida como Revolución del Jazmín, inspiraba así la primavera árabe. Diez años después, la decepción ante unas condiciones de vida que no mejoran empañan la percepción de la joven democracia tunecina.
En las estrechas callejuelas de la medina de Túnez decenas de personas caminan a paso acelerado. Se dirigen a la mezquita de Hammouda Pasha, construida en 1655. Tras más de dos meses de bloqueo, el Ministerio de Salud decidió el 4 de diciembre reabrir los edificios religiosos del Islam en el día santo del viernes. Debido a la pandemia de covid-19, el aforo se ha reducido al 30% y hay una distancia de un metro entre los fieles. Casi todos llevan mascarillas y cada uno está sentado en su propia alfombra traída de casa. La oración es rápida y en pocos minutos la mezquita vuelve a estar vacía. “Es agotador, hablamos con angustia por el poco tiempo disponible — dice el imán Seifeddine antes de dejar el lugar de culto— la gente estaba descontenta, hoy agradecí a Dios que nos hizo reabrir”.
No sólo los hombres de fe tienen prisa. La política tunecina, que se prepara para concluir uno de los años más difíciles de su corta vida democrática, tiene poco tiempo para abordar activamente los problemas más candentes del país: la crisis económica y social. Las reformas exigidas con vehemencia por los tunecinos hace diez años y que condujeron a la Revolución de los Jazmines aún no se han finalizado.
Las calles de la Medina dan a la plaza de la Kasbah, epicentro de las protestas de 2011 que llevaron a la caída del régimen de Zine El-Abidine Ben Ali. La plaza está llena de gente, es un día de fiesta y en el aire se respira una aparente normalidad. Los restaurantes y cafés están llenos, esperando cerrar las puertas a partir de las 16:00 horas, como exigen las normas vigentes para combatir la pandemia. Por ahora, el número de infectados es de más de 107.000 y casi 4.000 muertos a causa del covid-19. También aquí, como en Europa, el sector de la salud es uno de los más afectados: 350 médicos y paramédicos han perdido la vida. En los últimos días, el personal sanitario ha salido a la calle y miles de ellos han pedido al gobierno medidas para protegerlos no sólo contra la pandemia, sino también para hacer que los hospitales sean seguros y mejorar sus condiciones de trabajo. El colapso de un ascensor en el hospital de Jendouba el 3 de diciembre, que resultó en la muerte del Dr. Badreddine Aloui, es sólo la última chispa que encendió la llama de la ira.
Hoy en día, Túnez se enfrenta a graves problemas estructurales que sus ciudadanos ya no pueden tolerar. Las instancias revolucionarias no sólo pedían la transición de la dictadura a la democracia, sino sobre todo la mejora de las condiciones de la vida cotidiana, que ha sido ignorada por los distintos gobiernos que han seguido desde la caída del ex presidente Ben Ali.La crisis política se refleja en el hecho de que desde 2011 se han formado siete ejecutivos diferentes, cada uno de los cuales ha sido incapaz de unir las fuerzas parlamentarias alrededor de un programa a largo plazo. “Cada gobierno ha tenido su propia historia, por la que no ha podido estabilizarse”, es el comentario de Seif Bentili de Al Bawsala, un Observatorio Democrático con base en Túnez. “Abir Moussi está haciendo un fuerte regreso a un clima económico y social que favorece un salto atrás”. La abogada tunecina es la líder del Parti destourien libre (PDL), una fuerza política fundada por Hamed Karoui, ex primer ministro durante el régimen de Ben Ali. Actualmente, las encuestas ven al partido de Abir Moussi —claramente inspirado por las posiciones del antiguo régimen— a la cabeza, seguido por el partido islamista Ennahda.
En otra encuesta realizada por Sigma Conseil, el 72% de los encuestados prefiere tener menos democracia y más eficacia. El escepticismo hacia la democracia también se observó en la participación de los votantes. En 2011, el 51% de los votantes se presentaron a votar, en 2014 el 41% y en 2019 sólo el 32%. Una clara señal de una gradual y constante disminución de la euforia democrática.
Túnez entre la crisis económica y el FMI
La pandemia del Covid-19 no ha agravado la crisis económica que afecta a Túnez desde hace diez años. “Las vulnerabilidades del tejido socioeconómico tunecino se remontan a decenios atrás —dice Clara Capelli, economista y experta en el Oriente Medio y el Norte de África— el país ha terminado por posicionarse en un plano de sumisión al capital internacional”. El proceso de transición democrática ha sido acompañado por inyecciones de dinero del Fondo Monetario Internacional, que han tratado de impulsar las finanzas de Túnez. Sin embargo, los préstamos incitaron a los ejecutivos a adoptar medidas restrictivas que dieron lugar a una fuerte disminución de la inversión pública y la protección del pueblo tunecino.
“La cooperación internacional no ha demostrado una gran capacidad de leer los procesos y la estructura de Túnez”, continúa Clara Capelli. “El FMI llegó con su habitual paquete preconstituido de reformas, la más grave en términos absolutos fue la depreciación del dinar frente al euro, que provocó un importante y muy doloroso empujón inflacionario”. La inflación ha agravado aún más las ya precarias condiciones salariales de las clases bajas de la sociedad. Según el portal de análisis Statista, el desempleo ha subido al 16%, el desempleo juvenil al 36,6%, cifras nunca tan altas desde 2013.
“Nos enfrentamos a un país profundamente desigual. Por mucho que nos guste recordar las manifestaciones de la Avenida Bourghiba, quienes realmente pusieron sus cuerpos son los habitantes de Kasserine y Sidi Bouzid” es el comentario de Clara Capelli. Las regiones interiores han quedado cada vez más abandonadas y las industrias que han surgido a lo largo de los años no han dado lugar a una redistribución de la riqueza. De hecho, no es inusual ver protestas en forma de sentadas y bloqueos de carreteras, como ocurrió en el pasado en el-Kamour y en Gabes hoy en día.
“Diez años después de la revolución, muchas regiones vuelven a rebelarse por la justicia social, la integración y el desarrollo”, es el análisis de Al Bawsala. La descentralización sigue siendo una cuestión pendiente. Tras las elecciones municipales de 2018 para conceder más poder de decisión a los gobiernos más periféricos de Túnez, todavía no se ven los resultados y las medidas más importantes para las zonas del interior se siguen tomando en Túnez.
Urgente necesidad de reformas judiciales
Los aparatos de seguridad están en alerta permanente. “Desde 2015 vivimos prácticamente en un estado de emergencia continuo y esto es una violación muy grave de los derechos y libertades”, es la denuncia de Oumayma Mehdi de Avocats Sans Frontières. Los atentados terroristas de 2015 en Túnez y Susa proyectaron la imagen de un país permeado por el terrorismo, en el que miles de ciudadanos han abrazado la causa yihadista. Según datos del Ministerio del Interior, hay 3.000 tunecinos que se han unido a Daesh, mientras la ONU reporta 5.000. Los ataques “han hecho que los jueces adopten la misma línea que Ben Ali en la lucha contra el terrorismo, utilizando a menudo métodos inconstitucionales”, continuó Mehdi.
“Ben Ali explotó la lucha contra el terrorismo para encarcelar a la oposición política, era el delito perfecto para encarcelar y torturar a los jóvenes”, continúa el abogado. “El Ministerio del Interior no ha sido reformado. Hay las mismas personas con la misma visión y percepción que había en el antiguo sistema”.Hasta hoy, se han presentado más de 40.000 denuncias contra personas por delitos de terrorismo. Uno puede arriesgarse a pasar de 3 a 5 años en prisión por una publicación en Facebook.
“Somos el único país árabe que tuvo éxito en su revolución, recibimos mucho dinero para hacer frente al proceso de democratización, luego tuvimos la necesidad de crear otra imagen, en este caso como país víctima del terrorismo, para recibir más dinero”, concluye Mehdi.
La represión policial
Las reivindicaciones revolucionarias de los ciudadanos pedían sobre todo el fin del totalitarismo de las fuerzas del orden, pero “diez años después la gente sigue muriendo debido a las torturas —denuncia Bentili de Al Bawsala— nada ha cambiado realmente”. Según un estudio realizado por el observatorio democrático Al Bawsala, el 80% de los tunecinos piensa que todavía hay tortura dentro de las comisarías de policía. “Desde el comienzo de la transición en Túnez, hemos abierto un proceso de justicia de transición. El objetivo es pasar página, pero primero tenemos que aceptar el pasado”, sigue Bentili. En el primer período de transición, los policías pidieron perdón por sus acciones y también consiguieron la formación de un sindicato. “Hoy en día ese sindicato construye sus propias leyes, cada vez que un policía comete una violación hay una movilización detrás de él que lo protege”, dice Bentili, que cuenta cómo en muchos casos el sindicato ha prohibido a los agentes comparecer ante las Cámaras Especiales creadas para los juicios relacionados con la justicia de transición.
La publicación del informe final de la Instancia Verdad y Dignidad, establecida por la Asamblea Constituyente en 2013 para investigar los crímenes cometidos durante los regímenes de Bourghiba y Ben Ali, permitió sacar a la luz 50.775 casos de violaciones de los derechos humanos. Hoy en día, se ha establecido un fondo de dignidad para reparar a las víctimas de las dictaduras.
Youssef Arfa es un marinero de unos sesenta años. Se encuentra en la manifestación celebrada el 10 de diciembre para conmemorar el Día Mundial de los Derechos Humanos. Su cuerpo es diminuto y sus dedos están marcados por años de trabajo y esfuerzo. Él y sus colegas fueron capturados y arrestados cerca de la costa de Libia. Fueron golpeados durante veinte días, algunos de sus compañeros murieron. Las palizas le han causado una discapacidad permanente. Mientras habla frente a la plaza de la Kasbah saca un documento sellado por la instancia de Verdad y Dignidad según la cual debe recibir una indemnización económica de 2000 dinares —poco más de 600 euros— y apoyo sanitario y psicológico para él y su familia. “Es hora de recibir mi indemnización, hasta hoy no he encontrado trabajo, al menos deben reconocer que estoy enfermo”, dice enfadado.
Como él, hay muchos esperando que se haga justicia, durante diez años han escuchado las mismas promesas y las mismas palabras. “La democracia es un farol”, concluye con pesar Youssef, antes de volver a la multitud para exigir sus derechos.
Con el apoyo del Centro di Giornalismo Independiente.