«Estrictamente confidencial», pone en cada una de las 16 páginas de un documento que el Gobierno provisional tunecino intentaba mantener oculto. Se trata de una carta de intenciones dirigida a Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, que debe ir firmada por el ministro de Finanzas y el gobernador del Banco Central de Túnez, un […]
«Estrictamente confidencial», pone en cada una de las 16 páginas de un documento que el Gobierno provisional tunecino intentaba mantener oculto. Se trata de una carta de intenciones dirigida a Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, que debe ir firmada por el ministro de Finanzas y el gobernador del Banco Central de Túnez, un memorándum de políticas económicas y financieras y un calendario mes a mes de las reformas de ajuste estructural que aplicará Túnez para recibir un préstamo de 2.700 millones de dinares (1.350 millones de euros) de la institución financiera internacional.
A pesar de que el documento está aparentemente redactado por el Gobierno tunecino, consultado al respecto, Fathi Chamkhi, de Raid-Attac-Cadtm de Túnez, considera que «esta carta de intenciones está preparada por los tecnócratas del FMI y el Gobierno lo firma como si fuera su propio programa. Ahora el FMI dice que es el Gobierno el que ha recurrido a ellos, como alguien que llama a los bomberos para apagar un fuego». Además, el Ejecutivo, liderado por el partido islamista Nahdha, niega ahora que el acuerdo esté ya firmado. Sin embargo, algunas de las medidas planteadas en él, como el aumento del precio de los carburantes o la auditoría sobre los bancos previa a su reforma, ya se han puesto en marcha, y el día 8 de abril se espera una visita del FMI al país.
Tres grandes reformas
Del programa, que será supervisado paso a paso por el FMI, se extraen tres grandes reformas. La primera pretende «reducir la debilidad de los bancos», pero iría encaminada al saneamiento con dinero público de los mismos para su posterior privatización. El propio documento confidencial habla de «hacer frente a eventuales necesidades de recapitalización de los bancos públicos, que se decidirá en función del futuro papel del Estado» en ellos y «no excluye la posibilidad de fusionar ciertos bancos o sacar al Estado» de los mismos. «Los bancos públicos tienen mucho déficit y antes de venderlos quieren recapitalizarlos para socializar las pérdidas debidas a la gestión mafiosa y burocrática del régimen de Ben Ali. Para ello, el FMI va a prestar dinero y después el pueblo va a devolverlo», dice Chamkhi. Un 2,6% del PIB, unos 1.780 millones de dinares, podrían destinarse a este objetivo. Con este fin, se ha iniciado a primeros de abril una auditoría de los tres mayores bancos públicos del país, denunciada por la Orden de los Expertos Contables, que generalmente hace este tipo de auditorías y que esta vez ha sido apartada en favor de empresas extranjeras.
La segunda, la reforma del impuesto de sociedades, está prevista para junio de este año, para equiparar el régimen fiscal de las empresas on shore, las tunecinas, que pagaban un 30% de impuestos, al de las off shore, extranjeras o de exportación, exoneradas de impuestos durante 10 años. Para igualar los dos regímenes, «en vez de aumentar la fiscalidad a las empresas off-shore, van a disminuir la presión fiscal on-shore, y por tanto van a disminuir los ingresos. Por un lado dicen que Túnez tiene un déficit presupuestario y que hay que recortar gastos, y por otro reducen los ingresos, por lo que aumentan el déficit», afirma Chafik Ben Rouine, de Auditemos los Créditos Hacia Túnez (ACET). Según Chamkhi, «Túnez podría encaminarse hacia un paraíso fiscal. ¿Y quién va a pagar después? No son los ricos, puesto que ellos van a pagar menos, sino el pueblo. Intentarán suprimir las subvenciones de los productos básicos, van a aumentar los precios, van a poner más impuestos al consumo, a los ingresos, a los salarios, reducir las cargas sociales del Estado…».
La tercera gran medida, relacionada con la anterior, será la aplicación de un nuevo «código de inversiones», con el objetivo de «apoyar a un crecimiento equilibrado impulsado por el sector privado». Según Ben Rouine, la modificación de este código no se ha debatido en Túnez, «lo ha elaborado la IFC, institución inversora del Banco Mundial, que invierte en Túnez y a la vez escribe el código, por lo que existe un gran conflicto de intereses». Ben Rouine mantiene que el nuevo código «favorecerá mucho a los inversores extranjeros, les ofrecerá las tierras y el país».
La anulación de las medidas de restricción a los créditos bancarios, la eliminación del techo sobre los intereses, el establecimiento de un nuevo sistema de fijación de precios de la energía, la eliminación de las subvenciones a los productos básicos, además de la posible privatización de importantes empresas públicas, constituyen otras de las medidas previstas.
Gobierno de transición, decisiones permanentes
«Tenemos la determinación de aplicar nuestro programa con vigor», especifica la carta de intenciones que precede al memorándum de políticas económicas y financieras que, afirman, «contamos poner en marcha en el período 2013-2015», obviando que este Gobierno de transición, una vez aprobada la Constitución, a más tardar a finales de este año, deberá ser sustituido por otro emanado de unas nuevas elecciones. «El acuerdo es antidemocrático e ilegítimo. El Gobierno no ha sido elegido directamente y no tiene derecho a firmar algo así. Los tunecinos han elegido una Asamblea para escribir una Constitución, no un Gobierno para firmar un programa con el FMI que va a romper la sociedad», dice Chamkhi.
Las nuevas medidas de ajuste previstas pueden ahondar el malestar de un pueblo incapaz ya de hacer frente a una inflación superior al 6%, mientras que las vagas medidas de apoyo a los más desfavorecidos anunciadas en el documento no están teniendo aplicación práctica. El préstamo puede salir caro a un pueblo que hace poco más de dos años se levantaba contra Ben Ali reclamando, en primer lugar, reformas económicas y sociales. No en vano, Túnez había sufrido, desde la llegada del dictador al poder en 1987, sucesivos programas de ajuste estructural dictados por el FMI y el Banco Mundial que contribuyeron, junto a la rapiña de la camarilla que rodeaba a Ben Ali, a dejar a importantes partes del país en la situación de abandono y subdesarrollo que empujó al pueblo a levantarse. De hecho, entre 1987 y 2011, la deuda de Túnez se incrementó, préstamo a préstamo, desde los 5.000 hasta los 30.000 millones de dinares (15.000 millones de euros), fondos perdidos en las redes de corrupción de la familia en el poder, algunos de ellos depositados en bancos extranjeros, mientras el país pasaba del puesto 78 del Índice de Desarrollo Humano en 1993 al puesto 94 en 2011. Hoy Túnez destina al pago de la deuda anualmente seis veces el presupuesto de sanidad.
«El FMI está haciendo que Túnez no se libere de la dominación del gran capital internacional. Quieren que las revoluciones se queden bajo la dominación del FMI y del Banco Mundial. Esto es una guerra y los tunecinos no están al corriente de todo», afirma Ben Rouine. Una de las bases de la injerencia, explica, es la Asociación de Deauville, el marco bajo el que se firman los préstamos destinados a Túnez, surgido durante el G8 celebrado en Francia en mayo de 2011, pocos meses después de la revolución, y que es «un marco general de la UE, el G8 y los países del Golfo para intervenir en las revoluciones árabes». Bajo este marco, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y la UE prestaron a Túnez el año pasado mil millones de euros que aumentaron su endeudamiento.
Auditoría de la deuda
Para oponerse a la sangría económica del país, en agosto de 2012 se presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente un proyecto de ley -firmado por diputados de todos los partidos excepto Nahdha- que pide una auditoría de la deuda para determinar, siguiendo el ejemplo de Ecuador, qué parte es deuda odiosa proveniente de la dictadura de Ben Ali y poder suspender sus pagos. Sin embargo, el proyecto se encuentra bloqueado desde entonces. «Hemos peleado para que se presentara el proyecto, ahora peleamos para que se debata, y después pelearemos para que se apruebe y se aplique. Y debe aprobarse antes de que acabe el período de transición, porque si no será anulado», dice Ben Rouine, que afirma que «Nahdha no quiere que se debata para no tener que posicionarse, pues tienen miedo de perder el apoyo de las instituciones financieras internacionales».
Para dar un empujón más a este movimiento en contra de la deuda, se celebraba en Túnez, dos días antes del Foro Social Mundial, el primer Encuentro Mediterráneo contra la Dictadura de la Deuda, con la participación de organizaciones de 19 países, del que salió una declaración conjunta en defensa de la soberanía de los pueblos y de la liberación del yugo que supone la deuda externa. «Ahora, con el encuentro mediterráneo, hemos lanzado una petición nacional que pide que se debata y se vote el proyecto de ley y vamos a recoger decenas de miles de firmas. Tenemos que ganar centímetro a centímetro. Es necesario que la gente se movilice», concluye Chamkhi.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/global/la-dictadura-la-deuda-oprime-tunez-tras-la-revolucion.html