Mientras que los partidos tunecinos de la oposición se limitan a criticar la situación posterior a la caída del régimen del ex presidente, Zain al Abidín Ben Ali, una crisis social aguda afecta a todo el país y el gobierno de Yusef al Shahed intenta controlarla ofreciendo soluciones reales y no promesas en vano. Las […]
Mientras que los partidos tunecinos de la oposición se limitan a criticar la situación posterior a la caída del régimen del ex presidente, Zain al Abidín Ben Ali, una crisis social aguda afecta a todo el país y el gobierno de Yusef al Shahed intenta controlarla ofreciendo soluciones reales y no promesas en vano.
Las manifestaciones que se han extendido últimamente por todas las provincias tunecinas desvelan la táctica tradicional con la que los partidos tunecinos de la oposición tratan las crisis sociales, así como la limitación de sus aportaciones para salir de esa tensión popular.
La oposición tunecina se limitó a criticar la actuación del gobierno de Yusef al Shahed y a apoyar íntegramente las protestas sin ofrecer soluciones alternativas e iniciativas políticas reales, alejadas de las acusaciones al gobierno.
En una entrevista televisiva, el Frente Popular (alianza de los partidos de izquierdas) responsabilizó a las políticas de la alianza derechista gobernante, con los partidos Nidaa Tunis y Al Nahda al mando, de las últimas movilizaciones populares y de la tensión popular.
El Frente Popular recordó su oposición a las políticas liberales, que demostraron su fracaso desde los años 70′ del siglo pasado, y su apoyo a todas las protestas populares pacíficas. El Frente también afirmó que «las regiones marginadas y los grupos sociales desfavorecidos tienen derecho a protestar pacíficamente para defender sus intereses legítimos y sus derechos económicos y sociales básicos, tal como recoge la Constitución, y además es el motivo que originó la revolución de enero de 2011».
El portavoz del Partido de los Trabajadores y del Frente Popular, Hamma al Hammami, confirmó el apoyo de la alianza a los movimientos sociales en Tatauín y en otras provincias tunecinas. Asimismo, instó al gobierno y a las empresas petroleras a cumplir lo acordado y a garantizar el derecho de los habitantes de la región al desarrollo y al trabajo en aplicación de la discriminación positiva recogida en la constitución y que favorece a las regiones interiores.
Según Hammami, la alianza derechista gobernante solo contribuye a restablecer el régimen antiguo y sus políticas fracasadas en todos los ámbitos. Tampoco cree que la salida a las calles tenga como objetivo desestabilizar la seguridad del país, puesto que se trata de protestas pacíficas contempladas por la constitución. Aludió a la importancia de «que los manifestantes no cayeran en la trampa de los sesgos partidistas o de los intentos de conducirlos al caos, que solo benefician a las agendas de los terroristas».
Hammami mostró su rechazo a las acusaciones del gobierno, según el cual los partidos de la oposición no desempeñan una función social. Para Hammai, la alianza mantiene su presencia en el terreno político y adopta las cuestiones sociales legítimas. Dijo a Al Arab: «Apoyamos todas las protestas y movimientos sociales y creemos que continuarán si el gobierno no ofrece unas soluciones alternativas, porque el país está viviendo un momento crítico. Había pedido a Al Shahed reunirme con él en un debate televisivo para exponer y debatir el programa de la oposición».
En un programa televisivo emitido el domingo (16 de abril), Shahed había acusado a algunos partidos de «aprovecharse de las manifestaciones y manipularlas». También pidió a los partidos revisar sus políticas, ya que oponerse al gobierno no le causa ninguna molestia pero «oponerse al país es una línea roja que no se puede atravesar». Insistió en la importancia de que los partidos «sean responsables y que eleven su discurso político al nivel esperado por los tunecinos».
Hammami instó a los frentes nacionales tunecinos preocupados por el éxito del camino revolucionario y por la construcción de una república democrática y social a que «aúnen sus puntos de vista y esfuerzos a favor de la Túnez nueva, desarrollada y próspera».
Aziz Ayari, miembro del consejo central del Frente Popular, hizo referencia a las propuestas y a las soluciones alternativas que el Frente ofrece para salir de la crisis. Ayari dijo para Al Arab: «nuestro principal objetivo es presentar un modelo de desarrollo que cumpla con los requisitos de la revolución tunecina en cuanto a empleo e igualdad social. Asimismo, pedimos que el Estado, por su parte, cumpla su deber en una inversión sin privatización, que combata seriamente la economía paralela y que ponga unas leyes fiscales justas».
Hammami criticó la postura de Al Nahda con respecto a las protestas y cree que ese partido con inclinaciones islámicas está adoptando una política pragmática que beneficia principalmente sus intereses y que «el cambio de gobierno no es una solución a la crisis social, sino que hace falta sentar unas alternativas nuevas y estratégicas».
El profesor de Derecho Constitucional, Amín Mahfuz, aclaró para Al Arab que «Túnez está pasando por un periodo transicional delicado y que las protestas se consideran como un hecho natural en ese periodo». A lo que añadió que «la transición de un régimen autoritario a otro democrático no es un asunto sencillo; así pues, las protestas populares son las secreciones naturales de la revolución de enero de 2011».
Túnez presenció una ola de protestas populares a lo largo de varias provincias. Las protestas comenzaron en la ciudad de Tatauín, en el extremo sur de Túnez, donde se manifestaron miles de habitantes para denunciar la marginación y reclamar el derecho al desarrollo.
El gobierno anunció la resolución de un conjunto de medidas para responder a las demandas de los manifestantes de Tatauín. Se trata de la financiación de 500 microproyectos, la contratación de 500 trabajadores en el sector público y la ampliación de las contribuciones financieras prestadas por las empresas de la provincia para fomentar el desarrollo y ofrecer nuevos puestos de trabajo.
La Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT) reclamó al gobierno unas soluciones reales a la crisis social que está en crecimiento en el país por las demandas de desarrollo y empleo. La UGTT anunció su apoyo a las protestas, pero advirtió del descontrol que se puede generar en una situación de seguridad tan delicada.
Nueddín al Tabbubi (secretario general de la Unión que constituye el sindicato más importante de Túnez, con unos 800 mil trabajadores) se reunió el lunes (17 de abril) con el presidente Bayi Qaed Sebsi con objeto de calmar la tensión social que viven varias provincias interiores de Túnez.
Tabbubi dijo que «el encuentro se enmarca en el ámbito de la situación extraordinaria global por la que está pasando el país y de la situación política que afecta a la tensión popular que están viviendo numerosas provincias». Después de su encuentro con Sebsi, declaró: «debemos ser responsables para hallar unas soluciones prácticas y efectivas, lejos de las mejoras fragmentarias, y sembrar la esperanza de nuevo en nuestros jóvenes parados».
Traducido del árabe por Eman Mhanna en el marco de un programa de colaboración de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada y la Fundación Al Fanar.
Tomado de http://www.fundacionalfanar.org/la-crisis-social-en-tunez-desvela-la-debilidad-de-la-oposicion/