Mientras las comunidades presentan sus campañas de incendios a bombo y platillo, se destina menos dinero a la extinción y empeoran las condiciones de los trabajadores. Cien despidos en un verano de alto riesgo Sólo en los primeros cuatro meses de 2012 se han producido más de 600 incendios. De ellos, 750 hectáreas se quemaron […]
Mientras las comunidades presentan sus campañas de incendios a bombo y platillo, se destina menos dinero a la extinción y empeoran las condiciones de los trabajadores.
Cien despidos en un verano de alto riesgo
Sólo en los primeros cuatro meses de 2012 se han producido más de 600 incendios. De ellos, 750 hectáreas se quemaron en el corazón del parque natural de Fragas de Eume, en A Coruña. Después, en mayo, ardieron en Rasquera, en Tarragona, más de 3.000 hectáreas y, al cierre de esta edición, otras 500 de monte se habían calcinado en Castellet i la Gornal, en Barcelona. El 85% de los fuegos que arrasan nuestros bosques son provocados por la intervención humana, por negligencia o intencionadamente, y sólo el 10% se atribuyen a fenómenos naturales. Este año, a estos factores hay que sumar otro: los recortes presupuestarios.
Medios humanos y sequía
El medio ambiente también va a acusar las políticas neoliberales. Está previsto que se empleen menos medios técnicos, pero sobre todo menos medios humanos para la Campaña de Incendios que se inició, en casi todas las comunidades autónomas, el 1 de junio y que estará vigente hasta el 30 de septiembre. Según los datos oficiales, los recortes van del 50% en Castilla y León, con respecto a los presupuestos de 2011, el 20% en Castilla La Mancha, Galicia, entre un 20 y un 30%, al 5% en la de Madrid. Sin embargo, sindicatos y asociaciones de trabajadores forestales explican que los porcentajes de los recortes son mayores que los anunciados por las administraciones. En el caso de Madrid, según los trabajadores forestales del Infoma (Incendios Forestales de Madrid), la disminución de recursos humanos es mayor.
F.H., iniciales de un trabajador de los retenes forestales de la Comunidad de Madrid, denuncia a DIAGONAL: «Trabajamos en colaboración con los bomberos de la Comunidad de Madrid. Normalmente, vamos cinco personas en el camión, de ellas uno es un bombero. Este año los bomberos de Madrid se han negado a ir a los retenes antiincendios». Según este trabajador forestal, hasta ahora, la extinción de incendios en los montes madrileños y zonas rurales la hacían estos funcionarios con horas extras. «Cobraban 32 euros por hora, con guardias de hasta 24 horas, una pasta, pero eso tiene una contrapartida, la Comunidad de Madrid no ha convocado plazas de bomberos desde hacemás siete años y existe un déficit de más de 300 bomberos en esta región».
La privatización del servicio
El 13 de junio, un par de días antes del inicio la Campaña de Incendios en Madrid, el cuerpo de bomberos de esa comunidad llevó a cabo una votación y decidió no hacer horas extras para ella. Denuncian que la postura de Esperanza Aguirre ante la falta de personal, supone un chantaje que les obliga a trabajar más durante todo el año. Según F.H., está clara cuál es la política autonómica en el plan de incendios: «Para el Gobierno de la Comunidad de Madrid los incendios son un negocio. Se reduce personal y se privatiza. La limpieza del monte y la extinción de los incendios la llevan a cabo, también, dos empresas privadas, Matinsa [filial de FCC] de Esther Koplowitz e Infosa, de Florentino Pérez, empresario y actual presidente del Real Madrid. La Comunidad de Madrid cada vez da más concesiones a estos empresarios en cuestión de incendios».
En contraposición, la plantilla de trabajadores públicos de extinción de incendios del Infoma cuenta con una sentencia del Tribunal Supremo (TS) que les reconoce como empleados fijos-discontinuos y que la Comunidad de Madrid se niega a aplicar. A día de hoy, de los 238 trabajadores a los que se les reconoció su condición de fijos-discontinuos, el Gobierno regional solamente ha aplicado la sentencia a109, tras manifestaciones y más denuncias. «Esperanza Aguirre no acata lo que han dicho los tribunales», dice el empleado forestal.
Este trabajador asegura que el monte se entiende por el partido en el Gobierno como la posibilidad de sacar un rédito económico, no como la obligación de la protección civil y del entorno como marca la ley. «El territorio en la región de Madrid tiene una peculiaridad diferente a otras comunidades autónomas, como por ejemplo la castellanomanchega. Hay una gran densidad de población y en la mayoría de los casos cuando se produce un fuego existen urbanizaciones cerca y eso hace que los incendios sean más peligrosos.
Este año, además, dos de los helicópteros antiincendios no han conseguido la certificación de aviación civil porque la documentación se ha presentado tarde. Con las dotaciones que hay para este verano, el sur de la región está desprotegido. Por tierra, desde el Parque contra Incendios de Arganda, que cubre 23 municipios, para llegar a muchos de esos pueblos es necesario invertir más de una hora por carretera, como en el caso de los municipios de Estremera o Carabaña», advierte este trabajador.
Explica que la región cuenta con medios técnicos, como «un helicóptero que lleva una cámara muy potente capaz de detectar un conato de incendio a 50 km, pero no sirve para prevención ni extinción.Se empleó para seguridad durante la visita del papa. Y costó medio millón de euros», afirma F.H.
Malas prácticas
Según los trabajadores de los retenes antiincendios, la Comunidad de Madrid no prohíbe prácticas peligrosas como que las cosechadoras trabajen a las tres de la tarde. Explican que «las palas de estás máquinas chocan contra las piedras y saltan chispas que en muchos casos producen incendios, además la paja de los cultivos arde rápidamente». Todo esto unido al recorte en personal para los retenes.
Según F.H., «antes se contrataba a unos 400 trabajadores (tanto en extinción como en vigilancia). Ahora no llegamos a los 300, se pierde una media de dos retenes por año. El año pasado se contrató 160 trabajadores por cuatro meses. Este año, se han contratado sólo 60 personas para extinción en la Comunidad de Madrid, aunque se comprometieron a aumentar la plantilla. En las tareas de control, en 2011 había 40 torres de vigilancia hoy sólo hay 19 en toda la región».
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/La-defensa-de-los-montes-se-deja.html