Traducido por Caty R.
Desde principios de los años 2000 se observa una cierta reactivación económica en África. Algunos analistas no vacilan en hablar de «milagro económico» para calificar los resultados de crecimiento que se han registrado. El Fondo Monetario Internacional incluso prevé un crecimiento económico del 6,8% para el año 2008. Sin embargo, varios analistas constatan que este crecimiento no mejora la calidad de vida de las poblaciones africanas. Entre las causas aducidas, la deuda externa desempeña un papel primordial. Si en algunos países dicha deuda no ha permitido mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, a pesar de un crecimiento económico considerable, en la RDC es un factor de bloqueo del desarrollo y el crecimiento económico.
Origen
El Banco Mundial concedió préstamos a Bélgica, Francia y Gran Bretaña para financiar proyectos en sus colonias. Como reconocen los historiadores del Banco: «Estos préstamos, que servían para paliar la escasez de dólares de las potencias coloniales europeas, se destinaban en su mayoría a los intereses colonialistas, especialmente en el sector minero, tanto con la inversión directa y la ayuda indirecta, como para el desarrollo del transporte y las minas». Dichos préstamos permitían a los poderes coloniales reforzar el yugo que mantenían sobre los pueblos colonizados y contribuyeron a abastecer las metrópolis coloniales de minerales, productos agrícolas y combustible. En el caso del Congo Belga, los millones de dólares que «le prestaron» para proyectos, decididos por el poder colonial, se gastaron casi totalmente por la administración colonial del Congo en la adquisición de productos exportados por Bélgica. El Congo Belga «recibió» en total 120 millones en préstamos (en 3 veces) de los que 105,4 millones se gastaron en Bélgica. Estos préstamos constituían una auténtica engañifa. El pichón: el pueblo congoleño.
Una vez que el Congo Belga pasó a ser independiente, los préstamos comprometidos por Bélgica con el Banco Mundial con el fin de explotar mejor el país, se convirtieron en una deuda del Congo independiente.
La espiral del endeudamiento no se detiene aquí. En 1973, a raíz de la subida de los cursos de las materias primas y el cobre en los mercados internacionales, el poder de Mobutu, fuerte en recursos presupuestarios y reservas de cambio reflotadas, recurrió masivamente a empréstitos exteriores. Así pues, de 1973 a 1979, el importe de la deuda se cuadruplicó, pasando de 1.400 a 4.526 millones de dólares. En 1997, la deuda del Congo se calculaba en 12.000 millones de dólares contando los intereses acumulados.
Una deuda ilegal y odiosa
El Derecho Internacional de los Tratados condena explícitamente el tipo de transferencia de deuda que Bélgica legó al Congo tras la independencia. El caso de Alemania y Polonia es ilustrativo al respecto: para la reconstrucción de Polonia como Estado independiente tras la Primera Guerra Mundial, se decidió que las deudas comprometidas por Alemania para colonizar la parte de Polonia que había sometido no se cargarían al nuevo Estado independiente. El Tratado de Versalles del 28 de junio de 1919 estipulaba: «La parte de la deuda, según la Comisión de Reparaciones, prevista en el mencionado artículo, relativa a las medidas adoptadas por los gobiernos alemán y prusiano para la colonización alemana de Polonia, se excluirá de la proporción puesta a cargo de ésta…». El Tratado prevé que los acreedores que prestaron dinero a Alemania para realizar proyectos en territorio polaco no pueden reclamar sus deudas sino a esta potencia, y no a Polonia.
Alexander-Nahum Sack, profesor de Derecho en París, precisa en su Tratado jurídico de 1927: «Cuando el gobierno contrae deudas con el fin de controlar a la población de una parte de su territorio o para colonizar ésta por la nacionalidad dominante, etc., esas deudas son odiosas para la población indígena de esa parte del territorio del Estado deudor». Eso se aplicó íntegramente a los préstamos del Banco concedidos a Bélgica, Francia y Gran Bretaña para el desarrollo de sus colonias. En consecuencia, el Banco actúa en violación del Derecho Internacional al hacer que los nuevos Estados independientes asuman la carga de las deudas contratadas para colonizarlos.
Se sancionan estas deudas con la nulidad y el Banco debe dar cuenta de sus actos a la justicia. Los Estados que fueron víctimas de esta violación del Derecho deberían exigir reparaciones y utilizar las sumas en cuestión para reembolsar la deuda social que se debe a sus pueblos.
El carácter odioso de una deuda se basa en tres criterios:
- La ausencia de consentimiento, es decir, la deuda se contrajo contra la voluntad del pueblo.
- La ausencia de beneficio: los fondos se gastaron de forma contraria a los intereses de la población.
- El conocimiento de los acreedores de las intenciones del prestatario. La mayor parte de la deuda congoleña se contrató bajo el gobierno de Mobutu quien, hay que precisarlo, nunca fue elegido por el pueblo, sino que accedió al poder por medio de un golpe de Estado. Todo el dinero prestado a su régimen no sirvió a los intereses de los congoleños. Nos podemos hacer una idea investigando su fortuna personal, que se evaluaba aproximadamente en 8.000 millones de dólares en los años 90, lo que representa dos tercios de la deuda del país. Los proyectos para los que se contrataron los préstamos no responden en ningún caso a las necesidades del pueblo. Los rendimientos son prácticamente nulos. Los congoleños todavía tienen en la memoria «los elefantes blancos»
Los acreedores estaban perfectamente informados de todo el chanchullo que reinaba en el Zaire, pero prefirieron cerrar los ojos y siguieron prestando dinero al régimen. Erwin Blumenthal, representante del FMI en 1978, escribió un informe en el que enumeraba con precisión las prácticas mafiosas de la «burguesía política comercial zaireña». Publicado en 1982, ese informe denunciaba «la corrupción, establecida como sistema característico del Zaire», dando incluso algunos nombres de empresas extranjeras vinculadas al saqueo del país; y ya informaba a la comunidad internacional de que habría «nuevas promesas de Mobutu y los miembros de su gobierno, que escalonaban más y más una deuda externa siempre creciente, pero sin ofrecer ninguna perspectiva a los acreedores del Zaire de recuperar el dinero en un futuro previsible».
Incluso Joseph Stieglitz, ex vicepresidente del Banco Mundial y Premio Nobel de Economía afirma: «Cuando el FMI y el Banco Mundial prestaban dinero a Mobutu sabían (o deberían haber sabido) que esas sumas, esencialmente, no servirían para ayudar a los pobres del país, sino para enriquecer a Mobutu. Se pagaba a este dirigente corrupto para que mantuviera a su país fuertemente alineado con Occidente.
Pedir prestado y perder la soberanía
Cuando un estado decide pedir fondos prestados al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional, se ve entonces sometido a una panoplia de políticas de «recuperación económica» por parte de estos últimos. Por otro lado se trata, para el estado deudor, de aceptar todas las condiciones, incluso aquéllas que no van en el sentido del bien común del pueblo, para tener acceso a la pasta de los prestamistas. La RDC no escapa a esta norma.
En el año 2001, la RDC volvió a entablar relaciones con las instituciones financieras internacionales. Para estar conforme y poder acceder a nuevos préstamos, el país se vio obligado a regular urgentemente sus problemas de atrasos. Una vez puesto al día, el país seguía teniendo necesidad de financiaciones externas para asegurar su reconstrucción.
Por lo tanto se reinició la maratón hacia el Banco Mundial y el FMI. Para ello, estos dos organismos impusieron al gobierno congoleño un plan de «ajuste estructural», un programa de reformas económicas establecido por el FMI y el Banco Mundial para permitir que los países afectados por grandes dificultades puedan salir de sus crisis económicas. La versión más elaborada de este programa responde al nombre de «consenso de Washington», creado en 1989 por el economista John Williamson. Bajo este nombre, resumió todo lo que consideraba como el consenso actual entre el Congreso de Estados Unidos, el FMI, el Banco Mundial e importantes «fábricas de pensar». Diez recomendaciones políticas formaban este consenso relativo a la «reforma» de economías estancadas:
1. Disciplina presupuestaria
2. Transporte de los gastos públicos en direcciones que prometen tanto un crecimiento económico como una distribución igualitaria de las rentas.
3. Reformas fiscales que impliquen tasas de imposición máximas poco elevadas y una amplia base fiscal.
4. Liberalización de los mercados financieros.
5. Creación de un tipo del cambio estable y competitivo.
6. Liberalización del comercio.
7. Abolición de las barreras de entrada en el mercado y liberalización de las inversiones directas extranjeras (igualdad de trato entre las empresas extranjeras y las del país),
8. Privatizaciones.
9. Desregulación.
10. Protección de la propiedad privada.
Los sectores orientados en el Congo son las minas, energías, transporte, telecomunicaciones y finanzas. Se constata que no se tienen en cuenta los ámbitos de importancia social como la sanidad y la educación. Aquí la prioridad es satisfacer los designios de las empresas extranjeras y no las necesidades básicas de la población congoleña.
Los planes creados por el gobierno congoleño a través de su código de inversión o también el código minero resumen claramente estas recomendaciones.
El análisis del apartado 2 pone de manifiesto, por ejemplo, que el estado invierte en las minas y no en la sanidad y la educación, mientras que ya no es un secreto para nadie que casi la totalidad de esas sociedades son offshore y apátridas en manos extranjeras domiciliadas en paraísos fiscales. Hay que recordar que el Banco Mundial presionó al gobierno congoleño para establecer un nuevo código minero que ha permitido a las multinacionales extranjeras acaparar casi la totalidad de las concesiones mineras congoleñas.
El caso típico de este género es el de la «Société pour le Traitement du Terril de Lubumbashi (STL)» (Sociedad para el Tratamiento del Escorial de Lubumbashi), una SPRL (sociedad mixta, N. de T.) congoleña que sólo cuenta con un 1% de capital congoleño y un 97% que revierte en GTL, una offshore. Los yacimientos más importantes del Gécamines (la empresa estatal de canteras y minas de la RDC, N. de T.) están repartidas entre extranjeros del siguiente modo: un 87,7% de Kingamyambo Musonoi Tailings, dirigida por Congo Minerals Developments (CMD), de Adastra Minerals; 82,5% de Tenke Fungurume Mining en manos de Lundin Holdings Limited y de la estadounidense Phelps Dodge; 80% de Comide; 80% de la Société Minière de Kolwezi, de la australiana Anvil Mining; 80% de Kababankola Mining Company, de Tremalt; 80% de Boss Mining, de Shafford Capital; 75% de DRC Copper Project, de la israelí Dan Gertler de la GEC; 75% de Kamoto Copper Company, de Kinross Forrest Limited; etcétera.
El apartado 7, por ejemplo, es uno de los puntos principales de nuestro código de inversión. El Estado concede a empresas extranjeras facilidades aduaneras mientras que los empresarios congoleños no se benefician. La competencia es ilegal, ya que sus países de origen subvencionan a varias de esas empresas extranjeras.
Cómo no asombrarse de que un negociante chino venda a precios de mayorista lo que un congoleño vende a precios de venta al por menor. El estado tiene las manos atadas, ya que se ve obligado a aplicar iniciativas políticas de reactivación económica que no reflejan las necesidades urgentes y profundas de la población.
Incluso el Comité de dirección de la reforma de las empresas públicas (copirep) sólo puede orientar al gobierno en un mal sentido, ya que está financiado por el Banco Mundial con un máximo de 120 millones de dólares por un período de seis años. De todas formas, sólo hay que ver los sectores identificados por este organismo gubernamental para deducir que el copirep es la voz del Banco Mundial en la RDC, es decir, una especie de gobierno dentro del gobierno, puesto que aplica al pie de la letra las recomendaciones de dicho organismo.
Los préstamos se convierten, por lo tanto, en una forma indirecta de ceder la soberanía del país a las empresas bancarias. Los congoleños pueden padecer mientras que las multinacionales, aliadas de las grandes instituciones bancarias internacionales, se forran. Cómo se puede entonces hablar de la puesta en marcha de las cinco prioridades: salud, educación, energía, vivienda y creación de empleo, cuando éstas no están entre las prioridades del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Por otra parte, el último presupuesto refleja claramente la influencia de estas instituciones en la política económica del país. En efecto, las cinco prioridades reciben menos de un 15% del presupuesto actual.
Así pues, el auténtico poder no está en la presidencia, sino en el 4º piso del «edificio sofide» en la avenida Kisangani de Gombe, domicilio social del Comité de dirección de la reforma de las empresas (copirep), la mano invisible del FMI y el Banco Mundial que dirige realmente la RDC. Nos quedaremos soñando con la puesta en marcha de nuestras cinco prioridades hasta que las ranas críen pelo.
Algunas soluciones
– Se impone la auditoría de la deuda congoleña con el fin de analizar cada empréstito, determinar en qué circunstancias se contrató, cómo se utilizaron los fondos, cuáles son los resultados obtenidos y a quién aprovechó. Como explica Éric Toussaint del Comité para la anulación de la deuda del tercer mundo (CADTM), «esta herramienta jurídica (la auditoría) permite definir las responsabilidades y detectar las deudas odiosas, nulas o ilegales, abriendo la vía al repudio de la deuda y a la solicitud de reparación, tanto de los órganos oficiales que actuaron fuera de sus competencias como de los acreedores que actuaron con conocimiento de causa»
– En vez de conceder préstamos, las instituciones bancarias internacionales deberían más bien subvencionar proyectos en la RDC. Eso les ayudaría a controlar mejor los fondos que invierten al saber que, en caso de descontrol y de desvío por las autoridades políticas, serán los mayores perdedores.
– Poner en marcha un acuerdo internacional entre los países pobres y los acreedores obligando a los países que piden préstamos a rechazar las deudas calificadas de odiosas.
– Los préstamos ya no deben supeditarse a las políticas de ajustes estructurales impuestos por los acreedores, sino más bien a las políticas decididas por el gobierno, que debe tener en cuenta las necesidades reales de la población.
En conclusión, el Estado congoleño no sería responsable de cumplir estas obligaciones hacia las instituciones bancarias internacionales habida cuenta del carácter odioso de la deuda. Pagar la deuda implicaría hipotecar el futuro de los congoleños. Se impone una anulación pura y simple de la deuda, ya que el crecimiento económico es imposible sin la anulación de ésta, según Joseph Stieglitz (ex vicepresidente del Banco Mundial y Premio Nobel de economía). De esto depende en gran medida la reducción de la pobreza en la RDC. Como dijo Thomas Sankara: «Si pagamos esa deuda, moriremos»
Original en francés: http://www.congotribune.com
Congo Tribune es una publicación de libre expresión de la República Democrática del Congo.
Caty R. pertenece a los colectivos de Rebelión, Cubadebate y Tlaxcala. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y la fuente.